La Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito requiere la colaboración de la ciudadanía para dar con la ubicación del señor Oscar Oriel Quintana López, de nacionalidad panameña, con número de cédula personal 5-707-1660, requerido por el delito de estafa agravada.
Los actos de investigación que han sido desarrollados a la fecha, comprueban irrefutablemente tanto la comisión de los hechos escrutados, como la inequívoca vinculación y mediante orden de aprehensión y conducción de fecha del 14 de junio de 2024, a fin de obtener su comparecencia al proceso, lo cual a la fecha no ha sido posible.
Se exhorta a la comunidad que, de tener información sobre esta persona, comunicarse a los teléfonos 524-9498, 524-9505, 524-2681 de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito o a los teléfonos 104, 524-2518 / 524-2528 / 512-2511 de la Dirección de Investigación Judicial o a los teléfonos 511-9339 / 511-9309 de la Dirección de Inteligencia Policial.
La Policía Nacional llevó a cabo el allanamiento a un contenedor, donde se decomisan 1,527 paquetes con presunta droga, en un puerto de la localidad.
Esta droga tenía trazabilidad Panamá, trasbordo Bélgica y destino final Sudáfrica.
La inspección fue realizada por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA) y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA) en coordinación en el Ministerio Público.
Los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes
Se le anuncia a la ciudadanía que se solicita la colaboración para dar con el paradero de Rogelio Alberto Joseph Hinestroza, Alonso Melquiades Johnson Badillo, Ricardo Gilberto Joseph Hinestroza y Deyvid Joshue Hernández Rodríguez, las cuales son requeridos mediante orden de aprehensión dentro de investigaciones que adelanta la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, por la presunta comisión de delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.
Los señores Rogelio Alberto Joseph Hinestroza, Alonso Melquiades Johnson Badillo y Ricardo Gilberto Joseph Hinestroza, a quienes se les giró orden de aprehensión de fecha del 21 de marzo de 2024; de igual manera a Deyvid Joshue Hernández Rodríguez, tiene orden de aprehensión desde el 15 de mayo de 2024. A pesar de realizar diversas diligencias tendientes a traerlos al proceso, no ha sido posible su ubicación.
De tener información sobre esta persona, por favor comunicarse a los teléfonos 505-3268 / 505-3269, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (pandillerismo). Habrá reserva de la información proporcionada.
2025.6.11 ¿Por qué los brazaletes electrónicos no están siendo utilizados?
Según datos del Ministerio Público, hasta el mes de abril, se han registrado 4 víctimas por femicidio, 6 tentativas de femicidios y 5 muertes violentas.
Pese a que los brazaletes electrónicos han sido presentados como una herramienta para proteger a las víctimas de violencia doméstica y femicidios en el país, aún no están siendo utilizados para dicha finalidad, ya que, la normativa que reglamenta su compra y uso presenta inconsistencias legales que impiden al Ministerio de la Mujer realizar dicha adquisición.
Dichos equipos, en lugar de ser una medida de protección, están siendo utilizados para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas por las autoridades de justicia.
La ministra de la Mujer, Niurka Palacios, señaló que esta irregularidad se debe a que existe un “vacío legal” en el convenio firmado porque no define qué institución o persona es la encargada de adquirir estos brazaletes.
Además, aún no se ha identificado la plataforma que se va a utilizar para darle seguimiento a la herramienta.
Palacios aboga porque el método de seguimiento se realice a través de un sistema que ya existe para reducir los tiempos de espera y abaratar los costos.
Mientras se solucionan estas inconsistencias, los brazaletes están siendo utilizados por el Ministerio de Gobierno como una medida de resocialización y cumplimiento.
Según la titular del Ministerio de la Mujer, el uso del brazalete electrónico debe acompañarse de atención en salud mental no solo para las víctimas sino también para los agresores con la finalidad de que aprendan a manejar sus emociones y mejoren aquellas conductas que puedan llevar a un desenlace fatal.
Estadísticas del Ministerio Público revelan que, hasta el mes de abril, se han presentado unas 5, 216 denuncias por violencia doméstica. Siendo las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, las de mayor incidencia.
Durante este mismo periodo de tiempo se han registrado 4 víctimas por femicidio, 6 tentativas de femicidios y 5 muertes violentas a nivel nacional.
El distrito de San Miguelito y la provincia de Panamá, son las áreas del país en donde más ocurren estos delitos.
La mayoría de los femicidios ocurridos, hasta la fecha, han sido contra mujeres entre los 18 y 24 años.
Las autoridades no descartan que a nivel nacional existe un subregistro de los casos de violencia doméstica y tentativa de femicidio, ya que, muchas víctimas no se atreven a colocar la denuncia ante las autoridades competentes.
2025.6.11 Panamá traslada a más de cien migrantes por mar hacia Colombia en su viaje de retorno
El traslado desde el puerto de Colón hasta La Miel se hizo en una embarcación del Senan de Panamá, “como parte del operativo de flujo inverso” de migrantes.
Las autoridades panameñas trasladaron por mar a un grupo de 109 migrantes de diversas nacionalidades hasta una población del Caribe panameño, fronteriza con Colombia, para que continúen su viaje de retorno hacia Suramérica, después de no lograr su objetivo de asentarse en Estados Unidos tras el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de la Administración de Donald Trump.
El Servicio Nacional de Migración (SNM) del país centroamericano informó este martes en un comunicado que el traslado desde el puerto caribeño de Colón hasta La Miel se hizo en una embarcación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá, “como parte del operativo de flujo inverso” de migrantes.
La embarcación “zarpó con migrantes de 9 nacionalidades, entre ellos 75 adultos y 34 menores”, señala la breve información oficial, destacando el “compromiso interinstitucional con una migración segura y humanitaria en el flujo inverso”.
Una fuente conocedora del proceso, que pidió el anonimato, explicó a EFE que la embarcación zarpó el lunes, y que muchos de esos migrantes se habían acogido a la opción del flujo inverso a su llegada al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) en Costa Rica, donde se coordinó el traslado con las autoridades panameñas.
Esos migrantes son enviados en autobuses desde Costa Rica hasta un albergue cerca de la selva de Darién, fronteriza con Colombia y que muchos de ellos habían cruzado ya antes a pie cuando se dirigían a Estados Unidos. Sin embargo, el camino de retorno por la jungla no es posible, y por eso se habilitan las embarcaciones.
Hasta ahora, lo más común había sido que los migrantes tomaran embarcaciones privadas en el puerto caribeño de Miramar, para desde ahí navegar hasta La Miel, cerca de Colombia.
Los pasajes estaban entre los 150 y los 260 dólares, según se viajase en un barco de mayores dimensiones (más lento y barato), o en una lancha (más cara y rápida), un coste elevado que impedía a muchas familias migrantes continuar su viaje, al no disponer de esa cantidad, quedándose varados en Panamá mientras reunían el dinero.
Sin embargo, en la embarcación del Senan los migrantes hacen “un aporte mínimo” para el viaje, según explicó la fuente a EFE, convirtiéndose así en una alternativa más factible para estas personas de bajos recursos, muchos de ellos con meses en la carretera tras un camino de ida y vuelta desde Suramérica.
Diez meses de viaje de sur a norte, y el retorno
Es el caso de la migrante venezolana Mari Cordero, que viaja con su esposo y su hijo de siete años, y que afirmó a EFE que aunque les dijeron que ese viaje en barco era “gratis”, no pudieron tomarlo porque solo disponen de 30 dólares, y la embarcación privada de La Miel a Colombia cuesta entre 35 y 45 dólares por persona, según les cometaron.
Cordero y su familia se encuentran en Panamá después de salir de Venezuela hace casi diez meses.
Cruzaron la selva del Darién y tras recorrer Centroamérica llegaron a México, donde los “secuestraron” una semana hasta que consiguieron el dinero que les reclamaban, para luego, cuando ya habían conseguido la cita para entrar de manera regular a Estados Unidos, todo se canceló con la llegada de Trump al poder.
“Tres meses y pico esperando la cita, y cuando nos salió, Trump cortó todo”, lamentó Cordero, por lo que decidieron regresar a Venezuela, “sin nada, pero juntos”.
El regreso fue más rápido, sin los impedimentos que solían tener para ir hacia el norte, cuando iban “como en sardinita en lata, escondidos todos, de allá para acá”, por miedo a que los deportaran, aunque critica el paso en Costa Rica por el centro migratorio: “Allá me agarró migración, me metieron presa 15 días y nos trataron de lo peor”.
Cordero ríe al decir que no le importaría que la deportaran a Venezuela, sería todo más rápido, y aunque existe la posibilidad de tomar los “vuelos humanitarios” de regreso organizados por la ONU u otros países, no pueden al carecer de pasaporte o “salvoconducto”.
Este flujo migratorio inverso de norte a sur se ha convertido casi en el único existente en países como Panamá, donde antes de la llegada de Trump cientos de migrantes cruzaban a diario la selva de Darién en su camino a Estados Unidos, con la cifra récord de más de 500,000 en 2023, mientras que ahora esos números se han reducido a mínimos
En abril pasado, el presidente panameño, José Raúl Mulino, declaró que “para todos los efectos prácticos” el Darién como paso migratorio irregular estaba cerrado, con el argumento de que ese mes habían cruzado la jungla apenas 73 migrantes en su camino hacia Norteamérica, frente a los 194 que lo habían hecho en marzo o los 29.259 que lo hicieron en abril del año pasado, lo que supone una caída respecto a 2024 del 99,7 %.
2025.5.25 Juez imputa cargos y ordena detención provisional de Genaro López
Juez imputa cargos y ordena detención provisional de Genaro López
25/05/2025 00:00
Los reclamos de los trabajadores se remontan a una huelga de 2006. Más de 19 años después, aún no reciben el monto completo de sus compensaciones a pesar de un fallo favorable del juzgado y un acuerdo del Suntracs con la empresa
El juez de garantías Francisco Carpintero legalizó la aprehensión de Genaro López e imputó cargos por estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y otros delitos. Además, ordenó la medida de detención provisional, la cual fue apelada por la defensa.
El caso se remonta a agosto de 2006, cuando los trabajadores afiliados al Suntracs que trabajaban en el proyecto Red Frog Beach 1 de Isla Bastimento, Bocas del Toro, se declararon en huelga. Reclamaban pagos pendientes de horas extras y denunciaban incumplimiento de medidas de seguridad, entre otros reclamos. Los trabajadores y la empresa responsable del proyecto, Pillar Construction S.A., llegaron a un acuerdo y la huelga cesó.
Sin embargo, las violaciones contra los derechos de los trabajadores continuaron y no se pagaron los sobretiempos adeudados, así que en 2007 se decretó otra huelga que se extendió hasta 2008.
El 30 de agosto de 2011 el Juzgado Seccional de Trabajo emite una sentencia en favor de los trabajadores. La empresa debería pagar 7 millones de dólares en compensación a los 412 trabajadores afectados.
La empresa apela. En abril de 2012 el Suntracs llega a un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction, S.A. Ahora, en vez de 7 millones de dólares, los trabajadores recibirían 3 millones de dólares.
La empresa tendría 8 años, hasta el 2020 para pagar esa suma. Como garantía se otorgaron al Suntracs varios lotes de terreno con un valor equivalente estimado en aquella fecha.
Se cumplieron los 8 años y la empresa no pagó.
“Después de los 8 años, lo paradójico es que el Suntracs no mueve un dedo para obligar a la empresa a traspasar los lotes”, cuenta Abel María Fernández Bultrón, representante legal de 143 trabajadores afectados. “Son los trabajadores los que empezamos a presionar a la empresa, y así se logra el traspaso de los lotes en el 2022. Pero se hace a través del Suntracs porque el Suntracs era el que representaba a los trabajadores”, acotó.
¿Qué pasó con los terrenos?
Fernández señala que el Suntracs no ha querido entregar los lotes de terreno a los trabajadores. Por el contrario, señala que el Suntracs llama a una Asamblea el 30 de mayo de 2022, en la que no permiten la entrada de varios miembros interesados y presuntamente coaccionan a otros, para conseguir la aprobación de la hipoteca de los lotes. El 6 de junio, una semana después, se aprueba la hipoteca a favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. Es decir, el Suntracs hipotecó los terrenos a su propia cooperativa.
Es entonces cuando los trabajadores afectados deciden presentar una querella penal por presunta estafa contra Genaro López, Saúl Méndez, Erasmo Cerrud y Luis González Marín (representante legal de la cooperativa).
Desde entonces, han estado en proceso de recabar testimonios, documentación y pruebas para sustentar su caso. Fernández asegura que han logrado conseguir más de 90 testimonios sobre las acciones de coacción y las irregularidades en este proceso. Muchos trabajadores recibieron algo de dinero, pero menos de la mitad de lo que les correspondía originalmente.
“A los trabajadores a los que se les logró pagar algo, se les pagó menos del 50%. O sea, fueron estafados. En la sentencia se indica cuánto le corresponde a cada trabajador, sin contar las cotas. Por ejemplo, a Manuel Pérez le tocaba 10 mil dólares, le pagaron menos de 5 mil. Porque hay trabajadores a los que sucumbieron por la necesidad, que además no se les permitió ni siquiera leer el documento, fueron coaccionados porque si no, no se les pagaba”, lamentó Fernández.
Han pasado 13 años desde que Suntracs pactó con la empresa constructora y los trabajadores no solo no han recibido el monto total de su compensación. Los testimonios y pruebas se han ido acumulando, pero es hasta ahora que el Ministerio Público toma acciones contra los dirigentes del Suntracs.
“Esta carpeta está preparada inclusive para ir a un juicio, no solamente para una imputación”, detalló Fernández, recordando que los delitos que han sido querellados son de estafa agravada, delitos contra el orden económico y otros delitos financieros agravados.
Al preguntarle si la decisión del Ministerio Público de tomar acciones en este caso en momentos que el Suntracs protagoniza manifestaciones contra el Gobierno Nacional, el abogado respondió lo siguiente:
“Si hay alguien que ha estado afectado, han sido los trabajadores, y la demora ha afectado a los trabajadores. Esta imputación debió haberse hecho con mucho tiempo. No me consta, pero siento que había cierto manejo de asuntos en el gobierno pasado. No sé si con Benicio Robinson, que domina y controla la provincia de Bocas del Toro, tanto las autoridades judiciales como el Ministerio Público, pero sí había cierto manejo, porque ahí, en este caso, sobre todo la coordinadora de fiscales, era la que estaba opuesta. Era la que estaba entorpeciendo”.
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Genaro López seguirá detenido y le imputan cargos por los supuestos delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales
24/05/2025 20:20
López llegó esposado a la audiencia y escoltado por agentes de la DIJ.
Pasaban las horas y las posturas se endurecían en la sala de audiencias. Luego de más de siete intensas horas de alegatos entre la Fiscalía y la defensa de Genaro López, el juez Francisco Carpintero inclinó la balanza a favor del Ministerio Público: legalizó la aprehensión, admitió la formulación de cargos y dictó detención preventiva contra el dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
A López se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales, luego que la fiscalía argumentara los puntos por los cuales debía enfrentar estos cargos.
López llegó esposado de manos y escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). La audiencia inició a la 1 de la tarde. El juez de amparo de garantías legalizó la aprehensión.
El jueves de esta semana, un día después que Saúl Méndez solicitara asilo político en la embajada de Bolivia, López se presentó ante el Ministerio Público voluntariamente para buscar información sobre una presunta investigación en su contra. De allí sería trasladado a la custodia de la DIJ.
López, Méndez y otros dirigentes del sindicato de trabajadores de la construcción han sido querellados por presunta estafa en contra de 412 trabajadores que laboraban en un proyecto de Isla Bastimento, Bocas del Toro.
Tras una huelga, la empresa constructora responsable de un proyecto en el área acordó en 2012 un pago de 3 millones de dólares con el Suntracs para compensar a los trabajadores pagadero en 8 años. Como garantía, traspasaron terrenos al sindicato con un valor estimado entonces de 1,7 millones. Pasados los 8 años, no se concretó el pago y las tierras quedaron en manos del Suntracs. Sin embargo, los trabajadores reclaman que no recibieron los beneficios. El sindicato habría hipotecado las tierras a su propia cooperativa sin el consentimiento de los trabajadores.
En su defensa, López declaró:
“Los trabajadores pueden estar claros. Fue por 3 millones, no le hemos robado a nadie. Nosotros no nos hemos quedado con plata de los trabajadores y nunca lo hemos hecho. Sabemos que tenemos que estar en la línea porque estamos en la mira. La Caja de Ahorros avaló los acuerdos, las solicitudes. Se está persiguiendo a una organización cuyo único pecado es defender a los trabajadores”.
El juez Francisco Carpintero reconoció la imputación de cargos contra Genaro López por estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
La defensa de López dijo que va a apelar la decisión y se espera que se fije una nueva fecha de audiencia.
2025.5.24 Interpol Panamá extradita desde España a líder de pandilla desarticulada en Colón
Panamá, 24 de mayo de 2025.- La Policía Nacional de Panamá a través de Interpol hizo efectiva la extradición desde España a Panamá de Francis Jiménez Sutherland, líder de la organización criminal Terror Killa, que controlaba las cárceles de Colón, antes de ser desarticulada en la Operación Estambul el 16 de julio 2024.
Dicho grupo criminal, controlaba diversas zonas de la provincia de Colón, mediante delitos como: homicidios, secuestros, tráfico de armas y drogas.
Francis, quien fue incluido dentro del proyecto INTERPOL – EL PACCTO 2.0, como uno de los delincuentes más buscados, fue capturado en Madrid-España en un centro comercial el 17 de septiembre de 2024.
Su extradición se efectuó este viernes 23 de mayo de 2025, desde el país europeo, llegando bajo custodia por unidades de Interpol Panamá y de la Dirección de Investigación Judicial al Aeropuerto Internacional de Tocumen para ser puesto a órdenes de las autoridades judiciales.
2025.5.19 Capturan en Tonosí a presunto homicida de un hombre en Las Minas de Herrera
El joven fue trasladado hasta la sede policial en Herrera, donde deberá enfrentar una audiencia de garantías, por su presunta participación en este homicidio.
En una sorpresiva operación, a muchos kilómetros de distancia de donde se dio el hecho de sangre, se logró la captura del presunto homicida de un hombre de 25 años, macheteado mientras se bañaba en su residencia, ubicada en la comunidad de Virotales, distrito de Las Minas, provincia de Herrera.
El ciudadano capturado es un joven de 18 años de edad, quien podría estar vinculado directamente con el brutal ataque con machete que cobró la vida de Gonzalo Ernesto González Espinoza, el fin de semana.
Se detalló que el sospechoso fue localizado y aprehendido en el distrito de Tonosí, en la vecina provincia de Los Santos, un lugar bastante alejado del sitio donde ocurrió el horrendo crimen.
Sobre este particular, el subcomisionado Guillermo Siuki, jefe de la Zona de Policía de Herrera, confirmó que la captura se produjo gracias a labores de inteligencia y seguimiento por parte de las autoridades.
El joven fue trasladado hasta la sede policial en Herrera, donde deberá enfrentar una audiencia de garantías, por su presunta participación en este hecho de sangre ocurrido este fin de semana en la apartada comunidad herrerana.
Gonzalo Ernesto González Espinoza, quien perdió la vida tras ser salvajemente atacado con un machete mientras se bañaba en su casa.
Las múltiples heridas en distintas partes del cuerpo lo dejaron gravemente herido, y aunque fue trasladado de urgencia al hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré, no logró sobrevivir.
Este nuevo giro en el caso refuerza la hipótesis de un crimen pasional, ya que se presume que la víctima y el agresor estaban involucrados en una compleja relación sentimental con la misma mujer, según información extraoficial.
Las autoridades continúan con las diligencias legales mientras la comunidad, aún conmocionada, espera que se haga justicia.
Se le comunica a la ciudadanía que la Fiscalía Regional de San Miguelito, a través de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual requiere de su apoyo para ubicar al ciudadano de nacionalidad china, Jiahuan Wu, apodado “Cisco” con cédula de identidad No. E8-184194, presuntamente vinculado a pluralidad de delitos sexuales, en perjuicio de una menor de edad.Se le comunica a la ciudadanía que la Fiscalía Regional de San Miguelito, a través de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual requiere de su apoyo para ubicar al ciudadano de nacionalidad china, Jiahuan Wu, apodado “Cisco” con cédula de identidad No. E8-184194, presuntamente vinculado a pluralidad de delitos sexuales, en perjuicio de una menor de edad.
Los hechos por los cuales se requiere al ciudadano Wu, ocurrieron en el mes de marzo de 2024, en el corregimiento de Rufina Alfaro.
De tenerse conocimiento sobre el paradero del requerido Jiahuan Wu, alias “Cisco”, por favor comunicarse a los teléfonos 524-9324 / 524-9502 de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito, o 524-2511/ 5242512 de la División de Delitos Sexuales o 234-0327 de la Dirección de Investigación Judicial.
La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de perseguir el delito y desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia.
2025.5.5 Delitos sexuales van en aumento en Panamá
Los casos de violación (533), acceso sexual con una persona mayor de catorce años y menos de dieciocho (475), actos libidinosos (237) son los más comunes.
Los delitos contra la libertad e integridad sexual siguen creciendo en el país, datos del Ministerio Público (MP) revelan que en los primeros tres meses del año se han presentado un total de 1,421 denuncias, una reducción del 2% en comparación al mismo periodo del 2024 cuando se querellaron a 1,456 personas, sin embargo, las estadísticas siguen siendo alarmantes porque excluyen a quienes no acuden a las instancias judiciales.
Los casos de violación (533), acceso sexual con una persona mayor de catorce años y menos de dieciocho (475), actos libidinosos (237), violación doblemente agravada (69), y corrupción de personas menores de edad (71), son los de mayor incidencia.
Mientras que, los menos denunciados por la ciudadanía son: acoso sexual (9), explotación sexual (7) y posesión de pornografía infantil (7), pornografía infantil (4), exhibición de materiales pornográficos a menores de edad incapaz o discapacitada (3), relaciones sexuales remuneradas con personas mayores de catorce años y menores de dieciocho (2), actos de exhibicionismo obsceno o pornográficos con menores de edad (2), conducta de omisión del conocimiento de estos delitos (1) y turismo sexual (1).
Una realidad que preocupa a los activistas, por ello, solicitan al Ejecutivo rapidez en la sanción del proyecto de ley No. 49 que modifica y adiciona artículos al Código Penal y Código Procesal Penal para aumentar las penas por delitos sexuales.
La iniciativa de la diputada Paulette Thomas busca que se incremente hasta 25 años la pena para quienes mediante violencia e intimidación tengan acceso carnal con personas de uno u otro sexo utilizando sus órganos genitales.
Esta misma sanción se aplicará a las personas que, valiéndose de una condición de ventaja, logren tener acceso sexual con un individuo mayor de 14 años y menor de 18, aunque medie consentimiento.
Además, se establece que no habrá acuerdos de penas cuando la víctima sea menor de edad, padezca algún grado de discapacidad física, mental o ambas, sea de la tercera edad, se encuentre inconsciente o tengan algún parentesco de hasta el tercer grado de consanguinidad con el agresor.’
“Estadísticas del Ministerio Público revelan que las regiones con más denuncias son: Panamá (268), Chiriquí (189), Panamá Oeste (175), Comarca Ngöbe Buglé (171), Bocas del Toro (151), Veraguas (115) y Coclé (100).
La violación y el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, son las faltas más cometidas.
Modifica y adiciona artículos al Código Penal y Código Procesal Penal para aumentar las penas por delitos sexuales.
20 – 25 años.”
También quedarán excluidos de este recurso los agresores que hayan sido condenados con anterioridad por cualquier hecho punible sancionado con pena de prisión de libertad de hasta 3 años, y que ostente de cualquier posición o cargo que le dé autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza.
Las regiones con más denuncias son: Panamá (268), Chiriquí (189), Panamá Oeste (175), Comarca Ngöbe Buglé (171), Bocas del Toro (151), Veraguas (115) y Coclé (100).
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