2026.8.8 Fiscalía solicita difusión roja de Interpol y extradición para Jordán, Serrano, Aleaga y alias Pipo, acusados del asesinato de Villavicencio
A un día de cumplirse tres años del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, la Fiscalía concluyó su dictamen acusatorio contraJosé Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y el líder de los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo.
La Fiscalía General del Estado solicitó, este 8 de agosto de 2026, formalmente a la Corte Nacional de Justicia que gestione difusiones rojas a través de la Interpol para la captura internacional y el inicio de los trámites de extradición de:
Xavier Jordán
José Serrano
Ronny Aleaga
Wilmer Chavarría, alias Pipo
La petición se dio al cierre de la jornada 15 de la audiencia preparatoria de juicio, a las puertas de que este 9 de agosto se cumplan tres años del magnicidio del excandidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio.
Para los cuatro implicados —quienes se encuentran fuera del país entre Estados Unidos, Venezuela y España—, el Ministerio Público requirió la declaratoria formal de prófugos. Asimismo, la representación fiscal pidió al juez ratificar la prisión preventiva para la totalidad de los siete acusados en calidad de autores mediatos —grupo que completan Daniel Salcedo, Ángel Aguilar (‘Lobo Menor’) y Luis Arboleda (‘Gordo Luis’)—, además de ordenar la prohibición de enajenar sus bienes, la retención de sus cuentas en el Sistema Financiero Nacional y la ratificación de las medidas de protección a las víctimas.
Un millón de dólares para matar a Fernando Villavicencio, según la Fiscalía
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, alias Pipo, líder de la banda delictiva Los Lobos, habría recibido un pago de $1 millón para coordinar y ejecutar el atentado financiado y planificado junto a operadores del ámbito político y empresarial.
Antecedentes del caso Magnicidio FV
El magnicidio de Fernando Villavicencio ocurrió la tarde del 9 de agosto de 2023, cuando el candidato salía de un mitin político en el colegio Anderson, al norte de Quito, a solo once días de las elecciones presidenciales. Villavicencio, reconocido por sus investigaciones periodísticas sobre tramas de corrupción y delincuencia organizada, fue interceptado al abordar una camioneta por un grupo de sicarios que abrió fuego a ráfagas, causándole la muerte de forma inmediata e hiriendo a varias personas en el lugar.
Primera fase (autores materiales): En los meses posteriores al ataque, las investigaciones derivaron en la detención y juzgamiento de los ejecutores directos de la ráfaga de disparos.
Segunda fase (Determinación de la autoría intelectual): La Fiscalía abrió la causa Magnicidio FV enfocada en la estructura estratégica que financió y ordenó el crimen.
A través de testimonios anticipados, peritajes telefónicos y colaboraciones eficaces, el proceso judicial identificó presuntos nexos entre operadores políticos exiliados, redes de corrupción institucional y líderes del narcotráfico.
Caso Magnicidio FV: Roles de los procesados en el crimen de Fernando Villavicencio
El caso investiga la autoría intelectual del crimen contra el político e identifica los nexos entre operadores políticos, empresarios y la banda criminal Los Lobos. Según el testimonio de Marcelo Lasso, el seguimiento a Villavicencio comenzó en junio de 2022 y el plan se reestructuró con Los Lobos tras la muerte de Leandro Norero.
Presuntos autores intelectuales y operadores
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Xavier Jordán (Instigador / Prófugo en EE. UU.): Habría impulsado el crimen en retaliación por la difusión de fotos de su vida en Miami que expusieron sus negocios. Relató el seguimiento junto a otros procesados e instó a Norero a ejecutarlo.
Daniel Salcedo (Intermediario / Detenido): Sirvió de puente financiero e intermediario entre los financistas y Los Lobos. Cercano a alias ‘Pipo’, habría recibido el mensaje de la bolsa de USD 1 millón para ejecutar el atentado.
Ronny Aleaga (Operador político / Prófugo en Venezuela): Exasambleísta encargado de coordinar la persecución contra Villavicencio y gestionar la impunidad posterior al magnicidio mediante sus nexos políticos y judiciales.
José Serrano (Autor intelectual y nexo de seguridad / Detenido en EE. UU.): Habría facilitado contactos policiales para los seguimientos, operado como nexo de comunicación entre las partes y dirigido un grupo de avanzada para alertar el momento oportuno del ataque.
Cabecillas de Los Lobos (Ejecución y logística)
Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’ (Detenido en España): Asumió la coordinación del plan tras la muerte de Norero al ser contactado por los autores intelectuales.
Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’ (Detenido): Segundo al mando y supervisor de la logística operativa del crimen en conjunto con alias ‘Invisible’.
Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’ (Detenido): Encargado de la entrega del dinero a las disidencias de las FARC, quienes contrataron a los sicarios materiales.
DATO: Estos roles de los procesados en el magnicidio de Fernando Villavicencio han sido descritos e identificados por Fiscalía.
2026.8.8 Anthony y Dayan: el caso que golpea a una Quito marcada por más de 823 desapariciones
Un amigo recordó a Anthony como “el hermanito” que acompañaba en sus travesuras. Dayan dividía sus días entre el trabajo y sus estudios.
“El hermanito que siempre estaba con nosotros”. Así recordó Andy Reyes a Anthony Peñafiel, luego de conocer que el viaje del joven hacia Puerto López había terminado en tragedia.
El amigo contó en Facebook que Anthony solía acompañar a su hermano durante reuniones y travesuras. Aunque últimamente ya no se encontraban con frecuencia, conservaba el cariño por quien llegó a formar parte de su grupo.
Dayan Josué Sarmiento Rodríguez también fue despedido por quienes compartieron una parte de su vida. El Tecnológico Universitario Pichincha lamentó públicamente el fallecimiento de su estudiante de la carrera de Actividad Física, que cursaba a distancia.
Recuerdos
Dayan combinaba sus estudios con la venta de teléfonos celulares. Anthony, en cambio, trabajaba junto con su madre en un emprendimiento familiar dedicado a la confección y comercialización de ropa.
Ambos tenían 22 años, vivían en el sur de Quito y aportaban económicamente en sus hogares. El 2 de agosto viajaron con un grupo de amigos hacia Puerto López, en Manabí, pero sus familiares perdieron contacto con ellos.
Cuatro días después, fueron encontrados sin vida cerca de la comuna La Entrada, en Santa Elena, próxima al límite con Manabí. La Fiscalía de Manglaralto investiga el crimen, cuyo motivo todavía no ha sido informado oficialmente.
Quito en peligro
Aunque la desaparición de Anthony y Dayan ocurrió durante su viaje y en agosto, su caso golpeó directamente a dos familias de Quito, una ciudad que ya arrastraba cientos de alertas durante 2026.
Entre enero y junio se presentaron 823 denuncias por desaparición en la capital, según cifras del Ministerio del Interior. Estos reportes no corresponden a una sola causa ni todos terminan de la misma manera. Sin embargo, varios casos ocurridos en Quito durante los últimos meses provocaron extensas búsquedas emprendidas por familiares, amigos y autoridades.
Entre ellos están los de Nathaly Juliette Mafla, Héctor Vinicio Rojas y Mónica Luzuriaga, quienes fueron encontrados sin vida. Pablo David Llanes, en cambio, fue localizado con vida en Baños, mientras la investigación por la desaparición de Lizeth Esthela Bunshi continuaba abierta.
Los restos de la extranjera asesinada el 8 de junio, en su casa en Montañita, permanecen en el Centro Forense de Santa Elena
Han pasado dos meses desde aquella tarde del 8 de junio de 2026, cuando la vida de la activista Monika Silva se apagó en Montañita. Desde entonces, el tiempo parece haberse detenido para quienes la conocieron y acompañaron sus luchas. Su cuerpo permanece en una cámara frigorífica del Centro Forense de Santa Elena y, hasta ahora, no existe una fecha definida para entregarlo a sus familiares.
“No sabemos cuándo entregarán su cadáver”, manifestó Alfonso Ortíz, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Monicha Sumpa, organización que en la Península ha promovido marchas y conferencias para exigir que la muerte de la extranjera no quede impune.
“Cuando se entregue el cuerpo, la vamos a velar y luego se cremarán sus restos. Las cenizas serán depositadas en un nicho que vamos a construir en Montañita, donde ella quiso quedarse para siempre”, señaló Ortíz.
La activista Monika Koniuszek de nacionalidad polaca y que en Ecuador era conocida como Monika Silva, fue encontrada muerta en su vivienda de la comuna Montañita.
El informe forense determinó que la muerte fue provocada. Desde entonces, el caso es investigado como un presunto femicidio, sin que hasta ahora se haya establecido el móvil.
Investigación bajo reserva
Recientemente, los equipos jurídicos del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM) y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que actúan como veedores del proceso, tuvieron acceso al expediente y pudieron conocer parte de los avances de las pericias. Ambas organizaciones fueron autorizadas por la madre de Monika para seguir de cerca la investigación.
Entre los pocos detalles que han trascendido consta que algunos políticos y autoridades de la provincia de Santa Elena han sido convocados a rendir testimonio. Serían personas a quienes la activista había señalado públicamente por presuntos hechos de corrupción.
“Dos meses desde que a sus hijas se les arrebató el derecho a vivir junto a su madre y desde que su familia y la sociedad exigen respuestas claras sobre las circunstancias de su muerte violenta. Exigimos una investigación integral, diligente y libre de estereotipos”, señalaron el CEPAM y el CDH en su comunicado difundido este 8 de agosto.
Dos meses después de aquella tarde que cambió para siempre la vida de su familia, el caso continúa en investigación previa. Para los organismos veedores, los avances han sido muy escasos.
“Comprendemos que una investigación de esta naturaleza pueda requerir tiempos técnicos razonables; sin embargo, nada justifica que líneas investigativas esenciales sean omitidas, debilitadas o abordadas desde estereotipos o prejuicios de género que terminen por desviar o limitar la búsqueda de la verdad”, sostuvo Lita Martínez, directora del CEPAM.
Velatón por dos meses de deceso
Mientras el cuerpo de Mónika permanece en el Centro Forense, en Montañita sus recuerdos siguen vivos. Este sábado 8 de agosto, a las 18:30, extranjeros residentes en el barrio El Tigrillo tenían prevista una jornada para encender velas, elevar oraciones y recordar a la mujer que llegó a Montañita y terminó convirtiéndose en una lideresa.
2026.8.8 Suspenden una vez más la audiencia para dictar sentencia contra Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram
La audiencia para dictar sentencia en el caso Pruebas Covid-19 contra Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley volvió a suspenderse este 7 de agosto de 2026.
La diligencia fue declarada fallida por la ausencia del abogado de uno de los procesados y de la perito encargada de la traducción al hebreo. El juez Gandhy Cervantes sancionó a ambos con multas y advirtió que en la próxima convocatoria podría ordenar su traslado forzoso.
Este nuevo diferimiento se suma a más de seis años de retrasos en un proceso marcado por permisos médicos, ausencias y fallas logísticas. La demora coloca al expediente en un escenario crítico: si no se dicta sentencia hasta agosto de 2027, el caso quedará prescrito y se extinguirá la acción penal contra los acusados.
El proceso, que investiga presuntas irregularidades en la importación y comercialización de pruebas rápidas para Covid-19, ha sido uno de los más prolongados y polémicos en la justicia ecuatoriana.
Darwin Salazar Garabí, quien carece de parte de ambos brazos, fue procesado junto con otras nueve personas. La Policía sostiene que entregaba droga con la boca
Darwin José Salazar Garabí, un hombre con discapacidad física que carece de parte de ambos brazos, fue enviado a prisión preventiva por presunto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, junto con otras nueve personas detenidas durante un operativo antidrogas ejecutado en Guayaquil y Durán.
La decisión fue tomada por un juez durante la audiencia de formulación de cargos, instalada a las 00:55 de este sábado 8 de agosto de 2026. La Fiscalía procesó a los 10 detenidos por el delito contemplado en el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Salazar Garabí ya enfrentaba tres procesos judiciales por presunto tráfico de drogas: dos iniciados en 2025 y uno en 2024. Ahora afronta una nueva investigación por el mismo delito.
Durante la audiencia, su defensa cuestionó que se le atribuyera participación en la estructura investigada debido a su condición física y solicitó que se aplicaran medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.
Sin embargo, el juez consideró que existían elementos suficientes para establecer, en esta etapa procesal, una posible participación del procesado y sostuvo que su discapacidad no impedía que cumpliera un determinado rol dentro de la organización investigada.
¿Qué papel le atribuye la Policía?
El mayor Freddy Delgado, jefe de Antinarcóticos de la Zona 8, indicó que la investigación se extendió durante aproximadamente cinco meses y permitió identificar los presuntos roles de los integrantes de la estructura.
Según el oficial, fotografías y grabaciones obtenidas durante las investigaciones mostrarían que Salazar presuntamente participaba en el expendio de sustancias sujetas a fiscalización.
La Policía sostiene que el procesado habría utilizado su boca para entregar las dosis a los consumidores. Esta versión fue expuesta durante la audiencia de formulación de cargos.
La defensa, por su parte, presentó documentos relacionados con el lugar de residencia de Salazar, informes médicos y certificados de honorabilidad, y solicitó que se consideraran medidas distintas a la prisión preventiva.
Diez detenidos y droga decomisada
Salazar fue detenido junto con otras nueve personas durante operativos simultáneos realizados en los distritos Durán, Nueva Prosperina y Portete.
Los allanamientos se concentraron principalmente en la cooperativa Elsa Bucaram, en Durán, un sector donde la Policía ha identificado disputas entre organizaciones delictivas.
Durante las intervenciones se decomisaron 3.800 gramos de heroína, 834 gramos de cocaína, dos armas de fuego, municiones y otros indicios.
De acuerdo con la Policía, las evidencias estarían relacionadas con integrantes de la organización delictiva Chone Killers.
Entre los detenidos también hay tres mujeres, quienes, según las investigaciones policiales, presuntamente estarían vinculadas con el acopio y expendio de las sustancias.
Los otros procesados son Otto Fortunato Arreaga Miranda, Norma Patricia Torbay Vera, Pablo Vicente Briones Noboa, Henry Lautaro Marín Arreaga, Víctor Alfonso León Silva, Guillermo Fabián Coronel David, Marcelo Saturnino Chiriboga Lindao, Nicole Esther Parrales Burgos y Ligia Leonor Loor Poveda.
Fiscalía tendrá 90 días
Durante la audiencia, las defensas cuestionaron presuntas irregularidades en las detenciones, las notificaciones y el derecho a la defensa. También solicitaron medidas cautelares alternativas.
La Fiscalía, en cambio, sostuvo que existen elementos de convicción que relacionarían a los procesados con el presunto tráfico de drogas y solicitó prisión preventiva para todos.
El juez consideró que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 534 del COIP y dictó prisión preventiva contra los 10 procesados.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, período en el que la Fiscalía deberá profundizar la investigación y establecer el grado de participación que habría tenido cada procesado.
La víctima había llegado a visitar a sus padres y a conversar con amigos. Los delincuentes llegaron en un vehículo y portaban pistolas y fusiles
Israel Renato Gresely Assan ya no residía en la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil, pero mantenía la costumbre de visitar con frecuencia la vivienda de sus padres. La noche del viernes 7 de agosto, tras culminar su jornada laboral, se encontraba conversando con amigos en una esquina del sector cuando fue sorprendido por hombres armados que, según testigos, se identificaron como policías antes de disparar.
El ataque ocurrió alrededor de las 20:40. Gresely Assan, de 38 años, trabajaba como gerente comercial de una empresa de bebidas gaseosas, según indicaron sus familiares a los agentes investigadores.
Indicios balísticos en la escena
De acuerdo con las primeras indagaciones, los atacantes utilizaron pistolas y fusiles para cometer el crimen. En la escena, personal de Criminalística levantó 33 indicios balísticos: nueve vainas percutidas calibre 5.56, 24 calibre 9 milímetros y dos proyectiles deformados.
Tras la balacera, familiares de la víctima lo trasladaron de urgencia a una casa de salud. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron su fallecimiento.
La madre de la víctima relató a los investigadores que los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo y descendieron portando armas de fuego. Asimismo, señaló que su hijo laboraba para una empresa de bebidas gaseosas en la zona de Playas y la provincia de Santa Elena, y aseguró desconocer que mantuviera conflictos personales o que hubiera recibido amenazas previas.
El hermano del fallecido coincidió en que los atacantes vestían prendas similares a las de agentes policiales. Contó que se encontraban jugando naipes cuando el vehículo llegó al sitio. Los ocupantes descendieron, gritaron “¡Alto, Policía!” y, acto seguido, dispararon directamente contra Israel.
Por su parte, la esposa de la víctima manifestó a la Policía que su esposo tampoco le había comentado sobre problemas o enemistades. Añadió que los agresores se identificaron como policías antes de abrir fuego y huir del lugar.
Vehículo abandonadona
El vehículo utilizado por los sicarios fue hallado abandonado poco después en otro sector de la ciudad.
Un morador de Martha de Roldós recordó que Renato vivió varios años en el sector y que regresaba con frecuencia para visitar a sus padres.
“Era un joven trabajador y tranquilo. No se metía con nadie. Sabemos que tiempo atrás estuvo laborando en Esmeraldas y que habría recibido amenazas relacionadas con extorsiones. Luego la empresa lo trasladó nuevamente a Guayaquil. No sabemos si eso tenga relación con lo ocurrido, pero es algo que debería investigarse”, comentó el vecino.
La Corte Nacional de Justicia ratificó de forma definitiva la condena de 34 años y 8 meses de prisión contra el exteniente Germán Cáceres por el femicidio de María Belén Bernal, al rechazar el recurso de casación presentado por su defensa. Con esta decisión, la sentencia queda en firme.
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia dejó en firme la sentencia de 34 años y 8 meses de prisión contra el exoficial de policía Germán Cáceres, responsable del femicidio de su esposa, la abogada María Belén Bernal.
Este viernes 7 de agosto de 2026, los magistrados rechazaron por unanimidad el recurso de casación planteado por la defensa, ratificando la pena impuesta en instancias anteriores y agotando así los recursos judiciales del sentenciado.
El fallo judicial confirma la autoría de Cáceres en el crimen perpetrado la madrugada del 11 de septiembre de 2022 en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, en el norte de Quito.
Según consta en el proceso, el exagente confesó haber estrangulado a Bernal antes de ocultar su cuerpo en el cerro Casitagua, donde fue localizado el 21 de septiembre de ese mismo año tras una intensa búsqueda. Tras el suceso, Cáceres huyó a Colombia, donde permaneció prófugo hasta su captura en diciembre de 2022.
En la misma resolución, el tribunal ratificó de manera categórica la inocencia del teniente Alfonso Camacho. Camacho había sido procesado bajo la acusación de omisión, tras presumirse que escuchó los gritos de auxilio de la víctima y no prestó ayuda. Sin embargo, la justicia determinó que dicha responsabilidad no logró ser demostrada en ninguna de las instancias.
A pesar de que la condena contra el autor confeso ya es firme, los familiares de María Belén Bernal señalan que la resolución no agota sus demandas de justicia. A casi cuatro años del crimen, los allegados de la profesional del Derecho mantienen la exigencia de un esclarecimiento integral de los hechos ocurridos dentro del recinto policial.
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Corte Nacional ratifica condena de 34 años contra Germán Cáceres por el femicidio de María Belén Bernal
La Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Germán Cáceres y ratificó la condena de 34 años y 8 meses de prisión por el femicidio de la abogada María Belén Bernal.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el tribunal de la Sala Penal, tras analizar los argumentos de las partes procesales. Con esta resolución, la sentencia queda en firme y se cierra esta instancia de impugnación dentro de la justicia ordinaria.
En la misma causa, los magistrados confirmaron el estado de inocencia de Alfonso C., teniente de Policía procesado por presunta responsabilidad por omisión. Su inocencia ya había sido ratificada previamente por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
📌 El caso se remonta al 11 de septiembre de 2022, cuando Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en Pusuquí, norte de Quito, para encontrarse con Cáceres, entonces su esposo e instructor de la institución. La Fiscalía estableció que fue víctima de femicidio dentro del recinto policial.
La abogada permaneció desaparecida durante diez días, hasta que el 21 de septiembre de 2022 sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua, cerca de la escuela policial. Cáceres huyó del país y fue localizado en Colombia el 30 de diciembre de 2022, antes de ser extraditado a Ecuador para enfrentar el proceso.
El 25 de mayo de 2023, un Tribunal de Garantías Penales lo declaró responsable y le impuso la pena máxima agravada. Posteriormente, el 29 de mayo de 2025, la Corte Provincial rechazó la apelación. Ahora, con la resolución de la Corte Nacional, la condena queda definitivamente ratificada.
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Corte Nacional ratifica condena contra Germán Cáceres por el femicidio de María Belén Bernal
La Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso presentado por la defensa del exteniente de Policía, Germán Cáceres, por lo que la condena de 34 años y 8 meses, por femicidio, permanece sin cambios.
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso de casación presentado por la defensa de Germán Cáceres, sentenciado por el femicidio de María Belén Bernal. El recurso de casación es una solicitud que se presenta ante la Corte Nacional de Justicia para que revise si una sentencia fue dictada aplicando correctamente la ley. No se vuelve a realizar el juicio ni se presentan nuevas pruebas.
Con esta resolución, el Tribunal ratificó la condena de 34 años y 8 meses de prisión impuesta en su contra y se agota la última vía que el sentenciado tenía para impugnar la condena.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado, el 7 de agosto de 2026, la decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados, luego de analizar los argumentos expuestos por la institución.
El caso María Belén Bernal
María Belén Bernal fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía, en Quito, el 11 de septiembre de 2022.
Germán Cáceres, entonces teniente de la Policía y esposo de Bernal, confesó haberla asesinado. Tras permanecer prófugo y ser capturado en Colombia, fue sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión por el delito de femicidio.
Las investigaciones determinaron que Bernal murió por asfixia. En la habitación donde ocurrieron los hechos se encontraron manchas de sangre y otras evidencias que formaron parte del proceso judicial.
El proceso contra Alfonso Camacho
En el mismo caso fue procesado el entonces teniente Alfonso Camacho por presunta omisión dolosa, al desempeñarse como oficial de semana en la Escuela Superior de Policía cuando ocurrió el femicidio.
Durante el proceso, la Fiscalía solicitó que fuera juzgado por omisión impropia del delito de femicidio. Sin embargo, fue declarado inocente.
Con la resolución emitida el 7 de agosto de 2026, la Sala Penal de la Corte Nacional también ratificó su estado de inocencia.x1200
Jeffry Saúl Figueroa Intriago, de 27 años, fue atacado a tiros en la ciudadela Universitaria. El pasado 2 de julio, otro funcionario municipal fue asesinado en los exteriores de una dependencia de la Alcaldía.
Jeffry Saúl Figueroa Intriago, de 27 años y trabajador del área de Medio Ambiente del Municipio de Manta, fue asesinado a tiros la tarde del jueves 6 de agosto de 2026, en la ciudadela Universitaria, en Manabí.
El crimen ocurrió aproximadamente a las 15:36. Según información policial y registros de cámaras de seguridad, Figueroa se encontraba dentro de un vehículo estacionado cuando una camioneta con varios sujetos armados pasó por el lugar y desde allí dispararon contra él.
Tras el primer ataque, la víctima descendió del automóvil e intentó escapar corriendo. Sin embargo, uno de los atacantes bajó de la camioneta, lo persiguió y le disparó en repetidas ocasiones.
Personal policial que acudió al lugar levantó 13 vainas percutidas calibre 9 milímetros como indicios. Además, el vehículo en el que se encontraba la víctima quedó en la escena.
Luego del crimen, la Policía activó un operativo para localizar a los responsables. En el barrio Santa Martha fue encontrada una camioneta que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizada por los atacantes.
Segundo trabajador municipal asesinado
El asesinato de Figueroa ocurre poco más de un mes después de otro ataque contra un trabajador del Municipio de Manta.
El 2 de julio de 2026, Christian Rafael Cantos Párraga, quien laboraba en el área de Sistemas de la Alcaldía, fue asesinado a tiros en los exteriores de una dependencia municipal.
Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias del último ataque e identificar a sus responsables.x1200
Un Tribunal de Garantías Penales de Manta condenó a 34 años y 8 meses de prisión a Edward Enrique Mero Parra, procesado como autor mediato del asesinato del creador de contenido y exasambleísta alterno Cristhian Nieto Rescata, ocurrido el 2 de junio de 2024 en un circo instalado en el sector La Poza, en Manta.
El ataque, ejecutado con fusiles, también dejó como víctimas mortales a su esposa, Nicole Burgos, conocida en redes sociales como “Soy Pipo”, y a una tercera persona, mientras que un comunicador resultó herido.
Durante el juicio, la Fiscalía, representada por el fiscal Paco Delgado, presentó como prueba un video en el que el sentenciado habría dado indicaciones para identificar a Nieto segundos antes del ataque. Este elemento fue clave dentro del conjunto probatorio que permitió establecer su responsabilidad.
Mero Parra fue localizado en noviembre de 2025 tras resultar herido en otro ataque en el sector El Murciélago, donde murió un ciudadano colombiano. En ese momento se comprobó que tenía una orden de captura relacionada con el asesinato de Nieto y Burgos.
La sentencia marca un nuevo capítulo en un caso que conmocionó al país, dejando a tres hijos en la orfandad y abriendo la posibilidad de que los procesos contra otros presuntos implicados continúen de manera independiente.
El operativo Tracker permitió detener a 13 personas y ubicar a un supuesto líder de la organización, quien habría buscado refugio y alianzas criminales en Chile
Catorce allanamientos ejecutados de manera simultánea en distintos sectores de Guayaquil permitieron a la Policía Nacional desarticular un presunto brazo armado del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lagartos, estructura que, según las investigaciones, actualmente estaría subordinada a Tiburones Mafia 18.
La operación Tracker se desarrolló a las 04:30 del jueves 6 de agosto en los sectores Proletarios Sin Tierra, Pablo Neruda, Molina de Frank, La Cristal y El Mosquito, en Guayaquil. En el operativo participaron aproximadamente 150 policías y 16 fiscales, quienes intervinieron inmuebles que, de acuerdo con las investigaciones, eran utilizados como centros de planificación y ejecución de actividades ilícitas.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la organización operaba principalmente en el Guasmo Sur y que estaría dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes, empresarios y propietarios de negocios mediante el denominado sistema de ‘vacunas’.
Además, la estructura estaría relacionada con delitos como sicariato, secuestro, desaparición de personas, robo de vehículos, tráfico de armas de fuego y microtráfico de drogas.
Detenidos durante la operación
Como resultado del operativo fueron detenidos 13 ciudadanos, entre ellos:
Anthony Isaac Segura Valdez, quien registra antecedentes por extorsión y procesos judiciales por robo.
Luis Gabriel Segura Navarro, con antecedentes por tenencia ilegal de armas y falsificación de moneda.
Luis Ángel Segura Idrovo.
Jhon Jairo Cuero Valverde.
Dany Javier Estupiñán Nazareno.
Hamilton Felipe Véliz Figueroa.
Ismael Alfredo Abad Menoscal.
José Ignacio Ayoví Medina.
Elkin Gabriel León Clevel.
Anggi Denis Ortiz Corozo.
Carola Jamileth Quiñónez Jiménez.
Xiomara Lilibeth Cortez Segura, quien registra un antecedente por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 2026.
Elkin Omar Alulema Escobar.
Según la Policía, Alulema Escobar sería uno de los presuntos líderes de la estructura criminal y mantenía una Notificación Azul de Interpol. El ciudadano fue deportado desde Chile hacia Ecuador tras una coordinación entre la Policía Nacional, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y autoridades de ese país.
Presunta expansión hacia Chile
Las investigaciones determinaron que la organización habría iniciado un proceso de expansión internacional hacia Chile, donde sus integrantes buscaban establecer alianzas con grupos criminales locales y replicar sus actividades ilícitas.
Como parte de la cooperación internacional, se logró la expulsión y deportación de dos integrantes de esta estructura. Uno de ellos mantenía una alerta internacional vigente, mientras que el otro registraba antecedentes relacionados con tenencia y porte ilegal de armas de fuego.
Trece detenidos durante la operación
De acuerdo con la investigación policial, el grupo obtenía recursos mediante un esquema sistemático de extorsiones dirigido contra propietarios de negocios, empresas y locales comerciales.
Las víctimas, según los investigadores, eran obligadas a entregar pagos iniciales y cuotas semanales o mensuales de entre 300 y 1.000 dólares, bajo amenazas de muerte, llamadas telefónicas, mensajes desde números nacionales e internacionales, entrega de panfletos extorsivos y ataques armados contra los establecimientos cuando se negaban a pagar.
La Policía también vinculó a esta estructura con el secuestro y desaparición de Omar A. V., ocurrido el 30 de julio de 2025, cuyo paradero continúa siendo desconocido. Ese mismo día, otros integrantes habrían participado en el robo de un vehículo en el sector del Guasmo Sur.
Además, dentro de las investigaciones se identificó al presunto brazo armado de la organización, encargado de ejecutar hechos violentos atribuidos a la estructura criminal.
Con los elementos recopilados, la autoridad judicial autorizó los allanamientos y emitió boletas de detención con fines de formulación de cargos contra los 13 ciudadanos aprehendidos, quienes serán puestos a órdenes de las autoridades competentes.
2026.8.6 Fiscalía presenta elementos de convicción contra Los Lobos por el asesinato de Fernando Villavicencio
Alias Lobo Menor y alias Gordo Luis son señalados por la coordinación logística, financiamiento y contratación de los sicarios
La audiencia preparatoria de juicio en el caso Magnicidio FV avanzó este jueves 6 de agosto con la exposición de los elementos de convicción recopilados por la Fiscalía General del Estado contra la cúpula y financistas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos. La fiscal Ana Hidalgo fundamentó su dictamen acusatorio señalando a los siete procesados en calidad de autores mediatos del asesinato en modalidad de sicariato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen perpetrado el 9 de agosto de 2023.
Durante las primeras horas de la jornada, la acusación se enfocó en Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, identificado como el segundo al mando de la estructura criminal y ahijado de Wilmer Chavarría, alias Pipo. Según la tesis de la Fiscalía, apoyada en testimonios como el entregado a un agente del FBI por el extinto sicario colombiano Jules Castaño, alias Lobo Menor fue el nexo clave que encomendó a Carlos Angulo, alias Invisible, la articulación operativa del atentado. Asimismo, versiones como las de Lenín Vimos y Marcelo Lasso Saavedra ratificaron la jerarquía de Aguilar en la banda y su cercanía estratégica con el exlegislador Ronny Aleaga y el procesado Daniel Salcedo.
Posteriormente, la fiscalía expuso los indicios contra Luis Arboleda Andrade, alias Gordo Luis, a quien responsabiliza del esquema financiero y la contratación directa de la célula ejecutora:
“Su participación es fundamental, ya que fue quien recibió los recursos económicos de quienes financiaron el atentado en contra del excandidato presidencial. Mantuvo el dinero en su poder para posteriormente redistribuirlo”, sostuvo en su dictamen acusatorio la fiscal Ana Hidalgo.
Los elementos en contra de Gordo Luis y el resto de procesados forman parte del dictamen acusatorio colectivo con el que la Fiscalía busca llevar a juicio a la cúpula directiva y política investigada en la causa, entre los que constan también Xavier Jordán, el exministro del Interior José Serrano y alias Pipo, este último aprehendido en España a la espera de su trámite de extradición hacia Ecuador.
2026.8.6 Interceptan lancha con 42 bultos de droga en Bahía de Caráquez
Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de la Armada Nacional, ejecutaron durante la madrugada del 6 de agosto de 2026 una operación de seguridad y protección marítima que permitió interceptar una embarcación sospechosa al oeste de Bahía de Caráquez.
Durante la inspección se localizaron 42 bultos con presuntas sustancias sujetas a fiscalización, y se procedió a la detención de cuatro tripulantes. La embarcación fue trasladada al puerto de Manta, donde las evidencias serán entregadas a las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.
De acuerdo con la valoración preliminar, la afectación económica a las estructuras vinculadas al narcotráfico transnacional ascendería a aproximadamente USD 52 millones en el mercado norteamericano.
Con estas acciones, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la seguridad marítima, la defensa de la soberanía y el combate permanente a las actividades ilícitas que pretenden utilizar los espacios acuáticos nacionales para afectar la seguridad del Estado y de la región.
El Gobierno de Ecuador, en coordinación con autoridades de Chile, logró la desarticulación del Grupo Delictivo Organizado (GDO) Los Lagartos, también conocido como “Tiburones Mafia 18”.
La estructura estaba dedicada a robos, extorsión, sicariato y delincuencia organizada, además de otros crímenes como desapariciones, secuestros, robo de vehículos y tráfico de drogas y armas.
Según las investigaciones, el grupo extorsionaba empresas y negocios y era considerado el terror del Guasmo Sur en Guayaquil. Asimismo, se encontraba en proceso de expansión hacia Chile, donde ya habían establecido contactos con criminales locales para replicar sus actividades ilícitas.
Las autoridades recalcaron que este golpe conjunto representa un duro debilitamiento a las estructuras transnacionales del crimen organizado, reafirmando el compromiso de ambos países en la lucha contra la violencia y la inseguridad.
2026.8.4 “La Policía solo llega a recoger el cadáver”: Quiteños denuncian que UPC están abandonadas en zonas peligrosas
Habitantes de La Ferroviaria y Chillogallo, en Quito, aseguran que las UPC permanecen vacías o cerradas, pese al incremento de asesinatos y robos en estos sectores.
Punto Noticias.- En medio de una ola de asesinatos, desapariciones y hechos criminales que han conmocionado a la capital, las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en los sectores más críticos de Quito parecen monumentos al abandono.
En barrios como La Ferroviaria y Chillogallo, dos de las zonas de Quito con más asesinatos en el primer semestre de 2026, la ausencia de patrullajes y las UPC vacías están alimentando un sentimiento de desprotección que los moradores ya no callan.
En La Ferroviaria se han dado cinco asesinatos entre enero y junio de 2026. Uno de ellos sucedió el pasado 2 de febrero, cuando un ataque armado en un taller mecánico de motocicletas dejó a Jorge Mendoza sin vida y a una mujer herida.
Pese a estos niveles de violencia, la UPC del sector es descrita por sus vecinos como un espacio inútil. Patricio Mafla, morador del barrio, denunció la falta de permanencia de los agentes.
“Últimamente solo llegan a dormir, prácticamente. Nunca hay permanencia de policías aquí. Este UPC es botado”.
Mafla relató que los asaltos a estudiantes son ahora una realidad diaria, un contraste doloroso con épocas pasadas donde la presencia policial hacía que la delincuencia fuera mínima.
La crítica es compartida por Jorge Maigua, otro vecino de La Ferroviaria, quien afirma que la infraestructura de la UPC está desperdiciada. “Va como año y medio que está botada (la UPC) aquí. No hay ni un policía aquí. En una emergencia no hay quien nos ayude”.
Chillogallo no corre con mejor suerte. Según las estadísticas oficiales de homicidios, entre enero y junio de 2026, en este sector se registraron cuatro asesinatos, posicionándose entre los más peligrosos de Quito junto a Santa Anita y La Ferroviaria.
Al recorrer la UPC de Chillogallo, la mañana de este viernes 31 de julio de 2026, se constató que no había agentes en su interior y que los accesos de la instalación estaban cerrados con candado. Para los ciudadanos, esta ausencia es una invitación al crimen.
Carlos Santillán, residente de la zona, fue enfático al señalar que “en Chillogallo hay full delincuencia”, y que la presencia policial debería ser del 100% para disuadir los robos que casi le cuestan la vida a varios vecinos.
Sin embargo, el testimonio más crudo proviene de la moradora Susana Castillo, quien resumió la labor policial a una tarea meramente reactiva y fúnebre.
“Aquí nunca hay policías. Usted llama y no van. O sea, solo van a recoger el cadáver”.
Castillo lamentó que, incluso bajo el estado de excepción que rige en Quito, los operativos prometidos por el Gobierno no se sienten en las calles del barrio.
Un panorama de horror en la capital
La falta de control en los barrios periféricos coincide con hallazgos macabros que han conmocionado a la ciudad. Este 29 de julio, en el sector de Llano Chico, se encontró un cuerpo decapitado y embalado colgando de un puente en la avenida Simón Bolívar.
Este tipo de actos, que buscan generar zozobra y enviar mensajes entre grupos criminales, reflejan una degradación de la seguridad que las cifras ya advertían: 4.154 homicidios intencionales hubo en el país en los primeros seis meses de este año.
De este total, en el Distrito Metropolitano de Quito se registraron los 119 asesinatos solo en el primer semestre de 2026.
Así, mientras las autoridades hablan de operativos y estados de excepción (este 3 de agosto, el Gobierno anunció 2.000 nuevos policías y militares para la capital), en sectores como La Ferroviaria y Chillogallo las puertas de las UPC permanecen cerradas o las instalaciones sirven solo de dormitorio de los policías, dejando a la comunidad a merced de extorsionadores y sicarios.
La demanda ciudadana es unánime: no quieren policías que solo lleguen a “recoger el cuerpo”, exigen una seguridad preventiva y contante que devuelva la paz a sus hogares.
Frente a ello, el ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó la idea de que la seguridad dependa de tener agentes fijos dentro de las UPC. La tarde de este 3 de agosto de 2026, indicó que los policías deben estar “en el territorio”, recorriendo los barrios y los lugares donde existen problemas, en lugar de permanecer estáticos en una unidad.
En diez allanamientos fueron detenidas seis personas; se hallaron cerca de $ 250 mil, un lingote de oro, joyas y celulares. Todos recibieron prisión preventiva
Más de 377.000 dólares habría registrado como ingresos Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, mientras que ante el Servicio de Rentas Internas habría declarado apenas 19.000 dólares. Esa diferencia es uno de los elementos con los que la Fiscalía lo procesó por presunto lavado de activos y obtuvo prisión preventiva en su contra.
El caso no se limita a esa brecha. La investigación nació de un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que alertó sobre operaciones inusuales e injustificadas por más de nueve millones de dólares. Ese monto, según la Fiscalía, corresponde a movimientos atribuidos al conjunto de los procesados y no únicamente a Bermeo.
Más de $ 9 millones bajo investigación
La teoría fiscal sostiene que el exalcalde habría utilizado una empresa de su propiedad para realizar actividades vinculadas con minería ilegal, facturación irregular y exportaciones de oro sin documentos que acreditaran la compra o extracción lícita del mineral. Además, los movimientos detectados no guardarían relación con las actividades económicas declaradas ante el SRI.
Junto con Bermeo fueron procesados Ana Bermeo, Jennifer Calle, Simón Calle, Johanna Calle y Luis Lazo. En la causa también constan las empresas BBC Golden S.A. y Metalminerales S.A., esta última representada legalmente por Lazo. Para los seis investigados, el juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado ordenó prisión preventiva y abrió una instrucción fiscal de 90 días.
El magistrado también dispuso el congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero, la incautación de vehículos e inmuebles que habrían sido adquiridos durante el periodo investigado y la prohibición de enajenar otros bienes. En los allanamientos se incautaron cerca de 250.000 dólares en efectivo, un lingote de oro, joyas, teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a pericias.
Fiscalía indicó que presentó información bancaria, tributaria, migratoria, societaria y de aportaciones al IESS. También incorporó certificaciones que, según la institución, evidenciarían que los investigados no contaban con permisos para desarrollar actividades de extracción minera.
La familia Bermeo rechaza las acusaciones
La familia sostuvo, en cambio, que las operaciones de Baldor Bermeo en el sector minero contaban con permisos y autorizaciones. Cuestionó la exposición mediática del caso y afirmó que se ha intentado instalar una narrativa de culpabilidad antes de que exista una sentencia.
Sus allegados también rechazaron las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien señaló al exalcalde como presunto financista de Los Lobos. Hasta ahora, la imputación formal comunicada por la Fiscalía corresponde a lavado de activos. La familia advirtió, además, que el proceso podría afectar sus derechos políticos y su eventual participación como precandidato en las próximas elecciones municipales de Camilo Ponce Enríquez.
Kléber Carrión, abogado experto en seguridad y exoficial de Inteligencia, advirtió sobre una posible politización de las investigaciones y cuestionó que estos operativos parezcan concentrarse en figuras contrarias al oficialismo.
Nelson Yépez, analista en seguridad, atribuyó la aparente tranquilidad de Bermeo durante su traslado a una posible confianza en su defensa y alertó sobre la falta de controles e inteligencia estatal frente a la minería ilegal.
2026.7.1 Los femicidios son cada vez más violentos en Ecuador, ante el avance de la criminalidad
El 67,9% de los feminicidios que se registraron en las siete provincias más violentas de la Costa de Ecuador están relacionados con la violencia criminal, según un estudio de la Flacso.
Los feminicidios que se registran en la Costa de Ecuador, donde están las provincias más violentas del país, atraviesan en los últimos años una transformación en la forma en la que son perpetrados.
Está marcada por un mayor uso de armas de fuego y cambios en los espacios donde ocurren, estrechamente vinculados con la expansión de la violencia criminal.
Esa es una de las principales conclusiones de un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Ecuador presentado este miércoles 1 de julio de 2026, que analiza los cambios registrados en esta forma extrema de violencia machista entre 2020 y 2025 en las zonas costeras del país.
“En la Costa se ha transformado la violencia feminicida y esos cambios están relacionados con un fuerte ensamblaje entre violencias patriarcales y sistemas criminales”, dijo Ailynn Torres, profesora investigadora y coordinadora del Observatorio de Violencias basadas en Género y Sexualidades de la Flacso.
La experta indicó que en el período analizado “hay una escalada importante de feminicidios en sistemas criminales”, es decir, asesinatos de mujeres por razones de género ocurridos en contextos de criminalidad, por disputas territoriales o vinculados a estructuras armadas.
De hecho, solo en 2025 el 67,9% de los feminicidios que se registraron en las siete provincias de la costa de Ecuador estuvieron relacionados con los sistemas criminales, según cifras de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femi(ni)cidios en Ecuador citados por la Flacso.
De acuerdo al estudio, la reconfiguración de los feminicidios se evidencia en el mayor uso de armas de fuego para cometer estos crímenes, en una ampliación de la edad de las víctimas y en el tipo de espacios en los que están siendo perpetrados.
“Lo que tenemos es una escalada en el uso de armas de fuego que llegó a sobrepasar rápidamente a las armas blancas, que era el tipo de armas que usualmente se empleaban en los feminicidios”, explicó Torres.
Con respecto a las edades, la académica señaló que aunque la mayor cantidad de víctimas están entre los 18 y 27 años, hay un “crecimiento acelerado” de feminicidios entre niñas, adolescentes y mujeres mayores.
“No es solo una juvenilización de las violencias letales feminicidas, sino también un desplazamiento hacia edades mayores de mujeres que pueden ser madres de personas vinculadas con los sistemas criminales o líderes comunitarias, mujeres con responsabilidades de cuidados y comunitarias”, mencionó.
A ello se suma una “diversificación de los espacios” donde las mujeres son asesinadas. “No solo suceden más en los espacios públicos, sino que estamos viendo que cada vez más los feminicidios, muy especialmente los vinculados a los sistemas criminales, se cometen en los hogares”, destacó la investigadora.
Esta situación, añadió, contrasta con la forma en la que las mujeres son asesinadas en la Sierra y en la región Amazónica, debido a un menor nivel de violencia criminal.
Torres lamentó que desde el Estado no se reconozcan a estos asesinatos de mujeres como feminicidios, lo que atribuye a que “no dispone de las herramientas de registro” necesarias que permitan entender que esos crímenes “no son por delincuencia común o por cualquier otra razón, sino que son feminicidios”.
Este reconocimiento permitiría “asegurar mejores formas de prevención, de reparación y de justicia”, concluyó.
2026.7.1 EEUU designa a los Chone Killers como un grupo terrorista extranjero
El Gobierno de Estados de Unidos designó a la banda ecuatoriana Chone Killers como una organización terrorista extranjera, informó este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.
«Hoy, el Departamento de Estado de los EE.UU. designa a Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)», anunció Rubio en un comunicado sobre el grupo, surgido como una facción de Los Choneros antes de independizarse en 2020.
Según Rubio, Chone Killers «ha perpetrado numerosos ataques contra civiles, agentes del orden y funcionarios gubernamentales, incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas».
El jefe de la diplomacia insistió en que con esta medida la Administración del presidente Donald Trump demuestra su «compromiso inquebrantable» por «desmantelar los carteles y combatir a los narcoterroristas» en la región.
«La Administración Trump, en colaboración con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio al mantener las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desmantelar las fuentes de ingresos que financian a los violentos narcoterroristas», advierte el comunicado.
Desde el regreso al poder de Trump en enero de 2025, Washington ha designado como terroristas al colombiano Clan del Golfo y a los principales grupos criminales mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.
Ha hecho lo mismo con las bandas transnacionales Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y sus rivales Los Choneros. Estas últimas también designadas como grupos terroristas por Ecuador y Argentina.
La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EE.UU., que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones. EFE
2026.7.1 Adolescentes armados con fusiles de asalto, en el alarmante récord de menores detenidos en Ecuador
Las aprehensiones de menores de edad en Ecuador crecieron un 32% en lo que va de 2026, alcanzando un promedio crítico de 10 detenciones diarias. El informe devela un violento quiebre en el comportamiento criminal, donde los adolescentes pasaron de robos comunes a ser captados por redes delictivas.
La participación de menores de edad en actos delictivos dejó de ser una circunstancia aislada para el crimen organizado en Ecuador. Las cifras oficiales de detenciones muestran un récord alarmante entre enero y mayo de 2026. Con 1.465 aprehensiones, el promedio mensual alcanzó los 293 incidentes, casi 10 diarios.
Esto significa un aumento del 32,46% frente a las 1.106 retenciones del mismo periodo en 2025; y del 50% respecto a los 976 del primer quimestre de 2024.
A esto se suma que el hacinamiento en los centros de adolescentes infractores subió al 64,8%. Y a que, en este período de 2026, el país contabilizó 3.485 muertes violentas, de las cuales 237 correspondieron a menores de edad.
En algunos casos documentados en las cifras oficiales, jóvenes detenidos portan fusiles y enfrentan cargos por sicariato, tráfico de drogas y terrorismo.
Escalada de aprehensiones en menores
La evolución de la delincuencia juvenil en el país expone una curva de ascenso crítica tras la pandemia por Covid-19.
Los datos estadísticos reflejan que en 2021 se documentó el punto más bajo, con 890 menores detenidos entre enero y mayo, lo que dejó un promedio mensual de 165 casos.
Pero, a partir de 2023, la cifra superó la barrera de las 1.000 aprehensiones en los primeros cinco meses y, para 2026, el panorama alcanzó niveles históricos con 1.465 casos acumulados hasta mayo.
Este volumen superó con creces los 1.340 detenidos del periodo equivalente en 2019, evidenciando un incremento del 9,32% respecto a los niveles de prepandemia y consolidando un promedio de 293 capturas por mes.
En paralelo, mientras Ecuador atraviesa un conflicto armado interno declarado de manera repetitiva por el Gobierno, la violencia letal acompaña estas cifras de detenciones. Solo en el primer trimestre de 2026, elpaís reportó 148 homicidios de adolescentes, lo que representa unaumento del 4,2%en comparación con el mismo lapso de 2025.
¿Por qué son detenidos los menores de edad?
La revisión de los datos oficiales indica un cambio en el comportamiento criminal de los menores. Durante 2019 y 2020, las detenciones se asociaban predominantemente a contravenciones de tránsito, tenencia de drogas en dosis mínimas o delitos contra la propiedad (robos).
Sin embargo, la tipología delictiva de 2025 y 2026 evidencia que los menores ya no son aprehendidos solo robos comunes, sino que enfrentan procesos judiciales complejos por terrorismo y su financiación, delitos contra la inviolabilidad de la vida (homicidios) y producción o tráfico de drogas.
Este violento quiebre queda expuesto en los partes policiales recientes, que detallan cómo los menores operan con armas de fuego de tipo militar.
Un caso representativo ocurrió el 9 de marzo de 2026, cuando un adolescente de 17 años fue neutralizado y aprehendido en el sector de Pascuales, en Guayaquil, portando un fusil de asalto para presuntamente custodiar operaciones de narcotráfico.
2026.7.1 Capturan en Colombia a alias «Gato Negro», uno de los criminales más buscados de Ecuador
En un nuevo golpe contra el crimen organizado transnacional, la Policía Nacional capturó en Colombia a Galo Javier Suárez Román, alias «Gato Negro» o «Wichi», considerado uno de los seis criminales más buscados del país y catalogado como Objetivo de Alto Valor. La detención se realizó en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, como parte de la operación internacional Gran Fénix 0038.
Operación coordinada a nivel internacional
La captura fue ejecutada por la Dirección General de Investigación (DIGIN), a través de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley, en coordinación con organismos internacionales de seguridad e inteligencia.
En el operativo participaron los U.S. Marshals, la Unidad de Investigación de Fugitivos (FIU) de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia, cuya cooperación permitió localizar y detener al prófugo tras varios meses de labores investigativas y seguimiento.
Presunto cabecilla de Los Tiguerones
De acuerdo con las investigaciones, alias «Gato Negro» es identificado como el presunto cabecilla principal del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, organización vinculada a delitos de alto impacto en Ecuador.
Las autoridades señalan que habría asumido el liderazgo de la estructura criminal luego de las capturas de alias «Negro Willy» y alias «Ronco» en España.
Sobre Suárez Román pesaba una boleta de captura emitida en 2019 por el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil por los delitos de asesinato, evasión y suplantación de identidad. Además, fue sentenciado a 26 años de prisión por el asesinato de Luciano Gonzalo Rivas Vélez, cometido en 2017.
El ahora detenido se fugó en 2019 de la Penitenciaría del Litoral y, según las investigaciones policiales, también estaría vinculado con la planificación de un atentado contra el ministro del Interior de Ecuador.
Proceso de extradición
Tras su captura en territorio colombiano, alias «Gato Negro» quedó a disposición de las autoridades de ese país bajo una Difusión Roja de INTERPOL, mientras se desarrolla el proceso formal de extradición para que responda ante la justicia ecuatoriana.
La Policía Nacional destacó que esta operación representa un importante resultado de la cooperación internacional entre organismos policiales y de inteligencia para enfrentar a las estructuras criminales transnacionales.
Asimismo, la institución señaló que este procedimiento forma parte de la Estrategia Operacional 3D, orientada a identificar, desorganizar y desarticular organizaciones delictivas que afectan la seguridad y la estabilidad del Ecuador.
Entre el 24 y 27 de junio de 2026, la Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE), ejecutó cuatro operaciones denominadas “Libertad”, que dejaron como resultado la aprehensión de seis personas presuntamente vinculadas con delitos de extorsión y secuestro, además de la liberación de una víctima.
Las intervenciones se realizaron mediante labores investigativas y operativas en coordinación con unidades tácticas y especializadas en distintos sectores de Guayaquil.
Casos relevantes
Operativo Libertad 0746 (Mucho Lote, 24 de junio): extorsión iniciada con una falsa oferta laboral en redes sociales. La víctima fue amenazada con difundir material íntimo si no pagaba $700. Resultado: 02 detenidos, 03 celulares y 02 comprobantes de pago incautados.
Operativo Libertad S-742 (Sur de Guayaquil, 24 de junio): secuestro de un comerciante de 54 años. Los captores exigieron $100.000. La víctima fue liberada el 25 de junio. El 26 de junio se detuvo a un implicado en Esmeraldas. Indicios: 02 celulares.
Operativo Libertad 0747 (Flor de Bastión y San Francisco, 27 de junio): extorsión con amenazas vía WhatsApp y exigencia de $300. Resultado: 02 detenidos, 03 comprobantes de pago y 03 celulares incautados.
Operativo Libertad 0748 (Los Esteros, 27 de junio): extorsión con exigencia de $12.000 y amenazas contra la familia de la víctima. Resultado: 01 detenido y 02 celulares incautados.
Resultados
06 personas aprehendidas
01 víctima liberada
Indicios incautados: celulares, comprobantes de pago y vehículos
Modalidades detectadas: extorsión digital, secuestro con exigencia de rescate, amenazas con imágenes de domicilios
La Policía Nacional reafirmó que mantiene acciones permanentes contra el secuestro y la extorsión, orientadas a proteger la vida e integridad de las víctimas, identificar a los responsables y desarticular las estructuras criminales que operan mediante amenazas, intimidación y violencia.x1200
El 27 de junio de 2026, en el marco del Decreto Ejecutivo N.º 423 que declaró estado de excepción en varias provincias del país, la Policía Nacional del Ecuador, a través del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) de Manta, ejecutó un operativo de interdicción antinarcóticos en el sector San José Boca de Cayo, en la provincia de Manabí.
La intervención incluyó la instalación de un dispositivo móvil de control en carreteras en el cantón Jipijapa, así como una infiltración táctica en una finca del sector intervenido, donde los agentes identificaron a varias personas en actitud sospechosa.
Durante el operativo fueron aprehendidos seis ciudadanos ecuatorianos:
Leonardo J. A., de 20 años
Maykol C. F., de 27 años
Sandy M. Z., de 20 años
William Z. D., de 20 años
Kelvin G. A., de 22 años
Francisco M. Z., de 45 años
Las autoridades incautaron los siguientes elementos:
04 armas de fuego
03 terminales móviles
Varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización
Los ciudadanos aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.
Entre el 22 y 25 de junio de 2026, la Policía Nacional, a través de la DINASED y la UNASE, ejecutó una serie de intervenciones estratégicas en flagrancia bajo la Estrategia 3D (Debilitar, Desarticular y Desorganizar). Los operativos, denominados “Libertad”, se desplegaron en Guayas, Los Ríos, Pichincha, Manabí y Santa Elena, logrando la aprehensión de 13 presuntos extorsionadores y la incautación de múltiples indicios.
La oportuna denuncia de las víctimas y la activación inmediata de protocolos de crisis, negociación y análisis tecnológico permitió identificar diversas modalidades de extorsión, conocidas como “vacunas” y extorsiones por devolución de bienes.
Casos relevantes
Guayaquil – Operativo Libertad 0740: Ingeniero de 50 años amenazado con fotos de su domicilio, exigencia de $5.000. Tres detenidos con antecedentes criminales. Indicios: 02 comprobantes de pago y 04 celulares.
Los Ríos – Operativo Libertad 738: Comerciante extorsionada con exigencia de “tres cajas de balas” ($380). Dos detenidos, uno con antecedentes. Indicios: 01 motocicleta y 01 celular.
Pichincha – Operativo Libertad 736: Contadora amenazada con $1.000. Cuatro detenidos en Conocoto e Inchalillo. Indicios: $210 en efectivo, 01 comprobante bancario, 01 motocicleta y 05 celulares.
Manabí – Operativo Libertad 735: Militar extorsionado tras robo de su vehículo, exigencia de $1.500. Dos detenidos en Portoviejo. Indicios: 01 vehículo retenido y 03 celulares.
Santa Elena/Pichincha – Operativo Libertad-E 739: Comerciante extorsionado con exigencia de $3.000. Dos detenidos. Indicios: 01 terminal móvil y prendas de vestir.
Resultados
13 presuntos extorsionadores aprehendidos
Indicios incautados: vehículos, motocicletas, celulares, comprobantes bancarios, armas y dinero en efectivo
Modalidades detectadas: amenazas vía WhatsApp, exigencias económicas, extorsiones por devolución de bienes
La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, recordando a la población que ante llamadas o mensajes intimidatorios se debe mantener la calma, no realizar pagos ni transferencias económicas y denunciar de forma reservada a través de las líneas oficiales.
Organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente sobre la muerte de la activista anticorrupción que investigaba al Gobierno de Noboa
La muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek ha provocado una fuerte conmoción en Ecuador y ha despertado preguntas respecto a las circunstancias de su fallecimiento. Lo que en un primer momento fue presentado por las autoridades como un posible suicidio ha dado un giro significativo tras conocerse los resultados de la autopsia, que apuntan a una muerte violenta.
Silva, de 41 años, fue encontrada sin vida en su vivienda de Montañita, una localidad costera de la provincia de Santa Elena. La activista, madre de dos niñas y residente en Ecuador desde hacía varios años, era conocida por sus denuncias relacionadas con presuntos casos de corrupción, conflictos por la propiedad de tierras y daños medioambientales en la región.
Pocas horas después de conocerse el hallazgo del cuerpo, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, señaló que la principal hipótesis era el suicidio. Según explicó entonces, en la escena se habían encontrado elementos que apuntaban en esa dirección. Sin embargo, la versión oficial comenzó a ser cuestionada tras la difusión de los informes forenses realizados posteriormente.
La autopsia apunta a una muerte violenta
De acuerdo con los resultados de la autopsia practicada en Guayaquil, la causa de la muerte habría sido una combinación de traumatismo craneal y estrangulamiento. Estas conclusiones llevaron a organizaciones de derechos humanos y representantes legales de la familia a descartar la posibilidad de que se tratara de una muerte autoinfligida.
Silva había dedicado gran parte de la última década a realizar labores de vigilancia ciudadana y denuncia pública. A través de redes sociales y en colaboración con periodistas locales, exponía irregularidades que, según sostenía, afectaban a comunidades de Santa Elena. En sus perfiles digitales se definía como defensora del medioambiente, de los grupos vulnerables y de la transparencia institucional.
Monika Silva, amenazada
Personas cercanas a la activista aseguran que durante los últimos meses había recibido amenazas. También afirman que se encontraba investigando supuestas redes de tráfico de tierras y posibles vínculos entre actividades ilícitas y figuras con influencia política en la zona. Algunos colaboradores sostienen además que estaba recopilando información sobre presuntas irregularidades relacionadas con empresas vinculadas a la familia del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
Las sospechas sobre un posible crimen también se apoyan en antecedentes recientes. Según allegados a la activista, las amenazas que recibía estarían relacionadas con los mismos entornos criminales que fueron señalados tras el asesinato del periodista comunitario Robinson del Pezo, ocurrido en 2025. Silva había reclamado justicia en ese caso y continuó investigando asuntos similares pese a los riesgos.
Reacción internacional
En Polonia, país de origen de la activista, las primeras versiones sobre un supuesto suicidio fueron recibidas con escepticismo. Familiares y amistades declararon a medios de comunicación que Silva les había comentado en varias ocasiones que se sentía vigilada y que temía por su seguridad.
La Unión Europea solicitó una investigación rápida e independiente para esclarecer los hechos, mientras que el Gobierno polaco expresó su confianza en que el proceso se lleve a cabo con transparencia y permita determinar responsabilidades. Además, la Fiscalía ecuatoriana ha incorporado a expertos forenses extranjeros para reforzar las diligencias.
Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de Montañita continúa rindiendo homenajes a Silva. Vecinos y simpatizantes han organizado vigilias, instalado altares con fotografías y flores.
2026.1.15 Caso Mario Pineida: los 3.000 dólares que pagó el tercer implicado y la fecha de la audiencia clave
La defensa de Mirta Ramírez, madre de Guisella Fernández, pareja de Pineida, solicitó formalmente que los cargos se reformulen de asesinato a sicariato
Este miércoles 14 de enero, tras la solicitud de la defensa técnica de Mirta Ramírez, madre de la ciudadana peruana Guisella Fernández Ramírez —asesinada junto al futbolista Mario Pineida—, realizada por su abogado Tobías Guzmán Galarza, el juez convocó a la audiencia oral y pública de formulación de cargos por vinculación contra Yohervy Javier Márquez Serradez.
La diligencia se llevará a cabo el lunes 20 de enero de 2026, a las 15:30, por la presunta participación del imputado en el delito de asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En la misma audiencia, el magistrado resolverá también el pedido de sustitución de la prisión preventiva solicitado por Jimnery Mariander Peña Blanco, una de las personas detenidas en el proceso por el crimen ocurrido la tarde del miércoles 17 de diciembre en el sector de Samanes, al norte de Guayaquil.
Según el documento judicial, al que tuvo acceso este Diario, las partes deberán comparecer de manera presencial y telemática en una de las salas de audiencias de la Unidad Judicial correspondiente.
El auto judicial indica que, debido a la solicitud de revisión de medidas cautelares presentada por Peña Blanco, conforme al artículo 521 del COIP y aplicando el principio de concentración, la revisión se realizará en la misma audiencia del 20 de enero, a las 15:30.
La defensa de la madre de la víctima solicitó además la reformulación de cargos, de asesinato a sicariato, considerando que los hechos investigados se enmarcarían dentro de esta tipificación penal.
El juez advirtió a los abogados defensores que la inasistencia injustificada a la audiencia podrá acarrear una multa de hasta dos salarios básicos unificados, según el numeral 5 del artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Asimismo, se indicó que la incomparecencia de la Fiscalía o de la Defensoría Pública constituirá falta gravísima, conforme al numeral 17 del artículo 109 del COFJ.
Detalles del caso
Según información recabada por este Diario, Josué, alias Katire, habría contratado a Cristian David Peláez González, también venezolano, para realizar el seguimiento del vehículo en el que se movilizaban Mario Pineida y Guisella Fernández.
Peláez habría señalado que cumplió esta labor en coordinación con otras personas, y que tras estacionarse el vehículo de las víctimas frente a un local de venta de carnes, dos motocicletas llegaron al sitio y se produjo el ataque armado. Posteriormente, Peláez se habría retirado hacia un hotel, por lo que recibió un pago de 200 dólares.
La investigación también revela que Yohervy Javier Márquez Serradez habría realizado dos transferencias bancarias de 1.500 dólares cada una, a Jimnery Mariander Peña Blanco, alegando que el dinero era para “realizar pagos a unos trabajadores”, información que forma parte de los elementos analizados por la Fiscalía dentro de la instrucción fiscal.
La Policía Nacional ejecutó el operativo Zeus 2 en las provincias de Guayas, Los Ríos, Carchi y Manabí, logrando la desarticulación de una importante célula de la organización delictiva “Los Choneros”. La intervención involucró a 200 servidores policiales en 9 ciudades: Guayaquil, Virgen de Fátima y Salitre (Guayas); Babahoyo, Puebloviejo, Catarama y Quevedo (Los Ríos); Tulcán (Carchi); y Bahía de Caráquez (Manabí).
Entre los resultados más destacados figura la captura de Jean Carlos Bravo Marcillo, alias “Quevedo”, considerado objetivo de interés penal y cabecilla que operaba desde Nariño (Colombia). Desde ese territorio planificaba y dirigía asesinatos, actos de terrorismo, secuestros y extorsiones en las cuatro provincias ecuatorianas intervenidas. La detención se realizó en operación conjunta con la Policía Nacional de Colombia.
La operación dejó un saldo de 15 detenidos y 21 allanamientos simultáneos. Los detenidos serán procesados por delitos como asociación ilícita, terrorismo, secuestro extorsivo y tráfico de armas, entre otros.
La Policía Nacional ratificó que Zeus 2 forma parte de la estrategia permanente para debilitar las estructuras criminales transnacionales que afectan la seguridad ciudadana en la zona costera y frontera norte del país.
La Unidad de Análisis de Seguridad y Extorsiones (UNASE) de la Policía Nacional ejecutó un operativo simultáneo en los sectores Sauces, Samanes y 9 de Octubre que permitió la desarticulación de una banda dedicada a la extorsión bajo la modalidad de “vacunación” a dueños de locales comerciales y contratistas.
Los detenidos, varios de ellos con antecedentes por asesinato y secuestro, exigían pagos periódicos a sus víctimas. Entre los casos detectados, los delincuentes contactaban a contratistas de la avenida Narcisa de Jesús solicitando 5.000 dólares bajo amenazas. Para dificultar el rastreo, utilizaban chips internacionales en sus teléfonos celulares.
La operación se desarrolló con base en denuncias ciudadanas y trabajo de inteligencia, permitiendo la captura de los presuntos responsables y la incautación de evidencia que será presentada en las diligencias judiciales. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para la formulación de cargos por extorsión y asociación ilícita.
La UNASE y la Policía Nacional ratificaron su compromiso de combatir frontalmente las redes de extorsión que afectan la tranquilidad de comerciantes y residentes en Guayaquil, y llamaron a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro de “vacuna” a través del 911 o canales oficiales.
2026.1.11 Five severed heads found hanging on Ecuador beach amid escalating gang clashes
Bloody display in Manabi province linked to conflict between criminal groups competing for trafficking routes
Five severed human heads were found hanging from ropes on a beach in southwestern Ecuador Sunday in a gruesome display linked to ongoing gang violence sweeping across the country, according to reports.
The killings came amid a wave of bloody violence tied to drug trafficking and organized crime, which has surged across Ecuador in recent years.
The Associated Press reported that the grim discovery underscores the tactics used by criminal groups competing for control of territory and trafficking routes, especially along the country’s coastline.
Police said the heads were found on a tourist beach in the small fishing port of Puerto Lopez, in Manabi province.
The images shared by Ecuadorian media and on social media showed the severed heads tied with ropes to wooden poles planted in the sand, with blood visible at the scene.
A wooden sign left beside the heads carried a threatening message aimed at alleged extortionists targeting local fishermen.
The message warned those demanding so-called “vaccine cards” protection payments commonly extorted by gangs that they had been identified, the report said.
Authorities said the display was likely the result of a conflict between criminal groups operating in the area.
Drug-trafficking networks with links to transnational cartels are active along Ecuador’s coast and have used fishermen and their small boats to transport illicit shipments, according to local police.
President Daniel Noboa launched an armed campaign against gangs and declared states of emergency in several provinces, including Manabi, deploying the military to support police operations.
Despite his efforts, violence has continued to escalate with police increasing patrols and surveillance in Puerto Lopez following recent massacres in the province, The Associated Press said.
In 2025, at least nine people, including a baby, were killed there in an attack that authorities blamed on clashes between local gangs also.
As previously reported by Fox News Digital, in 2025, infighting between factions of a gang vying for control over territory in Ecuador’s largest city, Guayaquil, left nearly two dozen people dead.
Ecuador ended the year with a record homicide rate of 52 per 100,000 people, according to the Organized Crime Observatory, making it the deadliest year on record.
📌 Agentes de la UNASE las identificaron y las detuvieron en flagrancia.
📌 La exigencia llegaba hasta $500.000, acompañada de panfletos intimidatorios y atentados con artefactos explosivos contra locales comerciales.
📌 Gracias a la inteligencia policial y la respuesta rápida, se neutralizó esta peligrosa modalidad que sembraba terror entre comerciantes y empresarios.
🔊Gracias a la denuncia oportuna de la víctima y tras varios operativos de inteligencia, se neutralizó a los sospechosos mediante allanamientos en los cantones Chone y Portoviejo.
Detenidos:
🕵️♂️Mauro José Palma Vera (32 años) – Antecedentes por estafa.
🕵️♂️Jonathan Steven Zambrano Cornejo (21 años) – Procesos judiciales por asociación ilícita.
🕵️♂️Jean Carlos Zamora Zambrano (23 años) – Antecedentes por asociación ilícita, ataque y resistencia, y robo.
Los sospechosos estarían vinculados a varios casos de extorsión en la ciudad de Chone.
2026.1.10 Estas son las cuatro mujeres detenidas por presunta extorsión a negocios en Guayaquil
Una de las detenidas mantendría una relación sentimental con un presunto líder criminal, quien se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga
Margarita Burbano Vaca, de 32 años; María Defaz Simbaña, de 25; Jocelyne Garnica Jara, de 27; y Tomasa Bayona Alvarado, de 36, fueron detenidas la madrugada del 10 de enero durante cuatro operativos ejecutados en dos sectores de Guayaquil y en un punto del cantón Daule. Las mujeres son sospechosas del delito de extorsión.
El general Walter Villarroel, comandante de la Policía en la Zona 8, informó que las aprehendidas serían integrantes de la organización criminal Los Lobos y que, presuntamente, operaban en el distrito 9 de Octubre, donde extorsionaban a propietarios de locales comerciales.
Según Villarroel, las detenidas recibían órdenes desde el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, ya que una de ellas mantendría una relación sentimental con un privado de libertad, quien sería el cabecilla de esta estructura delictiva. “Exigían hasta 5.000 dólares a dos negocios, mientras otra persona se encargaba de grabar videos o tomar fotografías de los locales para amedrentar a las víctimas”, explicó.
La denuncia
El denunciante relató que el sábado 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 11:00, mientras se encontraba en el centro comercial Mall del Sol, comenzó a recibir en su teléfono personal mensajes con contenido extorsivo desde números desconocidos.
Desde entonces, los presuntos extorsionadores le habrían enviado reiteradas amenazas de muerte en su contra y la de sus familiares, exigiéndole el pago de 5.000 dólares. Además, le remitieron videos en los que se observa su local comercial, advirtiéndole que lo harían explotar.
Ante esta situación, el afectado revisó las cámaras de seguridad de su establecimiento y constató que una persona desconocida habría realizado grabaciones del lugar.
La madre y la hermana de la víctima se sienten más tranquilas con la decisión de la jueza que lleva el caso. La próxima etapa es la preparatoria de juicio
Romelia Castelo está más tranquila luego de que la jueza que lleva el caso del presunto femicidio de su hija, Gabriela Cárdenas, dispuso que se le entregara a ella la custodia de su nieto mientras continúa el proceso judicial en contra de quien fuera el novio de la víctima.
La autoridad también formuló cargos en contra de la pareja de Gabriela como presunto responsable de su muerte. Hasta el cierre de esta nota digital se desconocía el paradero del implicado. Además, otro sujeto fue procesado como cómplice del crimen.
¿Cómo ocurrió el crimen?
El hecho se remonta al 4 de marzo del 2024, cuando Gabriela cayó del balcón del tercer piso del departamento en el que vivía hacia el terreno de una propiedad contigua. Esto fue en el sector conocido como Alma Lojana, al oriente de la capital.
Ella compartía con su pareja y unos compañeros de trabajo. Comieron y bebieron licor por varias horas hasta que los invitados decidieron irse. Según la versión de la pareja de la víctima, él fue a dejarlos en la puerta para que se fueran.
Incertidumbre
Al momento de regresar a la casa, buscó a Gabriela por toda la casa, pero según si testimonio no la encontró. Él dijo a los policías investigadores que cuando fue a la cocina vio que su novia se había lanzado desde el balcón.
Al inicio, el hecho fue tratado como suicidio, pero luego de que Romelia y su otra hija presionaran a las autoridades para que se investigara el hecho como una muerte violenta, este cambió al delito de femicidio.
La mujer a la que habría estado dirigido el ataque sobrevivió, pero perdió a cuatro parientes. Vivienda quedó completamente destruida
La masacre que cobró la vida de cuatro integrantes de una familia en Machala, provincia de El Oro, continúa en investigación bajo la tesis de un ajuste de cuentas entre estructuras criminales. Así lo confirmó Pablo Fajardo, jefe del Distrito Machala de la Policía Nacional.
Según la autoridad policial, el atentado cometido la madrugada del viernes 9 de enero de 2026 fue meticulosamente planificado y dirigido contra la mujer que logró sobrevivir, a la que buscaban desde horas antes.
La señora que habría sido el blanco del ataque armado relató haber recibido amenazas de muerte días antes, presuntamente derivadas por una riña en la Zona Rosa de Machala y por conflictos con su exconviviente, alias Jampier.
La llamada que anunció la tragedia
Según su testimonio, el jueves 8 de enero recibió una llamada de un número desconocido donde le advirtieron que estaba “regalada” y que la iban a asesinar. Pese a la advertencia y a la orden de abandonar la casa, decidió quedarse junto a sus familiares.
Durante la incursión, los sicarios la localizaron escondida en el baño y la obligaron a arrodillarse. Aunque le apuntaron directamente, el arma no se accionó, permitiendo que sobreviviera mientras su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos perdían la vida.
Sujetos armados atacaron la vivienda, dispararon contra sus ocupantes y posteriormente incendiaron el inmueble, provocando la explosión de un cilindro de gas.
Fuentes investigativas señalaron que por el uso de prendas similares a uniformes policiales, armamento de alto calibre y gasolina responde a un modus operandi propio de estructuras criminales organizadas que operan en la provincia.
-200 m de manguera negra.
-1 acople clandestino
-1 válvula de presión.
-2 terminales móviles
En la operación, ejecutada por miembros del Batallón de Operaciones Especiales en Selva (BOES) N.° 54 “Capt. Calles”, se aprehendió en flagrancia a Jarwin Fernando T. O. y Juan Olbani Ch. C., quienes estaba bombeando combustible de la línea de gasolina blanca de EP Petro Ecuador hacia la piscina artesanal, los mismos que intentaron huir, siendo neutralizados por el personal militar
El Ejército Ecuatoriano mantiene su presencia en la frontera para localizar y neutralizar actividades relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y delitos conexos vinculados con los GIA Comandos de la Frontera, quienes usan el combustible para el procesamiento de SCSF. Por lo que la afectación asciende a un rubro aproximado de 3.500 dólares por cada cargada de las áreas de almacenamiento.
2026.1.10 Crimen de alias Marino en Mocolí: revelan quién alquiló la cancha y qué se sabe de los sicarios
La Policía advirtió que, de no haberse tratado de un ataque selectivo, la tragedia habría sido mayor. El presunto cabecilla de Los Lagartos trató de escapar
Mientras la Policía realizaba el procedimiento en la urbanización Mocolí Golf Club, en Samborondón, por el triple crimen ocurrido la noche del miércoles 7 de enero, un ciudadano que se identificó como Andrés Vélez se acercó de manera apresurada a los uniformados para conocer qué había sucedido y confirmar si su hijo, quien se encontraba entre los jugadores, estaba a salvo.
Así lo informó a este Diario el coronel Javier Egas, jefe del Distrito Samborondón.
El jefe policial explicó que Vélez indicó haber alquilado la cancha deportiva, aunque aclaró que no la cedió directamente a las personas asesinadas, sino a una tercera persona que solía arrendar el espacio.
“Hasta donde tenemos conocimiento por el procedimiento policial, al lugar ingresaron aproximadamente 18 personas. Un grupo se quedó en el ingreso de la segunda garita, mientras los demás ingresaron a la cancha y obligaron a todos los presentes a lanzarse al piso. Luego procedieron a reconocer a sus objetivos. Alias Marino intentó escapar por una esquina, pero no lo logró. Las otras dos personas fallecidas eran sus guardaespaldas”, explicó el coronel Egas.
El oficial añadió que se trató de un ataque selectivo y que, de no haber sido así, el hecho pudo convertirse en una masacre. “Por suerte fue un ataque dirigido a objetivos específicos. De haber disparado contra todos, estaríamos hablando de una tragedia mayor, como las registradas en el sur y noroeste de la ciudad”, señaló.
Durante el levantamiento de indicios, la Policía encontró armas de fuego tipo fusil y municiones de calibres 9 milímetros y 5.56 (.223).
Las víctimas mortales fueron identificadas como Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, presunto cabecilla de la organización criminal Los Lagartos; Jefferson Xavier Sanlon Olivero y Richard Josué Mina Vergara.
El jefe policial indicó que, tras el ataque, los sicarios huyeron en dos vehículos: un automóvil Changan dorado y una camioneta D-MAX blanca, los cuales fueron abandonados en Daule. Una tercera camioneta fue dejada en el lugar del crimen.
“Inicialmente, algunos guardias indicaron que varios sospechosos corrieron hacia el río Mocoy, ubicado a unos 100 metros de la cancha. Sin embargo, tras un barrido táctico completo, la Policía no encontró armas, huellas ni otros indicios, por lo que esa versión no fue confirmada”, indicó el oficial.
Los sicarios huyeron en dos vehículos, un automóvil Changan color dorado y una camioneta D-MAX blanca, que posteriormente fueron abandonados en Daule. Una tercera camioneta quedó en el sitio del crimen.
Otra fuente policial señaló que, de acuerdo con información preliminar, Andrés Vélez habría salido del país, aunque aclaró que se trata de datos que aún están en proceso de verificación.
“No podemos certificar si salió o no del país. Lo que sí se conoce es que fue la persona que alquiló la cancha. En cuanto a que los atacantes hayan sido policías o militares, eso es falso. Se trataría de delincuentes que utilizaron vestimenta similar para cometer el crimen, pero no corresponde a ningún procedimiento de las fuerzas del orden”, aclaró la fuente.
Sobre este punto, Kleber Carrión, experto en seguridad y exmiembro de Inteligencia de la Policía, advirtió que no se puede descartar la participación de policías o militares en estructuras criminales, debido a que integrantes de las fuerzas del orden han sido reclutados por bandas delictivas, atraídos por el poder económico de estas organizaciones y por las deficiencias salariales y logísticas del Estado.
El analista señaló que uno de los principales problemas es la falta de regulación en el uso de uniformes e insignias policiales y militares, lo que ha generado un vacío legal tras la derogatoria del artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta ausencia normativa permite que cualquier persona se vista como agente del orden sin que exista un delito tipificado, lo que —según Carrión— fortalece la inseguridad ciudadana.
“Hoy no se puede distinguir con claridad quién es un policía verdadero y quién no. Todo se copia: uniformes, motocicletas y vehículos. Eso genera miedo y confusión en la población”, explicó.
Carrión advirtió además que las organizaciones criminales han desarrollado estructuras parapoliciales y paramilitares, con procedimientos similares a los de la Policía Nacional, lo que evidencia una evolución del crimen organizado y eleva el nivel de violencia.
Finalmente, sostuvo que el Estado ha fallado en implementar mecanismos tecnológicos y de control, como sistemas de identificación o trazabilidad de uniformes, que permitirían detectar el mal uso y evitar la infiltración criminal en las fuerzas de seguridad.
Para Daniel Pontón, académico y especialista en temas de seguridad, no es inusual que exmilitares o expolicías terminen vinculados al crimen organizado en países como Ecuador, un fenómeno ya observado en contextos como México y Colombia. Sin embargo, en muchos casos —aclara— no se trata necesariamente de exagentes, sino de delincuentes que utilizan uniformes y simbología militar o policial como camuflaje para evadir controles y ganar legitimidad.
Pontón advirtió que lo más preocupante es la facilidad con la que estas organizaciones acceden a uniformes oficiales, lo que evidencia una grave falta de cultura y control en materia de seguridad. “Cualquier persona puede adquirir un uniforme militar o policial y circular como autoridad, lo cual convierte al uniforme en un arma”, señaló.
El especialista alertó además sobre la infiltración del crimen organizado en espacios privados, como urbanizaciones, empresas o clubes exclusivos, un fenómeno similar al vivido en Medellín en los años noventa, donde el narcotráfico logró integrarse social y económicamente bajo procesos de movilidad social y aceptación cultural.
Finalmente, cuestionó la ausencia de controles estrictos, trazabilidad y protocolos claros para la fabricación, distribución y uso de uniformes, así como la falta de protección a operadores de justicia y debilidad institucional, factores que —según indicó— profundizan la sensación de inseguridad y normalizan la penetración del crimen en la sociedad.
2026.1.10 Violencia desatada contra mujeres en Durán: ¿qué hay detrás y por qué las están matando?
Durante esta semana se han registrado cuatro hechos violentos que han dejado un total de siete mujeres asesinadas en este cantón
Liliana Correa Mera y su nuera, Nayely Reyes Medina, se encontraban en el interior de su domicilio cuando dos hombres a bordo de una moto irrumpieron en el lugar y les dispararon en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió cerca de las 16:00 del 9 de enero, en la cooperativa Los Cipreses, en Durán.
Ambas se convirtieron en las víctimas femeninas más recientes de la escalada de violencia que azota a este cantón del Guayas, que hasta el 10 de enero acumulaba al menos 20 muertes violentas.
Durán se ubica como el segundo distrito más violento de la Zona 8, después de Nueva Prosperina, en lo que va del presente año.
Con este hecho, se han registrado cuatro eventos violentos en Durán en lo que va de la semana y en los que las víctimas han sido mujeres. De acuerdo con reportes de este Diario, al menos siete mujeres han sido asesinadas en el cantón durante este periodo.
Los cuerpos de Liliana y Nayely quedaron tendidos en la sala de la vivienda de una planta, ubicada junto a un templo cristiano. Tras las pericias, los cadáveres fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, hasta donde acudieron sus familiares.
Pedido de justicia
Parientes de Nayely, quien tenía 20 años, indicaron que mantenía desde hace dos años una relación sentimental con el hijo de la señora que murió junto a ella. Aseguraron que la joven no tenía problemas con nadie, por lo que desconocen el posible móvil del crimen.
“Habían dejado la puerta de la casa abierta. Los delincuentes aprovecharon para entrar y se llevaron los celulares de mi sobrina y de su suegra. Mi niña era tranquila, trabajadora; hace poco terminó un curso de belleza y se dedicaba a pintar uñas. Su pareja es albañil. Pedimos al señor presidente de la República y a la Policía que hagan algo, ya no aguantamos tanta violencia”, manifestó la tía de Nayelli, visiblemente afectada.
“A ti te buscábamos”
En este mismo cantón, dos horas antes, en la cooperativa El Cóndor, se perpetró otro ataque armado que dejó dos muertos y un herido.
El presunto blanco del atentado, identificado como Cajamarca Castro Bryan Joel, se encontraba comprando en una tienda cercana a su domicilio cuando dos sujetos en motocicleta llegaron y le dispararon.
Testigos señalaron que los atacantes le habrían dicho: “A ti te buscábamos, hace tiempo que te vemos por aquí”, antes de disparar contra todas las personas que se encontraban en el lugar.
En este hecho también falleció Silva Holguín Christian Andrés, de 25 años, mientras que otro ciudadano resultó herido por impactos de bala.
El coronel Santiago Gavilánez, jefe del distrito Durán, indicó que la detención de alias Negro Tulio, Bob Marley y Gato Cely, presuntos cabecillas de la organización criminal Chone Killers, ha provocado que sus subordinados intenten apoderarse del control territorial conocido como El Arbolito.
“Para ellos, El Arbolito es un ‘trofeo’ dentro de Durán. Por eso estamos viendo muertes, incluso de mujeres, ya que estas estructuras criminales atacan de manera directa y sin distinción. Es una lucha por el territorio que estas bandas están tratando de sostener”, explicó el oficial.
2026.1.5 Alias Gerente, cabecilla de Comandos de la Frontera, deberá cumplir con prisión preventiva
Roberto Álvarez señalado como el líder de Comandos de la Frontera se lo vinculó por presunto lavado de activos. La audiencia de vinculación contra alias Gerente se realizó en el Complejo Judicial, en el norte de Quito.
La mañana del 5 de enero de 2026, en el Complejo Judicial en el norte de Quito, se instaló la audiencia de vinculación contra Roberto Álvarez, alias Gerente, quien sería el cabecilla de los Comandos de la Frontera.
A Álvarez se le acusa por presunto lavado de activos. En esta causa, Fiscalía procesa a 15 personas naturales y 5 jurídicas.
El caso es conocido como Comandos de la Frontera y con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez dictó prisión preventiva para Roberto Álvarez, Alba C. y Roberth J.; mientras que para Blanca L. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El 31 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5, vinculó al proceso penal por presunto lavado de activos a alias Gerente, a Alba Isabel C. J., quien es la esposa de Álvarez, Roberth Luis J. H. y Blanca Lusdari L. B.
Fiscalía informó que durante el operativo que se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2025, tanto esa entidad y Policía Nacional llevaron a cabo sesenta y dos allanamientos simultáneos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, lo que dejó quince personas detenidas y la incautación de evidencias como dinero en efectivo, armas, dispositivos electrónicos y documentación financiera.
En el caso Comandos de la Frontera indican que “el monto del dinero irregularmente movilizado a través del Sistema Financiero Nacional y de la adquisición de bienes muebles e inmuebles supera los 354 millones de dólares entre 2015 y 2025”.
El 29 de diciembre de 2025, el presidente, Daniel Noboa, informó que Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, sería trasladado a Ecuador. “Se acabó su libertad bajo fianza”, publicó Noboa, a través de su cuenta de X, sobre la situación de alias Gerente.
Por lo que a la madrugada del 30 de diciembre de 2025, llegó a Ecuador el líder de los Comandos de la Frontera, y quien fue llevado a la cárcel de Santa Elena, la prisión de máxima seguridad. A Álvarez también se lo acusa por la muerte de once militares en Alto Punino.
¿Quién es alias Gerente?
Roberto Álvarez conocido como alias Gerente es líder de los Comandos de la Frontera. De acuerdo con Daniel Noboa, es uno de los objetivos de alto valor para el país.
Comandos de la Frontera es una organización narcoguerrillera a la que se le culpa de la emboscada en la que se asesinó a 11 militares de Ecuador en la Amazonía, que ocurrió en mayo de 2025.
De acuerdo con datos de la Policía, esta organización traspasó la zona fronteriza donde se dedica a la minería ilegal, el tráfico de drogas, de armas, trata de personas, entre otros delitos.
Roberto Carlos Álvarez es ecuatoriano y ha sido identificado como uno de los comandantes de los Comandos de la Frontera.
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