2025.6.13 Traición mortal: condenaron a 14 años de prisión a una mujer que entregó a su amiga para que la asesinen
El crimen ocurrió el 6 de diciembre de 2021, delante de las hermanas de la víctima. La detuvieron en Mar del Plata.
En un caso que conmocionó a Rosario, el 6 de diciembre de 2021 María Cristina Carabajal fue asesinada de un tiro en la cabeza frente a sus hermanas. Casi cuatro años después, la Justicia condenó a la persona responsable de “entregarla” para que la asesinen: una amiga de la víctima.
Se trata de Rocío Soledad Castro, quien en las últimas horas recibió una pena de 14 años de prisión por su participación en el crimen de Carabajal. La sentencia fue dictada por el tribunal del Centro de Justicia Penal, compuesto por las juezas Silvia Castelli, Valeria Pedrana y Paula Álvarez.
Un plan macabro y un móvil incierto
El Ministerio Público de la Acusación no tiene dudas sobre el rol de Castro como partícipe necesaria en el crimen. Sin embargo, el móvil del asesinato sigue siendo un misterio.
Una de las hipótesis vinculaba el crimen con el pasado de la víctima, que había mantenido una relación con Facundo Ariel “Jirafa” Pérez, quien se encuentra detenido desde julio de 2023 como integrante de la banda del narcotraficante Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon.
Según indicaron distintos medios locales como La Capital, María había denunciado a Pérez por violencia de género, lo que llevó a que él pasara un tiempo detenido. Sin embargo, no se pudo probar la vinculación del hombre con el crimen.
Según testigos, el sicario esperó a la víctima aquel 6 de diciembre y le disparó a sangre fría, para después escapar en un auto.
La trampa mortal
El día del asesinato, Castro se comunicó con María para invitarla a tomar mate. A las 19.55, le envió un mensaje diciendo “Yendo (emoji de auto)”. A las 20.05, María respondió “ahí salimos”, y Castro contestó: “Sí, sí, espérame afuera”, “Ya llego”.
Pero cuando María salió de su casa, en lugar de encontrarse con su amiga fue interceptada por un hombre armado que le disparó en el cráneo.
El fiscal Lisandro Artacho sostuvo que Castro no fue una testigo inocente, sino que su rol fue indispensable para que el crimen ocurriera.
Otro detalle en el mismo sentido fue que, tras el asesinato, Castro dejó de usar la línea telefónica con la que se había comunicado con la víctima y no volvió a contactarse con ella ni con su familia.
La condena a Rocío Castro marca un paso importante en la búsqueda de justicia para María Carabajal, aunque el caso sigue rodeado de incógnitas sobre los verdaderos motivos detrás del asesinato.
2025.6.12 Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)
2025.6.12 Dictaron prisión preventiva para Facundo Jones Huala y ordenaron su traslado a la cárcel de Rawson
En el marco de la audiencia de formalización de cargos que se realizó de forma virtual, la Justicia Federal aceptó el planteo de la Fiscalía para mantener en prisión preventiva durante 90 días a Facundo Jones Huala, líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), y dispuso 180 días para llevar adelante la investigación por distintos delitos.
El activista será trasladado en las próximas horas a la Unidad Penitenciaria Federal de Rawson. Fue imputado formalmente por los fiscales Ángela Pagano Mata y Fernando Arrigo en orden al delito de apología del crimen, por un primer hecho reprochado, y por asociación ilícita agravada e intimidación pública, por un segundo suceso.
Jones Huala, de 38 años, fue detenido por la Policía Federal el domingo a la noche en El Bolsón, cuando descendió de un colectivo de línea que lo trasladó desde Bariloche. Luego de su captura, la fiscal Pagano Mata solicitó al Juez una orden para detenerlo, ya que hasta el momento no existían motivos para capturarlo.
Antes que llegue la respuesta del juez subrogante de Bariloche, Ezequiel Andreani, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció a través de sus redes “la nueva” detención de líder mapuche.
El primero de los hechos que le endilgan es por asociación ilícita, a partir de sus dichos en febrero pasado durante la presentación del libro que escribió durante su última detención en Chile, “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, cuyo video trascendió a través de las redes sociales.
Ante el auditorio, Jones Huala defendió los atentados incendiarios y los sabotajes como método de lucha “contra el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”. Validó además “cualquier método” para defender sus ideales, haciendo alusión a posibles atentados.
El Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de Chubut lo denunciaron por esas declaraciones, entendiendo que incurrió en incitación a la violencia colectiva, intimidación pública, apología del crimen y asociación criminal.
En ese orden, Andreani aceptó investigarlo por una posible violación al artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 8 años de prisión para quien integre organizaciones para imponer o combatir ideas a través del uso de la fuerza o el temor.
Sin embargo la Fiscalía solicitó investigarlo también por otros delitos más complejos, como la de formar parte de una asociación o banda destinada a cometer delitos, prevista en el artículo 210 del Código Penal; y poner en riesgo a la Constitución Nacional al formar parte de una organización criminal, contemplada en el 210 bis del mismo código. La pena prevista para este caso es de 5 a 20 años de prisión.
La defensa de Jones Huala, representada por Gustavo Franquet de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, planteó “irregularidades” en el proceso de detención, teniendo en cuenta que fue privado de su libertad sin que exista una orden judicial para hacerlo.
Cuestionó además el procedimiento, teniendo en cuenta que se enteró de los alcances del dispositivo varias horas más tarde de la detención, cuando “los medios de comunicación ya habían informado sobre el operativo”.
“Planteamos al juez que la detención fue ilegal, sin una orden previa, aunque él avaló el operativo y aseguró que se ajustó a derecho” dijo Franquet.
A partir de la prisión preventiva que ordenó el juez, Jones Huala regresará a un establecimiento penitenciario federal, tras haber permanecido varios años en la U 14 de Esquel durante el proceso previo a su extradición a Chile, donde fue condenado por el atentado incendiario a una propiedad privada.
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2025.6.9 Facundo Jones Huala was arrested again for inciting crime in Río Negro
The Federal Police arrested the leader of RAM in El Bolsón following a complaint by the Ministry of Security
Facundo Jones Huala, a leader of the Mapuche Ancestral Resistance (RAM), was detained again over the weekend in the town of El Bolsón, Río Negro province. The arrest was confirmed by the National Ministry of Security and was carried out following a report of advocating criminal activity.
The detention took place more than five months after his previous release, which occurred in January 2024. Back then, he was also caught by security forces attempting to open vehicles near an area affected by fires.
Patricia Bullrich confirmed the detention
The Minister of Security, Patricia Bullrich, officially announced the operation through her social media: “Jones Huala detained again by law enforcement. RAM is a violent and terrorist organization. With us, there is no impunity.”
Bullrich also emphasized that the national government keeps a firm security policy in the Patagonian region. “Southern Argentinians deserve to live in peace and this time he shouldn’t be released,” she stressed.
Advocating criminal activity and resisting authority
According to the National Director of Regulations and Judicial Liaison, Fernando Soto, Jones Huala’s recent detention was the result of a report for advocating criminal activity. “Jones Huala commits acts of terrorism, identifies as Mapuche, but sets forests on fire and doesn’t recognize the Argentine State,” he stated.
The incident occurred in the early hours of Sunday, when the security monitoring system detected a person acting suspiciously at the intersection of Avenida Sarmiento and Azcuénaga. According to the statement from the Río Negro government, the suspect was attempting to force open the doors of two vehicles.
Officers from Unit 12 intercepted him about 100 meters (328 feet) from the scene. “He reacted violently, shouting protests and attacking the officers with punches and kicks,” the official report detailed.
The provincial government celebrated the arrest
The governor of Río Negro, Alberto Weretilneck, spoke out on social media after the operation: “The Río Negro Police demonstrated firmness and efficiency. Facundo Jones Huala was detained in El Bolsón while attempting to steal vehicles in the city center. An individual with a long criminal record who is once again behind bars.”
Despite his subsequent release by judicial decision, the Mapuche leader was arrested again in recent hours, as part of an ongoing case.
Connection to recent attacks
Jones Huala’s profile returned to public prominence after the governor of Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, reported an attack at the “Amancay” ranch, which was destroyed by an intentional fire. The incident took place near Los Alerces National Park, where the Mapuche group Lof Paillako was recently evicted.
Torres linked the incident to acts of sabotage: “These types of attacks are not random. They are carried out by the same criminals as always.”
In February, Jones Huala presented his book Entre Rejas, Incendiary Antipoetry, in which he defends sabotage against “the infrastructure of the capitalist system, transnationals, and landowners.” Although he denied that RAM was behind the recent fires, he stated that he supports them.
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2025.2.15 Golpistas del fuego
Resulta un paso clave la decisión del gobierno nacional de declarar a los seudomapuches de la RAM como organización terrorista
Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) –declarada ayer organización terrorista mediante una resolución firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich–, difundió un video sobre la autoría de los incendios en la Patagonia con motivo de la presentación de Entre rejas, su último libro: “Reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista de las transnacionales, de los terratenientes”, sostuvo, antes de rectificarse negando que sus seguidores estuvieran prendiendo fuego los bosques donde –destaca– vive “su gente”.
Cabe recordar que desde hace décadas la RAM utiliza la metodología del estrago mediante incendios como herramienta de presión política.
Los antecedentes de este lonko weichafe (guerrero) en la materia son frondosos, con participación en ataques incendiarios en Chile, en 2013, que le valieron una condena a 9 años de prisión. El gobierno de Gabriel Boric lo expulsó luego de que la Corte Suprema local indicara que estaba detenido “ilegalmente”, por un tiempo superior al que se le obligó, y nuestro generoso país volvió a abrirle las puertas en agosto pasado a quien se presenta diciendo: “Soy revolucionario, anticapitalista, antisistema”, y reivindicando la lucha armada.
Quedó probado en el juicio que se llevó contra este siniestro personaje en Chile, tras ser extraditado en 2018, que recibió instrucción de Cuba y financiamiento europeo. Durante la gestión kirchnerista, los seudomapuches recibieron también protección y financiamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tal como revelaron dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El dinero del Estado no se destinó a realizar obras, sino a pagar honorarios a abogados luego de la ocupación violenta de terrenos.
Años y años de nefastos avales políticos de todo tipo solo contribuyeron a que principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y las autonomías provinciales quedaran pisoteados bajo el accionar de estos grupos violentos que atentan gravemente contra nuestra soberanía
El actual gobierno ha señalado nuevamente a ese grupo seudomapuche como autor de los incendios que arrasan miles y miles de hectáreas en el sur del país.
“La RAM representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”, expresa la resolución firmada por Bullrich, que deberá ser refrendada por la Cancillería conforme los pasos legales necesarios para incorporar a una agrupación en la lista de actividades terroristas.
El Código Penal dispone penas de entre 5 y 20 años de prisión para quienes integren una organización terrorista.
Años de avales políticos de todo tipo solo contribuyeron a que principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial quedaran pisoteados bajo el accionar de estos grupos violentos que atentaron gravemente contra la soberanía nacional. En 2021, el propio embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, fue severamente criticado por haber defendido a Jones Huala en una audiencia, según se intentó justificar, “para garantizar la regularidad del proceso”.
El mes pasado, la Policía de Río Negro había detenido a Jones Huala en El Bolsón cuando intentaba robar unos vehículos a las 4 de la mañana, para liberarlo luego sin imputarlo. A raíz de sus dichos reivindicatorios de los atentados ya fue denunciado penalmente por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien atribuyó los focos ígneos a grupos mapuches, calificó de “imbécil” a Jones Huala por envalentonar a jóvenes en pos de una falsa lucha ideológica, poniendo vidas en juego. No fue el primero en insistir en que debería estar preso.
El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, responsabilizó a los seudomapuches por los grandes incendios que afectan a Chubut, Río Negro y Neuquén y relacionó esos ataques como respuesta a las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad Nacional relativas a la recuperación de terrenos usurpados por falsas comunidades e incluso con el corte de los subsidios que recibían.
Con las leyes de reiterancia y reincidencia, ya aprobadas por Diputados y que esperan ser debatidas la semana próxima en la Cámara alta, los delitos federales cometidos por el líder de la RAM lo pondrían a la sombra.
Ebrio y vestido con ropa de mujer, Jones Huala había sido detenido en una vivienda tomada por la fuerza en El Bolsón en febrero de 2023, después de permanecer prófugo de la Justicia chilena, gracias a la complicidad de muchos durante más de casi un año. Al ser detenido, dijo que se sentía avergonzado y que había cometido una falta grave a la autodisciplina, no sin acusar al gobierno nacional de persecución política.
Desde hace más de 5000 años, los aguerridos mapuches, originarios de Chile, están en América. No hay registros históricos de asentamientos en nuestro país hasta su posterior arribo a estas tierras, donde asolaron a las tribus originarias para traficar sus mercancías y ganado.
Comunidades mapuches de la zona de Junín de los Andes, desde el Valle de Magdalena, piden ayuda para enfrentar los incendios que destruyen sus bosques, claves para su sostenimiento. Quienes pretenden apropiarse de una identidad ajena con viles fines e indignantes arengas quedan claramente expuestos en sus comportamientos. No podemos permitir que el terrorismo ambiental destruya nuestro tan valioso como irrecuperable patrimonio natural.
En la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial fueron declarados cumplidos los requisitos para inscribir a la RAM en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (Repet).
Se estableció, además, que desde que se derogó el decreto que impedía los desalojos de tierras usurpadas, una situación que se extendió de manera inconcebible durante 18 años, los incendios en los bosques del sur argentino, especialmente en Neuquén, Río Negro y Chubut, fueron en aumento y que, en diversos casos, se probó que se iniciaron de manera intencional y que abundan las denuncias en tal sentido.
El Gobierno ha dado un paso importante en la lucha contra estos delincuentes que atentan contra la naturaleza, las personas y la seguridad pública, apropiándose y destruyendo bienes que no les pertenecen.
Como certeramente señaló días atrás un lector de LA NACION, personajes como Jones Huala deben ser expulsados o confinados a una cárcel de verdad.
A 24 años años del crimen
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata dictaminó una resolución para que se realicen dos extracciones de ADN a fin de determinar el quinto policía involucrado en el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por oficiales de la Bonaerense el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar.
El padre de la víctima, Gustavo Melmann sostuvo que cuatro de los ocho policías sospechosos habían apelado para que no se lleven a cabo los estudios, pero ahora la Justicia revocó esa medida, por lo que se llevará a cabo el examen forense en los otros seis presuntos uniformados involucrados.
“Dos policías autorizaron la extracción y otros dos la negaron, quienes no se someterán a dicho análisis. Son tres de Miramar y otro de Neuquén”, precisó el hombre, a la vez que recriminó al juez por dar lugar a la apelación “porque se encontraba fuera de término”.
En este sentido, reclamó que este “calvario se debería haber terminado y resulto hace 24 años con la extracción de la sangre” y responsabilizó “al Estado y a la Policía Bonaerense por quitarle la vida a mi hija”: “Se tendrían que haber ocupado de esclarecer quienes fueron estos monstruos”.
“Este es el principio porque vamos a tener un ADN si es que lo logramos con estas extracciones y después va a haber que generar pruebas”, añadió.
Gustavo lamentó que los asesinos “les desgastaron la vida” a él y su mujer -Laura Calampuca- porque “están haciendo un esfuerzo enorme por amor a Nati” para encontrar al quinto culpable por el femicidio.
“Nuestra salud física y mental no da más. Queremos lograr que aquellos que participaron en la muerte de nuestra hija sean castigados, pero la responsabilidad es del Estado porque es quien tendría que llevar directamente adelante la investigación”, reiteró el padre de Melmann.
2025.6.11 Argentina de 22 años murió atropellada en Brasil: el conductor circuló con su cuerpo sobre el techo
La víctima fue identificada como Viviana Villalba. El conductor fue detenido acusado de “Homicidio culposo”. “Pensé que había atropellado un perro”, sostuvo el hombre al momento de ser arrestado.
Una joven argentina de 22 años, murió en Brasil de una forma brutal. No solo fue atropellada, sino que el conductor que la embistió circuló con su cuerpo sobre el techo cerca de 3 kilómetros. El caso está en plena etapa investigativa de la Justicia del vecino país. “Recién me di cuenta cuando llegué a mi casa. Pensé que había atropellado un perro”, sostuvo el conductor inculpado, al momento de ser detenido.
La víctima fue identificada como Viviana Villalba, quien era oriunda de Tartagal, Salta; según se presentaba en las redes sociales, pero vivía en Misiones. La joven que era mamá de una nena de 4 años, residía en la localidad brasileña desde hace unos dos semanas, donde también trabajaba en una disco de la zona.
El hecho tuvo lugar durante la madrugada del domingo pasado, cerca de las 4, sobre la ruta ERS-344, a la altura del kilómetro 65, entre las ciudades de Giruá y Santo Ângelo, noroeste del estado de Rio Grande do Sul. De acuerdo a lo registrado por las cámaras de vigilancia ubicadas sobre la ruta, el impacto tuvo lugar entre las 3.48 y las 3.52 de la madrugada.
“El cuerpo de la mujer fue impactado por el Volkswagen Fox en plena ruta y fue trasladado cerca de 3 kilómetros en la parte trasera del auto. El automovilista nos dijo que se dio cuenta de que había impactado con algo, pero que nunca se percató que había sido una persona”, publicaron medios locales.
“En las imágenes se ve claramente cómo el cuerpo de la víctima está sobre el auto”, confirmó la policía Elaine Maria da Silva, a cargo de la investigación.
Fue recién cuando el conductor llegó a su casa, el momento en el que advirtió que tenía “el cuerpo de la joven argentina incrustada en su vehículo”. El hombre que conducía el vehículo que atropelló a la joven, iba acompañado de una mujer. Inmediatamente llamó a la Policía. Aunque se negó a realizar el test de alcoholemia, según consignó el medio misionero El Territorio.
El cuerpo de Villalba fue encontrado incrustado en la parte trasera del Fox con un buzo negro y calzado, pero carecía de pantalones. Lo que llamó la atención es que la víctima tenía las piernas al descubierto, y sólo llevaba puesta ropa interior, de acuerdo a lo que consignó la brigada especial de Brasil.
También que hay marcas de neumático en la zona donde se produjo el incidente. Cómo si hubiera intentado frenar bruscamente.
Los restos de la joven de 22 años fueron trasladados al Instituto Médico Legal de São Luiz Gonzaga, para la realización de una autopsia que permita esclarecer las causas de su brutal muerte.
La familia de la joven ya fue notificada de su deceso y se están haciendo los trámites de repatriación del cuerpo. El caso quedó caratulado como “Homicidio culposo” contra el conductor y el caso es investigado por la Policía local de Giruá.
2025.6.8 Fernando Albareda confesó el crimen de su madre
2025.6.8 Fernando Albareda confesó el crimen de su madre: “No sé si estoy arrepentido”
Desde la cárcel de Bouwer, el hombre reveló detalles del asesinato.
En la noche del 1 de agosto de 2024, el exdirigente de derechos humanos e hijo de un policía desaparecido, Fernando Albareda, asesinó a su madre de 76 años. Lo hizo en un acto que él mismo describe como una “explosión de odio ancestral”, según dijo a La Voz.
Asimismo, el hombre aseguró que el crimen detonó por una disputa económica y por profundas heridas familiares ligadas a la desaparición de su padre en la última dictadura militar argentina.
FERNANDO ALBAREDA CONFESÓ EL CRIMEN DE SU MADRE
Desde la cárcel de Bouwer, Fernando admitió haber asesinado a su madre, Susana Montoya. También narró los eventos que lo llevaron a convertirse en el “victimario” de quien, según su relato, fue también su “victimaria”. “No sé si estoy arrepentido”, afirmó.
De acuerdo a sus palabras, el detonante del homicidio fue una discusión sobre el cobro de 76 millones de pesos, una indemnización por la reconstrucción del legajo policial de Ricardo Fermín Albareda, exmarido de Susana y padre de Fernando.
REVELÓ LOS DETALLES DEL CRIMEN DE SUSANA MONTOYA
Susana había prometido una parte de este dinero a los hijos de Fernando, pero días antes del crimen se retractó, anunciando que se lo daría a Ricardo, el otro hijo. Tras la discusión, mientras su madre le daba de comer a los perros en el patio, Albareda la ahorcó con una soga.
El ataque no terminó allí: la golpeó con una piedra y un ladrillo, le clavó un cuchillo y trató de quemar el cuerpo. Para desviar la investigación, escribió una amenaza falsa en una pared: “Los vamos a matar a todos. Ahora van tus hijos. HDP. #Policía”.
Más allá del dinero, el crimen tiene raíces en un profundo odio y una historia familiar marcada por el trauma. Fernando vinculó a su madre con la desaparición de su padre en 1979, sospechando que lo entregó a sus asesinos. Descubrió un documento policial firmado por ella, donde confirmaba que su padre era militante del PRT, y cuestionó que su madre recibiera pensión y trabajo policial tras la “baja deshonrosa” de su padre. A pesar de sus reiterados intentos por obtener la verdad, Susana siempre lo negó.
El hombre contó que su infancia estuvo signada por la ausencia de su padre, los maltratos de su abuelo y madre, y su posterior internación en un instituto de menores donde sufrió abusos por parte de profesores. Relató que su madre nunca lo visitó en el instituto y que incluso autorizó a uno de sus abusadores a llevarlo a su casa. Esta serie de eventos lo llevaron a sentirse una “persona rota” y “destruida por la dictadura”.
FERNANDO ALBAREDA: CÓMO SIGUE EL CASO EN LA JUSTICIA
Desde su encierro en Bouwer, Albareda insistió en que no hubo premeditación. Si bien intentó que el crimen “parezca otra cosa” para “no perjudicar a su familia”, hoy busca que se conozca su versión de los hechos.
Confesó haber “fallado” a los organismos y agrupaciones de derechos humanos que lo acompañaron. Su estado actual es de profunda ambivalencia: “No sé si hice bien, no sé”, reflexionó sobre si con este acto, quizás, hizo “justicia”. La fiscalía, por su parte, sostiene que la causa está elevada a juicio y que el ataque fue premeditado.
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2025.6.8 Fernando Albareda confesó el crimen de su madre: No sé si estoy arrepentido
Fernando Albareda lloró en la entrevista que concedió a La Voz del Interior en el penal de Bouwer, donde está detenido desde agosto de 2024 acusado de matar a su madre, Susana Montoya.
En el reportaje, entre sollozos, Albareda contó cómo mató a su madre. No pidió perdón. Dijo no saber si está arrepentido. Tampoco supo si hizo justicia.
El caso de Fernando Albareda, detenido en el penal de Bouwer, estremece no sólo por la brutalidad del crimen que confesó –el asesinato de su madre, Susana Montoya, el 1 de agosto de 2024– sino por la historia familiar atravesada por la dictadura, las heridas no cerradas, y una herencia que fue más simbólica que económica: el trauma.
Albareda narró los hechos en una entrevista con el periodista Ary Garbovetzky, publicada por La Voz del Interior este domingo 8 de junio de 2025. En esa nota, titulada “No sé si estoy arrepentido”: así Fernando Albareda admitió que mató a su madre, Susana Montoya, el detenido reconstruye el camino que lo llevó desde la lucha por los derechos humanos hasta convertirse en homicida.
“La dictadura me destruyó. Me quitó lo más preciado que yo tenía, que era mi padre. Y ahora, con el encierro, es peor”, declaró Albareda desde prisión.
Un crimen anunciado por el dolor
El padre de Fernando, Ricardo Albareda, fue secuestrado y desaparecido en 1979 por una patota del D2 en Córdoba. Era militante del PRT y, según documentos judiciales posteriores, fue brutalmente torturado antes de morir. El testimonio del hijo señala a su madre como una posible entregadora: firmó una denuncia contra su esposo días antes del secuestro, y luego recibió una pensión policial.
Ese dato fue un quiebre definitivo en la relación entre madre e hijo. Fernando no pudo volver a ver a su madre sin exigirle respuestas. “Decime la verdad”, repetía cada vez que la visitaba, según su propio testimonio.
La discusión final fue por el reparto de una indemnización de 76 millones de pesos correspondiente a la reparación del legajo de su padre. Susana había prometido compartir parte con los nietos, pero cambió de opinión y anunció que se la daría a su otro hijo, Ricardo.
En ese momento, Fernando asegura haber “perdido el control”. La mató con una soga, una piedra, un ladrillo y un cuchillo. Luego, intentó encubrir el crimen con una amenaza escrita en la pared. “Intenté que parezca otra cosa, para no perjudicar a mi familia”, dijo.
Víctima y victimario
Albareda no niega el crimen. Tampoco lo justifica completamente. Pero hilvana su relato con una línea que va desde su infancia marcada por el abuso (dice haber sido violado en un instituto de menores, a donde lo enviaron su madre y su abuelo), la desaparición de su padre, y el rechazo constante de su entorno familiar.
“Quiero que se sepa la verdad. Que la gente entienda que esto no me pasó de un día para otro. Que no soy un asesino, sino una persona rota por la dictadura y por mi madre”, dice.
¿Puede una historia personal explicar un crimen?
El fiscal del caso, Juan Pablo Klinger, sostiene que no hubo arrebato emocional, sino premeditación: Fernando eligió un momento sin testigos, estacionó lejos y trató de desviar la investigación. El crimen está elevado a juicio, pero su defensa buscará cambiar el encuadre legal y reabrir la causa.
Fernando Albareda pidió disculpas a los organismos que lo apoyaron.
2025.6.6 Fiscal Natalia Ramos: “no queda mucho más por investigar” dijo sobre el caso Dellarciprete
Fernando Dellarciprete asesinó a su mujer y a sus hijos para luego, quitarse la vida. Tenía un trastorno paranoico y no tomaba su medicación, confirmó la doctora Ramos.
El hecho que ha conmocionado a Tres Arroyos y al país llega a la etapa final de la investigación y si bien se aguardan algunos nuevos resultados de pericias, poco queda por esclarecer de los hechos sucedidos.
La tragedia tuvo origen este miércoles en Tres Arroyos cuando Fernando Dellarciprete mató a su mujer Rocío Villareal en un domicilio de calle Larrea 137 para posteriormente asesinar a sus dos hijos en camino hacia Necochea, ahogándolos en un lecho de agua que se encontraba en inmediaciones del lugar donde luego se quitó la vida arrojándose bajo un camión.
Natalia Ramos, fiscal a cargo del caso, dio los últimos detalles de la tragedia. Sobre la cronología de los hechos indicó:
“Fernando Dellarciprete se va más temprano de su casa porque iba a trabajar y su mujer Rocío es quien lleva a los nenes a la escuela. Luego Rocío pasa a buscar a Fernando por su trabajo y llegan juntos a la casa alrededor de las 10 de la mañana donde ella fue atacada. Luego Dellarciprete retira a los menores de las escuelas (al menor del jardín 903 y al mayor de la Escuela Agropecuaria) y los lleva a la casa de sus papás (abuelo de los niños) allí vuelve a su domicilio, luego recoge a los nenes y se dirige a la ruta”.
“En la ruta no sabemos específicamente por qué detiene el vehículo al costado en un sector donde hay árboles y ahí mata a sus hijos, luego Dellarciprete se dirige al casco un campo que está muy cercano a la ruta donde solicita un arma en un estado absolutamente alterado; la gente del campo lo saca y de ahí vuelve a la ruta y es donde decide terminar con su vida”.
“Tenemos la declaración testimonial de todos, del camionero, de la gente del campo, de la gente que dio aviso del accidente”.
Consultada por la existencia de conductas violentas de Dellarciprete o de conflictos familiares que dieran indicios del fatal desenlace, la fiscal Ramos fue contundente:
“No existe ningún antecedente de violencia, no existe denuncia penal ni tampoco de los testimoniales de los testigos que pudimos recabar, ninguna conducta anteriormente violenta denunciada ni hacia la mujer ni hacia los hijos”.
“Dellarciprete tenía problemas psiquiátricos. Se tomaron distintas declaraciones testimoniales que tienen que ver con profesionales de la salud mental que lo atendieron y que asistieron también a ella. Se pudo determinar que él tenía un problema de salud mental. Esto no es una justificación porque lo que pasó es inexplicable.”
“No hubo terceras personas involucradas, ni personas que hayan podido alertar de esta situación. Ninguno de los familiares ni los profesionales que declararon pensaban o esperaban que esto pudiera suceder”.
“Dellarciprete estaba siendo atendido desde hace más de un año por una psiquiatra y un psicólogo, tenía un diagnóstico y tenía que tomar una medicación que en principio creemos que no la estaba tomando como corresponde. El trastorno, era un trastorno paranoico. Estaba en tratamiento con ambos especialistas, de manera descontinuada, pero estaba siendo asistido por ambos quienes habían detectado esta problemática, pero bueno, no nadie pudo advertir, que esta situación podía terminar con este en este desenlace”.
Más allá de problema de salud mental de Dellarciprete, circuló información sobre posibles problemas económicos que hayan sido desencadenante de la tragedia, a lo cual la fiscal respondió:
“Sí, hay algunas informaciones sobre su situación económica. No sé si ese es el motivo de este enlace. Dellarciprete había cambiado de trabajo. Había dejado su trabajo de muchos años y estaba iniciando su nuevo proyecto hacía ya unos meses, pero, en principio, al no haber terceros involucrados, judicialmente, más allá de que faltan que llegue algún resultado, lo cierto es que no hay mucho más para investigar”.
Finalmente la Doctora Natalia Ramos agradeció a quienes desde el primer momento colaboraron para que la investigación de esta tragedia haya sido efectiva y rápida en su resolución.
“Quiero agradecer la colaboración de todo el personal policial que participó, también a la gente de San Cayetano que colaboró y de Necochea quienes realizaron esta labor de manera inmediata y me permiten que 48 horas después tenga la historia que prácticamente completa”.
2025.6.6 El crimen a traición de Kitty
2025.6.4 Piden 20 años de prisión para la acusada de entregar el crimen de una mujer en barrio Godoy
Rocío Castro comenzó a ser juzgada por el homicidio de María Cristina Carabajal. La citó a un encuentro falso en la puerta de su casa, donde le dispararon a la cabeza
Horas antes de ser asesinada por un hombre que le disparó a la cabeza cuando salía al pasillo de su casa en barrio Godoy, María Cristina Carabajal se había reunido a tomar mates con una conocida. Esta mujer, Rocío Soledad Castro, comenzó a ser juzgada este miércoles como quien entregó a la víctima al asesino, aún no identificado, al citarla a un falso encuentro en la puerta de su vivienda. El fiscal Lisandro Artacho pidió una condena a 20 años de prisión para la acusada como partícipe necesaria del crimen.
El juicio oral arrancó en el Centro de Justicia Penal ante un tribunal conformado por los jueces Paula Álvarez, Valeria Pedrana y Silvia Castelli. La acusada, de 35 años, llegó en prisión preventiva al debate. El fiscal solicitó para ella una condena a 20 años de prisión como partícipe necesaria de un homicidio agravado por el uso de arma. Había sido detenida en Mar del Plata en junio de 2022, seis meses después del crimen en barrio Godoy.
En un pasillo de barrio Godoy
Carabajal tenía 30 años, un hijo de 13 y vivía en el fondo de un pasillo de calle 1709 al 7800 (zona oeste) con su madre y hermanas. La noche del lunes 6 de diciembre de 2021 salió al ancho pasillo de tierra de su casa acompañada por sus hermanas para hacer unas compras. Cuando apenas alcanzó a caminar unos metros un hombre se le acercó, le disparó a la cabeza con una pistola 9 milímetros y se fue. María Cristina murió en el instante.
Un charco de sangre quedó en el centro del pasillo al que, un día después, la familia de María Cristina se acercó a hablar con La Capital. Entonces contaron que el único frente de conflicto que tenía la mujer provenía de una denuncia que había realizado por un abuso sexual que había sufrido su sobrina de 5 años. Había llevado adelante escraches al presunto responsable en los Tribuales provinciales y en su cuenta de Facebook, donde publicó una foto del chico apuntado como acosador.
Ese posteo del 26 de noviembre de ese año fue compartido por unas 1.500 personas. “Es el comienzo de una lucha”, publicó tres días antes de que la mataran. Para la familia, esto pudo desembocar en un conflicto con gente cercana al muchacho señalado. “La mamá del pibe es pesada”, dijeron.
Tres hipótesis
“Ella subió en el Facebook que el pibe manoseó a la nena. Asumió que era la responsable por su ahijada y lo escrachó al pibe. Todo viene por ahí. Ya la habían amenazado”, confió una tía de María a este diario. Fuentes de la investigación indicaron tiempo después que ese no sería el único posible móvil del ataque.
La motivación no quedó clara. Entre otras hipótesis que manejó la Fiscalía y que se explicitaron en la primera jornada del juicio, figuran un conflicto con su expareja, a través de quien había conocido a Rocío, así como una posible deuda ligada a la venta de estupefacientes.
La joven se dedicaba a la peluquería y tenía un local de estética en la zona de Donado y Forest, donde vivió hasta que el aumento del alquiler la obligó a volver a la casa de su madre. No hacía un mes que había regresado al barrio en el que la mataron.
El 22 de junio de 2022, la Policía Federal detuvo en la ciudad de Mar del Plata a Rocío Castro, adonde se había refugiado días después del crimen. Fue apresada en el macrocentro de la ciudad y luego trasladada a Rosario. La imputaron días después por su contribución con el plan criminal, que se consideró indispensable para que el autor pudiera concretar el homicidio.
La invitación
Así, según la acusación, a las 13.35 del día del crimen le envío un mensaje a María Cristina desde un celular que ella no tenía agendado para invitarla a tomar mates. La pesquisa determinó que eran conocidas, pero no muy cercanas. Una amiga de María Cristina desde hacía tres años nunca la había visto. Su hermana sólo la había escuchado nombrar.
El encuentro se concretó en la casa de la víctima y no duró más de veinte minutos. Después, Castro siguió enviándole mensajes y coordinando con ella otro encuentro previsto para las 19. Alrededor de las 17 un hombre se presentó en la casa de la mujer y preguntó por ella, pero al no encontrarla se retiró. Finalmente, fue asesinada alrededor de las 21.
La Fiscalía le atribuye a Castro haber coordinado mediante mensajes y audios de WhatsApp un encuentro ficticio con la víctima en la puerta de su casa, “pidiéndole que salga y espere afuera, haciendo de esta manera un aporte indispensable para que el autor pudiera ejecutar el homicidio”. Sería quien aportó “información, tiempo y presencia para asegurar la exposición de la víctima en el momento apropiado”.
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2025.6.6 El crimen a traición de Kitty: un plan para salir a comer que terminó en asesinato
Esta semana comenzó el juicio a una mujer de 35 años acusada de entregar a María Cristina Carabajal para que un sicario la mate de un disparo en la cabeza
Esta semana comenzó a juzgarse en Rosario un asesinato cometido en 2021 del que se desconoce, por el momento, quién fue el autor material y el instigador. La persona acusada es una conocida de la víctima que, según la investigación, la traicionó para dejarla expuesta ante un sicario que la mató de un disparo en la cabeza. Como trasfondo del crimen se asoma un marco de narcocriminalidad y venganza con nombres conocidos en la crónica policial.
María Cristina “Kitty” Carabajal tenía 30 años cuando al anochecer del 6 de diciembre de 2021 fue asesinada de un disparo en la cabeza. Los testigos dijeron que la mujer salía del pasillo de la casa de pasaje 1709 al 7800, barrio Godoy, cuando un hombre la emboscó para matarla.
Cuando salió a la calle, Kitty iba al encuentro con Rocío Castro, una conocida con la que había coordinado para ir a comer a la costa del río Paraná. Para el fiscal Lisandro Artacho, que investigó el crimen, ese encuentro pactado fue una traición, parte del plan para matarla por motivos que por el momento se desconocen. Esta semana comenzó el juicio con la acusada, hoy de 35 años, imputada como partícipe necesaria del homicidio y con un pedido de 20 años de prisión como condena.
Historia de una traición
El 6 de diciembre de 2021, cerca del mediodía, Kitty Carabajal recibió mensajes de WhatsApp de un contacto que no tenía agendado. Era Rocío Castro, a quien había conocido por allegados en común pero con quien hacía tiempo no hablaba. La mujer la invitó a tomar unos mates y acordaron encontrarse en la casa de la madre de Kitty, donde ella se había instalado meses atrás.
Ese encuentro, según expuso el fiscal en la apertura del juicio, duró apenas veinte minutos. Durante la tarde las mujeres continuaron hablando y Rocío le dijo que pensaba salir a algún lado para despejarse. “Conta conmigo para eso”, le respondió Kitty. Entonces organizaron una juntada en La Florida y a lo largo de la tarde hablaron sobre qué llevarían para comer y tomar. Así comenzó a tomar forma un plan que, sin que Kitty lo imaginara, iba a terminar en una emboscada para concretar su asesinato.
A las 19.55 Rocío le avisó que estaba en camino en su auto. Diez minutos después Kitty le dijo estaba por salir junto a su hermana, quien se había sumado al plan. Rocío continuó avisándole donde estaba y le pidió que la esperaran afuera. Minutos después Kitty salió del pasillo, caminó unos metros más adelante que su hermana y cuando estaba por llegar a la vereda fue interceptada por un hombre. Esta persona sacó un arma y le disparó a la mujer en la cabeza, provocándole la muerte en el acto, y corrió hasta un auto que lo esperaba para escapar.
Los miedos de Kitty
Durante la investigación trascendió un conflicto de la víctima que pudo estar relacionado a su asesinato. Tiene que ver con personas privadas de la libertad, investigadas o condenadas por narcotráfico y homicidios. En ese marco Kitty había recibido algunas visitas sospechosas en su casa, pero nunca las relacionó a la repentina reaparición de la mujer ahora juzgada como partícipe del crimen.
El 25 de noviembre, cerca de las 23, dos hombres llegaron a la casa preguntando por María Cristina, “La Kitty”. Las personas que atendieron preguntaron qué necesitaban y los hombres, al no tener una respuesta certera, se fueron sin decir nada más.
Esa visita inquietó a Kitty, estaba segura que muy pocas personas sabían que desde hacía un tiempo estaba viviendo allí en la casa de su madre. Minutos después contactó a una tarotista que le recomendó hacer un ritual para pedirle protección a una deidad umbanda.
El día que la mataron, horas antes y luego de la visita de Rocío, nuevamente una persona llegó a la casa preguntando por Kitty. La secuencia fue igual: el desconocido se marchó cuando quien atendió no fue ella sino un familiar que le preguntó a esa persona quién era y para qué la buscaban. En esta ocasión la tarotista aventuró que la visita iba de parte de gente muy pesada y muy oscura, una persona morocha que tenía problemas con la policía.
La sombra del Morocho Mansilla
Durante la investigación trascendió que la víctima del homicidio conocía a Claudio “Morocho” Mansilla, conocido por haberse fugado de la cárcel de Piñero y condenado a prisión perpetua por instigar homicidios desde prisión. Allegados a Kitty contaron que la mujer lo había conocido por medio de Brenda “Cote” Pared, otra reclusa vinculada a bandas criminales. La sombra del Morocho apareció en la investigación pero por el momento no hubo avances en ese sentido.
Según esos testimonios Kitty había trabajado junto a Rocío para el Morocho, ocupándose de juntar la recaudación de sus puntos de venta de drogas. Pero ya hacía tiempo que se había alejado de ese grupo con el cual, de acuerdo a lo que surgió en la causa, había tenido un vínculo más estrecho entre 2015 y 2016.
Tiempo después Kitty se puso en pareja con Facundo Pérez, un hombre que en julio de 2023 fue detenido en el marco de una investigación federal que lo ubicó como mano derecha del narco Julio “Peruano” Rodríguez Granthon. En la causa por el homicidio de Kitty surge que no solo ella había tenido problemas con Morocho Mansilla, sino también Pérez por asuntos que no trascendieron.
Para cuando Kitty fue asesinada, Mansilla continuaba prófugo tras haberse escapado de la cárcel de Piñero. Testigos aseguraron que se escondía en el barrio Santa Lucía, su territorio más conocido, cuando todavía faltaban seis meses para que fuera recapturado en una casa de la Zona Cero. Algunos rumores indicaron que durante ese período de libertad el Morocho se ocupó de “saldar deudas” con personas con las que había tenido conflictos, por lo cual estuvo detrás de varios asesinatos.
Parte del crimen
Al momento de presentar su acusación contra Rocío Castro, el fiscal Artacho indicó que la imputada abusó de la confianza de la víctima para realizar tareas de inteligencia. Eso comprendió haberle escrito para primero pactar un encuentro, confirmar así el lugar dónde estaba viviendo, y luego engañarla para que saliera y quedara expuesta ante el autor del homicidio.
Según se pudo confirmar en la investigación, Castro mediante mensajes de WhatsApp le aseguraba a Kitty que estaba llegando a su casa pero en realidad estaba lejos de allí. El informe aportado por la empresa telefónica que utilizaba la imputada indicó que esa tarde estaba en la zona del barrio Nuevo Alberdi.
También se consideró parte del plan que la mujer ahora juzgada se mudó a Mar del Plata. Ella dijo que se había ido de vacaciones y que al regresar se encontró con su casa usurpada, por lo cual regresó a la ciudad costera. Todos argumentos que para la Fiscalía fueron una manera de mantenerse alejada de la investigación. Sin embargo, a pocas horas del crimen Castro ya aparecía como sospechosa del entramado que culminó con el asesinato de Kitty Carabajal.
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Los sujetos se encontraban en el interior de la vivienda sobre Avenida Libertador, cuando fueron sorprendidos por el operativo policial.
Personal policial de la División Brigada Femenina y la Comisaría Cuarta de la Policía de San Juan, llevó a cabo un procedimiento en Avenida Libertador, en Capital, en el marco de una denuncia por ruidos sospechosos en una vivienda deshabitada.
Tras ingresar al domicilio con permiso del vecino, se encontraron con dos sujetos escondidos, quienes fueron aprehendidos en el lugar. Los detenidos fueron identificados como Ángel Sosa y Juan Ignacio Romero (foto abajo).
Durante el procedimiento, se secuestraron objetos que podrían estar relacionados con el ilícito, incluyendo una memoria informática, un control remoto y un adorno de cerámica. El damnificado fue informado del procedimiento.
Mientras que, el Ayudante Fiscal Montaño Francisco dispuso la aprehensión de los sospechosos, quienes serán juzgados en Flagrancia Delito contra la Propiedad.
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El hombre de 31 años intentó robar la moto en inmediaciones de Instituto Sarmiento de Nivel Superior.
Un intento de robo fue frustrado este jueves por la tarde en inmediaciones de Calle Rivadavia y Avenida Ignacio de la Roza, en pleno corazón de Capital. Según informaron fuentes policiales, un hombre fue reducido por transeúntes tras intentar sustraer una motocicleta que estaba estacionada frente al Instituto Sarmiento de Nivel Superior.
El hecho ocurrió cuando la dueña del rodado, identificada como Melanie Lara (31), notó que un sujeto estaba manipulando su moto, una Motomel Blitz 110 cc de color negro. La mujer rápidamente alertó a personas que circulaban por la zona, quienes lograron retener al sospechoso hasta la llegada del personal policial.
Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión formal del individuo, identificado como Juan Carlos Cabrera, también de 31 años. Durante la inspección, se constató que el tambor de arranque de la motocicleta presentaba signos de daño, compatibles con un intento de encendido forzado.
Un dato que sorprendió a los uniformados fue que el presunto delincuente se encontraba en compañía de su hijo menor de edad al momento del hecho.
El caso fue informado al Sistema Acusatorio, y el Ayudante Fiscal de turno, Dr. Eduardo García, se hizo presente en el lugar. Tras consultar con el fiscal de turno, se dispuso iniciar el Procedimiento Especial de Flagrancia bajo la carátula de “Robo agravado por tratarse de un vehículo en la vía pública”.
Los detenidos son mendocinos.
En las últimas horas, un hecho delictivo fue frustrado en pleno centro capitalino gracias a la rápida intervención del personal de seguridad de un supermercado y efectivos policiales.
Según informaron fuentes oficiales, el episodio ocurrió en el Supermercado VEA, ubicado en la zona céntrica de Capital, cuando una pareja intentó retirarse del local sin pagar varios productos. Al activarse la alarma de seguridad, el guardia del comercio intervino y logró retener a los sospechosos.
De acuerdo al testimonio brindado por el agente de seguridad, una empleada del local advirtió que el hombre escondía productos entre sus prendas, lo que motivó la requisa. En ese procedimiento, se hallaron nueve blísteres de tenedores tipo Tramontina que no habían sido abonados.
El personal de la División Comando Urbano llegó al lugar y procedió a la aprehensión de los involucrados, identificados como Juan Pablo Calibar Rial, de 36 años, e Ivonne Karen Lis Tomassi, de 32, ambos oriundos de Godoy Cruz, Mendoza.
El hecho fue caratulado como “Hurto en grado de tentativa”, y quedó vinculado a un legajo que se instruye en la Comisaría Segunda. Intervino en el caso el Ayudante Fiscal Dr. Mariano Teja, dependiente de la Unidad Fiscal de Flagrancia, quien ordenó las medidas correspondientes en el marco del procedimiento especial.
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