El hecho fue grabado por cámaras de seguridad del condominio y el guardia fue aprehendido. La mujer recibió cuatro días de impedimento
Una mujer que trabajaba en un servicio de delivery fue brutalmente agredida por un guardia de seguridad en un condominio del norte de Santa Cruz de la Sierra.
La víctima, madre soltera de dos niños, relató que el guardia la golpeó y empujó por las escaleras en medio de una discusión.
”Salí para entregar el pedido, el guardia salió detrás de mí y me dijo que no tenía más entrada al lugar. Yo empecé a grabarlo y es ahí donde él actuó, me dio un puñete, me sacó a rastras y me empujó por las escaleras. Yo caí, me levanté como pude y nuevamente me agredió”, declaró la mujer.
La víctima, que recibió cuatro días de impedimento, exige justicia para que no se repitan agresiones similares. “Imagínese que hubiera quedado con derrame cerebral tras caer en esas escaleras. Yo soy madre soltera, tengo dos niños y gano el día trabajando como repartidora, no es justo que te agredan así”, agregó.
El hecho fue grabado por cámaras de seguridad del condominio y el guardia fue aprehendido. Se espera que este sábado sea sometido a una audiencia cautelar por el delito de lesiones graves y leves.
Durante las intervenciones se logró la aprehensión de dos personas y la intervención de tres inmuebles, donde se procedió al secuestro de fibra de vicuña sin procesar, pieles de animales y diversos productos elaborados, en coordinación con el Ministerio Público y entidades competentes.
La Policía Boliviana reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad y el cumplimiento de la normativa vigente en resguardo de nuestro patrimonio natural.
𝗝𝗛𝗢𝗦𝗘𝗟𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗤𝗨𝗘
C.I.: 14485487 QR
Edad: 18 años
Sexo: Femenino
Nacionalidad: Boliviana
📍 Datos de la desaparición:
La joven desapareció el día martes 31 de marzo de 2026, aproximadamente a horas 13:40, luego de salir de la Universidad Pública de El Alto, ubicada en la zona Villa Esperanza, Av. Sucre. Desde ese momento, se desconoce su paradero actual.
👕 Vestimenta al momento de su desaparición:
Ropa deportiva de color negro, con logotipo de la fundación “Gedeón”.
⚠️ Señas particulares: Ninguna.
🙏 Pedimos a la ciudadanía brindar cualquier información que contribuya a su pronta ubicación.
📞 Líneas de contacto:
PAC 120
Radio Patrullas: 800140245
División Trata y Tráfico: 2810525 – 800140247
La Fiscalía allanó este lunes la vivienda en La Paz del expresidente Luis Arce, dentro de un proceso judicial de legitimación de ganancias ilícitas abierto en Santa Cruz contra el exmandatario, que está en prisión preventiva por otro caso junto, al que también vinculan a sus tres hijos.
La pesquisa se efectuó desde la mañana de hoy en un edificio de la céntrica zona de Miraflores en La Paz, a cargo del fiscal Néstor Torrez, de la jurisdicción de Santa Cruz, como parte de un proceso contra «toda la familia» del expresidente Arce (2020-2025), según indicó el funcionario.
«Se ha podido colectar documentación en gran cantidad, respecto a bienes y movimientos financieros, dispositivos y computadoras portátiles y dinero por más de 100.000 bolivianos», dijo Tórrez a los medios al concluir la pericia.
También indicó que el material será procesado y que posteriormente se citará a «todos los testigos» del caso.
Arce cumple detención preventiva desde el pasado 12 de diciembre por presuntas responsabilidades en malos manejos en un fondo de proyectos indígenas cuando fue ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
La causa abierta en la Fiscalía de Santa Cruz por legitimación de ganancias ilícitas corresponde a otro caso en el que, además del exjefe de Estado, están incluidos sus hijos Luis Marcelo, Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira.
De los tres hermanos, Marcelo Arce fue detenido el pasado 18 de marzo y enviado con prisión preventiva dos días después al penal de Palmasola, en Santa Cruz.
En esa ocasión, el fiscal Tórrez precisó que Marcelo Arce, «conjuntamente con su núcleo familiar», utilizó recursos económicos para adquirir distintos bienes en La Paz y Santa Cruz, además de realizar transacciones en el sistema financiero que fueron observadas.
Cuando fue detenido, Marcelo Arce fue señalado por el Gobierno de Rodrigo Paz de supuestamente hacerse pasar como funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El presidente de YPFB, Yussef Akly, mencionó que el entorno familiar del expresidente Arce fue causante de un supuesto desfalco de 1.000 millones de bolivianos y apuntó a Marcelo Arce como parte de una estructura criminal causante de ese daño económico.
Además, Rafael y Camila Arce, cuyo paradero es desconocido, son investigados desde 2024 por la obtención de un préstamo por 9,1 millones de dólares, realizado en seis operaciones con una misma entidad bancaria en octubre de 2021, cuando ambos tenían 25 y 20 años, respectivamente.
Según la investigación, ese dinero fue utilizado para adquirir en Santa Cruz una propiedad de 2.187 hectáreas para un proyecto agropecuario y, además, se confirmó que posteriormente compraron un departamento y vehículos de lujo en La Paz.
Pese a las acusaciones, el exmandatario Arce y su hijo Marcelo aseguraron, tras ser detenidos, cada uno por su cuenta, que los señalamientos en su contra son «políticos».
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2026.3.27 Después de nueve años, está en puerta el juicio contra Juan Pari por el desfalco millonario al Banco Unión
Estuvo recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y luego fue trasladado a la cárcel de El Abra, en Cochabamba, donde permanece detenido.
Hace nueve años estalló un desfalco millonario en la agencia de Batallas del estatal Banco Unión y, desde entonces, el principal acusado, Juan Pari, permanece en la cárcel con detención preventiva. Su juicio está por comenzar y se solicitará la pena máxima contra quien burló los controles internos para sustraer más de Bs 35 millones.
Pari fue detenido en septiembre de 2017. Poco después, también fue aprehendida su pareja, una ciudadana argentina identificada como Luciana R. C., quien se declaró culpable, recibió una condena de tres años, la cumplió y posteriormente desapareció.
El dinero desfalcado se gastó en lujos, compra de inmuebles, terrenos, negocios y vehículos de alta gama. Uno de estos gastos quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, donde se observaba a Pari comprar una vagoneta de lujo para su acompañante.
Inicialmente, Pari estuvo recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha. Posteriormente, fue trasladado al penal de El Abra, en Cochabamba, donde permanece a la espera del juicio oral, que podría comenzar en abril.
Según su declaración ante la Fiscalía, Pari relató que, ante la falta de fiscalización en la agencia de Batallas entre diciembre de 2016 y agosto de 2017, descubrió que era sencillo retirar dinero de la sucursal. Comenzó sustrayendo Bs 20 mil, luego incrementó las sumas a Bs 150.000 y posteriormente a Bs 200.000 en diferentes fechas.
El fiscal del caso, Walter Lora, informó a la red Cadena A que el juicio contra Pari y una veintena de coacusados está próximo a instalarse, tras una prolongada investigación por delitos como favorecimiento al enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En un comunicado difundido el 6 de octubre de 2017, el Banco Unión informó que 18 funcionarios estaban vinculados con el desfalco. De ellos, 13 fueron denunciados ante el Ministerio Público como presuntos responsables de posibilitar o encubrir la sustracción fraudulenta del dinero.
A la fecha, no se ha recuperado la totalidad del dinero sustraído. “Se desconoce el paradero del efectivo; sin embargo, se tiene conocimiento de la compra de inmuebles y algunos vehículos que, de acuerdo con lo que establezca la sentencia, podrían ser incautados definitivamente a favor del Estado”, explicó la autoridad.
Solo Juan Pari permanece con detención preventiva entre los veinte acusados que irán a juicio.
En Bolivia, las penas no son sumatorias; por tanto, de ser hallado culpable, se le aplicará la sanción correspondiente al delito con la pena más alta.
2026.3.22 Los Arce: del poder y los lujos a la prisión de padre e hijo, otro en rebeldía y una bajo lupa
El expresidente y sus tres hijos son investigados por la Justicia por presunta corrupción. El último en ir a la cárcel fue Luis Marcelo, el primogénito de la familia.
La familia Arce se desmorona. Lejos quedaron las mieles del poder. El expresidente Luis Arce (62 años) está preso en San Pedro. Su primogénito, Luis Marcelo Arce Mosqueira (33), se encuentra en Palmasola. Su otro hijo, Rafael (26), tiene sello rojo de Interpol y fue declarado rebelde por la Justicia. Camila, la menor (21), también es investigada por presunta corrupción.
La lupa de la Justicia alcanza al que fuera artífice del “milagro económico” boliviano y a sus tres descendientes, que se vieron enmarañados dentro de una serie de procesos relacionados con la legitimación de ganancias ilícitas.
El último en concentrar los focos fue Luis Marcelo, que el viernes 20 fue enviado bajo detención preventiva a Palmasola. El caso ha arrastrado también al exjefe de Estado, a Rafael y a Camila. El Ministerio Público abrió, de oficio, otro expediente para investigar a todos.
Los Arce pasaron de empaparse con el poder a quedar tras las rejas. Vale realizar una suerte de radiografía para recapitular el caso de cada uno.
EL PADRE En diciembre de 2025, un mes después de dejar la Presidencia, Luis Arce fue enviado a la cárcel paceña de San Pedro bajo detención preventiva por cinco meses.
Investigado por presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la ley y uso indebido de influencias por aparentes irregularidades en su gestión como ministro de Economía, Arce fue descrito por el Gobierno de turno como “el jefe de la pandilla”. Ello, en alusión al caso de posible corrupción dentro del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).
El expresidente, que atravesó por tratamientos oncológicos por un cáncer de riñón que lo aquejó en 2017, pasó sus primeras noches en un sector separado respecto del resto de los privados.
Recientemente se filtró un video en el que se lo logra ver jugando al baloncesto con los internos. La polémica tomó fuerza porque poco antes de la aparición de dicho material, su defensa refirió que este se encontraba con la salud desmejorada.
EL PRIMOGÉNITO Luis Marcelo Arce Mosqueira fue aprehendido el 18 de marzo en un edificio de la zona Equipetrol, en Santa Cruz. En el operativo secuestraron 16.500 dólares, 40.000 bolivianos, una camioneta y un casco de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El jueves 19 compareció ante el Ministerio Público y se acogió al silencio. Las investigaciones lo señalan por aparente legitimación de ganancias ilícitas. El viernes se llevó adelante su audiencia de medidas cautelares, y la Justicia determinó enviarlo por 140 días a Palmasola.
Sería acreedor de 18 inmuebles y 20 vehículos con recursos que no fueron declarados y no condicen con su situación laboral, según los datos revelados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, apuntó, en contacto con ED 24, de El Deber, que el Ministerio Público ya conoce las matrículas computarizadas de las 18 propiedades. “Y son también 20 vehículos que están en investigación. Con seguridad que esta investigación financiera va a ir incrementándose progresivamente conforme vayan siendo convocadas más personas”.
El mayor de los hermanos Arce, por otro lado, habría operado a placer dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esa es la versión que sostiene el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien expresó que allí era “amo y señor”.
“Era el ‘amo y señor’ de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Nada pasaba sin su visto bueno y de su cómplice, el señor (Armin) Dorgathen, que está prófugo y seguramente ya lo vamos a traer en un tiempo más”.
RAFAEL Y CAMILA El caso que mandó a prisión a Luis Marcelo también alcanza a Rafael, Camila y al propio expresidente. El Ministerio Público abrió de oficio otro expediente para indagar a la familia por aparente legitimación de ganancias ilícitas. Se habrían identificado movimientos financieros extraños.
Sobre la supuesta influencia de los Arce en las entidades del Estado, el exdiputado Héctor Arce acusó: “Marcelo Arce era el dueño absoluto de YPFB, YLB y ANH. El segundo, Rafael, era dueño de ENDE, ENTEL, ABT e INRA. Su otra hija, Daniela Camila, cuando tenía 21 años, sacó 63 millones de bolivianos de crédito”.
Por otro lado, en el Viceministerio de Transparencia manejan una hipótesis respecto de Rafael y Camila: habrían “disimulado” legalidad en el financiamiento de un banco para, presuntamente, “lavar” dinero.
El caso “Adán y Eva”, que se remonta a 2024, también los implica. Una investigación de Connectas reveló que habrían comprado los predios cruceños por 3.3 millones de dólares.
Mediante un trámite veloz, lograron permisos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes a casi 1.000 hectáreas.
La causa fue reabierta en julio de 2025 e investiga un presunto tráfico de influencias. En agosto, la Fiscalía emitió una alerta migratoria contra Rafael y fueron allanados los terrenos. Actualmente, Rafael tiene sello rojo de Interpol y ha sido declarado rebelde por la Fiscalía ante la inasistencia continua a las citaciones.
El narcotraficante uruguayo fue aprehendido en la capital cruceña tras un megaoperativo de la Policía hecho en la capital cruceña; fue expulsado del país y la DEA lo llevó a EEUU
Ha pasado una semana desde que Sebastián Marset fue capturado por la Policía tras un megaoperativo realizado el pasado 13 de marzo en la capital cruceña. Este viernes, el uruguayo tendrá una audiencia en un tribunal de EEUU, mientras que en Bolivia continúan las investigaciones para desbaratar su organización criminal.
Para su captura se movilizó a diferentes unidades policiales y la Comandancia Nacional de la Policía reveló que hubo tres meses de preparación para aprehender a este sujeto que estaba prófugo desde hace casi tres años.
La Policía Boliviana entregó a Marset a la Administración de Control de Drogas (DEA) quien procedió a trasladarlo a Estados Unidos para ser llevado con detención al Centro de Detención William G. Truesdale, de Alexandria, en el estado de Virginia, al noreste del país.
Se espera que este viernes tenga su audiencia ante la Justicia de Estados Unidos, a las 14:00 (hora de Bolivia), en el Tribunal de Distrito en Alexandria, ante el juez magistrado William Porter, para enfrentar cargos por lavado de dinero y tráfico de drogas.
Investigación
Tras la captura de este narcotraficante, las autoridades bolivianas continúan con las investigaciones en territorio nacional; en primera instancia, el mismo día del megaoperativo se logró aprehender a al menos ocho personas, entre las cuales se encontraba la hermana de Marset, Tatiana Marset.
Mientras que la jornada del miércoles 18 de marzo, se conoció que otros siete extranjeros fueron aprehendidos en un operativo en la zona norte de Santa Cruz, los cuales fueron sorprendidos en poder de munición de grueso calibre, por lo que se presume que hay un presunto vínculo con el cuerpo de seguridad del capo uruguayo.
Asimismo, en el transcurso de esta semana se ha procedido con diferentes allanamientos en distintos inmuebles que supuestamente tienen relación con el narcotraficante, donde se encontró una serie de elementos que ahora están bajo custodia policial.
Además, el jueves se allanó un inmueble donde se encontraron objetos que presuntamente fueron sustraídos de una hacienda que era de propiedad de Marset, mientras que en el lugar se aprehendió a un adulto mayor.
De acuerdo a la información preliminar, se conoce que en el interior de las dos habitaciones se halló varios objetos como electrodomésticos, colchones, camas, un espaldar y algunos enseres más, mientras que el capturado confesó que muchas otras cosas las vendió en la zona del mercado Los Pozos.
El movimiento policial en Santa Cruz también generó que desde el Comando de la Policía en Santa Cruz se reforzara un despliegue de efectivos armados en la ciudad, tras detectarse presuntas amenazas de atentado vinculadas a la organización del capo uruguayo.
Sin embargo, pese a estas eventualidades, las investigaciones en relación a Sebastián Marset continúan en nuestro país, mientras se espera conocer los resultados de la Justicia estadounidense.
Un juzgado dispuso este viernes la detención preventiva por 140 días de Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del expresidente Luis Arce (2020-2025), dentro de una investigación por el supuesto delito de «legitimación de ganancias ilícitas» que alcanza también al exmandatario y a sus otros dos hijos.
En una audiencia que se realizó en Santa Cruz, la Justicia ordenó que Arce Mosqueira sea encarcelado preventivamente por ese periodo en el penal de Palmasola, confirmó a los medios su abogado defensor, Wálter Suárez.
«Han dispuesto la detención preventiva por la existencia de elementos que determinan la concurrencia del tipo penal de legitimación de ganancias», explicó Suárez.
El jurista sostuvo que «la decisión ha sido excesiva», ya que, según dijo, el Ministerio Público «no pudo probar» que Arce Mosqueira hizo «movimientos millonarios», por lo que se interpuso un recurso de apelación.
El fiscal del caso, Néstor Tórrez, explicó a los medios que Arce Mosqueira es investigado porque «conjuntamente con su núcleo familiar en la función pública, habrían utilizado recursos económicos» para adquirir distintos bienes en La Paz y Santa Cruz «y en el sistema financiero habrían realizado movimientos económicos».
Tórrez indicó que ahora el Ministerio Público tiene seis meses para completar la investigación, que incluirá auditorías financieras y jurídicas.
El hijo del expresidente Arce fue detenido el miércoles dentro de una investigación por el posible delito de «legitimación de ganancias ilícitas» en la que también están incluidos el exmandatario y sus otros dos hijos, Rafael y Camila, cuyo paradero es desconocido.
Luis Arce se encuentra en prisión preventiva en La Paz desde finales de 2025 investigado por un caso de corrupción cuando fue ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Cuando Marcelo Arce fue detenido, el Ministerio de Gobierno señaló que el hijo del expresidente se hacía pasar como funcionario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Este viernes, el presidente de YPFB, Yussef Akly, denunció un presunto desfalco de 1.000 millones de bolivianos (unos 144 millones de dólares) en el que estaría involucrado el entorno familiar del expresidente Arce y apuntó específicamente a Marcelo Arce como parte de una estructura criminal.
Akly explicó que una auditoría interna identificó irregularidades en dos contratos para la compra de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel, en los que se habrían entregado anticipos millonarios sin retorno para la empresa estatal.
Indicó que, tras la aprehensión de Marcelo Arce se verificó la existencia de dinero, documentos de YPFB y otros elementos relacionados con la estatal.
El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila Pérez fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos por su participación en una conspiración para importar cocaína y un delito relacionado con armas de fuego durante la Presidencia de Evo Morales, informaron autoridades estadounidenses.
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA en sus siglas en inglés), Terrance Cole, señalaron que Dávila Pérez abusó de su cargo al frente de la FELCN para facilitar el envío de grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.
Dávila Pérez, de 62 años, extraditado desde Bolivia en diciembre de 2024, fue declarado culpable el 23 de octubre de 2025 tras un juicio con jurado de una semana ante la jueza federal Denise L. Cote, quien dictó la sentencia en la víspera.
Según Clayton, el exjefe antidrogas «ejercía un poder extraordinario» y decidió utilizarlo para apoyar a los mismos narcotraficantes que debía investigar, con el objetivo de enviar «enormes cantidades de cocaína a Nueva York».
El fiscal agregó que la condena responde a su «descarado intento de inundar» las calles con droga.
Por su parte, Cole sostuvo que las acciones de Dávila Pérez constituyen una «traición a la confianza pública» y un abandono total de su juramento como autoridad.
Señaló que el exfuncionario convirtió su oficina en una «empresa criminal» al proteger a traficantes, asegurar el traslado de cocaína y facilitar su ingreso a Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación y las pruebas presentadas en el juicio, entre febrero y noviembre de 2019, cuando dirigía la FELCN, Dávila Pérez utilizó sus conexiones políticas y policiales para facilitar el tráfico internacional de cocaína.
Entre sus métodos figuraban desviar investigaciones de las fuerzas del orden y proporcionar personal armado para custodiar cargamentos de droga en aeropuertos bolivianos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Dávila conspiró para producir, transportar y proteger más de una tonelada de cocaína con destino a Estados Unidos, específicamente a Nueva York.
Las gestiones incluyeron reuniones y llamadas con «co-conspiradores» que fueron grabadas por fuentes confidenciales de la DEA.
Según las acusaciones, Dávila organizó la entrega de una muestra de 10 kilogramos de cocaína en Lima (Perú) en diciembre de 2019 y planificó el envío de grandes cargamentos desde Bolivia, con tránsito por República Dominicana.
De acuerdo con la Fiscalía, Dávila Pérez incluso detalló cómo desviaría operativos policiales y asignaría agentes armados para garantizar la salida segura de la droga.
El expresidente Evo Morales (2006-2019) afirmó en su momento que la extradición del exjefe antidrogas evidencia que el país «vuelve a ser colonia de Estados Unidos» y cuestionó que no haya sido juzgado primero en territorio boliviano.
2026.3.13 Tatiana Marset Alba es la mujer detenida tras la captura del narco uruguayo
Mariaca mencionó que todos los detenidos fueron encontrados en posesión de armamento y permanecen en celdas policiales.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este viernes que cuatro ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos durante el operativo policial que derivó en la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz.
Entre los detenidos, según mencionó, se encuentra Tatiana Marset Alba, quien tendría un vínculo familiar con el narcotraficante, aunque las autoridades aún verifican el grado de parentesco.
“Existen cuatro personas aprehendidas en base a una acción directa, entre ellos ciudadanos venezolanos, un colombiano y un uruguayo. Tenemos a la señora Tatiana Marset Alba, que vendría ser un familiar de (Sebatián Marset)”, dijo.
La autoridad indicó que se está verificando el grado de familiaridad que tiene con Marset, sin embargo, dijo que al llevar el apellido Marset tiene un vínculo “netamente” familiar con el capo uruguayo que está siendo trasladado a Estados Unidos.
Mariaca explicó que durante la intervención policial se hallaron armas de fuego de grueso calibre, lo que motivó el inicio de una investigación por presuntos delitos vinculados al tráfico y tenencia ilegal de armas, en el marco de la Ley 400. Ante ello, el Ministerio Público conformó una comisión de fiscales para dirigir las investigaciones.
Mencionó que todos los detenidos fueron encontrados en posesión de armamento y permanecen en celdas policiales a la espera de ser puestos ante la autoridad competente.
En ese marco, Mariaca también explicó que la entrega de Marset a autoridades de Estados Unidos se realizó en aplicación de la Ley 370 de Migración, que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros cuando existe una orden de captura internacional en su contra.
El narcotraficante fue trasladado desde el aeropuerto de Viru Viru y entregado agentes de la DEA para su traslado a Estados Unidos. De acuerdo con el Gobierno, Marset tenía una orden internacional de captura y procesos judiciales abiertos fuera del país.
El Fiscal General además informó que en Bolivia existen seis procesos penales contra Marset, varios de ellos con acusación formal y próximos a juicio oral. Ante la nueva situación, indicó que el Ministerio Público coordina con fiscales de distintos departamentos para definir los pasos a seguir en estas causas.
Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, indicó que el operativo fue ejecutado exclusivamente por unidades especializadas de la Policía Boliviana y que las investigaciones continuarán para identificar a otras personas que pudieron haber brindado apoyo o cobertura al grupo criminal.
La autoridad policial precisó que el operativo comenzó pasado el mediodía y se extendió hasta la madrugada, cuando alrededor de las 02.00 y 03.00 se logró la captura de Marset.
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