2026.4.12 Delincuentes irrumpen en vivienda de directora regional del Mides en Margarita, Colón
Presuntamente, cinco delincuentes vestidos de negro y con capuchas golpearon y amordazaron a los ocupantes de la vivienda para luego sustraer un vehículo, además de celulares y otros bienes de valor.
Una familia de la comunidad de Margarita, en la provincia de Colón, vivió momentos de terror la madrugada de este domingo, cuando varios sujetos ingresaron de manera sorpresiva a su vivienda.
De acuerdo con la información preliminar, se trató de un robo a mano armada en la residencia donde vive la actual directora regional del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Raquel de Camacho.
Presuntamente, cinco delincuentes vestidos de negro y con capuchas golpearon y amordazaron a los ocupantes de la vivienda para luego sustraer un vehículo, además de celulares y otros bienes de valor.
Tras lo ocurrido, miembros de la comunidad reiteraron su preocupación por la apertura del camino entre La Cresta y Margarita, señalando que esta vía podría estar siendo utilizada como ruta de acceso y escape por parte de delincuentes.
Ante esta situación, los moradores hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la Policía Nacional para que refuercen los operativos de vigilancia y aumenten las rondas policiales, con el fin de garantizar la seguridad en el sector.
En el marco de un operativo contra la minería ilegal, unidades de inteligencia y la Brigada Este del Servicio Nacional de Fronteras, en coordinación con la Fiscalía de Ambiente, llevaron a cabo un operativo en el que fueron aprehendidos cinco ciudadanos presuntamente vinculados a la actividad de minería ilegal.
Durante la acción, se logró el decomiso de diversos implementos utilizados para la extracción de minerales, entre ellos bateas, tanques, palas, cohas, machetes y varillas de hierro.
Además, fueron confiscados teléfonos celulares y oro en granos.
De igual forma se hicieron las respectivas coordinaciones con la Sección de Verificación de Desempeño Ambiental del Ministerio de Ambiente.
Estas acciones ejecutadas por SENAFRONT, son forman parte de la estratégia de seguridad del Plan Firmena en contra el crimen organizado en todas sus modalidades.
Los hechos que dieron origen a esta nueva condena se registraron el 3 de febrero de 2020, cuando logró escapar del Centro Penitenciario La Nueva Joya.
El ciudadano dominicano Gilberto Ventura Ceballos, de 50 años, recibió este lunes su tercera condena por parte de la justicia panameña, esta vez por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de evasión agravada, tras fugarse de un centro penitenciario en 2020.
Como sanción principal, Ventura Ceballos fue condenado a 64 meses de prisión, además del decomiso de 700 dólares como pena accesoria.
La decisión fue tomada por el Tribunal de Juicio Oral, presidido por Fernando Basurto, junto a los jueces Erick Valencia y Boston Estribi, quienes emitieron la Sentencia N.° 49/TJ-A del 24 de febrero de 2026.
El fallo se dio luego de que el tribunal validara un acuerdo de pena entre el Ministerio Público, representado por las fiscales Yamileth Pimentel y Frederick Montero, y la defensa del condenado, a cargo del abogado Roys Navarro.
Los hechos que dieron origen a esta nueva condena se registraron el 3 de febrero de 2020, cuando Ventura Ceballos logró escapar de una celda de máxima seguridad del Centro Penitenciario La Nueva Joya.
Tras su evasión, las autoridades activaron un operativo de búsqueda a nivel nacional, que culminó el 13 de febrero de 2020, con su recaptura en la provincia de Chiriquí.
En ese momento, el reo cumplía una condena de 30 años de prisión por el secuestro y homicidio de tres de cinco jóvenes universitarios de ascendencia china en La Chorrera, asesinados entre 2010 y 2011.
El caso que estremeció a Panamá
Por estos crímenes, Ventura Ceballos había sido sentenciado inicialmente a la pena máxima en Panamá: 50 años de cárcel. Sin embargo, en 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó la condena, al ordenar que se respetara el acuerdo de extradición con el Estado que accedió a entregarlo para que enfrentara la justicia panameña.
Las víctimas eran propietarios de locales dedicados a la venta y reparación de celulares en La Chorrera. Según las investigaciones, los principales implicados —entre ellos Alcibíades Méndez y Ventura Ceballos— mantenían contacto comercial con ellos, ya que también operaban puestos ambulantes de reparación de teléfonos móviles.
Los jóvenes fueron secuestrados y mantenidos cautivos en una vivienda ubicada en el sector de El Trapichito, donde fueron asesinados y enterrados en fosas clandestinas, un hecho que marcó profundamente a sus familias y a la sociedad panameña.
Primera fuga: La Joyita, 2016
La historia de evasiones de Ventura Ceballos comenzó el 28 de diciembre de 2016, cuando logró escapar del Centro Penitenciario La Joyita, en Las Garzas, mientras permanecía en prisión preventiva por el caso de los homicidios.
En ese momento, se encontraba recluido en el pabellón 7 y fue sacado bajo custodia policial para realizar trámites legales. Durante ese traslado, burló los controles de seguridad y desapareció sin dejar rastro.
Permaneció prófugo durante casi un año, hasta ser localizado y capturado el 29 de septiembre de 2017 en Costa Rica. Posteriormente, fue extraditado a Panamá, donde enfrentó cargos adicionales por evasión y recibió una condena de cinco años más.
Con esta tercera sentencia, Gilberto Ventura Ceballos suma un nuevo capítulo a un expediente judicial marcado por crímenes de alto impacto y reiterados intentos de evadir a la justicia.
2026.4.6 Venezolano enfrenta cargos por hurto, robo y violación en Minsa de Colón
Este hombre ingresó el Sábado de Gloria a las oficinas regionales del Minsa, y sustrajo 3 laptops y agredió a una funcionaria que estaba en laborando.
Cleiber Astudillo, de 24 años y de nacionalidad venezolana, fue presentado este lunes en la sala de audiencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA) por los casos de hurto, robo y violación en la sede del Ministerio de Salud (Minsa) de la provincia de Colón.
Este sujeto ingresó el Sábado de Gloria a las oficinas regionales del Minsa, de donde sustrajo tres laptops y agredió a una funcionaria que realizaba labores de coordinación por la Semana Santa en materia de urgencias.
Por ello, este ciudadano venezolano enfrenta cargos por los delitos de hurto agravado, robo agravado y violación, por lo que se le decretó detención provisional.
El caso es atendido por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.
En la audiencia también se procedió con la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra este hombre, peticiones que fueron admitidas.
De acuerdo con la investigación de los funcionarios judiciales, el hecho ocurrió la mañana del 4 de abril de 2026 en el edificio del Ministerio de Salud (Minsa), en el corregimiento de Barrio Sur, cuando el imputado forzó la puerta e ingresó a la oficina de la dirección médica.
Este ciudadano se apoderó de tres computadoras portátiles; además, entró al baño y, mediante violencia e intimidación con el uso de un arma blanca, afectó la libertad y causó lesiones a una mujer, despojándola de dos anillos y un teléfono móvil.
La rápida acción policial permitió la aprehensión del ciudadano extranjero poco después de haber cometido estos delitos.
El caso guarda relación con el femicidio de Claudia Timpson, estudiante de Derecho de 22 años, quien fue hallada sin vida el 15 de diciembre de 2024 en los terrenos adyacentes al Estadio Rod Carew, en la vía Centenario, corregimiento de Ancón.
Ciudad de Panamá, Panamá/La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, negó la solicitud de sustitución de la medida cautelar personal de detención provisional por depósito domiciliario en el proceso seguido contra Ronaldo Machado Soto, excandidato a representante de Ancón y exfuncionario de la Asamblea Nacional, imputado por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de femicidio doloso.
El caso guarda relación con el femicidio de Claudia Anabel Timpson, estudiante de Derecho de 22 años, quien fue hallada sin vida el 15 de diciembre de 2024 en los terrenos adyacentes al Estadio Rod Carew, en la vía Centenario, corregimiento de Ancón.
De acuerdo con la investigación, la joven falleció tras recibir impactos de bala presuntamente disparados por su expareja sentimental, Machado Soto. Durante la audiencia realizada el viernes 27 de febrero, la jueza consideró que los riesgos procesales se mantienen vigentes, subrayando la gravedad del hecho y señalando que no han variado los elementos que sustentaron la imposición de la medida privativa de libertad.
Machado Soto había sido formalmente imputado el 17 de diciembre por los delitos de femicidio y robo agravado, y se le ordenó detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
Defensa apelará
La solicitud de cambio de medida cautelar fue presentada por la defensa técnica particular, Reynaldo Ceballo, quien anunció la interposición de un recurso de apelación contra la decisión judicial.
La audiencia de apelación fue programada para el próximo 13 de marzo, a las 2:00 p.m., en la sala 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.
En representación del Ministerio Público de Panamá participó la fiscal Yeni Samudio, mientras que por la querella intervino el abogado de las víctimas, Rafael Hosan. El proceso judicial continúa en fase de investigación.
A Abraham Rico Pineda se le formuló cargos por blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas dentro de la llamada Operación Jericó.
A 18 meses de iniciarse la investigación, a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, le fue reemplazada la medida cautelar de detención provisional por la de casa por cárcel.
Ahora, en lugar de permanecer en detención provisional, deberá cumplir su arresto en casa. La decisión pone fin a meses de incertidumbre y marca un giro importante en el caso.
Familiares y allegados recibieron con alivio la resolución, que confirma que por ahora no hay pruebas que lo vinculen a los delitos investigados.
Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024 por agentes de la Policía Nacional frente a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, en la capital.
Ese mismo día su aprehensión fue legalizada por un juez, quien le impuso detención provisional y le formuló cargos por blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas dentro de la llamada Operación Jericó.
La operación fue el resultado de una investigación de la Fiscalía de Drogas en la que se buscaba desarticular una red criminal supuestamente dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero.
La Operación Jericó es un expediente que arrancó el 30 de junio de 2023 y acumuló investigaciones, interceptaciones y allanamientos en varias provincias del país, apuntando a una estructura que, según el Ministerio Público, movía drogas y capitales ilícitos.
En ese contexto, la Fiscalía imputó a Rico Pineda alegando que habría utilizado empresas como Servicios Múltiples Rama para blanquear fondos presuntamente provenientes del narcotráfico, con base en transcripciones de escuchas telefónicas y análisis financieros.
Desde su captura en agosto de 2024 y durante los meses siguientes, Rico Pineda estuvo detenido en el centro penitenciario El Renacer cumpliendo detención provisional mientras avanzaba la investigación penal, en medio de solicitudes de la defensa para cambiar su medida cautelar por otra menos restrictiva.
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2026.1.14 Tercera jornada del juicio por el caso Odebrecht continúa con lectura de acta
Se prevé continuar con la lectura del auto de enjuiciamiento, que supera las 400 páginas, y posibles avances en la fase probatoria
La tercera jornada del juicio por el caso Odebrecht en Panamá está programada para hoy, miércoles 14 de enero de 2026, en el Palacio de Justicia Gil Ponce, bajo la presidencia de la jueza Baloisa Marquínez. Se espera que hoy se concluya con la lectura del auto de llamamiento a juicio, un documento de más de 400 páginas que detalla las acusaciones de blanqueo de capitales por sobornos de Odebrecht y avanzar a la fase de presentación de pruebas.
El juicio inició el lunes 12 de enero con la comparecencia de 23 imputados, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli, exministros, empresarios y particulares, todos declarados no culpables. Odebrecht admitió pagar sobornos por unos 59 millones de dólares en Panamá para proyectos como el Metro, vía costera y ampliación del aeropuerto.
El primer día validó dos acuerdos de pena y atendió incidentes legales, como un amparo para excluir a un imputado. El segundo día, el 13 de enero, profundizó la lectura del auto, detallando rutas de dinero vía sociedades offshore hacia Andorra y Panamá, pese a ausencias de algunos abogados defensores. La fiscal Ruth Morcillo y su equipo sustentan las pruebas de una red de lavado vinculada a coimas.
El excandidato presidencial del antiguo partido de Martinelli, Cambio Democrático (CD), José Domingo Arias, reiteró este martes antes de entrar a la audiencia su inocencia del cargo de blanqueo que enfrenta porque su campaña recibió dinero procedente de la constructora.
Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), y un exministro debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares confesaron en una corte federal de Estados Unidos que participaron “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección” de Odebrecht por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron “por órdenes del padre”, por lo cual ya pagaron cárcel en el país norteamericano, que los deportó a Panamá en enero de 2023.
El expresidente Martinelli participa en este juicio de forma virtual, pues está asilado desde mayo pasado en Colombia, a donde llegó tras permanecer refugiado más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá para evitar ir a prisión después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.
La investigación por este caso se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, entre ellos Panamá – y culminó en octubre de 2018.
Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en Panamá.
La Fiscalía ha logrado más de una decena de acuerdos de pena con los imputados, que inicialmente eran 36 personas.
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó la sentencia de primera instancia y condenó al exministro de Obras Públicas, Federico “Pepe” Suárez, a ocho años de prisión por el delito de peculado doloso, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La decisión quedó consignada en la sentencia de segunda instancia No. 27, del 1 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal revocó el fallo absolutorio dictado el 2 de abril de 2025 por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, entonces a cargo de la jueza Águeda Rentería. Los magistrados concluyeron que existieron responsabilidades penales en la ejecución del contrato de la autopista Arraiján–La Chorrera, una de las principales obras viales del país, desarrollada durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
El fallo también alcanzó a otros implicados en el proceso. Daniel Miguel Ochy, Lester Mendoza y Miguel González Martínez fueron condenados a ocho años de prisión, mientras que Alcides Velásquez recibió una pena de seis años. En tanto, el Tribunal decidió mantener la absolución de Marco Antonio Saavedra.
El denominado caso Autopista Arraiján–La Chorrera se originó a partir de irregularidades en el contrato de diseño, construcción, rehabilitación y ensanche de la vía, ejecutado entre 2010 y 2017. La investigación reveló sobrecostos, manejo indebido de fondos públicos y una afectación directa al patrimonio del Estado.
El proceso judicial se inició en 2015, tras un informe de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, que advirtió sobre una lesión patrimonial estimada en 7.9 millones de dólares. La complejidad del caso quedó reflejada en un expediente de 128 tomos, que evidencia la magnitud técnica, financiera y legal de la causa.
Tres personas más resultaron heridas de gravedad en accidente de bus de la ruta Tanara-Vía España
Una escena de terror vivieron los pasajeros de un bus “Diablo Verde” de la ruta Tanara-Vía España la noche del lunes en el puente del río Pacora.
Un viejo bus cargado con la vida de 30 pasajeros, se convirtió en una trampa de muerte cuando el eje trasero se desprendió por completo, provocando que la pesada mole volcara y quedara volcado en medio de la vía.
Entre el estruendo del metal retorcido y los gritos de auxilio, la muerte hizo su aparición. Una de las pasajeras mujer murió de forma instantánea. Al menos 15 personas más resultaron heridas y fueron llevados al hospital Regional de Chepo y otros al Irma de Lourdes Tzanetatos .
La escena era dantesca: el bus volcado, sin sus llantas traseras y a milímetros de precipitarse al caudal del río. Este siniestro ha reavivado la furia de la ciudadanía, quienes denuncian que estos vehículos son bombas de tiempo que circulan sin mantenimiento.
Internautas y testigos no callaron su indignación ante lo que consideran un secreto a voces: conductores que compiten por centavos como si transportaran mercancía inerte y no seres humanos. Unidades con décadas de explotación que ya no deberían estar en las calles.
Los usuarios hicieron un llamado urgente a la Policía de Tránsito para realizar pruebas de antidoping y sacar de circulación estas “trampas de muerte”.
Las autoridades ya iniciaron las investigaciones, mientras el eco de los gritos en el puente de Pacora aún resuena como una advertencia de que, en cualquier momento, el “diablo” volverá a pasar factura y causarle la muerte a un inocente.
La víctima fue sorprendida por sus verdugos que llegaron en un auto
El sector conocido como El Porvenir ubicado en el corregimiento de Pedregal se tiñó de sangre nuevamente la noche del lunes.
La “pelona” volvió a hacer de las suyas en ese lugar y recogió con sus manos huesudas a una nueva víctima en medio de la violencia.
Un hombre, identificado como Jhosue Guerra Santos, 28 años, fue sorprendido por sus verdugos cuando llegaron en un automóvil que se detuvo en seco.
Con una frialdad aterradora, uno de los ocupantes se bajó del vehículo y se acercó a su presa. Sin miramientos, desató un torrente de balas: al menos 15 disparos resonaron en la oscuridad, dejando el cuerpo sin vida tendido en el pavimento.
Cuando los vecinos del lugar se asomaron para ver qué había desatado tantas detonaciones vieron el cuerpo del desconocido tendido en el pavimento en medio de un charco de sangre.
La escena, tras el crimen fue rápidamente cercada por el Ministerio Público, que recogió evidencias para tratar de esclarecer este hecho de sangre.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que superan los 45 años de prisión, al tratarse de cinco delitos graves.
Dos jóvenes entre 21 y 22 años fueron señalados por las autoridades como los presuntos autores del homicidio del adulto mayor Daniel Sáenz Cortez, de 74 años, un crimen que ha estremecido al distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé.
Según el Ministerio Público, la pareja fue aprehendida de manera provisional y enfrenta cargos por privación de libertad, homicidio doloso agravado, asociación ilícita para delinquir, robo agravado y delito financiero, tras una investigación que permitió reconstruir los hechos.
Se trata de José Antonio Martínez, de 22 años, y Lorena Ibarra, alias “La Mony”, de 21 años.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en las aguas de un lago en Penonomé, dando inicio a las diligencias judiciales. Posteriormente, las autoridades lograron ubicar el vehículo del adulto mayor en el distrito de San Miguelito, donde fue interceptado mientras era conducido por Martínez, con Ibarra como copiloto.
Durante la audiencia de solicitudes múltiples, realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Penonomé, la Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados. De acuerdo con el fiscal de la cuasa, Sáenz Cortez murió a causa de una laceración cardíaca y trauma torácico, provocados por múltiples golpes con objetos contundentes en la cabeza y extremidades.
La Fiscalía sostuvo que la manera en que se ejecutó el crimen revela premeditación, por lo que no se descarta la participación de otras personas, al considerar que los imputados no habrían actuado solos.
Como medida cautelar, el juez ordenó la detención provisional por seis meses para ambos imputados, mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial entra en su siguiente fase. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que superan los 45 años de prisión, al tratarse de cinco delitos graves.
Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación, con el objetivo de esclarecer plenamente este hecho que ha generado consternación y alarma en la comunidad penonomeña.
El exfuncionario ya había sido imputado por el delito de peculado agravado, relacionado con la presunta malversación de $454,184.30.
En una audiencia de revisión de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción logró que se mantuviera la medida de detención provisional contra Paulino Domínguez, exrepresentante de la Junta Comunal de El Carate (periodo 2019-2024) por el PRD, en el distrito de Las Tablas.
Durante la diligencia, la fiscalía se opuso a la solicitud de sustituir la detención provisional por una medida menos severa, argumentando la gravedad de los hechos imputados. El tribunal acogió la posición del Ministerio Público y decidió mantener la medida cautelar.
El exfuncionario ya había sido imputado por el delito de peculado agravado, relacionado con la presunta malversación de $454,184.30.
De acuerdo con la investigación, el caso está vinculado a irregularidades en la gestión de fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de Descentralización, donde se detectaron inconsistencias y falta de justificación en el uso de sumas significativas de dinero que debían destinarse a beneficio de las comunidades.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene las investigaciones para esclarecer el manejo de estos fondos públicos.
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