
📌 Agentes de la UNASE las identificaron y las detuvieron en flagrancia.
📌 La exigencia llegaba hasta $500.000, acompañada de panfletos intimidatorios y atentados con artefactos explosivos contra locales comerciales.
📌 Gracias a la inteligencia policial y la respuesta rápida, se neutralizó esta peligrosa modalidad que sembraba terror entre comerciantes y empresarios.

🔊Gracias a la denuncia oportuna de la víctima y tras varios operativos de inteligencia, se neutralizó a los sospechosos mediante allanamientos en los cantones Chone y Portoviejo.
Detenidos:
🕵️♂️Mauro José Palma Vera (32 años) – Antecedentes por estafa.
🕵️♂️Jonathan Steven Zambrano Cornejo (21 años) – Procesos judiciales por asociación ilícita.
🕵️♂️Jean Carlos Zamora Zambrano (23 años) – Antecedentes por asociación ilícita, ataque y resistencia, y robo.
Los sospechosos estarían vinculados a varios casos de extorsión en la ciudad de Chone.

2026.1.10 Estas son las cuatro mujeres detenidas por presunta extorsión a negocios en Guayaquil
Una de las detenidas mantendría una relación sentimental con un presunto líder criminal, quien se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga
Margarita Burbano Vaca, de 32 años; María Defaz Simbaña, de 25; Jocelyne Garnica Jara, de 27; y Tomasa Bayona Alvarado, de 36, fueron detenidas la madrugada del 10 de enero durante cuatro operativos ejecutados en dos sectores de Guayaquil y en un punto del cantón Daule. Las mujeres son sospechosas del delito de extorsión.
El general Walter Villarroel, comandante de la Policía en la Zona 8, informó que las aprehendidas serían integrantes de la organización criminal Los Lobos y que, presuntamente, operaban en el distrito 9 de Octubre, donde extorsionaban a propietarios de locales comerciales.
Según Villarroel, las detenidas recibían órdenes desde el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, ya que una de ellas mantendría una relación sentimental con un privado de libertad, quien sería el cabecilla de esta estructura delictiva. “Exigían hasta 5.000 dólares a dos negocios, mientras otra persona se encargaba de grabar videos o tomar fotografías de los locales para amedrentar a las víctimas”, explicó.
La denuncia
El denunciante relató que el sábado 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 11:00, mientras se encontraba en el centro comercial Mall del Sol, comenzó a recibir en su teléfono personal mensajes con contenido extorsivo desde números desconocidos.
Desde entonces, los presuntos extorsionadores le habrían enviado reiteradas amenazas de muerte en su contra y la de sus familiares, exigiéndole el pago de 5.000 dólares. Además, le remitieron videos en los que se observa su local comercial, advirtiéndole que lo harían explotar.
Ante esta situación, el afectado revisó las cámaras de seguridad de su establecimiento y constató que una persona desconocida habría realizado grabaciones del lugar.

La madre y la hermana de la víctima se sienten más tranquilas con la decisión de la jueza que lleva el caso. La próxima etapa es la preparatoria de juicio
Romelia Castelo está más tranquila luego de que la jueza que lleva el caso del presunto femicidio de su hija, Gabriela Cárdenas, dispuso que se le entregara a ella la custodia de su nieto mientras continúa el proceso judicial en contra de quien fuera el novio de la víctima.
La autoridad también formuló cargos en contra de la pareja de Gabriela como presunto responsable de su muerte. Hasta el cierre de esta nota digital se desconocía el paradero del implicado. Además, otro sujeto fue procesado como cómplice del crimen.
¿Cómo ocurrió el crimen?
El hecho se remonta al 4 de marzo del 2024, cuando Gabriela cayó del balcón del tercer piso del departamento en el que vivía hacia el terreno de una propiedad contigua. Esto fue en el sector conocido como Alma Lojana, al oriente de la capital.
Ella compartía con su pareja y unos compañeros de trabajo. Comieron y bebieron licor por varias horas hasta que los invitados decidieron irse. Según la versión de la pareja de la víctima, él fue a dejarlos en la puerta para que se fueran.
Incertidumbre
Al momento de regresar a la casa, buscó a Gabriela por toda la casa, pero según si testimonio no la encontró. Él dijo a los policías investigadores que cuando fue a la cocina vio que su novia se había lanzado desde el balcón.
Al inicio, el hecho fue tratado como suicidio, pero luego de que Romelia y su otra hija presionaran a las autoridades para que se investigara el hecho como una muerte violenta, este cambió al delito de femicidio.

La mujer a la que habría estado dirigido el ataque sobrevivió, pero perdió a cuatro parientes. Vivienda quedó completamente destruida
La masacre que cobró la vida de cuatro integrantes de una familia en Machala, provincia de El Oro, continúa en investigación bajo la tesis de un ajuste de cuentas entre estructuras criminales. Así lo confirmó Pablo Fajardo, jefe del Distrito Machala de la Policía Nacional.
Según la autoridad policial, el atentado cometido la madrugada del viernes 9 de enero de 2026 fue meticulosamente planificado y dirigido contra la mujer que logró sobrevivir, a la que buscaban desde horas antes.
La señora que habría sido el blanco del ataque armado relató haber recibido amenazas de muerte días antes, presuntamente derivadas por una riña en la Zona Rosa de Machala y por conflictos con su exconviviente, alias Jampier.
La llamada que anunció la tragedia
Según su testimonio, el jueves 8 de enero recibió una llamada de un número desconocido donde le advirtieron que estaba “regalada” y que la iban a asesinar. Pese a la advertencia y a la orden de abandonar la casa, decidió quedarse junto a sus familiares.
Durante la incursión, los sicarios la localizaron escondida en el baño y la obligaron a arrodillarse. Aunque le apuntaron directamente, el arma no se accionó, permitiendo que sobreviviera mientras su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos perdían la vida.
Sujetos armados atacaron la vivienda, dispararon contra sus ocupantes y posteriormente incendiaron el inmueble, provocando la explosión de un cilindro de gas.
Fuentes investigativas señalaron que por el uso de prendas similares a uniformes policiales, armamento de alto calibre y gasolina responde a un modus operandi propio de estructuras criminales organizadas que operan en la provincia.

-200 m de manguera negra.
-1 acople clandestino
-1 válvula de presión.
-2 terminales móviles
En la operación, ejecutada por miembros del Batallón de Operaciones Especiales en Selva (BOES) N.° 54 “Capt. Calles”, se aprehendió en flagrancia a Jarwin Fernando T. O. y Juan Olbani Ch. C., quienes estaba bombeando combustible de la línea de gasolina blanca de EP Petro Ecuador hacia la piscina artesanal, los mismos que intentaron huir, siendo neutralizados por el personal militar
El Ejército Ecuatoriano mantiene su presencia en la frontera para localizar y neutralizar actividades relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y delitos conexos vinculados con los GIA Comandos de la Frontera, quienes usan el combustible para el procesamiento de SCSF. Por lo que la afectación asciende a un rubro aproximado de 3.500 dólares por cada cargada de las áreas de almacenamiento.
2026.1.10 Crimen de alias Marino en Mocolí: revelan quién alquiló la cancha y qué se sabe de los sicarios
La Policía advirtió que, de no haberse tratado de un ataque selectivo, la tragedia habría sido mayor. El presunto cabecilla de Los Lagartos trató de escapar

Mientras la Policía realizaba el procedimiento en la urbanización Mocolí Golf Club, en Samborondón, por el triple crimen ocurrido la noche del miércoles 7 de enero, un ciudadano que se identificó como Andrés Vélez se acercó de manera apresurada a los uniformados para conocer qué había sucedido y confirmar si su hijo, quien se encontraba entre los jugadores, estaba a salvo.
Así lo informó a este Diario el coronel Javier Egas, jefe del Distrito Samborondón.
El jefe policial explicó que Vélez indicó haber alquilado la cancha deportiva, aunque aclaró que no la cedió directamente a las personas asesinadas, sino a una tercera persona que solía arrendar el espacio.
“Hasta donde tenemos conocimiento por el procedimiento policial, al lugar ingresaron aproximadamente 18 personas. Un grupo se quedó en el ingreso de la segunda garita, mientras los demás ingresaron a la cancha y obligaron a todos los presentes a lanzarse al piso. Luego procedieron a reconocer a sus objetivos. Alias Marino intentó escapar por una esquina, pero no lo logró. Las otras dos personas fallecidas eran sus guardaespaldas”, explicó el coronel Egas.
El oficial añadió que se trató de un ataque selectivo y que, de no haber sido así, el hecho pudo convertirse en una masacre. “Por suerte fue un ataque dirigido a objetivos específicos. De haber disparado contra todos, estaríamos hablando de una tragedia mayor, como las registradas en el sur y noroeste de la ciudad”, señaló.
Durante el levantamiento de indicios, la Policía encontró armas de fuego tipo fusil y municiones de calibres 9 milímetros y 5.56 (.223).
Las víctimas mortales fueron identificadas como Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, presunto cabecilla de la organización criminal Los Lagartos; Jefferson Xavier Sanlon Olivero y Richard Josué Mina Vergara.
El jefe policial indicó que, tras el ataque, los sicarios huyeron en dos vehículos: un automóvil Changan dorado y una camioneta D-MAX blanca, los cuales fueron abandonados en Daule. Una tercera camioneta fue dejada en el lugar del crimen.
“Inicialmente, algunos guardias indicaron que varios sospechosos corrieron hacia el río Mocoy, ubicado a unos 100 metros de la cancha. Sin embargo, tras un barrido táctico completo, la Policía no encontró armas, huellas ni otros indicios, por lo que esa versión no fue confirmada”, indicó el oficial.
Los sicarios huyeron en dos vehículos, un automóvil Changan color dorado y una camioneta D-MAX blanca, que posteriormente fueron abandonados en Daule. Una tercera camioneta quedó en el sitio del crimen.
Otra fuente policial señaló que, de acuerdo con información preliminar, Andrés Vélez habría salido del país, aunque aclaró que se trata de datos que aún están en proceso de verificación.
“No podemos certificar si salió o no del país. Lo que sí se conoce es que fue la persona que alquiló la cancha. En cuanto a que los atacantes hayan sido policías o militares, eso es falso. Se trataría de delincuentes que utilizaron vestimenta similar para cometer el crimen, pero no corresponde a ningún procedimiento de las fuerzas del orden”, aclaró la fuente.
Sobre este punto, Kleber Carrión, experto en seguridad y exmiembro de Inteligencia de la Policía, advirtió que no se puede descartar la participación de policías o militares en estructuras criminales, debido a que integrantes de las fuerzas del orden han sido reclutados por bandas delictivas, atraídos por el poder económico de estas organizaciones y por las deficiencias salariales y logísticas del Estado.
El analista señaló que uno de los principales problemas es la falta de regulación en el uso de uniformes e insignias policiales y militares, lo que ha generado un vacío legal tras la derogatoria del artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta ausencia normativa permite que cualquier persona se vista como agente del orden sin que exista un delito tipificado, lo que —según Carrión— fortalece la inseguridad ciudadana.
“Hoy no se puede distinguir con claridad quién es un policía verdadero y quién no. Todo se copia: uniformes, motocicletas y vehículos. Eso genera miedo y confusión en la población”, explicó.
Carrión advirtió además que las organizaciones criminales han desarrollado estructuras parapoliciales y paramilitares, con procedimientos similares a los de la Policía Nacional, lo que evidencia una evolución del crimen organizado y eleva el nivel de violencia.
Finalmente, sostuvo que el Estado ha fallado en implementar mecanismos tecnológicos y de control, como sistemas de identificación o trazabilidad de uniformes, que permitirían detectar el mal uso y evitar la infiltración criminal en las fuerzas de seguridad.
Para Daniel Pontón, académico y especialista en temas de seguridad, no es inusual que exmilitares o expolicías terminen vinculados al crimen organizado en países como Ecuador, un fenómeno ya observado en contextos como México y Colombia. Sin embargo, en muchos casos —aclara— no se trata necesariamente de exagentes, sino de delincuentes que utilizan uniformes y simbología militar o policial como camuflaje para evadir controles y ganar legitimidad.
Pontón advirtió que lo más preocupante es la facilidad con la que estas organizaciones acceden a uniformes oficiales, lo que evidencia una grave falta de cultura y control en materia de seguridad. “Cualquier persona puede adquirir un uniforme militar o policial y circular como autoridad, lo cual convierte al uniforme en un arma”, señaló.
El especialista alertó además sobre la infiltración del crimen organizado en espacios privados, como urbanizaciones, empresas o clubes exclusivos, un fenómeno similar al vivido en Medellín en los años noventa, donde el narcotráfico logró integrarse social y económicamente bajo procesos de movilidad social y aceptación cultural.
Finalmente, cuestionó la ausencia de controles estrictos, trazabilidad y protocolos claros para la fabricación, distribución y uso de uniformes, así como la falta de protección a operadores de justicia y debilidad institucional, factores que —según indicó— profundizan la sensación de inseguridad y normalizan la penetración del crimen en la sociedad.
2026.1.10 Violencia desatada contra mujeres en Durán: ¿qué hay detrás y por qué las están matando?
Durante esta semana se han registrado cuatro hechos violentos que han dejado un total de siete mujeres asesinadas en este cantón

Liliana Correa Mera y su nuera, Nayely Reyes Medina, se encontraban en el interior de su domicilio cuando dos hombres a bordo de una moto irrumpieron en el lugar y les dispararon en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió cerca de las 16:00 del 9 de enero, en la cooperativa Los Cipreses, en Durán.
Ambas se convirtieron en las víctimas femeninas más recientes de la escalada de violencia que azota a este cantón del Guayas, que hasta el 10 de enero acumulaba al menos 20 muertes violentas.
Durán se ubica como el segundo distrito más violento de la Zona 8, después de Nueva Prosperina, en lo que va del presente año.
Con este hecho, se han registrado cuatro eventos violentos en Durán en lo que va de la semana y en los que las víctimas han sido mujeres. De acuerdo con reportes de este Diario, al menos siete mujeres han sido asesinadas en el cantón durante este periodo.
Los cuerpos de Liliana y Nayely quedaron tendidos en la sala de la vivienda de una planta, ubicada junto a un templo cristiano. Tras las pericias, los cadáveres fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, hasta donde acudieron sus familiares.
Pedido de justicia
Parientes de Nayely, quien tenía 20 años, indicaron que mantenía desde hace dos años una relación sentimental con el hijo de la señora que murió junto a ella. Aseguraron que la joven no tenía problemas con nadie, por lo que desconocen el posible móvil del crimen.
“Habían dejado la puerta de la casa abierta. Los delincuentes aprovecharon para entrar y se llevaron los celulares de mi sobrina y de su suegra. Mi niña era tranquila, trabajadora; hace poco terminó un curso de belleza y se dedicaba a pintar uñas. Su pareja es albañil. Pedimos al señor presidente de la República y a la Policía que hagan algo, ya no aguantamos tanta violencia”, manifestó la tía de Nayelli, visiblemente afectada.
“A ti te buscábamos”
En este mismo cantón, dos horas antes, en la cooperativa El Cóndor, se perpetró otro ataque armado que dejó dos muertos y un herido.
El presunto blanco del atentado, identificado como Cajamarca Castro Bryan Joel, se encontraba comprando en una tienda cercana a su domicilio cuando dos sujetos en motocicleta llegaron y le dispararon.
Testigos señalaron que los atacantes le habrían dicho: “A ti te buscábamos, hace tiempo que te vemos por aquí”, antes de disparar contra todas las personas que se encontraban en el lugar.
En este hecho también falleció Silva Holguín Christian Andrés, de 25 años, mientras que otro ciudadano resultó herido por impactos de bala.
El coronel Santiago Gavilánez, jefe del distrito Durán, indicó que la detención de alias Negro Tulio, Bob Marley y Gato Cely, presuntos cabecillas de la organización criminal Chone Killers, ha provocado que sus subordinados intenten apoderarse del control territorial conocido como El Arbolito.
“Para ellos, El Arbolito es un ‘trofeo’ dentro de Durán. Por eso estamos viendo muertes, incluso de mujeres, ya que estas estructuras criminales atacan de manera directa y sin distinción. Es una lucha por el territorio que estas bandas están tratando de sostener”, explicó el oficial.
2026.1.5 Alias Gerente, cabecilla de Comandos de la Frontera, deberá cumplir con prisión preventiva
Roberto Álvarez señalado como el líder de Comandos de la Frontera se lo vinculó por presunto lavado de activos. La audiencia de vinculación contra alias Gerente se realizó en el Complejo Judicial, en el norte de Quito.

La mañana del 5 de enero de 2026, en el Complejo Judicial en el norte de Quito, se instaló la audiencia de vinculación contra Roberto Álvarez, alias Gerente, quien sería el cabecilla de los Comandos de la Frontera.
A Álvarez se le acusa por presunto lavado de activos. En esta causa, Fiscalía procesa a 15 personas naturales y 5 jurídicas.
El caso es conocido como Comandos de la Frontera y con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez dictó prisión preventiva para Roberto Álvarez, Alba C. y Roberth J.; mientras que para Blanca L. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El 31 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5, vinculó al proceso penal por presunto lavado de activos a alias Gerente, a Alba Isabel C. J., quien es la esposa de Álvarez, Roberth Luis J. H. y Blanca Lusdari L. B.
Fiscalía informó que durante el operativo que se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2025, tanto esa entidad y Policía Nacional llevaron a cabo sesenta y dos allanamientos simultáneos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, lo que dejó quince personas detenidas y la incautación de evidencias como dinero en efectivo, armas, dispositivos electrónicos y documentación financiera.
En el caso Comandos de la Frontera indican que “el monto del dinero irregularmente movilizado a través del Sistema Financiero Nacional y de la adquisición de bienes muebles e inmuebles supera los 354 millones de dólares entre 2015 y 2025”.
El 29 de diciembre de 2025, el presidente, Daniel Noboa, informó que Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, sería trasladado a Ecuador. “Se acabó su libertad bajo fianza”, publicó Noboa, a través de su cuenta de X, sobre la situación de alias Gerente.
Por lo que a la madrugada del 30 de diciembre de 2025, llegó a Ecuador el líder de los Comandos de la Frontera, y quien fue llevado a la cárcel de Santa Elena, la prisión de máxima seguridad. A Álvarez también se lo acusa por la muerte de once militares en Alto Punino.
¿Quién es alias Gerente?
Roberto Álvarez conocido como alias Gerente es líder de los Comandos de la Frontera. De acuerdo con Daniel Noboa, es uno de los objetivos de alto valor para el país.
Comandos de la Frontera es una organización narcoguerrillera a la que se le culpa de la emboscada en la que se asesinó a 11 militares de Ecuador en la Amazonía, que ocurrió en mayo de 2025.
De acuerdo con datos de la Policía, esta organización traspasó la zona fronteriza donde se dedica a la minería ilegal, el tráfico de drogas, de armas, trata de personas, entre otros delitos.
Roberto Carlos Álvarez es ecuatoriano y ha sido identificado como uno de los comandantes de los Comandos de la Frontera.
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