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Detenidos dos vecinos de Lugo por estafar a casi 20 clientes por toda España con seguros falsos

Los arrestados cobraban las pólizas pero nunca las llegaban a dar de alta. La Guardia Civil no descarta que haya «un número considerablemente mayor de afectados»
04 may 2024

Dos vecinos de la ciudad de Lugo han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de un fraude a gran escala con la contratación de seguros falsos. Los investigados, de 42 años, fueron arrestados esta semana por agentes de la Comandancia de Lugo. Se les atribuyen al menos 18 estafas por todo el territorio nacional, aunque la Benemérita no descarta que haya «un número considerablemente mayor de afectados».

La operación Sigur, como la ha denominado la Guardia Civil, terminó esta semana con la detención de estas dos personas. Los investigadores sostienen que obraron un fraude con la contratación de seguros que llegó a estafar a cerca de una veintena de clientes en Lugo, A Coruña, Pontevedra o Lanzarote.

El caso nació hace unas semanas, cuando un ciudadano acudió a la Comandancia de Lugo a denunciar un fraude. La víctima comunicó a los agentes que, «tras abonar el importe para contratar el seguro obligatorio de su vehículo, el mismo nunca había sido dado de alta», dice la Guardia Civil.

Un fraude por toda España y con posibles víctimas ocultas
Poco después de comenzar las pesquisas y de descartar que fuese un error en la documentación, la Guardia Civil comprobó que se podría tratar de un fraude que seguía siempre el mismo modus operandi. «Los detenidos, tras recibir el importe de los supuestos asegurados, nunca daban de alta dichos contratos, o si lo hacían era por un período muy corto de tiempo, casi siempre por un día, amparándose los autores en una compañía aseguradora asentada en Rumanía, por lo que les era muy difícil poder contactar con ella a las potenciales víctimas», explican los agentes.

Varios de los afectados llegaron a ser multados en controles policiales por carecer de seguro. Sorprendidos, contactaban con los supuestos estafadores, que les decían que había sido un error y se ofrecían a abonarles el importe de la sanción. En total, se cree que tuvieron que ocultar el fraude de esta manera en al menos 15 ocasiones, abonando un total de 11.250 euros a los propios estafados.

La Guardia Civil recomienda exigir siempre una copia de la póliza de seguros que se contrate, así como utilizar métodos seguros de pago. En cualquier caso, exigir siempre un comprobante de los abonos realizados y verificar con la compañía de seguros el alta y el período de vigencia.

La Policía desmantela el mayor taller de fabricación en España de monedas de dos euros falsas: es imposible identificarlas
La investigación, iniciada en 2018, contó con extremas dificultades y una larga duración debido al carácter hermético de la organización
24/04/2024

MadridLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’ Esquadra y Europol, ha desmantelado una trama de ciudadanos chinos que puso en circulación en España casi 100.000 monedas falsas de dos euros. El mayor taller de fabricación de estas monedas falsas en España se encontraba en Toledo y es, a su vez, el más importante de Europa en la última década.

En total, se ha detenido a 10 personas por su presunta relación con esta trama. Los arrestados introdujeron casi 100.000 monedas falsas de dos euros en el mercado español y cerca de 400.000 en el resto de Europa. El taller, localizado en Toledo, estaba situado en una nave industrial y reunía las características idóneas para la producción de monedas. Las piezas elaboradas eran falsificaciones de alta calidad y difícil detección.

La investigación, iniciada en 2018, contó con extremas dificultades y una larga duración debido al carácter hermético de la organización. También influían la prácticamente nula trazabilidad que caracteriza la moneda metálica falsa y la alta movilidad de los talleres de fabricación.

Estaban pensadas para salones de juego

Las primeras pesquisas se centraron en la zona del centro peninsular y se evidenció que en esta actividad delictiva estarían implicadas un número indeterminado de personas. Entre 2018 y 2021 se realizaron diferentes actuaciones policiales, acreditándose la existencia de características similares en las monedas incautadas y haciendo sospechar a los agentes que se trataba de la misma organización criminal. En ese periodo se intervinieron cerca de 80.000 euros en monedas falsas de dos euros.

La actividad criminal investigada mostró características comunes, como la nacionalidad china de los autores, el mismo modus operandi de introducir grandes cantidades de moneda falsa en máquinas de salones de juego y casinos y la alta calidad de las monedas. La extrema dificultad y larga duración de la investigación residió en el carácter hermético de las organizaciones chinas, la prácticamente nula trazabilidad de la moneda metálica falsa y la alta movilidad de los talleres, que producían las monedas en un breve periodo para luego trasladarse.

La Policía ha compartido una imagen de una de las monedas falsas comparándola con la real y las diferencias son casi imposibles de encontrar, lo que dificultaba su identificación.

Una nave con importante maquinaria

Ya en 2024, tras la detención de tres ciudadanos chinos con 14.500 monedas falsas, las gestiones policiales permitieron ubicar en Toledo una nave que podría corresponder con el lugar de producción. A mediados de abril, los agentes registraron la nave, interviniendo múltiples troqueles, prensas, máquinas y material para la fabricación de monedas falsas.

La operación permitió desmantelar el mayor taller de producción de monedas falsas de dos euros de España y el más importante de Europa en la última década, poniendo fin a una organización criminal que había introducido cerca de medio millón de monedas falsas en el mercado europeo.

Detenidos tres responsables de la gran estafa inmobiliaria de Murcia, Almería y Granada con 1.000 afectados
La inmobiliaria comercializó alrededor de 1.200 pisos por los que cobró más de 20 millones de euros en concepto de reserva sin construir ninguna vivienda

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en los primeros días del mes de febrero a Francisco Manuel Torres González, actual administrador de la inmobiliaria Grupo 21, y a Catalina Cruz Jimera, su pareja y anterior administradora, junto a un tercer responsable de la empresa, como presuntos responsables de un delito de estafa y falsedad documental. Los detenidos son presuntamente los responsables de la comercialización y preventa de unas 1.172 viviendas, según los cálculos de este periódico, distribuidas en 18 urbanizaciones, de las que no se ha construido una sola vivienda aunque sí cobrado una cantidad por todas ellas.

La empresa recibió de cada comprador, según los casos, una cifra entre 12.000 y 55.000 euros en concepto de reserva. Tras la entrega de ese dinero, Grupo 21 comenzaba un proceso de excusas para justificar el retraso en el inicio de las obras. Finalmente, hace unos meses, los compradores se dieron cuenta de que el asunto parecía ser una estafa y comenzaron las denuncias y la investigación policial que ahora ha llevado a la detención de los tres máximos responsables de Grupo 21.

La detención ha trascendido ahora, varias semanas después, una vez que la Guardia Civil ha avanzado en su investigación, según explican fuentes del instituto armado. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad, pendientes de juicio. Según ha informado la Guardia Civil, tuvieron lugar en la provincia de Málaga, donde los dirigentes de la empresa vivían en los últimos tiempos. Será el juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Roquetas de Mar (Almería) el que lleve el caso. En principio, a la acusación de estafa y falsedad documental se le une la agravante de pertenencia a banda organizada.

La presunta estafa comenzó en 2021 y se ha extendido a las localidades de Águilas (Murcia), Almería capital, Aguadulce (Almería) y Almuñécar. En aquel año, Grupo 21 comenzó a tantear a propietarios de terrenos en Águilas, en un procedimiento que luego se ha repetido en todas las ciudades y hasta prácticamente noviembre pasado. La empresa hacía propuestas de compra a los dueños de suelo y, o bien pagaba una reserva o, sencillamente, mostraba interés en la compra. Eso le daba unos meses, hasta un año de margen, para comenzar a comercializar unas viviendas que, sobre plano y en maqueta, se antojaban a todo lujo y a unos precios sensiblemente por debajo de mercado.

En ese periodo de comercialización, los compradores pagaban un porcentaje de la vivienda. Grupo 21, sin embargo, apenas ha sido dueño de un ínfimo porcentaje de los terrenos correspondientes a las 18 urbanizaciones comercializadas. De la gran mayoría, nunca ha tomado posesión ni ha aparecido en ninguna escritura. Tampoco las licencias de obra, que otorgan los ayuntamientos, muestran mayor diligencia. De las 18 promociones, solo tres, en Roquetas de Mar, fueron aprobadas. El resto o no fueron nunca solicitadas o cuando los diversos ayuntamientos le pidieron cambios o aclaraciones, Grupo 21 nunca contestó.

Ahora, la operación de la Guardia Civil almeriense, llamada Posidonia y llevada a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia civil de Almería, ha certificado algunas de las acusaciones que se vertían sobre los responsables de Grupo 21. Además de que se han cobrado cantidades por edificios no construidos, lo que resultaba evidente, y de que la promotora jamás ha sido propietaria de los terrenos donde ofertaban las promociones para la edificación de las viviendas, un extremo que este diario había comprobado a través de llamadas a propietarios de suelos, la investigación confirma que “tras realizar un minucioso examen de los documentos e indicios obtenidos, la promotora no cuenta con las cuentas bancarias especiales (CCE) exigidas por la ley para las promotoras inmobiliarias, sino que recibe el dinero de las reservas y compraventa de los inmuebles ofertados en cuentas corrientes destinadas a otros fines”.

Los más de 1.000 afectados por esta presunta estafa llevan unos meses organizando su defensa a través de una docena de abogados. Las tácticas son diversas. Unos han denunciado el asunto por lo penal, por estafa y apropiación indebida, acusando directamente a los ahora detenidos, mientras otros han denunciado por lo civil, actuando contra los bancos por no cumplir su deber de vigilancia en la apertura de las cuentas corrientes oportunas que requiere la ley en estos casos de promociones urbanísticas.

Francisco Manuel Torres González, de 42 años y nacido en Huelva, se dedicó al negocio de la hostelería, la venta de textiles y la construcción la pasada década. Tras abandonar la ciudad, se instalaron en la zona del Mediterráneo, donde pusieron en marcha la presunta estafa ahora investigada. Antes, en 2011, Torres González se apropió de 50.000 euros de un primo, al que engañó para poner en pie una empresa que nunca arrancó. Un juez le obligó a devolver ese dinero, algo que nunca hizo porque, para la ley, estuvo en paradero desconocido hasta su detención hace unas semanas. Curiosamente, sí estuvo más o menos visible en estos años en los que vendía casas que nunca pensó en construir.

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Detenidos tres miembros de la promotora Grupo 21 por la estafa de los ‘pisos fantasma’ en Almuñécar y Almería
La Guardia Civil ha arrestado a los supuestos autores tras ser localizados en Málaga por los delitos de Falsedad Documental y Estafa

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a tres personas, responsables de la promotora inmobiliaria Grupo 21, que estaba afincada en Roquetas de Mar y que promovía inmuebles en Almería, Almuñécar, Águilas y Málaga, entre otros lugares, por los delitos de Falsedad Documental y Estafa, tras haber recibido grandes cantidades de dinero en concepto de reserva de inmuebles de nueva construcción falsificando dichos documentos y, además, de no ser propietaria de las fincas donde se iban a construir las promociones inmobiliarias.

Los afectados se elevan a 1.200, siendo en Almería 700 familias almerienses, por una presunta estafa en la compra de promociones de pisos del mismo grupo. La Guardia Civil inició la operación el pasado mes de enero tras conocer mediante las denuncias presentadas en dependencias de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) que la promotora inmobiliaria, con sucursal inmobiliaria en Aguadulce, habría cobrado una cantidad cercana a los 200.000 euros en concepto de reserva por la compraventa de inmuebles «sobre plano» de nueva promoción de viviendas y garajes en Roquetas de Mar no llevándose a cabo dichas construcciones.

Las investigaciones, según detallan, reflejaron que la promotora no contaba con las cuentas bancarias especiales (CCE) exigidas por la ley para las promotoras inmobiliarias, si no que recibía el dinero de las reservas y compraventa de los inmuebles ofertados en cuentas corrientes destinadas a otros fines y que la promotora, en ningún momento había sido propietaria de los terrenos donde ofertaban las promociones para la edificación de las viviendas.

Bajo el nombre ‘Posidonia’, la Guardia Civil ha localizado y detenido en Málaga a los responsables, en una operación llevada a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, enmarcada en la prevención y persecución de delitos Contra el Patrimonio y Orden Socioeconómico acaecidos en la provincia.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 7 de Roquetas de Mar (Almería).

Aseguraban «estar desbordados de éxito»

La venta de las promociones se gestionaba en algunas de sus dos oficinas abiertas en Almería (en Aguadulce, Roquetas de Mar; o en la capital, esta segunda ubicada en plena Puerta de Purchena), de manera telefónica, a través de la página web de la promotora y por medio del portal inmobiliario Idealista.

Para conseguir su objetivo, los comerciales animaban a los interesados a comprar, asegurando que estaban desbordados con el éxito de las promociones y que los pisos estaban volando, para que eligieran entre los pocos que quedaban e ingresaran el 10% de su valor para su reserva. Entre sus métodos, Grupo 21 anunciaba en los terrenos a construir mediante unas vallas publicitarias la promoción que ofertaban y que, a finales del año, fueron retiradas. Como parte del supuesto engaño, les decían a los interesados en comprar las viviendas que si se arrepentían les devolverían el dinero que utilizaron como depósito.

Francisco Javier Ortega Pardo, abogado de las familias granadinas afectadas y primer letrado en interponer una querella en los tribunales en contra de la promotora Grupo 21, cuenta que en todos los contratos formulaba una dirección en Córdoba como domicilio social de la empresa, una sede que ya no es ni siquiera propiedad de la promotora y que actualmente es la vivienda de un particular. Grupo 21 señaló que tenía un activo de tres millones de euros con el que garantiza el cobro de las cantidades adelantadas por sus clientes y, sin embargo, en el Registro de la Propiedad la promotora y sus sociedades sólo tienen en su patrimonio una vivienda que resulta que ya ni siquiera es suya.

LexForma, tal y como adelantó IDEAL, presentó en diciembre una querella criminal por los delitos de estafa y apropiación indebida contra el matrimonio cordobés que es propietario de la empresa y contra sus comerciales. La mercantil CJDE FAM 2016, SL, bajo el nombre comercial de Grupo 21 se dedicaba a la promoción en zonas de playa. La venta de pisos se gestionó de manera telefónica, a través de la página web de la promotora y por medio del portal inmobiliario Idealista. Sin embargo, en esta y otras promociones la promotora no tenía ni licencia de obras ni era propietaria de suelo.

Depositaron 60.000 euros de sus ahorros

Los administradores de la promotora suman 12 sociedades a su nombre en Huelva, Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga y Almería. En el registro mercantil, uno de los integrantes del matrimonio que conforman Grupo 21 aparece como administrador de las empresas Promociones y Construcciones Francisco Torres Siglo XXI SL, Grupo Fran Torres González SL, Torres y Millán Distribución, Ocionuba Copas, Arquitecnicos Montadores SL, Gestión y Patrimonio Nueva Andalucía S.L, Ibérica Shoes Italia 2014, Actyons Money, CJDE Fam, Promogar Promueve, Atalaya de Mediterráneo Costa y Koral Roquetas Promociones.

Grupo 21 tenía oficinas en Aguadulce y en la Puerta Purchena de Almería. Las diversas promociones han sido retiradas de los portales inmobiliarios y las oficinas están cerradas. Unos pocos compradores que recuperaron su dinero recibieron el ingreso desde Francia y los afectados consideran que la empresa cambió el destino de los ingresos para dificultar su rastreo. Los clientes afectados que han llegado a depositar hasta 60.000 euros temen no recuperar sus ahorros nunca.

Cuidado con este mensaje: esta es la nueva estafa que llega al teléfono

Hoy en día se han multiplicado las estafas a través de redes sociales y nuevas tecnologías que han provocado la aparición de nuevos ‘ciberdelincuentes’, por lo que hay que ser conscientes que cada vez hay más timos presentes. Incluso pueden llegar a nuestro teléfono personal. Y es que cualquier mensaje se puede lanzar a varios usuarios al mismo tiempo que se pueden creer la mentira que está en el mensaje.

La práctica consiste en que la víctima recibe un email, SMS o WhatsApp de una entidad bancaria o una empresa de servicios o similar en la que se nos conmina a entrar en un enlace que se nos proporciona y se nos pide que verifiquemos datos personales, datos bancarios o contraseñas.

Este es el mensaje que te escriben

En este nuevo mensaje a través de la mensajería del teléfono se explica que tienes una hija y que al romperse su móvil tiene un nuevo número de teléfono. Además en el texto del mensaje se añade el teléfono un enlace al WhastApp donde enviar un nuevo mensaje. Alerta con el mensaje porque está lleno de faltas de ortografía. “Papa mi otro teléfono esta roto Este el Nuevo numero enviame un mensaje a traves de WhastApp”

La estafa resulta muy efectiva porque apela al sentimiento de urgencia de un progenitor que solo quiere ayudar a su retoño. Es por ello que quienes la cometen le meten prisa a su víctima, afirmando que se trata de una cuestión de vida o muerte, o que pagar una cuota a otra tercera persona es la única forma en la que pueden resolver un problema.

El envío del dinero se puede exigir de distintas formas. Es posible que el criminal le dé una cuenta bancaria al padre afirmando que es mejor que le envíe el dinero a esta porque la suya se ha bloqueado. También puede indicarle que debe hacer una transferencia a alguien. En otros casos, se le ruega que realice un bizum al número desde el que se comunica el falso hijo.

El 47,4% de los españoles asegura haber sufrido una estafa o intento de estafa en el último año

El 60% reconoce tener “poco o ningún” conocimiento sobre seguridad y protección de datos personales en internet, según la última encuesta realizada por el CIS sobre ‘Inseguridad en la red’
Al 75,3% les preocupa que debido a la Inteligencia Artificial “llegue un momento que no podamos distinguir si lo que vemos en internet es real o no”
El 93% está a favor de prohibir el uso del móvil en las escuelas de primaria y un 69,8% cree que también habría que prohibirlo durante la etapa de la ESO

El CIS ha realizado una encuesta sobre la inseguridad que genera la red, el acceso de los menores a ciertas webs, la Inteligencia Artificial y otras cuestiones que se han preguntado entre una muestra mayor de 16 años.

En cuanto a la inseguridad en internet, un 47,4% de los encuestados ha asegurado haber sufrido una estafa o intento de estafa en los últimos 12 meses. De este porcentaje, el 84,2% afirma “haber recibido correos electrónicos o mensajes de móvil sospechosos solicitándole información personal o financiera”.

El acceso no autorizado a información personal a través de internet es lo que más preocupa a los españoles (77,2%), mientras que el 76,8% asegura que son los delitos sexuales. Para un 76,1% lo más preocupante es que le roben su identidad y para el 74,3% lo son los enlaces fraudulentos a través de mensajes de móviles.

En cuanto a las medidas de seguridad que los españoles toman para evitar estos riesgos, el 76,4% asevera que solo accede a páginas que le generan confianza, y un 75,3% solo hace compras online en webs que le parecen seguras. Además, el 60% de los españoles reconoce tener “poco o ningún” conocimiento sobre seguridad y protección de datos personales en internet, frente al 36,6% que dice tener “mucho o bastante” conocimiento sobre este tema.

Entre quienes han sido víctimas de una estafa en internet, un 55.5% dice haberlo denunciado ante las autoridades pertinentes, y son los jóvenes de entre 25 y 34 años quienes más sufren las estafas o intentos de estafa, un 61,3%.

En una escala del 1 al 10, los españoles que hacen uso de la red dicen sentirse bastante preocupados con los riesgos que conlleva internet hoy en día, con una media de 6,44.

Los riesgos de la Inteligencia Artificial

El 80,4% de los españoles cree que existen riesgos en el uso de la inteligencia artificial, y el 70,6% ha indicado que pueden ser riesgos “muy o bastante graves”.

No poder distinguir si lo que vemos en internet es real o no “preocupa mucho o bastante” al 75,3% de los ciudadanos, y el que se puedan manipular imágenes para crear contenido falso inquieta al 74,9%. Otra preocupación expresada en la encuesta es que puedan desaparecer ciertas profesiones debido al uso de inteligencia artificial preocupa al 63,1%.

Además, el 29,9% se ha visto afectado en los últimos doce meses por una información falsa en internet. Por ello, hay consenso sobre la necesidad de que “se establezcan limitaciones a la propagación de información falsa en internet” (92,5%).

Uso restringido de los móviles

El 93% de los españoles está a favor de prohibir el uso del móvil en la Educación Primaria (menores de 12 años) y el 69,8% de hacerlo en la etapa de la ESO (de 12 a 16 años).

Respecto a la posibilidad de que se produzcan delitos sexuales online en menores, hay consenso entre los encuestados -un 94%- es partidario de poner restricciones en el acceso a internet.

En cuanto al tipo de restricciones, el 37,8% de los encuestados cree que deberían ser “las páginas webs quienes restrinjan el acceso a menores con sistemas adecuados de verificación de edad”, el 35% asegura que la restricción debe venir de “un control parental a páginas y aplicaciones” y un 7,9% lo achaca a “educar para fomentar el uso responsable de internet”.

Sobre quién o quiénes deben establecer esas restricciones, el 78,5% asegura que “padres y madres a través de controles de móviles y ordenadores”, un 33,9% afirma que debe ser el “gobierno y autoridades a través de leyes”, un 12,8% dice que los propietarios de las webs y otro 12,8% los centros educativos.

El 36,2% cree que el mayor riesgo está en “el acceso a la pornografía y la violencia”, el 24,9% de ser “objeto de timos o engaños económicos” y el 17,9% asegura que el riesgo más habitual es sufrir acoso (bullying, coacciones o amenazas). “Recibir y enviar fotos o videos sexuales”, también es un gran riesgo para el 15,8%.

Estos y otros datos se encuentran en el estudio ‘Inseguridad en la red’ que se ha realizado del 13 al 20 de febrero y cuenta con una muestra de 5.917 entrevistas.

La Audiencia Nacional propone juzgar por estafa al exdirector del Banco Popular Ángel Ron y a PwC

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. A esta los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.

En un auto de este mismo lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda el archivo provisional para el expresidente Emilio Saracho al no haber tenido ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable, sino que, por el contrario, dice el juez, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco.

Cabe recordar que la causa se inició en octubre de 2017, cuatro meses después de que el banco fuese resuelto por la Junta Única de Resolución (JUR), convirtiéndola en una de las instrucciones más longevas de la Audiencia Nacional.

Una mafia estafa más de 4 millones de euros a miles de turistas de avanzada edad en Canarias
·La Policía Nacional ha detenido a 33 personas que formaban parte presuntamente de una organización criminal asentada en el sur de Tenerife

C. A. C.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 03·01·24 | 12:28

La Policía Nacional ha culminado la primera fase de una operación policial, en la que ha colaborado la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en la que se ha logrado desarticular una organización criminal asentada en el sur de la isla de Tenerife.

Han sido detenidos 33 presuntos integrantes de dicha organización dedicada a la comisión sistemática de estafas a turistas extranjeros de avanzada edad que se alojaban en diferentes municipios del sur de la isla, principalmente en Adeje y Arona.

Por el momento, los investigadores han identificado 1.805 víctimas, nacionales de países como Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suiza, Francia, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Italia, Estonia, Irlanda, República Checa, Letonia y Hungría, y se estima que el perjuicio económico total ocasionado asciende, hasta este momento, a más de cuatro millones de euros.

Más de 1.800 turistas extranjeros estafados

La investigación se remonta al año 2022, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una organización criminal que, afincada en el sur de Tenerife, tenía como fin la comisión sistemática de estafas a turistas extranjeros de edad avanzada, a través de pequeñas tiendas de venta de artículos tecnológicos.

Los integrantes de la organización, con un reparto de roles preestablecido, seleccionaban a las víctimas y les ofrecían dispositivos tecnológicos a un coste bajo.

En caso que el turista aceptase, era trasladado a un establecimiento, perteneciente a otro peldaño de la organización, que obtenía información de las víctimas relativa al lugar de alojamiento y a la fecha de regreso a su país.

Con el pretexto de configurar los dispositivos e instalar aplicaciones de uso recreativo, retenían los artículos comprados y se citaban con las victimas para entregárselos antes de su partida. Una vez que estaban seguros que el turista había abandonado territorio nacional, comenzaban a hacer cargos fraudulentos en sus tarjetas de crédito a través de los TPV de una compleja red de multitiendas ubicadas en el sur de Tenerife.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, tras una larga investigación, que contó con la colaboración de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, desarticularon la organización criminal en un dispositivo policial compuesto por más de 100 agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional.

En total, por el momento, la Policía Nacional ha detenido a 33 personas por la presunta autoría de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa, ha intervenido un millón de euros en efectivo en los diferentes registros practicados, ha bloqueado un capital superior a un millón de euros distribuido en más de 300 cuentas bancarias y 42 propiedades inmobiliarias, así como numerosas joyas y 17 vehículos de lujo, superando uno de ellos el valor de 160.000 euros.

Los principales responsables de la organización, 5 hombres, tras ser puestos a disposición judicial ingresaron en prisión preventiva.

Europol

La investigación de la Policía Nacional continúa, ya en su fase patrimonial, y no se descarta que se identifiquen nuevas víctimas y se produzcan nuevas detenciones.

Por ello, la Policía Nacional ha articulado a través de EUROPOL canales de cooperación policial con las fuerzas de seguridad de los países de los afectados, para contactar con la víctimas, facilitarles consejo en el proceso de comunicación de los hechos delictivos, personarse en el proceso y ser reparadas por el perjuicio económico que les ha sido ocasionado.

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Más de 1800 turistas son víctimas de una estafa en el sur de Tenerife: hay 33 personas detenidas
La Policía Nacional ha detenido a 33 personas por estafar a turistas en edad avanzada en Adeje y Arona. Les vendían aparatos tecnológicos a muy bajo precio y les hacían cargos fraudulentos en las tarjetas de crédito.

03/01/2024 – 13:03 h CET

Santa Cruz de Tenerife · La Policía Nacional ha culminado la primera fase de una operación policial, en la que ha colaborado la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, con la que se ha logrado desarticular una organización criminal asentada en el sur de la isla de Tenerife. Así, han sido detenidos 33 presuntos integrantes de dicha organización dedicada a la comisión sistemática de estafas a turistas extranjeros de avanzada edad que se alojaban en diferentes municipios del sur de la isla, principalmente en Adeje y Arona. Por el momento, los investigadores han identificado 1.805 víctimas, nacionales de países como Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suiza, Francia, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Italia, Estonia, Irlanda, República Checa, Letonia y Hungría, y se estima que el perjuicio económico total ocasionado asciende, hasta este momento, a más de cuatro millones de euros.

La investigación se remonta al año 2022 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una organización criminal que, afincada en el sur de Tenerife, tenía como fin la comisión sistemática de estafas a turistas extranjeros de edad avanzada, a través de pequeñas tiendas de venta de artículos tecnológicos, informa la Policía Nacional en una nota.

Los integrantes de la organización, con un reparto de roles preestablecido, seleccionaban a las víctimas y les ofrecían dispositivos tecnológicos a un coste bajo. En caso que el turista aceptase, era trasladado a un establecimiento, perteneciente a otro peldaño de la organización, que obtenía información de las víctimas relativa al lugar de alojamiento y a la fecha de regreso a su país.

Con el pretexto de configurar los dispositivos e instalar aplicaciones de uso recreativo, retenían los artículos comprados y se citaban con las víctimas para entregárselos antes de su partida. Una vez que estaban seguros de que el turista había abandonado territorio nacional, comenzaban a hacer cargos fraudulentos en sus tarjetas de crédito a través de los TPV de una compleja red de multitiendas ubicadas en el sur de Tenerife.

Más de un millón de euros

Por el momento, la Policía Nacional ha detenido a 33 personas por la presunta autoría de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa, ha intervenido un millón de euros en efectivo en los diferentes registros practicados, ha bloqueado un capital superior a un millón de euros distribuido en más de 300 cuentas bancarias y 42 propiedades inmobiliarias, así como numerosas joyas y 17 vehículos de lujo, superando uno de ellos el valor de 160.000 euros. Los principales responsables de la organización, cinco hombres, tras ser puestos a disposición judicial ingresaron en prisión preventiva.

La investigación de la Policía Nacional continúa, ya en su fase patrimonial, y no se descarta que se identifiquen nuevas víctimas y se produzcan nuevas detenciones.Por ello, la Policía Nacional ha articulado a través de Europol canales de cooperación policial con las fuerzas de seguridad de los países de los afectados para contactar con la víctimas, facilitarles consejo en el proceso de comunicación de los hechos delictivos, personarse en el proceso y ser reparadas por el perjuicio económico que les ha sido ocasionado.