2025.5.13 El pederasta catalán que violó incontables veces a una niña de 12 años tutelada: 232 fotos, 20 vídeos de agresiones en grupo y una red destapada
La Fiscalía pide hasta 107 años de cárcel para un electricista de 45 años por una acumulación de delitos sexuales
T. L. M. son las siglas del electricista de ahora 45 años acusado de violar en reiteradas ocasiones a una niña de 12 en situación de vulnerabilidad, grabarla en vídeo y ofrecerla a otros adultos a través de la redes sociales y aplicaciones de citas para que la agredieran sexualmente y en grupo durante un año y medio, entre mayo de 2020 y octubre de 2021. Un violador al que ya se está tildando como el ‘Pelicot catalán’.
Cuando los Mossos d’Esquadra entraron en el piso de T. L. M. en el centro de Barcelona, encontraron hasta 232 fotografías de la menor, «no menos de 20 vídeos» de la niña «desnuda […] siendo penetrada por él o por terceros en las diferentes posturas y encuadres que el procesado estimaba pertinente», y una ingente cantidad de material de pornografía infantil intercambiado con otros pederastas. Ahora, la Fiscalía pide hasta 107 años de cárcel para este individuo en un escrito de acusación conocido ayer y que desvela un caso excepcional hasta la fecha.
El acusado conoció a la víctima a través de la aplicación Badoo cuando ella vivía en un centro tutelada por la Generalitat en L’Hospitalet de Llobregat. Su madre estaba enferma y no podía hacerse cargo de ella, y la menor sufría acoso escolar y «tenía muy baja autoestima», circunstancias que el acusado aprovechó para ganarse su confianza. Fue entonces cuando concertó una cita con la menor en el centro comercial Finestrelles (en Esplugues de Llobregat) la recogió y la llevó a su casa.
A partir de ese preciso momento empezaron las agresiones sexuales, incontables a tenor del escrito de acusación del Ministerio Público: «El acusado aprovechaba los días y noches que la niña se fugaba del centro de menores para proporcionarle un lugar de refugio físico y ponía películas pornográficas a la menor para que se desinhibiese y le imponía mantener relaciones sexuales vaginales y anales».
Además, la convenció para que se dejase fotografiar y grabar durante las prácticas sexuales «que le imponía», imágenes que colgó en redes sociales como «reclamo sexual» para que otros pederastas mantuviesen relaciones con la menor en su presencia. De hecho, a través de las aplicaciones Lovoo e Instagram, el acusado suplantó la identidad de la menor con un único objetivo, según el fiscal: “Ofrecía indiscriminadamente a usuarios de la red mantener relaciones sexuales grupales”.
El hombre reunió al menos 20 vídeos de estos abusos y violaciones, en las que a veces él también participaba y que grababa con su iPhone XR. Fue en junio de 2022, tras la denuncia de la propia menor a finales de 2021, cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron al individuo y registraron su domicilio por orden del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona. En él encontraron más de 10.000 fotografías y casi 2.000 vídeos de pornografía infantil que había hecho él o que había intercambiado con otros pederastas en sus distintos dispositivos.
Un operativo que permitió a la policía investigar, tirar del hilo y acabar desarticulando una red de pederastas con hasta 15 detenciones. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona mantiene abierta una causa separada para investigar a los otros implicados.
2025.5.13 Se libra de la cárcel tras disparar a su tío con una escopeta de perdigones en Quinto (Zaragoza)
Un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público permite al agresor eludir la cárcel y compensar a su pariente por las graves lesiones
Aunque no ha quedado claro el motivo por el que la víctima y el agresor tenían desavenencias familiares a raíz de las cuales mantuvieron una fuerte discusión que acabó con el disparo de dos tiros con una escopeta de perdigones, J. J. G. se ha librado de la cárcel por casi acabar con la vida de su tío. Unos hechos sucedidos hace casi tres años en Quinto y que gracias a un acuerdo entre Fiscalía y defensa ratificado este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, el acusado indemnizará a su pariente con 15.000 euros además de comprometerse a no delinquir en un plazo de cinco años.
Para entender qué pudo pasar hay que remontarse a la tarde del 17 de junio de 2022, cuando el agresor se encontraba en las inmediaciones de una nave almacén sita en el municipio zaragozano. Fue ese el escenario donde, sobre las 19.00 horas, se presentó su tío, J. A. J. O., con quien comenzó a discutir por rencillas familiares no aclaradas. En un momento dado, el acusado se dirigió hasta su coche Toyota Rav 4 y sacó del maletero una escopeta de perdigones con la que sin más preámbulos disparó a la víctima a una distancia de tres metros, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso ARAGÓNPRESS.
Los proyectiles impactaron en la zona del corazón, uno en el área laterobasal izquierda y otro en el pericardio y apex de su ventrículo derecho El informe médico forense reveló más tarde la gravedad de las lesiones producidas pero aun así, la víctima consiguió despojarse de su agresor y huir en su vehículo hasta el pueblo, donde fue socorrido y trasladado de urgencia al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Teniendo en cuenta las operaciones a las que fue sometido y la oxigenoterapia que necesitó, J. A. J. O. logró sanar después de 143 días, de los cuales 84 los pasó ingresado en el hospital.
UNA CICATRIZ DE 26 CENTÍMETROS Y UNA OPERACIÓN PARA RETIRAR EL PERDIGÓN
Sus secuelas, más allá de quedarle una cicatriz en el torso de 26 centímetros de longitud, pasan por padecer dolores punzantes en la zona de las costillas de manera ocasional, algún resto de perdigón en su cuerpo y dificultades para respirar. El 15 de agosto, dos meses después de la agresión, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Urgencias para retirar uno de los perdigones incrustado en su corazón. A su sobrino se le impuso una orden de alejamiento que le impedía comunicarse o acercarse a él a menos de 200 metros.
Por todo ello, la representante de la Fiscalía pedía para el acusado, J. J. G., una pena de siete años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y una suma total de 39.000 euros a modo de indemnización por las lesiones y secuelas de la víctima. Finalmente, una conformidad entre la defensa del procesado, en manos de la abogada Olga Oseira, y el Ministerio Fiscal, ha rebajado considerablemente esa cantidad hasta los dos años de cárcel por un delito de lesiones con instrumento peligroso y una responsabilidad civil de 15.000 euros.
El magistrado Alfonso Ballestín, presidente de la Audiencia Provincial, ha leído la sentencia in voce con la que el acusado ha mostrado estar de acuerdo además de comprometerse a abonar la cantidad de 250 euros al mes a su allegado hasta completar el pago y no delinquir en el plazo de cinco años. “Estoy trabajando y tengo dos criaturas”, ha manifestado el agresor. De esta manera, se ha concertado la suspensión de la pena privativa de libertad, eludiendo así la prisión.
2025.5.12 El jurado popular declara culpable por unanimidad al hombre de 75 años que asesinó a su exmujer en Escatrón
El acusado acabó con la vida de su exmujer, María del Carmen, después de 49 años de matrimonio y en plenos trámites de separación de bienes tras divorciarse apenas un año antes
El jurado popular declara culpable de asesinato, amenazas, quebrantamiento de condena y maltrato habitual a Ezequiel Hernández Gonzalo, quien acabó con la vida de su exmujer, Mari Carmen, la madrugada del 10 de septiembre de 2022 en Escatrón tras casi cinco décadas de matrimonio y un año divorciados. Los nueve miembros del jurado, ocho hombres y una mujer, han considerado que el acusado, pese a tener una afectación leve por la celotipia que padece, no estaba mermado en sus capacidades volitivas en el momento de cometer el crimen.
No obstante, el tribunal no ha considerado que la víctima fuera especialmente vulnerable, condición que los tres hijos del matrimonio han intentado demostrar durante el procedimiento y una de las razones por las que pedían la prisión permanente revisable para su padre, que finalmente no será tenida en cuenta.
Después de la lectura del veredicto, la acusación particular y en representación de los hijos, en manos de la abogada Pilar Azcón Baile, ha solicitado 34 años de cárcel. El abogado de la defensa, Francisco García Berenguer, ha pedido ocho años de prisión a tenor de la decisión del Tribunal del Jurado, presidido por la magistrada Natividad Rapún, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. La Fiscalía y el letrado de la Comunidad Autónoma, quien ha ejercido de acusación popular, interesan 29 y 28 años de cárcel, respectivamente.
EL ACUSADO CONFESÓ EL CRIMEN ANTE LA GUARDIA CIVIL
Asimismo, el jurado no ha tenido en cuenta la agravante de género en el delito de asesinato, el más grave por el que Ezequiel H. G., de 75 años, estaba imputado. Sí ha considerado la atenuante de confesión, ya que el acusado admitió haber acabado con la vida de su exmujer ante una patrulla de la Guardia Civil a la que dio el alto poco después de cometer los hechos. A la llegada de los sanitarios, María del Carmen aún estaba con vida, aunque falleció tres días después en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza a causa de las graves heridas en la cabeza.
Una de las circunstancias que ha trascendido durante el procedimiento judicial ha sido la orden de alejamiento que pesaba sobre el acusado antes de cometer el asesinato por unas amenazas proferidas a la víctima y que ella misma denunció ante el Juzgado de Caspe meses antes. “La última vez que vi a mi padre dijo que iba a matarla”, manifestó la semana pasada Arantxa, la hija mayor, durante su testimonio. Los tres vástagos, así como amigas y entorno cercano de la fallecida, relataron el maltrato habitual al que estuvo sometida por el imputado durante años y que también han tenido en cuenta los miembros del jurado en el veredicto. “Arantxa, tengo miedo, este hombre un día me mata”, le había dicho Mari Carmen a su primogénita en reiteradas ocasiones.
EL MÓVIL DEL ASESINATO: LA SEPARACIÓN DE BIENES
El móvil del crimen también ha quedado acreditado por unanimidad en la decisión del jurado, y no es otro que la separación de bienes que se estaba llevando a cabo entre homicida y víctima. Él se negaba a que tasaran el piso en la avenida Navarra de Zaragoza donde vivieron toda su vida y “tenía la creencia de que ella quería perjudicarle en sus intereses económicos”. “Mi madre solo quería que la dejara en paz, vivir tranquila, y por eso se fue a la casa de Escatrón”, llegó a decir Ana Belén, la segunda hija del matrimonio.
Fue ese el escenario elegido por Ezequiel para acabar con la vida de su exmujer la madrugada del 10 de septiembre de 2022. Condujo desde Zaragoza hasta el municipio de la Ribera Baja del Ebro, y sobre las 4.00 horas, se coló en el domicilio provisto de una pata de cabra con la que asestó numerosos golpes en la cabeza a María del Carmen mientras esta dormía. Pese a esto, el jurado popular no ha considerado que hubiera ensañamiento a la hora de cometer el crimen, aunque sí alevosía. También han valorado como circunstancia agravante que Ezequiel H. G. cometiera los delitos bajo el amparo de la noche y el aislamiento de la vivienda, donde la víctima vivía sola.
Aunque el acusado había llevado consigo unos guantes de látex y ropa para cambiase en una mochila, confesó que “acababa de matar a su exmujer” a una patrulla de la Guardia Civil que pasaba a escasos 500 metros del lugar sobre las 4.30 horas. Tras guiarles hasta la escena del crimen, donde se avisó a los servicios de emergencias que trasladaron a Mari Carmen al Hospital Miguel Servet, fue conducido hasta el cuartel de Pina de Ebro. “No lo he hecho bien”, escucharon por parte de Ezequiel los efectivos del Instituto Armado.
“EL NÚMERO DE MUJERES ASESINADAS NO DISMINUYE”, APUNTA EL FISCAL
“Me duele que el sistema no haya funcionado una vez más y que la Administración no tomara más pedidas para evitar lo sucedido”, expresó el fiscal Rául Miranda durante la fase de informes el pasado jueves. En declaraciones vertidas a los medios de comunicación esta mañana, el representante del Ministerio Fiscal ha incidido en el problema de violencia de género que sufre el país. “El número de mujeres asesinadas no disminuye, no basta con medidas judiciales, hay que tomar políticas en educación para eliminar roles machistas”, ha mantenido Miranda, que ha llevado el caso de Escatrón desde su inicio.
Con todo, el fiscal sostiene que “por mucha medida de protección por parte de la justicia, quien quiere cometer el delito, lamentablemente, lo comete”. “El mensaje que hay que mandar a las mujeres es que denuncien, de que tienen todos los medios a su disposición para salir de la situación que viven”, ha expuesto Raúl Miranda.
En cuanto a la responsabilidad civil, tanto la Fiscalía como la acusación particular y popular, esta última en manos del letrado José Luis Gay, han coincidido en las cifras que solicitan a modo de indemnización. 100.000 euros a cada uno de los tres hijos y 20.000 euros para cada uno de los tres nietos, lo que supone un total de 380.000 euros. La defensa, no obstante, entiende que el abono de 10.000 euros que su cliente realizó poco después de cometer los hechos así como el embargo de todos sus bienes en favor de los hijos es suficiente como resarcimiento.
2025.5.12 Acepta trece años y medio por violar a su sobrina con discapacidad y dejarla embarazada
La menor, con retraso mental y discapacidad del 76%, declaró que “no entendía” ni “quería” lo que hacía él, que no la dejaba irse
El acusado de agredir sexualmente y de manera continuada a su sobrina, por entonces menor de 14 años, y dejarla embarazada, ha reconocido los hechos y se ha declarado culpable en el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Cantabria contra él. El acusado se ha mostrado conforme con la pena de trece años y medio de cárcel solicitada por la fiscal y la acusación particular.
“Lo siento mucho. Estoy arrepentido”, ha expresado el hombre al ejercer su derecho a la última palabra en la vista oral, en la que no ha sido interrogado por las partes al admitir lo ocurrido y al adherirse la defensa a los escritos y peticiones de las acusaciones.
En el plenario sí se ha reproducido la declaración en fase de instrucción de la víctima, que presenta discapacidad del 76 por ciento, grabación en la que explica los tocamientos y abusos y asegura que ella “no quería” que se produjeran los mismos.
“Me ponía nerviosa. No entendía lo que estaba haciendo”, manifiesta en la proyección de la prueba preconstituida, en la que afirma que ella “lloraba” porque quería marcharse del lugar de los hechos pero él “no me dejaba ir”, lamenta.
La menor también relata cómo el procesado le decía que “no podía” decir lo que pasaba entre ambos: “No me dejaba contarlo”, asevera, para añadir que le advertía de que en caso contrario se “metía en un lío”. Pero “yo lo conté” y “ahora estoy más tranquila”, destaca.
“Me tocaba por todas partes”
En la reproducción la víctima detalla los tocamientos, “por todas partes” y por encima y por debajo de la ropa, así como las penetraciones e intentos de ella de apartarse, porque no le “gustaba” ni “quería” mantener esos encuentros, que ocurrieron en “varias” ocasiones y en diferentes horarios y estancias.
Según el escrito del ministerio público, los abusos se producían cuando la niña acudía a casa de sus tíos. Entonces, el acusado, “aprovechando los momentos en los que se encontraban a solas, la compelió a mantener relaciones sexuales con él”.
Añade la fiscal que el hombre le realizó tocamientos y penetraciones, mientras la menor “trataba de zafarse sin éxito” y que fueron “múltiples” los encuentros, sin poder precisar el número exacto. Como consecuencia de estos actos, ella se quedó embarazada y dio a luz una niña cuando contaba con 15 años.
Delitos y penas
La acusación pública, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, merecedor de trece años y medio de prisión, quince de alejamiento y prohibición de comunicar con la chica, diez de privación de la patria potestad sobre la hija en común, veinte años de inhabilitación para desempeño con menores y diez más de libertad vigilada tras la salida de prisión.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que el enjuiciado indemnice a la joven en 50.000 euros por los perjuicios causados. Además, pide que se acuerde el abono de una pensión en concepto de alimentos para la menor nacida entre ambos, así como el pago de las costas procesales.
Peticiones de la fiscal que coinciden con las del abogado de la acusación particular y con las que se ha mostrado conforme la letrada de la defensa.
Un adulto con plenas facultades y una menor muy vulnerable
Tras la práctica de la prueba y las conclusiones definitivas, la representante del ministerio público ha solicitado al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria que dicte sentencia condenatoria, ya que el acusado ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con el escrito y la pena pedida para él.
Además, ha subrayado que ya en sede judicial admitió que sabía tanto la edad de la niña como que padecía una discapacidad, por lo que ella no era “consciente” de lo que ocurría ni podía tampoco “prestar consentimiento” a las relaciones sexuales, que se prolongaron hasta que ella quedó embarazada. En este punto, ha indicado que de la prueba de ADN se desprende que él es el padre del bebé “al 99,99 por ciento”.
De su lado, el abogado de la acusación particular ha contrapuesto que las relaciones sexuales juzgadas fueron mantenidas entre un adulto con “plenas facultades” y una persona “muy vulnerable y características especiales”, valiéndose el primero de la “vulnerabilidad” de la segunda.
La letrada defensora ha subrayado por último que su cliente ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con la condena solicitada por las acusaciones. El juicio ha quedado visto para sentencia.
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