2026.8.6 Condenan a educador por hostigamiento escolar contra cinco estudiantes en Coclé
La investigación se originó por hechos ocurridos en 2019 en un centro educativo del distrito de Penonomé, donde el educador incurrió en conductas constitutivas de hostigamiento escolar.
Coclé/El Tribunal de Juicio Oral de la provincia de Coclé declaró penalmente responsable a un educador por el delito de hostigamiento en el ámbito escolar, en perjuicio de cinco estudiantes.
Durante el proceso, las partes presentaron las pruebas correspondientes y expusieron sus alegatos finales. La audiencia de lectura de sentencia fue programada para el 14 de agosto de 2026, a las 4:00 de la tarde.
En la audiencia de individualización de la pena, las fiscales del Ministerio Público solicitaron una condena de cuatro años de prisión.
La misma petición fue presentada por el abogado querellante y defensor público de víctimas del delito, quien pidió al tribunal tomar en cuenta las circunstancias agravantes del caso.
Por su parte, el defensor público solicitó la aplicación de la pena mínima de dos años de prisión.
Tras esta etapa, el tribunal celebró una audiencia de resarcimiento, en la que la parte querellante solicitó una indemnización a favor de las víctimas. La defensa se opuso a la petición.
La investigación se originó por hechos ocurridos en 2019 en un centro educativo del distrito de Penonomé, provincia de Coclé, donde el educador incurrió en conductas constitutivas de hostigamiento escolar contra cinco estudiantes.
Durante la jornada se continuó con la evacuación de pruebas periciales y testimoniales, etapa considerada clave para el desarrollo del proceso.
El segundo día del juicio oral por el femicidio de la docente Doris Franco estuvo marcado este miércoles por la continuación de la presentación de pruebas testimoniales y periciales, en un proceso que mantiene la atención de familiares, amigos y organizaciones que exigen justicia por uno de los casos de violencia contra la mujer que más conmocionó a la provincia de Veraguas.
La audiencia se desarrolla en la Sala de Audiencias del Órgano Judicial, ubicada en la Avenida Central de la ciudad de Santiago, donde desde tempranas horas se concentraron allegados de la educadora para seguir de cerca el avance del proceso contra Bosco Bolívar Barrera, señalado como presunto responsable del crimen ocurrido el 26 de abril de 2024.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la docente Doris Franco perdió la vida tras recibir múltiples heridas con arma blanca, propinadas presuntamente por su expareja sentimental, un hecho que causó consternación en la comunidad educativa y en la sociedad veragüense.
Durante la jornada se continuó con la evacuación de pruebas periciales y testimoniales, etapa considerada clave para el desarrollo del proceso. Se prevé que este miércoles concluyan estas diligencias para dar paso a la fase final del juicio.
Fiscalía prevé culminar el juicio oral este jueves
El fiscal de la causa, Moisés Tuñón, manifestó su expectativa de que el juicio oral pueda concluir este jueves en horas de la tarde, una vez culminen los alegatos finales de las partes y el Tribunal adopte la decisión correspondiente.
Por su parte, el abogado querellante, Yairo Fernández, señaló que la familia de la víctima mantiene la esperanza de que se haga justicia y que el acusado reciba la sanción que establece la ley por el delito de femicidio.
“Esperamos que al final de este proceso el responsable reciba la condena que le corresponde por haber acabado con la vida de una mujer de una manera tan violenta”, expresó el jurista.
A dos años del crimen, el caso continúa despertando sensibilidad e indignación. Diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han reiterated su llamado para que este hecho no quede impune y han acompañado a los familiares de la docente durante el desarrollo del juicio.
Mientras el proceso entra en su etapa decisiva, familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa permanecen a la espera del fallo judicial, confiando en que la justicia responda a este caso de femicidio en Veraguas.
2026.8.1 Decretan detención provisional para presunto ‘reclutador’ de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania
Según información extraoficial conocida durante la audiencia, el imputado sostuvo que no era el reclutador de las víctimas y afirmó que únicamente las acompañó al banco y las ayudó con los traslados.
Una jueza de garantías decretó la medida cautelar de detención provisional para el hombre aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, señalado por su presunta participación en una red dedicada al reclutamiento de panameños para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.
La decisión fue adoptada este 1 de agosto durante una audiencia de control de garantías realizada en el Sistema Penal Acusatorio, luego de que al acusado se le imputara por el delito de trata de personas, en calidad de autor. La jueza determinó que la medida cautelar impuesta al ciudadano era necesaria debido al riesgo existente de destrucción de pruebas y para proteger a las víctimas. El imputado quedará detenido durante los próximos seis meses, mientras duren las investigaciones.
Detenido en Tocumen
De acuerdo con la investigación, el imputado fue aprehendido en flagrancia el pasado 29 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando presuntamente esperaba a dos ciudadanos panameños que serían enviados al extranjero.
La aprehensión fue realizada por unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como parte de una investigación sobre una supuesta red de trata de personas que captaba víctimas mediante falsas ofertas de trabajo.
Vigilancia y trámites exprés
Las pesquisas señalan que el sospechoso presuntamente ofrecía empleos en el extranjero como mecanismo para convencer a las víctimas de viajar a Rusia, donde posteriormente serían reclutadas con fines relacionados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
Durante el seguimiento previo que se le dio a este hombre, las autoridades confirmaron que se reunió con al menos tres personas, entre ellas un buhonero. Luego, el imputado acompañó a las víctimas a un banco donde retiró dinero, y posteriomente hicieron el trámite para obtener pasaportes exprés, mientras coordinaba, presuntamente con un contacto ubicado en Rusia, la compra de los boletos de avión.
De los tres hombres reclutados, uno logró abordar un vuelo el mismo día, mientras que los otros dos permanecieron en Panamá debido a un retraso en la emisión de sus pasajes, según se pudo conocer.
La investigación también establece que, al día siguiente, 29 de julio, el imputado —un conductor de taxi— dejó su vehículo en San Miguelito, se trasladó en Metro hasta el aeropuerto y fue detenido justo cuando iba a reunirse con los dos hombres que lo esperaban para viajar a Rusia.
Durante la audiencia el imputado negó ser el reclutador
Según información extraoficial conocida durante la audiencia, el imputado manifestó su intención de dirigirse al tribunal, pese a la recomendación de su defensora pública de abstenerse de hacerlo.
En su intervención sostuvo que no era el reclutador de las víctimas y afirmó que únicamente las acompañó al banco y las ayudó con los traslados. Además, aseguró que el supuesto reclutador se encontraba en Rusia. Ante esas manifestaciones, la jueza decretó un receso para que la defensa pudiera orientar a su representado antes de continuar con la diligencia.
Prometían bono de 20 mil dólares y salario mensual
De acuerdo con la investigación, el imputado ofrecía a las víctimas un bono de 20 mil dólares al llegar a Rusia y un supuesto salario mensual de 3,500 dólares, promesas que habrían sido utilizadas para convencerlas de aceptar el viaje.
El Ministerio Público mantiene las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta presunta red de trata de personas con fines de reclutamiento y establecer la magnitud de la operación.
2026.7.31 Decretan detención preventiva para alias ‘Gordo Pibe’, presunto cabecilla de la pandilla ‘Kill the Nasty’
La medida cautelar fue impuesta luego de que el Tribunal legalizara la aprehensión del imputado y admitiera la formulación de cargos presentada por el fiscal Yunkle Boniche, del Ministerio Público.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la detención provisional de Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, imputado por la presunta comisión de los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con el narcotráfico y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
La medida cautelar fue impuesta luego de que el Tribunal legalizara la aprehensión del imputado y admitiera la formulación de cargos presentada por el fiscal Yunkle Boniche, del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la jueza concluyó que la detención provisional era la medida más adecuada, necesaria y proporcional, tomando en cuenta la gravedad de los delitos investigados y los riesgos procesales existentes, entre ellos el peligro de fuga o de desatención del proceso. Además, consideró que existen suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos investigados y señaló que mantiene una sentencia condenatoria vigente por el delito de pandillerismo.
La defensa, integrada por los abogados Agustín Martínez, José Carrillo y Arlen Caballero, anunció un recurso de apelación contra la decisión. La audiencia fue programada para el próximo 21 de agosto, a las 3:30 p.m., en la sala 2 del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Plaza Fortuna.
El caso guarda relación con la reciente extradición de alias “Gordo Pibe” desde Colombia, realizada por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá. El imputado arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen el pasado 29 de julio bajo un estricto dispositivo de seguridad, tras ser requerido por la justicia panameña por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas.
Zurita permanecía prófugo desde 2023 y figuraba en la lista de los 10 más buscados por las autoridades panameñas. Fue capturado el 26 de mayo en Medellín, Colombia, mediante una operación coordinada entre organismos de seguridad de ambos países.
Según las investigaciones, alias “Gordo Pibe” es señalado como el presunto cabecilla de la pandilla “Kill the Nasty”, organización que, de acuerdo con las autoridades, operaría como brazo financiero del grupo criminal “Sam 23”, vinculado a estructuras dedicadas al narcotráfico con conexiones en Colombia, entre ellas el denominado Clan del Golfo.
Las pesquisas sostienen que esta estructura criminal utilizaba a Panamá como un punto estratégico para el tráfico de sustancias ilícitas con destino a Estados Unidos y Europa.
2026.7.30 Kenneth Zhang solicita asilo y refugio en Panamá para frenar su extradición a China
La petición fue presentada después de que los abogados del empresario recurrieran también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitaron medidas para evitar su entrega a las autoridades chinas mientras se resuelven los recursos legales internacionales.
Ciudad de Panamá, Panamá/La defensa del empresario Kenneth Zhang presentó una solicitud de asilo y reconocimiento de la condición de refugiado ante la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), en un nuevo intento por detener el proceso de extradición promovido por la República Popular China.
La petición fue presentada después de que los abogados del empresario recurrieran también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitaron medidas para evitar su entrega a las autoridades chinas mientras se resuelven los recursos legales internacionales.
Zhang, ciudadano de Santa Lucía y residente permanente en Panamá desde hace más de diez años, permanece detenido en el Centro Penitenciario La Mega Joya desde su aprehensión el pasado 11 de julio, cuando era requerido por una solicitud de extradición formulada por China.
Defensa invoca el principio de no devolución
En el escrito presentado ante la ONPAR, la defensa sostiene que la extradición expondría a Zhang a un riesgo de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que solicita la aplicación del principio internacional de no devolución (non-refoulement), previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los abogados también pidieron que la ONPAR tramite el caso con carácter urgente, entreviste personalmente al empresario y garantice que no sea extraditado mientras se analiza su solicitud de protección internacional.
Alegan condiciones inadecuadas de detención
La defensa indicó además que durante las primeras semanas de detención, Zhang habría permanecido recluido en una celda común de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde supuestamente no recibió atención médica, alimentación adecuada ni ropa de cama, por lo que habría dormido en el suelo de una celda hacinada. Posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario La Mega Joya, donde, según el documento, las condiciones son ligeramente mejores.
El origen de la solicitud de extradición
Según el documento, la solicitud de extradición fue impulsada por instancias vinculadas a Landbridge Group, empresa china cercana al Partido Comunista, a raíz de una controversia corporativa relacionada con el Proyecto Portuario de Colón, en Isla Margarita.
La defensa sostiene que el Ministerio Público de Panamá investigó esos hechos durante 2025 y concluyó que se trataba de un conflicto de naturaleza privada y comercial, sin que constituyera un delito.
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2026.7.31 Prohibido olvidar: el caso de Rita Wald
A los 17 años, Rita Irene Wald Jaramillo ya sabía lo que quería ser: abogada para defender a los indefensos, periodista para denunciar a los opresores, diplomática para defender nuestra soberanía. No era una adolescente cualquiera. Dirigía un programa de radio. Lideraba en el Colegio José Antonio Remón Cantera la Sociedad Estudiantil Democrática, habiendo ganado las elecciones pregraduandas a la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), afecta al régimen militar. Tenía carisma, oratoria y algo que, en 1977, podía costarle caro: opinión propia frente a una dictadura militar.
Cuento esto no como una anécdota lejana, sino como algo que casi cualquier joven de hoy reconocería en sí mismo: la urgencia de decir lo que se piensa, la costumbre de alzar la voz en un grupo de amigos, en una radio estudiantil, en una protesta. Lo que hizo distinta la experiencia de Rita fue el Panamá donde le tocó vivirla: uno donde alzar la voz podía significar arriesgar la vida.
2026.7.28 ¿Quién fue Rita Wald?
A principios de este año la Defensoría del Pueblo inauguró un auditorio con su nombre. Rita tenía 17 años cuando desapareció el 27 de marzo de 1977, durante el régimen militar en Panamá.
Rita Irene Wald Jaramillo tenía 17 años cuando desapareció el 27 de marzo de 1977, en una época de represión y ausencia de garantías durante el régimen militar en Panamá.
A principio de este año, como parte de su aniversario número 29, la Defensoría del Pueblo inauguró un auditorio con su nombre. Según contó Tania Wald, hermana de Rita, esta fue una iniciativa de la defensoría, donde evaluaron distintos nombres. “Querían alguien que representara las luchas por los derechos humanos”, explicó.
Rita era una mujer joven, estudiante y activista. Era dirigente de la Sociedad Estudiantil Democrática (SED) y estudiaba en el Colegio José Antonio Remón Cantera, en la ciudad de Panamá.
Había recibido amenazas por su activismo. La noche de su desaparición, el 27 de marzo de 1977, fue la última vez que se supo de ella.
Desaparición forzada
En 2003 su caso fue presentado por su familia al sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó una petición en la que se alegan violaciones a derechos protegidos por la Convención Americana y por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El informe recoge que, tras su desaparición, no se realizaron investigaciones efectivas y se registraron graves fallas y negligencias en el proceso. La comisión consideró que existía un retardo injustificado en la investigación y que, mientras no se establezca el paradero de Rita, la desaparición constituye una situación continuada.
Investigación
El caso permaneció durante décadas sin resolverse. En 2011, el Estado panameño suscribió un acuerdo de solución amistosa con los familiares de la joven. En 2017, el Estado reconoció públicamente su responsabilidad internacional por la desaparición forzada, comprometiéndose a impulsar las investigaciones y adoptar medidas de reparación.
En diciembre de 2024, el Ministerio Público solicitó reabrir la investigación sobre la desaparición de Rita Wald, señalando la presunta vinculación de Emilio Garzola Ruiz y Luis Gómez en los hechos.
El pasado viernes 24 de julio Interpol Panamá aprehendió a Emilio Garzola Ruiz, quien llegó al país en calidad de deportado desde Nicaragua.
2026.7.27 Caso Rita Wald: Emilio Garzola Ruiz permanece bajo indagatoria por la desaparición de la dirigente estudiantil
Fuentes del Ministerio Público explicaron que el expediente se tramita bajo el sistema inquisitivo, por lo que no se haría una audiencia de legalización de la aprehensión.
Ciudad de Panamá, Panamá/Emilio Garzola Ruiz, que llegó a Panamá tras ser detenido por Interpol en Nicaragua y deportado por su presunta vinculación con la desaparición forzada de la estudiante y dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo, permanece bajo indagatoria dentro del proceso que adelanta el Ministerio Público, según confirmaron fuentes de esa institución.
Las fuentes explicaron que el expediente se tramita bajo el sistema inquisitivo, por lo que no se haría una audiencia de legalización de aprehensión, contrario a lo que había manifestado previamente una autoridad gubernamental.
De acuerdo con la información obtenida, Garzola Ruiz continúa siendo objeto de diligencias investigativas como parte del proceso judicial, mientras el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.
El caso Rita Wald ha permanecido bajo la atención de las autoridades por la relevancia de los hechos investigados y las personas presuntamente vinculadas. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado sobre nuevas actuaciones procesales ni ha precisado cuándo concluirá la etapa de indagatoria.
Garzola llegó al país en calidad de deportado, luego de ser ubicado en Managua, Nicaragua, el pasado 30 de julio de 2025. Sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol Panamá emitida el 7 de julio de este año.
La joven, estudiante del colegio José Remón Cantera, era una reconocida dirigente estudiantil que lideró protestas contra la dictadura militar y los Tratados Torrijos-Carter. Fue vista por última vez el 27 de marzo de 1977 en el sector de Obarrio.
Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan información adicional sobre el avance de este proceso.
2026.7.25 Caso Rita Wald: la aprehensión de Emilio Garzola abre un nuevo capítulo en la investigación
Edwin Wald, sostuvo en 2011 que el difunto general Manuel Antonio Noriega fue el autor intelectual de la desaparición de su hermana, según publicó ‘La Estrella de Panamá’ ese año.
La desaparición forzada de la dirigente estudiantil Rita Wald, ocurrida el 27 de marzo de 1977, volvió a la palestra pública tras la aprehensión, este 24 de julio, de Emilio Garzola Ruiz, quien fue deportado desde Managua (Nicaragua) y era requerido por la justicia panameña por su presunta implicación en uno de los crímenes que simbolizan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1968 y 1989.
La aprehensión abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por la desaparición de la joven estudiante del Colegio José Remón Cantera, reconocida por su activa participación en los movimientos sociales que denunciaban no solo las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Omar Torrijos, sino también los Tratados Torrijos-Carter, que se negociaban en esa época.
Según declaró su hermana, Tania Wald, al diario El Siglo en 2018, Rita le comunicó aquella tarde de domingo que saldría de su casa para asistir a una entrevista con el representante de una emisora con el objetivo de obtener un programa de radio.
Tania Wald aseguró que Emilio Garzola era precisamente la persona con la que su hermana tenía previsto reunirse un día antes de iniciar su sexto año de secundaria.
Otro de los hermanos de Rita, Edwin Wald, sostuvo en 2011 que el difunto general Manuel Antonio Noriega fue el autor intelectual de la desaparición de su hermana, según publicó La Estrella de Panamá ese año.
“Rita jamás regresó a casa. Creí que se había quedado en casa de mi hermana mayor porque estaba más cerca del centro de la ciudad. Al día siguiente investigué y Rita no había llegado. Pensé que había regresado a Chiriquí”, recordó Tania Wald a El Siglo al rememorar la incertidumbre que vivió su familia tras la desaparición.
Tania Wald agregó que, en un principio, las autoridades se negaron a recibir la denuncia por la desaparición de su hermana, alegando que debían transcurrir varios días. Cuando finalmente aceptaron el reporte, las investigaciones estuvieron marcadas por conjeturas, entre ellas la versión de que la joven probablemente se había marchado con su novio. Según Wald, las pesquisas estuvieron plagadas de irregularidades y encubrimientos.
La vigilancia sobre Rita Wald
Presuntamente los servicios de inteligencia de la dictadura militar mantenían bajo vigilancia a Rita Wald, que se destacó por su liderazgo desde sus años como estudiante del colegio Félix Olivares Contreras.
Posteriormente, junto al sacerdote Álex Oro, condujo un programa cívico-religioso en Radio Chiriquí, emisora en la que más tarde obtuvo su propio espacio, denominado ’Antorcha Olivardista’.
Cuando la familia Wald se trasladó a la ciudad de Panamá, la dirigente estudiantil continuó su activismo en el Colegio José Remón Cantera y posteriormente ganó las elecciones estudiantiles frente a la Federación de Estudiantes de Panamá, un gremio considerado afín a los intereses del régimen militar.
Su hermana Tania recordó que, a partir de ese momento, comenzaron las amenazas, la mayoría de ellas anónimas. A esas intimidaciones se sumó un estrecho seguimiento por parte del G2, el servicio de inteligencia militar del régimen de Omar Torrijos.
“Frente a nuestra casa, en la vía Bolívar, se estacionaban carros con vidrios oscuros para vigilarnos. Hubo un seguimiento por parte del gobierno militar del señor Torrijos”, declaró Tania Wald a El Siglo.
Mientras se negociaban los últimos detalles de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977 por Omar Torrijos y el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter, el régimen militar seguía con preocupación las protestas estudiantiles. Por ello, agentes del G2 se infiltraron en colegios y en la Universidad de Panamá para conocer de primera mano las acciones que organizaban los movimientos estudiantiles opuestos a la dictadura.
Una lucha por la justicia
La lucha de la familia de Rita Wald por obtener justicia ha sido constante desde su desaparición. Desde un inicio responsabilizó a los militares por su desaparición y presunta muerte.
En 2008, la familia logró que el Estado panameño cumpliera tres de las seis medidas solicitadas: dar el nombre de Rita Wald a un centro educativo, una plaza y una fundación. Sin embargo, Edwin Wald denunció que el gobierno del entonces presidente Martín Torrijos incumplió otras tres peticiones: garantizar que las desapariciones forzadas no volvieran a repetirse, reconocer oficialmente la desaparición de Rita e investigar y sancionar a los responsables.
A juicio de Edwin Wald, representante de la familia, el gobierno incumplió la solución amistosa alcanzada en septiembre de ese año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esa situación, la familia anunció en 2009 que acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia, según informó La Estrella de Panamá.
En 2011, la familia solicitó formalmente al Ministerio Público la reapertura del caso, que había sido sobreseído en 1994.
Posteriormente, en 2012, durante la administración de Ricardo Martinelli, el Estado panameño alcanzó un nuevo acuerdo amistoso con la familia Wald, en el que reconoció las obligaciones asumidas por Panamá de conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evitando así una eventual condena de la justicia interamericana por violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, en 2017, durante la administración del entonces presidente Juan Carlos Varela, el Estado panameño pidió perdón públicamente por la desaparición forzada de Rita Wald.
2026.7.25 Panamanian Emilio Garzola Ruiz Linked to the Rita Wald Case from the Dictatorship Era was Deported From Nicaragua and Arrested in Panama
Panamanian Emilio Garzola Ruiz arrived in Panama, deported by Nicaragua. He was detained by Interpol for his alleged participation in the forced disappearance of student Rita Irene Wald Jaramillo in March 1977. This was during Noriega’s military regime when the young woman was seventeen years old, the Police reported this Friday.
Rita Wald Case
A brief press release from the National Police (PN) indicated that Garzola Ruiz had an Interpol Panama red notice published on July 7, 2025, and that he was located in Managua, the capital of Nicaragua, on July 30, 2025. After his arrival in the isthmus, Garzola Ruiz was apprehended and placed under the orders of the Panamanian judicial authorities, who will continue with the corresponding legal process, the official information added. Police recalled that Rita Irene Wald Jaramillo, seventeen years old, “was a student and activist in the student movement, and her disappearance occurred in a context marked by human rights violations during the military regime in Panama.”
According to a 2002 report by the so-called Truth Commission, an independent group created to investigate the crimes of the dictatorship, Rita Wald Jaramillo is one of the 110 people killed or disappeared during the military regime that ruled Panama between 1968 and 1989. When the young woman disappeared in March 1977, the country was controlled by General Omar Torrijos (1969-1981) and Manuel Antonio Noriega (1983-1989) was in charge of the G-2, the intelligence and counterintelligence unit of the now-defunct National Guard. In 2012, the Panamanian government reported compensation of $681,000 for the forced disappearance of the student, described as an opponent of the military dictatorship and linked to popular movements, and in 2017 the State publicly apologized for the case.
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2026.7.12 Empresario chino Liang Zhang queda detenido provisionalmente y a órdenes de la Cancillería para trámite de extradición
Zhang es investigado por las autoridades chinas por su presunta participación en un caso de apropiación indebida de activos empresariales ocurrido entre 2020 y 2022, que habría ocasionado un perjuicio económico estimado de $294,240,000.
Ciudad de Panamá, Panamá/Los magistrados del Tribunal de Apelaciones, en unanimidad, declararon legal la aprehensión del ciudadano chino Kenneth Liang Zhang y su detención provisional por el delito de apropiación ilícita de bienes, de una entidad, con abuso del cargo; y quedó a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores por un término de 60 días hasta que se formalice el proceso de extradición.
Así fue decidido tras una audiencia de garantías que duró aproximadamente 3 horas y 20 minutos en el Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito. Un día después de ser capturado por agentes de la Policía Nacional e Interpol Panamá en el corregimiento de Calidonia, el ciudadano chino Kenneth Liang Zhang fue conducido a la audiencia.
Durante la audiencia, el empresario no se acogió al procedimiento de extradición simplificada ni renunció a la regla de especialidad, por lo que el proceso continuará por la vía ordinaria. Los magistrados ordenaron la aprehensión de los bienes relacionados con la solicitud de la Fiscalía y rechazaron de plano la solicitud de fianza de excarcelación propuesta por la defensa.
El fiscal de Asuntos Internacionales, José Candanedo, explicó que la solicitud de extradición contra el empresario chino se sustenta en una investigación adelantada por las autoridades de la República Popular China, que lo señalan de haber utilizado el cargo que ocupaba dentro de una empresa para ejecutar presuntas actuaciones fraudulentas.
Según indicó, el perjuicio económico atribuido al requerido asciende a 294 millones de dólares, de acuerdo con la información remitida por las autoridades del país asiático.
La siguiente etapa en este proceso se trata de la formalización de la solicitud de extradición y, en efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la autoridad, por disposición constitucional y legal, que deberá recibir los documentos de la parte requirente”, explicó.
Durante la audiencia, el requerido estuvo representado por los abogados Ana Belfon y Guillermo Cochez. Este último abogado indicó que se trata de cosa juzgada ya en Panamá, señaló que la audiencia es preliminar y que no significa que tenga fundamento.
Zhang es investigado por las autoridades chinas por su presunta participación en un caso de apropiación indebida de activos empresariales ocurrido entre 2020 y 2022, que habría ocasionado un perjuicio económico estimado de $294,240,000.
De acuerdo con fuentes de Interpol, el ciudadano chino habría aprovechado el cargo directivo que ocupaba dentro de una sociedad de inversiones vinculada a proyectos portuarios internacionales para, presuntamente, falsificar documentación corporativa y firmas con el propósito de transferir ilegalmente el control accionario de la empresa a una sociedad bajo su dominio exclusivo.
Vinculado a proyectos en Colón
Más allá de la investigación que enfrenta en China, Liang Zhang es una figura conocida en el sector empresarial panameño por su participación en dos proyectos de gran envergadura desarrollados en la provincia de Colón.
El empresario figura como presidente y apoderado de Sinolam Smarter Energy LNG Power, Co., empresa que hasta 2018 operó bajo el nombre de Martano Inc. y que obtuvo un contrato para desarrollar una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón.
La iniciativa, sin embargo, no llegó a ejecutarse. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) canceló la licencia de construcción y operación de la planta, poniendo fin al proyecto.
Zhang también aparece como directivo de Landbridge Holding Inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados que en su momento mantuvo el control de Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo la concesión —posteriormente rescindida por incumplimiento— para desarrollar un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, Colón.
Litigios en Panamá y Estados Unidos
El nombre del empresario también figura en diversos procesos judiciales relacionados con esos proyectos.
En Panamá, aparece vinculado a litigios derivados de la disputa por el control accionario de Panama Colon Container Port, mientras que en Estados Unidos Sinolam presentó una demanda civil contra la estadounidense AES Corporation, a la que acusa de haber conspirado para quitarle el desarrollo del proyecto de gas natural licuado en Colón.
Mientras avanza el proceso de extradición solicitado por China, las autoridades panameñas deberán resolver si se cumplen los requisitos legales para autorizar la entrega de Zhang, quien permanece requerido por un presunto fraude corporativo que, según la investigación, supera los 275 millones de dólares.
Orlando Cuesta fue imputado por femicidio y robo agravado, toda vez que el celular de la víctima no ha sido ubicado, elemento fundamental dentro de la investigación.
El presunto responsable del femicidio de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Soledad Ossa, permanecerá bajo detención provisional por decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, después de audiencia realizada hoy martes a solicitud la defensa de Orlando Cuesta, que esperaba se revocará la medida impuesta inicialmente.
Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía de Homicidio y Femicidio Metropolitana sustentó la existencia de riesgos procesales que justifican la medida cautelar más severa, logrando convencer al Tribunal de mantener la detención mientras avanzan las investigaciones del caso.
Cuesta fue imputado en audiencia de control de garantías, realizada el pasado 20 de mayo, por los delitos de femicidio y robo agravado, este último cargo, luego que las autoridades no lograran ubicar el teléfono celular de la funcionaria, elemento considerado relevante para las pesquisas.
El Ministerio Público sostiene que la privación de libertad es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación y evitar posibles afectaciones al proceso penal.
La víctima, fiscal adjunta del área metropolitana, falleció el pasado 18 de mayo después de recibir un impacto de bala presuntamente de manos de su expareja, en un hecho ocurrido en el corregimiento de Pueblo Nuevo.
La Fiscalía continúa recabando pruebas para esclarecer las circunstancias del crimen y fortalecer la teoría del caso de cara a las próximas etapas del proceso judicial.
2026.5.29 Caso Alas Chiricanas: Ali Zaki Hage Jalil presenta prescripción para evitar juicio por atentado terrorista
De manera paralela, la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga solicitó que el expediente sea declarado causa compleja.
El principal investigado por el atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, Ali Zaki Hage Jalil, presentó un incidente de prescripción de la acción penal, en un intento por evitar ser llevado a juicio por la muerte de 21 personas ocurrida el 19 de julio de 1994.
La solicitud fue interpuesta por su defensa, el abogado Alexis Ríos Samudio, ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y quedó bajo análisis del magistrado José Hoo Justiniani.
Hage Jalil, de origen palestino con doble nacionalidad, venezolana y colombiana, fue imputado por el Ministerio Público como presunto autor del atentado que provocó la explosión de la aeronave HP-1202 poco después de despegar del aeropuerto Enrique Jiménez, en France Field, provincia de Colón.
Se le atribuyen delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso, así como delitos contra los medios de transporte y comunicación.
El próximo miércoles 3 de junio vence el término para la notificación de las partes y, posteriormente, correrán tres días para la presentación de objeciones al incidente de prescripción que busca que se declaré extinguido el proceso.
De manera paralela, la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga solicitó que el expediente sea declarado causa compleja, lo que permitiría extender por un año adicional el periodo de investigación debido a diligencias pendientes dentro de las pesquisas que adelanta el Ministerio Público.
Más de tres décadas después del atentado
Hage Jalil fue extraditado desde Venezuela el pasado 20 de abril, luego de permanecer más de 31 años fuera del alcance de la justicia panameña. Actualmente está bajo custodia de unidades especiales de la Policía Nacional en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.
El caso había sido archivado provisionalmente el 19 de noviembre de 2006 por el Segundo Tribunal Superior; sin embargo, en 2019 la Fiscalía de Descarga solicitó la reapertura de la investigación basada en información suministrada por el Estado de Israel y Estados Unidos que lograron identificar al autor principal y su ubicación.
De acuerdo con informes del Ministerio Público, Hage Jalil mantiene presuntos vínculos con el grupo chií libanés Hezbolá y también habría sido relacionado con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, Argentina, un día antes del atentado en Panamá.
El ataque contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas dejó tres tripulantes y 18 pasajeros. Entre las víctimas había 12 ciudadanos de origen israelí, tres estadounidenses y cuatro panameños.
Las autoridades sostienen que Jalil no habría actuado solo y que existen otros implicados dentro de la operación terrorista. La Fiscalía mantiene cargos contra otros sospechosos vinculados al caso.
2026.5.12 Martinelli: ‘No me puedo quedar callado, tengo que denunciar a Sergio Davis’
Según Martinelli, Davis trata de meterse en el gobierno actualmente vendiendo programas de computo.
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, lanzó este martes advertencias luego de que Sergio Davis, un supuesto agente extranjero, haya vuelto a escena con la finalidad de colarse en el gobierno.
De acuerdo con Martinelli, Davis es “un chantajista, que anda viendo a quién estafa y cómo se cuela en el gobierno”.
“No me puedo quedar callado, tengo que denunciar formalmente a este estafador que se llama Sergio Davis Riera. Este señor se hace pasar por agente de la DEA, el FBI y le mete los pelos para adentro a cualquiera porque habla español muy mal, con acento en inglés”, expuso Martinelli.
Según Martinelli, Davis trata de meterse en el gobierno actualmente vendiendo programas de computo, que deben estar intervenidos.
“Él tenía una pinchadora, y decía que pinchaba a favor de algunos americanos, lo cual era mentira. Tenía armas de contrabando por eso fue encausado”, comentó.
También dijo que al ser compañero de Roy Cortizo nunca le pasó nada.
“Nunca le pasó nada, quedó impune. No es una persona que está haciendo las cosas bien”, comentó.
Antecedente
El caso de la incautación de 48 armas de fuego sin permisos, algunas de ellas con los números de serie limados, sigue impune, a pesar de que existen suficientes méritos para la investigación.
A Sergio Davis se le vinculó con un local ubicado en el sector de Parque Lefevre, donde en 2019 se realizó un allanamiento que resultó en la incautación del arsenal de armas.
Además, a lo largo de los años, el caso ha presentado varias irregularidades, lo que ha motivado el llamado de atención de jueces.
En este contexto, la jueza de garantías Teodolinda Cardoze cuestionó a la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada por no haber imputado a los involucrados.
2026.4.12 Delincuentes irrumpen en vivienda de directora regional del Mides en Margarita, Colón
Presuntamente, cinco delincuentes vestidos de negro y con capuchas golpearon y amordazaron a los ocupantes de la vivienda para luego sustraer un vehículo, además de celulares y otros bienes de valor.
Una familia de la comunidad de Margarita, en la provincia de Colón, vivió momentos de terror la madrugada de este domingo, cuando varios sujetos ingresaron de manera sorpresiva a su vivienda.
De acuerdo con la información preliminar, se trató de un robo a mano armada en la residencia donde vive la actual directora regional del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Raquel de Camacho.
Presuntamente, cinco delincuentes vestidos de negro y con capuchas golpearon y amordazaron a los ocupantes de la vivienda para luego sustraer un vehículo, además de celulares y otros bienes de valor.
Tras lo ocurrido, miembros de la comunidad reiteraron su preocupación por la apertura del camino entre La Cresta y Margarita, señalando que esta vía podría estar siendo utilizada como ruta de acceso y escape por parte de delincuentes.
Ante esta situación, los moradores hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la Policía Nacional para que refuercen los operativos de vigilancia y aumenten las rondas policiales, con el fin de garantizar la seguridad en el sector.
En el marco de un operativo contra la minería ilegal, unidades de inteligencia y la Brigada Este del Servicio Nacional de Fronteras, en coordinación con la Fiscalía de Ambiente, llevaron a cabo un operativo en el que fueron aprehendidos cinco ciudadanos presuntamente vinculados a la actividad de minería ilegal.
Durante la acción, se logró el decomiso de diversos implementos utilizados para la extracción de minerales, entre ellos bateas, tanques, palas, cohas, machetes y varillas de hierro.
Además, fueron confiscados teléfonos celulares y oro en granos.
De igual forma se hicieron las respectivas coordinaciones con la Sección de Verificación de Desempeño Ambiental del Ministerio de Ambiente.
Estas acciones ejecutadas por SENAFRONT, son forman parte de la estratégia de seguridad del Plan Firmena en contra el crimen organizado en todas sus modalidades.
Los hechos que dieron origen a esta nueva condena se registraron el 3 de febrero de 2020, cuando logró escapar del Centro Penitenciario La Nueva Joya.
El ciudadano dominicano Gilberto Ventura Ceballos, de 50 años, recibió este lunes su tercera condena por parte de la justicia panameña, esta vez por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de evasión agravada, tras fugarse de un centro penitenciario en 2020.
Como sanción principal, Ventura Ceballos fue condenado a 64 meses de prisión, además del decomiso de 700 dólares como pena accesoria.
La decisión fue tomada por el Tribunal de Juicio Oral, presidido por Fernando Basurto, junto a los jueces Erick Valencia y Boston Estribi, quienes emitieron la Sentencia N.° 49/TJ-A del 24 de febrero de 2026.
El fallo se dio luego de que el tribunal validara un acuerdo de pena entre el Ministerio Público, representado por las fiscales Yamileth Pimentel y Frederick Montero, y la defensa del condenado, a cargo del abogado Roys Navarro.
Los hechos que dieron origen a esta nueva condena se registraron el 3 de febrero de 2020, cuando Ventura Ceballos logró escapar de una celda de máxima seguridad del Centro Penitenciario La Nueva Joya.
Tras su evasión, las autoridades activaron un operativo de búsqueda a nivel nacional, que culminó el 13 de febrero de 2020, con su recaptura en la provincia de Chiriquí.
En ese momento, el reo cumplía una condena de 30 años de prisión por el secuestro y homicidio de tres de cinco jóvenes universitarios de ascendencia china en La Chorrera, asesinados entre 2010 y 2011.
El caso que estremeció a Panamá
Por estos crímenes, Ventura Ceballos había sido sentenciado inicialmente a la pena máxima en Panamá: 50 años de cárcel. Sin embargo, en 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó la condena, al ordenar que se respetara el acuerdo de extradición con el Estado que accedió a entregarlo para que enfrentara la justicia panameña.
Las víctimas eran propietarios de locales dedicados a la venta y reparación de celulares en La Chorrera. Según las investigaciones, los principales implicados —entre ellos Alcibíades Méndez y Ventura Ceballos— mantenían contacto comercial con ellos, ya que también operaban puestos ambulantes de reparación de teléfonos móviles.
Los jóvenes fueron secuestrados y mantenidos cautivos en una vivienda ubicada en el sector de El Trapichito, donde fueron asesinados y enterrados en fosas clandestinas, un hecho que marcó profundamente a sus familias y a la sociedad panameña.
Primera fuga: La Joyita, 2016
La historia de evasiones de Ventura Ceballos comenzó el 28 de diciembre de 2016, cuando logró escapar del Centro Penitenciario La Joyita, en Las Garzas, mientras permanecía en prisión preventiva por el caso de los homicidios.
En ese momento, se encontraba recluido en el pabellón 7 y fue sacado bajo custodia policial para realizar trámites legales. Durante ese traslado, burló los controles de seguridad y desapareció sin dejar rastro.
Permaneció prófugo durante casi un año, hasta ser localizado y capturado el 29 de septiembre de 2017 en Costa Rica. Posteriormente, fue extraditado a Panamá, donde enfrentó cargos adicionales por evasión y recibió una condena de cinco años más.
Con esta tercera sentencia, Gilberto Ventura Ceballos suma un nuevo capítulo a un expediente judicial marcado por crímenes de alto impacto y reiterados intentos de evadir a la justicia.
2026.4.6 Venezolano enfrenta cargos por hurto, robo y violación en Minsa de Colón
Este hombre ingresó el Sábado de Gloria a las oficinas regionales del Minsa, y sustrajo 3 laptops y agredió a una funcionaria que estaba en laborando.
Cleiber Astudillo, de 24 años y de nacionalidad venezolana, fue presentado este lunes en la sala de audiencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA) por los casos de hurto, robo y violación en la sede del Ministerio de Salud (Minsa) de la provincia de Colón.
Este sujeto ingresó el Sábado de Gloria a las oficinas regionales del Minsa, de donde sustrajo tres laptops y agredió a una funcionaria que realizaba labores de coordinación por la Semana Santa en materia de urgencias.
Por ello, este ciudadano venezolano enfrenta cargos por los delitos de hurto agravado, robo agravado y violación, por lo que se le decretó detención provisional.
El caso es atendido por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.
En la audiencia también se procedió con la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra este hombre, peticiones que fueron admitidas.
De acuerdo con la investigación de los funcionarios judiciales, el hecho ocurrió la mañana del 4 de abril de 2026 en el edificio del Ministerio de Salud (Minsa), en el corregimiento de Barrio Sur, cuando el imputado forzó la puerta e ingresó a la oficina de la dirección médica.
Este ciudadano se apoderó de tres computadoras portátiles; además, entró al baño y, mediante violencia e intimidación con el uso de un arma blanca, afectó la libertad y causó lesiones a una mujer, despojándola de dos anillos y un teléfono móvil.
La rápida acción policial permitió la aprehensión del ciudadano extranjero poco después de haber cometido estos delitos.
El caso guarda relación con el femicidio de Claudia Timpson, estudiante de Derecho de 22 años, quien fue hallada sin vida el 15 de diciembre de 2024 en los terrenos adyacentes al Estadio Rod Carew, en la vía Centenario, corregimiento de Ancón.
Ciudad de Panamá, Panamá/La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, negó la solicitud de sustitución de la medida cautelar personal de detención provisional por depósito domiciliario en el proceso seguido contra Ronaldo Machado Soto, excandidato a representante de Ancón y exfuncionario de la Asamblea Nacional, imputado por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de femicidio doloso.
El caso guarda relación con el femicidio de Claudia Anabel Timpson, estudiante de Derecho de 22 años, quien fue hallada sin vida el 15 de diciembre de 2024 en los terrenos adyacentes al Estadio Rod Carew, en la vía Centenario, corregimiento de Ancón.
De acuerdo con la investigación, la joven falleció tras recibir impactos de bala presuntamente disparados por su expareja sentimental, Machado Soto. Durante la audiencia realizada el viernes 27 de febrero, la jueza consideró que los riesgos procesales se mantienen vigentes, subrayando la gravedad del hecho y señalando que no han variado los elementos que sustentaron la imposición de la medida privativa de libertad.
Machado Soto había sido formalmente imputado el 17 de diciembre por los delitos de femicidio y robo agravado, y se le ordenó detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
Defensa apelará
La solicitud de cambio de medida cautelar fue presentada por la defensa técnica particular, Reynaldo Ceballo, quien anunció la interposición de un recurso de apelación contra la decisión judicial.
La audiencia de apelación fue programada para el próximo 13 de marzo, a las 2:00 p.m., en la sala 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.
En representación del Ministerio Público de Panamá participó la fiscal Yeni Samudio, mientras que por la querella intervino el abogado de las víctimas, Rafael Hosan. El proceso judicial continúa en fase de investigación.
A Abraham Rico Pineda se le formuló cargos por blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas dentro de la llamada Operación Jericó.
A 18 meses de iniciarse la investigación, a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, le fue reemplazada la medida cautelar de detención provisional por la de casa por cárcel.
Ahora, en lugar de permanecer en detención provisional, deberá cumplir su arresto en casa. La decisión pone fin a meses de incertidumbre y marca un giro importante en el caso.
Familiares y allegados recibieron con alivio la resolución, que confirma que por ahora no hay pruebas que lo vinculen a los delitos investigados.
Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024 por agentes de la Policía Nacional frente a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, en la capital.
Ese mismo día su aprehensión fue legalizada por un juez, quien le impuso detención provisional y le formuló cargos por blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas dentro de la llamada Operación Jericó.
La operación fue el resultado de una investigación de la Fiscalía de Drogas en la que se buscaba desarticular una red criminal supuestamente dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero.
La Operación Jericó es un expediente que arrancó el 30 de junio de 2023 y acumuló investigaciones, interceptaciones y allanamientos en varias provincias del país, apuntando a una estructura que, según el Ministerio Público, movía drogas y capitales ilícitos.
En ese contexto, la Fiscalía imputó a Rico Pineda alegando que habría utilizado empresas como Servicios Múltiples Rama para blanquear fondos presuntamente provenientes del narcotráfico, con base en transcripciones de escuchas telefónicas y análisis financieros.
Desde su captura en agosto de 2024 y durante los meses siguientes, Rico Pineda estuvo detenido en el centro penitenciario El Renacer cumpliendo detención provisional mientras avanzaba la investigación penal, en medio de solicitudes de la defensa para cambiar su medida cautelar por otra menos restrictiva.
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2026.1.14 Tercera jornada del juicio por el caso Odebrecht continúa con lectura de acta
Se prevé continuar con la lectura del auto de enjuiciamiento, que supera las 400 páginas, y posibles avances en la fase probatoria
La tercera jornada del juicio por el caso Odebrecht en Panamá está programada para hoy, miércoles 14 de enero de 2026, en el Palacio de Justicia Gil Ponce, bajo la presidencia de la jueza Baloisa Marquínez. Se espera que hoy se concluya con la lectura del auto de llamamiento a juicio, un documento de más de 400 páginas que detalla las acusaciones de blanqueo de capitales por sobornos de Odebrecht y avanzar a la fase de presentación de pruebas.
El juicio inició el lunes 12 de enero con la comparecencia de 23 imputados, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli, exministros, empresarios y particulares, todos declarados no culpables. Odebrecht admitió pagar sobornos por unos 59 millones de dólares en Panamá para proyectos como el Metro, vía costera y ampliación del aeropuerto.
El primer día validó dos acuerdos de pena y atendió incidentes legales, como un amparo para excluir a un imputado. El segundo día, el 13 de enero, profundizó la lectura del auto, detallando rutas de dinero vía sociedades offshore hacia Andorra y Panamá, pese a ausencias de algunos abogados defensores. La fiscal Ruth Morcillo y su equipo sustentan las pruebas de una red de lavado vinculada a coimas.
El excandidato presidencial del antiguo partido de Martinelli, Cambio Democrático (CD), José Domingo Arias, reiteró este martes antes de entrar a la audiencia su inocencia del cargo de blanqueo que enfrenta porque su campaña recibió dinero procedente de la constructora.
Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), y un exministro debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares confesaron en una corte federal de Estados Unidos que participaron “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección” de Odebrecht por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron “por órdenes del padre”, por lo cual ya pagaron cárcel en el país norteamericano, que los deportó a Panamá en enero de 2023.
El expresidente Martinelli participa en este juicio de forma virtual, pues está asilado desde mayo pasado en Colombia, a donde llegó tras permanecer refugiado más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá para evitar ir a prisión después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.
La investigación por este caso se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, entre ellos Panamá – y culminó en octubre de 2018.
Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en Panamá.
La Fiscalía ha logrado más de una decena de acuerdos de pena con los imputados, que inicialmente eran 36 personas.
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó la sentencia de primera instancia y condenó al exministro de Obras Públicas, Federico “Pepe” Suárez, a ocho años de prisión por el delito de peculado doloso, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La decisión quedó consignada en la sentencia de segunda instancia No. 27, del 1 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal revocó el fallo absolutorio dictado el 2 de abril de 2025 por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, entonces a cargo de la jueza Águeda Rentería. Los magistrados concluyeron que existieron responsabilidades penales en la ejecución del contrato de la autopista Arraiján–La Chorrera, una de las principales obras viales del país, desarrollada durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
El fallo también alcanzó a otros implicados en el proceso. Daniel Miguel Ochy, Lester Mendoza y Miguel González Martínez fueron condenados a ocho años de prisión, mientras que Alcides Velásquez recibió una pena de seis años. En tanto, el Tribunal decidió mantener la absolución de Marco Antonio Saavedra.
El denominado caso Autopista Arraiján–La Chorrera se originó a partir de irregularidades en el contrato de diseño, construcción, rehabilitación y ensanche de la vía, ejecutado entre 2010 y 2017. La investigación reveló sobrecostos, manejo indebido de fondos públicos y una afectación directa al patrimonio del Estado.
El proceso judicial se inició en 2015, tras un informe de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, que advirtió sobre una lesión patrimonial estimada en 7.9 millones de dólares. La complejidad del caso quedó reflejada en un expediente de 128 tomos, que evidencia la magnitud técnica, financiera y legal de la causa.
Tres personas más resultaron heridas de gravedad en accidente de bus de la ruta Tanara-Vía España
Una escena de terror vivieron los pasajeros de un bus “Diablo Verde” de la ruta Tanara-Vía España la noche del lunes en el puente del río Pacora.
Un viejo bus cargado con la vida de 30 pasajeros, se convirtió en una trampa de muerte cuando el eje trasero se desprendió por completo, provocando que la pesada mole volcara y quedara volcado en medio de la vía.
Entre el estruendo del metal retorcido y los gritos de auxilio, la muerte hizo su aparición. Una de las pasajeras mujer murió de forma instantánea. Al menos 15 personas más resultaron heridas y fueron llevados al hospital Regional de Chepo y otros al Irma de Lourdes Tzanetatos .
La escena era dantesca: el bus volcado, sin sus llantas traseras y a milímetros de precipitarse al caudal del río. Este siniestro ha reavivado la furia de la ciudadanía, quienes denuncian que estos vehículos son bombas de tiempo que circulan sin mantenimiento.
Internautas y testigos no callaron su indignación ante lo que consideran un secreto a voces: conductores que compiten por centavos como si transportaran mercancía inerte y no seres humanos. Unidades con décadas de explotación que ya no deberían estar en las calles.
Los usuarios hicieron un llamado urgente a la Policía de Tránsito para realizar pruebas de antidoping y sacar de circulación estas “trampas de muerte”.
Las autoridades ya iniciaron las investigaciones, mientras el eco de los gritos en el puente de Pacora aún resuena como una advertencia de que, en cualquier momento, el “diablo” volverá a pasar factura y causarle la muerte a un inocente.
La víctima fue sorprendida por sus verdugos que llegaron en un auto
El sector conocido como El Porvenir ubicado en el corregimiento de Pedregal se tiñó de sangre nuevamente la noche del lunes.
La “pelona” volvió a hacer de las suyas en ese lugar y recogió con sus manos huesudas a una nueva víctima en medio de la violencia.
Un hombre, identificado como Jhosue Guerra Santos, 28 años, fue sorprendido por sus verdugos cuando llegaron en un automóvil que se detuvo en seco.
Con una frialdad aterradora, uno de los ocupantes se bajó del vehículo y se acercó a su presa. Sin miramientos, desató un torrente de balas: al menos 15 disparos resonaron en la oscuridad, dejando el cuerpo sin vida tendido en el pavimento.
Cuando los vecinos del lugar se asomaron para ver qué había desatado tantas detonaciones vieron el cuerpo del desconocido tendido en el pavimento en medio de un charco de sangre.
La escena, tras el crimen fue rápidamente cercada por el Ministerio Público, que recogió evidencias para tratar de esclarecer este hecho de sangre.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que superan los 45 años de prisión, al tratarse de cinco delitos graves.
Dos jóvenes entre 21 y 22 años fueron señalados por las autoridades como los presuntos autores del homicidio del adulto mayor Daniel Sáenz Cortez, de 74 años, un crimen que ha estremecido al distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé.
Según el Ministerio Público, la pareja fue aprehendida de manera provisional y enfrenta cargos por privación de libertad, homicidio doloso agravado, asociación ilícita para delinquir, robo agravado y delito financiero, tras una investigación que permitió reconstruir los hechos.
Se trata de José Antonio Martínez, de 22 años, y Lorena Ibarra, alias “La Mony”, de 21 años.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en las aguas de un lago en Penonomé, dando inicio a las diligencias judiciales. Posteriormente, las autoridades lograron ubicar el vehículo del adulto mayor en el distrito de San Miguelito, donde fue interceptado mientras era conducido por Martínez, con Ibarra como copiloto.
Durante la audiencia de solicitudes múltiples, realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Penonomé, la Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados. De acuerdo con el fiscal de la cuasa, Sáenz Cortez murió a causa de una laceración cardíaca y trauma torácico, provocados por múltiples golpes con objetos contundentes en la cabeza y extremidades.
La Fiscalía sostuvo que la manera en que se ejecutó el crimen revela premeditación, por lo que no se descarta la participación de otras personas, al considerar que los imputados no habrían actuado solos.
Como medida cautelar, el juez ordenó la detención provisional por seis meses para ambos imputados, mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial entra en su siguiente fase. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que superan los 45 años de prisión, al tratarse de cinco delitos graves.
Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación, con el objetivo de esclarecer plenamente este hecho que ha generado consternación y alarma en la comunidad penonomeña.
El exfuncionario ya había sido imputado por el delito de peculado agravado, relacionado con la presunta malversación de $454,184.30.
En una audiencia de revisión de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción logró que se mantuviera la medida de detención provisional contra Paulino Domínguez, exrepresentante de la Junta Comunal de El Carate (periodo 2019-2024) por el PRD, en el distrito de Las Tablas.
Durante la diligencia, la fiscalía se opuso a la solicitud de sustituir la detención provisional por una medida menos severa, argumentando la gravedad de los hechos imputados. El tribunal acogió la posición del Ministerio Público y decidió mantener la medida cautelar.
El exfuncionario ya había sido imputado por el delito de peculado agravado, relacionado con la presunta malversación de $454,184.30.
De acuerdo con la investigación, el caso está vinculado a irregularidades en la gestión de fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de Descentralización, donde se detectaron inconsistencias y falta de justificación en el uso de sumas significativas de dinero que debían destinarse a beneficio de las comunidades.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene las investigaciones para esclarecer el manejo de estos fondos públicos.
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