2026.4.14 Muerte de Maradona: comienza el segundo juicio tras la destitución de la exjueza Makintach
El proceso se reinicia hoy, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.
Este martes 14 de abril, los Tribunales de San Isidro retoman desde cero el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El proceso se reinicia luego de que el debate anterior, realizado en 2025, fuera anulado debido al escándalo protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach, quien filmó un documental en plena sala de audiencias.
El nuevo debate, ahora a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 -integrado por los magistrados Alberto Ortolani y Pablo Rolón-, busca determinar las responsabilidades de los ocho profesionales de salud imputados por “homicidio simple con dolo eventual”. Entre los acusados destacan el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Un proceso marcado por el escándalo
La nulidad del juicio previo ocurrió tras revelarse que la ex jueza Makintach permitió cámaras del documental “Justicia Divina” en el estrado y los pasillos de tribunales sin autorización. La magistrada fue destituida e inhabilitada por unanimidad en noviembre de 2025 y enfrenta una causa penal por cohecho y abuso de autoridad.
Testigos y audiencias
Se espera que las hijas del “Diez” (Dalma, Gianinna y Jana) y Verónica Ojeda (ex pareja y madre de Diego Fernando Maradona), vuelvan a declarar ante el tribunal. Las audiencias se desarrollarán los martes y miércoles de 10 a 17 horas en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde se prevén movilizaciones populares para exigir justicia por el ídolo fallecido el 25 de noviembre de 2020.
El rol de los ocho acusados
La fiscalía busca determinar la responsabilidad de cada integrante del equipo médico en el desenlace fatal del 25 de noviembre de 2020:
Leopoldo Luque (Neurocirujano): Médico personal de confianza; coordinó la cirugía y la polémica externación a la casa de Tigre.
Agustina Cosachov (Psiquiatra): Responsable de la medicación de salud mental y de dar las indicaciones directas a los enfermeros.
Carlos Díaz (Psicólogo): Se sumó al equipo poco antes del deceso; intervenía en las decisiones sobre el entorno del paciente.
Nancy Forlini (Médica coordinadora): Gerenció la internación domiciliaria y armó el equipo de cuidados tras la Clínica Olivos.
Mariano Perroni (Coordinador de enfermeros): Supervisaba el trabajo del personal de enfermería en la vivienda.
Ricardo Almirón y Dahiana Madrid (Enfermeros): Encargados del cuidado directo las 24 horas. (Madrid solicitó ir a juicio por jurados populares).
Pedro Di Spagna (Médico clínico): Consultor externo que intervenía en el seguimiento del estado físico general de Maradona.
2026.4.14 Fue rechazado el pedido de la defensa de Leopoldo Luque en el segundo juicio por Maradona
El pedido había sido impulsado por el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque.
El juicio por la muerte de Diego Maradona ha dado inicio en medio de una gran expectativa mediática. Leopoldo Luque, el neurocirujano acusado y su defensa, liderada por el abogado Francisco Oneto, pusieron sobre la mesa un pedido contundente al tribunal. Su propuesta era transmitir en vivo la totalidad de las audiencias. ¿La razón? Una presunta defensa del principio de publicidad y transparencia.
Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, encargado de llevar adelante el proceso, decidió rechazar esta solicitud tras considerarla como una amenaza al desarrollo justo del juicio. Se determinó que sólo se difundirán algunas pocas instancias clave, tales como las presentaciones iniciales, los alegatos finales y la tan esperada lectura del veredicto. La decisión respondió a la inquietud de proteger los derechos de todas las partes involucradas y evitar la exposición innecesaria de ciertos actores de este proceso penal.
El argumento central de la defensa era la ausencia de necesidad de intermediarios entre el público y los eventos judiciales, promoviendo la instalación de cámaras que permitiesen la difusión en tiempo real de lo acontecido en la sala. Oneto visibilizó su deseo de que los imputados, incluyendo al propio Luque, pudieran mostrar “su versión” frente a la opinión pública sin distorsiones mediáticas.
En respaldo a la decisión de denegar la petición, el magistrado Alberto Gaig especificó que la transmisión total de los debates contravendría el principio de proporcionalidad. Gaig subrayó que la transparencia ya está garantizada de manera interna, sin necesidad de la intervención audiovisual constante. Fiscales en el caso, entre ellos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, apoyaron la sentencia judicial basándose en argumentos de protección a testigos y en evitar dilaciones en el proceso, que ya ha capturado la atención del público argentino.
Aún así, no se descartaron por completo los medios tecnológicos. Los jueces permitieron la grabación auditiva de las audiencias, bajo estrictas medidas de confidencialidad que prohíben su difusión al público, medida que busca balancear entre la transparencia y la privacidad.
Con esta disposición, el juicio se adentra ahora en el análisis de evidencias y testimonios, una fase crucial en la ansiada búsqueda de verdad y justicia por el complejo deceso del legendario futbolista. Este juicio, sin duda, se perfila como uno de los hitos legales más observados en los recientes tiempos de la Argentina.
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2026.4.14 Caso Ángel: intervinieron al equipo técnico judicial que le dio la tenencia del nene a la madre
La decisión fue tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut y designó a la camarista María Marta Nieto para realizar una auditoría en un plazo de 60 días.
En medio del avance del caso de Ángel que conmociona a Comodoro Rivadavia, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut intervino el equipo técnico interdisciplinario judicial que le dio la tenencia a la madre biológica de la víctima, Mariela Altamirano.
La decisión, que fue tomada este martes, incluye la designación de la camarista María Marta Nieto para realizar una auditoría en el equipo que funciona como apoyo de los juzgados de Familia. La medida tendrá un plazo de 60 días.
El documento lleva la firma de los seis ministros que integran el STJ: Andrés Giacomone, Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani. Según se detalló en el mismo, la intervención estará a cargo de la Cámara de Apelaciones de esa circunscripción, bajo la conducción de su presidenta, Nieto.
Para llevar adelante la auditoría, la camarista contará con la colaboración técnica de la coordinadora de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, Valentina Kresteff, y de Gisela Ochoa, funcionaria del máximo tribunal provincial.
En los fundamentos del acuerdo se hace referencia al “lamentable acontecimiento” ocurrido en los últimos días en Comodoro Rivadavia, en alusión al caso de Ángel.
La Justicia imputó a la madre de Ángel y a su pareja por homicidio
Este martes, desde las 11 de la mañana, se llevó adelante la audiencia de imputación en la Oficina Judicial de los tribunales penales de barrio Roca, donde se confirmaron las imputaciones por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” a Mariela Altamirano y Maicol González.
Sumado a las imputaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva por seis meses por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.
La mujer no declaró y, según se la pudo ver en las imágenes de la transmisión, durante la audiencia mantuvo una postura de absoluta frialdad y silencio, evitando cruzar mirada con los familiares paternos de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene, quien se encontraba presente exigiendo justicia.
González, por su parte, sí hizo uso de la palabra y se defendió: “Nosotros somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué le pasó”.
2026.4.14 Caso Ángel: la Justicia confirmó que la madre y su pareja seguirán detenidos acusados de asesinato
Les dictaron seis meses de prisión preventiva en la audiencia de imputación. El juez busca determinar la participación de los sospechosos en la muerte del nene de 4 años.
La Justicia confirmó que la madre de Ángel López y su pareja seguirán detenidos durante seis meses acusados por el asesinato del nene de cuatro años en Comodoro Rivadavia.
Desde las 11 de la mañana se llevó adelante la audiencia de imputación en la Oficina Judicial de los tribunales penales de barrio Roca, donde se confirmaron las imputaciones por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” a Mariela Altamirano y Maicol González.
Sumado a las imputaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.
La mujer no declaró y, según se la pudo ver en las imágenes de la transmisión, durante la audiencia mantuvo una postura de absoluta frialdad y silencio, evitando cruzar mirada con los familiares paternos de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene, quien se encontraba presente exigiendo justicia.
González, por su parte, sí hizo uso de la palabra y se defendió: “Nosotros somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué le pasó”.
Además, el sospechoso dio detalles sobre la noche previa a la que murió el menor. “Estábamos mirando tele en nuestra cama, Mariela, la bebé y yo. Ángel en su cucheta. Llegó la hora de dormir, nos acostamos y a la mañana me levanté para preparar el mate como todas las mañanas y sentí olor a humedad, a pis. Fui dormido y le dije a Mariela que se hizo pis (Ángel); lo bajamos, lo cambiamos y siguió durmiendo con Mariela y la bebé, en la cama de abajo”, explicó.
Poco después, según señaló González, el nene siguió durmiendo. “Le dije a Mariela que se levantara a tomar mate conmigo. Estábamos escuchando música despacito, sentimos que Ángel roncaba y de repente dejó de roncar; eso nos llamó la atención”, precisó.
A partir de ese momento, de acuerdo a su relato, todo se descontroló. “Ahí me di cuenta de que no tenía aliento. Entre medio de la desesperación que nos agarró, llamamos a la ambulancia, que empezó a hacerme preguntas y yo le decía que vinieran rápido, que dejaran de hacer preguntas”, agregó.
“En el momento que confirmaron que estaban yendo. Mientras Mariela le hacía RCP, lo vestimos así nomás, le pusimos una campera y fuimos a ver si había algún vecino que pudiera llevarnos al hospital más rápido que la ambulancia. Una vecina intentó llevarnos, pero tenía la rueda pinchada”, contó González.
Fue entonces cuando, precisó, llegó la ambulancia. “A ellos no les salía hacer RCP. Cuando llegaron efectivos policiales, llevaron a Ángel en una ambulancia y en otra fue Mariela. Yo me quedé buscando mamadera, pañales, para dejar a la bebé con la vecina, y ahí es cuando fui hasta el hospital por mi propia cuenta, con un vecino que me acercó”.
En su testimonio, el acusado manifestó: “En todo momento estuvimos en el hospital, teníamos miedo de tantas cosas que habían puesto en las redes sociales”. Y denunció: “No nos dan nuestro derecho a defendernos desde el primer día que lo llevamos al hospital. Las redes sociales nos tratan de un montón de cosas”.
A la par, hizo hincapié en la situación que se encuentran atravesando: “Tenemos que andar sin nuestra bebé, encerrados, incomunicados”.
Sobre la crianza del menor, González aseguró: “Al nene se lo corregía como a cualquier nene, se le sacaba la tele o el juguete, como cualquier corrección. Pero esas barbaridades que dicen de golpes, maltratos o agua fría, no”.
Asimismo, cuestionó: “A nosotros ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir a despedirnos, de ir al velorio; nos tuvimos que enterar por las noticias cuando lo estaban llevando”.
Sobre el final, hizo un pedido: “Que nos dejen de culpar, nosotros somos inocentes, lo encontramos en la cama”.
Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González, se defendieron de las acusaciones en una primera audiencia clave.
Este martes, pasadas las 11 de la mañana, se llevó a cabo la audiencia de control de detención contra la madre de Ángel, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, que quedaron formalmente imputados y con seis meses de prisión preventiva por peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Ambos llegaron a la Oficina Judicial bajo una fuerte custodia e imputados por “homicidio agravado por el vínculo” en perjuicio del nene de 4 años que murió por un paro cardiorrespiratorio que -investigan- habría derivado de al menos 20 golpes en la cabeza.
Durante el inicio del acto procesal, el foco estuvo puesto en la reacción de la madre biológica. Según se la pudo ver en las imágenes, Altamirano mantuvo una postura de absoluta frialdad y silencio, evitando cruzar mirada con los familiares de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene, quien se encontraba presente exigiendo justicia.
Uno de los momentos más crudos de la audiencia ocurrió cuando la fiscalía, representada por Cristian Olazábal y Facundo Oribones, detalló los resultados preliminares de la autopsia.
Lo más impactante es que las lesiones no fueron fruto de un único accidente, como intentó sugerir la defensa en un principio. Los peritos determinaron que los golpes tenían una antigüedad de hasta diez días, lo que refuerza la hipótesis de un maltrato sistemático y prolongado bajo el techo de los ahora imputados.
Allí, Altamirano se tomó la cara y dejó su mirada enfocada en el suelo. Así se mantuvo durante toda la jornada. Por momentos, cuando escuchaba algo con lo que no coincidía, se la vio negar con la cabeza.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por seis meses para ambos acusados. Los argumentos fueron contundentes: existe riesgo de fuga y, sobre todo, de entorpecimiento de la investigación. “La fiscalía necesita proteger el proceso ante un hecho de una gravedad extrema donde la víctima era un niño totalmente indefenso”, señalaron fuentes judiciales.
Por recomendación de sus defensores oficiales, Vanesa Vera y Alejandro Varas, se esperaba que los acusados no hicieran uso de la palabra para declarar sobre el fondo del hecho, aunque la mirada esquiva de Altamirano durante la lectura de los cargos fue lo que más impactó a los presentes, además de la declaración del padrastro.
“Nosotros somos inocentes”, aseguró Maicol, el padrastro del nene que fue el primero en declarar y sostuvo que lo acompañaron en todo momento. “Nosotros también queremos saber qué le pasó”, añadió el hombre que luego narró cómo se dieron los hechos la noche previa a la muerte del nene.
Sobre la crianza del menor, sostuvo: “Al nene se lo corregía como a cualquier nene, se le sacaba la tele o el juguete, como cualquier corrección. Pero esas barbaridades que dicen de golpes, maltratos o agua fría, no”. Además, cuestionó que “a nosotros ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir a despedirnos, de ir al velorio; nos tuvimos que enterar por las noticias cuando lo estaban llevando”.
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Los médicos confirmaron que el nene murió por un fuerte golpe en la cabeza.
La Justicia de Chubut ordenó la detención de Mariela Altamirano y Maicol González, madre y padrastro de Ángel, el pequeño de 4 años que falleció la semana pasada en Comodoro Rivadavia.
El desencadenante de estas detenciones fueron los resultados preliminares de la autopsia llevada a cabo por las autoridades sanitarias. El informe forense mostró evidencias de lesiones internas de gravedad en la región craneal del menor, lo que descarta la hipótesis inicial presentada por la madre, que atribuía el trágico final del niño a una descompensación natural. Este hallazgo fue fundamental para el avance de la investigación penal coordinada por la fiscalía local.
El sinnúmero de irregularidades que rodean este lamentable caso han salido a la luz tras la denuncia pública realizada por Luis López, padre biológico de Ángel. López ha revelado que hizo múltiples llamados de alerta a las autoridades judiciales sobre las condiciones de peligro a las que estaba expuesto su hijo mientras convivía con su madre. Asimismo, aportó como pruebas videos donde se escuchaba al niño implorar por no ser enviado de regreso a la vivienda donde residía con su madre, pero estas advertencias fueron desoídas.
Las recientes detenciones subrayan un posible fallo sistemático en el sistema de protección infantil, alimentando las críticas hacia los órganos oficiales responsables de estas cuestiones. Tanto la asesoría de menores como el juzgado de familia que estuvieron involucrados en el proceso de revinculación familiar y custodia del niño enfrentan ahora un riguroso escrutinio.
Mientras la investigación para identificar a posibles coautores continúa desarrollándose, autoridades no descartan ampliar las imputaciones. La fiscalía buscará establecer de manera exhaustiva si la responsabilidad de este trágico desenlace recae solamente en la madre y el padrastro, o si hubo omisiones graves por parte de otros actores que deben responder ante la Justicia.
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Desde el Ministerio Público Fiscal de Colón se solicita la colaboración de los medios y población para localizar a Nicolás Alexander Acosta, alias Nino, con orden de detención inmediata por una causa por homicidio.
Desde esta Jefatura Departamental, bajo las directivas emanadas por el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr Alejandro Perroud, se solicita la colaboración activa de la población y de los medios de comunicación para localizar a un ciudadano sobre quien pesa una orden de detención inmediata en el marco de una causa por homicidio.
En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Oficio N° 559, vinculado a la causa caratulada “NN S/HOMICIDIO SIMPLE” (Legajo OGA Nº 139/26), se ha instruido la captura nacional e internacional del ciudadano:
NICOLÁS ALEXANDER ACOSTA, alias “NINO”
Canales de Comunicación Urgente
Se insta a la comunidad a que, de poseer datos fidedignos sobre su paradero o haberlo divisado, procedan a dar aviso de manera inmediata y bajo estricta reserva.
Cualquier información puede ser reportada a través de las siguientes vías de contacto:
Línea gratuita 101.
Sala de Comunicaciones y Emergencias: +54 9 343 405-4033.
División Investigaciones e Inteligencia Criminal: +54 9 3447 64-2315.
Javier Cerfoglio fue condenado por el asesinato de Magalí Vera, ocurrido en diciembre de 2024 en Necochea. Aunque el acusado intentó fingir un accidente vial, las pericias demostraron que la víctima estaba inconsciente tras una brutal paliza cuando el auto fue arrojado al agua. El hijo de ambos, de 13 años, queda ahora sin su madre y con su padre tras las rejas de por vida.
FRENTE A FRENTE.-La justicia de Necochea puso fin a la coartada de Javier Cerfoglio. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 lo condenó este lunes a la pena máxima de prisión perpetua, tras hallarlo culpable de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía y violencia de género.
El crimen, que en un principio fue investigado como un despiste fatal durante una tormenta, ocultaba una realidad atroz. La madrugada del 1 de diciembre de 2024, mientras regresaban de un casamiento, Cerfoglio atacó a Magalí Vera (34) con tal saña que le provocó una fractura expuesta en el tabique. Lejos de auxiliarla, el hombre subió a su esposa inconsciente al vehículo familiar y lo dirigió directamente hacia las aguas del río Quequén.
La autopsia, la prueba clave
El intento de la defensa por reducir la condena a 20 años bajo la carátula de “homicidio culposo” se desmoronó ante las pruebas científicas. Los resultados de la autopsia fueron determinantes: Magalí no murió por el impacto del choque, sino por asfixia por sumersión. Estaba viva cuando el Honda Fit rojo se hundió en el río, pero su estado de inconsciencia debido a los golpes previos le impidió escapar.
Cerfoglio siguió la lectura de la sentencia de forma virtual desde la Unidad Penal N°44 de Batán. Además de la reclusión perpetua, los magistrados le impusieron la obligatoriedad de realizar un tratamiento específico sobre violencia de género, aunque para la familia de Magalí, el consuelo llegó con el veredicto final.
“Se hizo justicia”, se escuchó entre lágrimas en la sala del tribunal, donde los familiares de la víctima celebraron el fallo que pone nombre y apellido al horror que vivieron durante casi dos años de proceso judicial.
La Policía de Río Negro mantiene activos operativos, controles y allanamientos para dar con el sospechoso que continúa prófugo, mientras que este viernes otro de los implicados será imputado por portación de arma de guerra y encubrimiento.
Nahuelpan sigue prófugo de la justicia y Osses volverá este viernes al banquillo de los acusados.
La investigación por el violento ataque armado ocurrido el 12 de marzo a plena luz del día en el oeste de Bariloche avanza con múltiples frentes abiertos. Mientras continúa la intensa búsqueda de Tomás Nahuelpan, señalado como uno de los principales involucrados y aún prófugo, la Justicia avanza sobre otro de los imputados.
Se trata de Ramón Valentín Osses Garay, quien ya fue detenido e imputado por tentativa de homicidio. Según trascendió, este viernes podría enfrentar una nueva imputación por portación de arma de guerra y encubrimiento, lo que agravaría su situación judicial.
De acuerdo a la acusación formulada por la fiscal Betiana Cendón, Osses Garay habría participado activamente del ataque ocurrido el pasado 12 de marzo. En esa ocasión, se movilizaba como acompañante en un vehículo conducido por Nahuel Nahuelpan (hermano del prófugo y ya imputado en la causa) desde donde se efectuaron los disparos contra la camioneta e hiriendo a un menor de 14 años.
La teoría del caso sostiene que, desde el interior del auto, Osses Garay asomó su brazo y realizó al menos ocho disparos contra una camioneta Volkswagen Amarok, propiedad de un hombre de apellido Santoro, con la clara intención de quitarle la vida. Como consecuencia del ataque, el adolescente que salía de la escuela resultó herido.
En paralelo, desde la Policía de Río Negro reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizar a Tomás Nahuelpan. Las autoridades aseguraron que se mantienen activos los operativos en distintos puntos de la ciudad, con controles, allanamientos y tareas investigativas.
Fue admitida la acusación contra un hombre imputado por haber causado la muerte de Diego Manuel Sixto mediante el uso de un arma de fuego, y se dispuso el avance de la causa a juicio oral y público.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego
El hecho ocurrió entre la tarde del 4 y la madrugada del 5 de mayo de 2025, en un campo ubicado a unos 13 kilómetros de Villa Llanquín.
Según la acusación fiscal, todo se inició a partir de una discusión entre el imputado y la víctima, quien se encontraba a caballo. En ese contexto, tras un intercambio en el que medió una agresión previa, el acusado se dirigió a su vivienda, tomó una escopeta y regresó al lugar, donde efectuó un disparo a corta distancia que impactó en la cabeza de la víctima y le provocó la muerte en el lugar.
Además, se le atribuye haber tenido en su poder, sin autorización legal, dos armas de fuego: la escopeta utilizada en el hecho y otra arma tipo pistolón hallada durante un allanamiento realizado días después en su domicilio. En relación con esta última, se indicó que presentaba una modificación prohibida —cañón recortado por debajo de la longitud permitida—, lo que agrava su condición legal.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y de uso civil condicional, en carácter de autor.
La querella adhirió a la acusación y ofreció prueba testimonial, entre ellas, personas del entorno cercano de la víctima, con el objetivo de aportar contexto sobre las circunstancias previas al hecho y su desarrollo.
Por su parte, la defensa pública penal no formuló objeciones a los hechos ni a la calificación legal propuesta, aunque planteó observaciones en relación con la pertinencia de cierta prueba pericial y ofreció testigos de contexto vinculados a las condiciones personales del imputado.
La acusación se sustenta, entre otros elementos, en las actuaciones policiales, los informes periciales, el secuestro de las armas y demás evidencia recolectada durante la investigación.
Durante la audiencia, se dispuso la apertura del juicio oral y público ante un tribunal colegiado. La Fiscalía adelantó que requerirá una pena de 12 años de prisión. Se prevé que el debate se extienda al menos durante cuatro jornadas, en las que declararán alrededor de una veintena de testigos ofrecidos por las partes, de acuerdo con los intereses procesales de cada una.
Al finalizar la audiencia y en relación con la medida cautelar, se resolvió mantener la prisión preventiva con la misma modalidad de cumplimiento, al considerar que subsisten los riesgos procesales, particularmente el posible entorpecimiento de la investigación.
La Justicia dispuso condenas para los dos imputados por el homicidio de Lucas Adrián Araneda, ocurrido el 6 de febrero de 2026 en Bariloche, en un hecho que tuvo lugar en plena vía pública.
En el marco de un juicio abreviado, el tribunal condenó a Diego Huentecura a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por haber causado la muerte de la víctima con un arma blanca. En el mismo proceso, Tomás Fenillán fue condenado a tres años de prisión en suspenso, al considerarse probado que ayudó al autor del homicidio a escapar del lugar tras el ataque.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en calle Moreno al 300, cuando Araneda se encontraba junto a otras personas en la vereda de un comercio. En ese contexto, el condenado comenzó a agredirlo verbalmente, lo que derivó en una pelea.
Durante el enfrentamiento, Huentecura extrajo un cuchillo y le asestó una puñalada en el tórax, herida que provocó la muerte de Araneda en el lugar.
La investigación permitió reconstruir lo sucedido a partir de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios de testigos presenciales, actas policiales y allanamientos que arrojaron resultados positivos. Entre las pruebas también se incluyeron el secuestro del arma utilizada y el informe de autopsia, elementos que permitieron establecer la secuencia de los hechos y determinar la participación de cada imputado.
En relación con el segundo acusado, la Fiscalía sostuvo que Fenillán ayudó al autor del crimen inmediatamente después del ataque, facilitando que no fuera detenido en el lugar y que pudiera darse a la fuga.
Durante el proceso abreviado, ambos imputados admitieron su responsabilidad penal, lo que permitió arribar a un acuerdo entre las partes que fue posteriormente homologado por el tribunal.
De este modo, la Justicia declaró a Huentecura autor del delito de homicidio simple, mientras que Fenillán fue considerado autor del delito de encubrimiento agravado, por haber colaborado con el responsable de un delito grave.
Al momento de dictar la sentencia, el tribunal valoró que las conductas de cada imputado estaban claramente delimitadas y que la prueba reunida —incluidos múltiples registros fílmicos— permitió identificar a los responsables y reconstruir con precisión lo ocurrido.
También se destacó que la calificación jurídica respecto del segundo imputado se ajustó al análisis de la evidencia, ya que no se logró acreditar su participación directa en el homicidio, sino su colaboración posterior para facilitar la fuga del agresor.
En consecuencia, el tribunal resolvió homologar el acuerdo presentado por las partes y condenar al autor del homicidio a ocho años de prisión efectiva. En cuanto a Fenillán, se dispuso una pena de tres años de prisión en suspenso, acompañada de pautas de conducta.
Entre esas condiciones se estableció la obligación de presentarse periódicamente ante el organismo de control, la prohibición de cometer nuevos delitos y la prohibición de acercamiento o contacto con los familiares de la víctima.
Asimismo, las partes renunciaron a los plazos para presentar impugnaciones, por lo que la sentencia quedó firme desde el momento en que fue dictada.
Finalmente, el tribunal informó a los familiares de la víctima que cuentan con el derecho a ser notificados sobre la ejecución de la pena y a intervenir en las instancias que correspondan durante el cumplimiento de la condena.
2026.4.1 Crimen en Moreno y Rolando: ocho años de prisión para el autor del homicidio y condena en suspenso para el cómplice
En el marco de un acuerdo pleno, cerró el caso del homicidio ocurrido en febrero en la esquina de Moreno y Rolando. Tomás Fenillán y Diego Huentucura aceptaron las penas propuestas por la fiscalía ante el tribunal integrado por los jueces Arroyo, Martini y Campana.
El autor del crimen seguirá preso por ocho años, mientras que el joven que lo ayudó a escapar recuperó la libertad.
El Tribunal integrado por los jueces Arroyo, Martini y Campana homologó este miércoles un acuerdo pleno entre la fiscalía y las defensas por el crimen de Lucas Araneda, asesinado de una puñalada en febrero en la esquina de Moreno y Rolando, en pleno centro de Bariloche.
En una audiencia en la que participaron la hermana y el padre de la víctima, el tribunal homologó el acuerdo entre las partes por el crimen de Lucas Araneda. Huentucura, el autor del crimen, fue condenado a ocho años de prisión mientras que Fenillan fue condenado a tres años de prisión en suspenso con pautas de conducta y recuperó la libertad al finalizar el juicio abreviado.
La hermana de Araneda tomó la palabra y manifestó: “Lo único que quiero decir es que yo a mi hermano no lo veo más”. Los dos imputados, no realizaron declaraciones.
La fiscal Betiana Cendón explicó que el hecho fue dividido en dos responsabilidades. A Diego Denis Huentucura, de 22 años, se le atribuye el homicidio. Cerca de las 22 horas, tras un cruce verbal con la víctima mientras caminaban por la zona, lo acorraló contra una reja y lo apuñaló con un cuchillo de 34 centímetros. La herida fue penetrante, con desplazamiento desde el tórax hasta el corazón, y resultó fatal para Araneda, que murió camino al Hospital Zonal.
En tanto Fenillán, de 20 años, si bien en un primer momento se lo había calificado como coautor, fue condenado por encubrimiento agravado . Según la fiscalía, no participó del ataque de manera dolosa (no sabía que su acompañante portaba un arma) pero sí intervino después: impidió que un tercero separara a Huentucura de la víctima, evitó que otras personas intervinieran y lo acompañó varias cuadras para facilitar su fuga.
La fiscal propuso ocho años de prisión efectiva para Huentucura y tres años en suspenso para Fenillán, con pautas de conducta, (presentarse una vez al mes ante la justicia, prohibición de contacto con la familia de la víctima y no cometer nuevos delitos). La defensora Blanca Alderete, en representación de Fenillan, prestó conformidad al acuerdo. Por su parte, la defensa de Huentecura, a cargo de Lescano, también adhirió al planteo.
El crimen ocurrió en 2022 en Tierra del Fuego y la agresora fue condenada a 8 años de prisión.
El hombre recibió nueve puñaladas.
Florencia Eliana Mancilla, de 27 años, fue condenada a 8 años de prisión por el asesinato de su exnovio, de 42, en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. La joven llegó al debate en libertad, pero quedó presa luego del veredicto.
La noche del 18 de diciembre de 2022, mientras Alexis Baciocchi agonizaba en el piso de su casa, Mancilla sacó el celular, empezó a grabarse, admitió que lo había apuñalado y subió un video a Facebook.
Según la acusación, la mujer lo agredió con un martillo, cuchillos y herramientas que había en la casa, como destornilladores. La autopsia determinó que Baciocchi recibió múltiples heridas: ocho puñaladas por la espalda (una de ellas le atravesó el pulmón) y otra en la cabeza que le perforó el cráneo. También tenía golpes en la cabeza y una mordida en la pierna.
La causa indica que, mientras el hombre pedía ayuda, Mancilla se comunicó con su pareja actual y con su madre para contar lo que había hecho. Baciocchi fue trasladado al hospital, pero llegó sin vida cerca de las 00.10.
En el video que publicó en Facebook, la agresora se filmó durante cuatro minutos mientras el hombre agonizaba en el piso. En la grabación, relató lo que había ocurrido minutos antes. “Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces. Se movía mucho y no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra”, aseguró.
En otro tramo, agregó: “En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, solo que se asuste tanto de mí y que sepa que no se podía meter conmigo nunca”. Intentó justificar el ataque y acusó a la víctima de haberla amenazado y acosado. “No quería llegar a esta instancia, solo quería que pare y que deje de querer manosearme”, sostuvo.
Al respecto, la querella aseguró que en el expediente no existen denuncias de violencia contra Baciocchi. Por el contrario, indicó que él había denunciado a Mancilla en 2018 y 2019 por episodios de hostigamiento.
Uno de los aspectos más polémicos del caso fue que la acusada fue excarcelada pocos días después del crimen porque la Justicia consideró que no existían riesgos procesales. Desde entonces, estuvo en libertad. Sin embargo, tras la condena de 8 años, se resolvió que quede presa y que realice un tratamiento de salud mental.
2026.3.20 El Superior Tribunal confirmó la condena del policía Mauricio Gómez
El sargento fue condenado por el jurado popular, condena confirmada por Casación y ahora por el máximo órgano judicial de Entre Ríos.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación extraordinaria presentada por el abogado defensor, y confirmó la condena del sargento de la Policía de Gualeguaychú, Mauricio Gómez.
El policía ya tenía la confirmación de la Cámara de Casación de Concordia, con una pena de 17 años de prisión por el homicidio de Iván Pérez, de 24 años, ocurrido en 2019.
La primera condena había sido del jurado popular de Gualeguaychú, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en el caso de Iván Pérez, en el barrio Molinari.
En la mañana del 9 de octubre de 2019, en el marco de una persecución policial, Gómez disparó con su arma 9 milímetros a unos 100 metros del joven, quien falleció por un disparo en la nuca.
La joven aún permanece internada; uno de los detenidos tiene antecedentes por un homicidio
Dos chicas resultaron heridas por impactos de arma de fuego el lunes pasado luego que dos adolescentes dispararan desde una moto contra una casa en Paraná, Entre Ríos. La policía detuvo a los sospechosos de 16 años.
El ataque dejó en estado crítico a Katherine Alva, de 15 años, que recibió un disparo en la cabeza cuando tomaba mate en la casa de sus vecinos. La otra recibió un balazo en la zona del glúteo y, tras ser asistida por personal de salud, fue dada de alta horas más tarde.
Alva se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital San Martín con pronóstico reservado tras una intervención quirúrgica, según diarios locales.
De acuerdo con los testimonios, los agresores detuvieron su moto frente a la vivienda, ubicada sobre la calle República de Siria, y dispararon entre ocho y diez veces.
Uno de ellos tiene antecedentes por un homicidio ocurrido en mayo de 2025, pero estaba libre. “Son menores y los largan”, reclamaron los familiares de la víctima en una manifestación realizada el martes en la que pidieron justicia ante la División Minoridad donde se encuentran arrestados los sospechosos.
La movilización acabó en algunos disturbios que provocaron la presencia, y posterior accionar policial, según consignó Diario Uno.
Móvil del ataque
La hipótesis que manejan los investigadores por estas horas gira en torno a un ajuste de cuentas. Conjeturan que los menores fueron a buscar al hermano de una joven de 16 años, vecina del lugar donde estaba Alva, y que la adolescente fue una víctima colateral del ataque.
La suegra de Alva explicó que ella no estaba involucrada en ningún conflicto previo al ataque armado. “Quiero aclarar que ella no estaba en la pelea. Estaba tomando mates en la casa de unos amigos, en la vivienda vecina”, sostuvo en diálogo con Elonce.
La Justicia avanza en la investigación para dar con las circunstancias y el móvil del violento ataque.
2026.1.7 Una pelea entre mujeres desató el crimen que terminó con la muerte de un vecino en barrio Las Pampas
El conflicto se inició con una gresca entre dos vecinas y escaló hasta un ataque a tiros que dejó un muerto y dos imputados con prisión preventiva en Chimbas.
Una pelea entre mujeres fue el detonante del homicidio que sacudió la tranquilidad del barrio Las Pampas, en Pocito. Así se conoció este miércoles durante la audiencia de formalización por el crimen de Ricardo Caballero (41), ocurrido el pasado domingo 4 de enero de 2026.
Por el hecho están imputados Alejandro Lara Firmapaz (28) y Jonathan Hernán Arancibia (40), alias “El Tarta”, quienes permanecerán un año detenidos con prisión preventiva en el penal de Chimbas, mientras avanza la investigación.
Según la hipótesis que investiga el fiscal Iván Grassi, junto a los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Roxana Fernández, de la UFI Delitos Especiales, todo comenzó durante la mañana del domingo, cuando la hermana de Caballero protagonizó una gresca con la pareja de Lara, ambas vecinas de la misma manzana.
Si bien el altercado parecía haber quedado atrás, la situación se reavivó cuando la hermana de la víctima radicó una denuncia policial. Esto habría provocado el enojo de Lara y de los Arancibia, quienes primero atacaron con piedras las viviendas de Caballero y su hermana, y luego regresaron armados.
El ataque fatal
De acuerdo con los testimonios recolectados, tras la denuncia, Lara y Arancibia habrían ingresado violentamente a la casa, rompieron vidrios y ventanas y amenazaron a los moradores con un arma de fuego, para luego retirarse.
Minutos más tarde, Ricardo Caballero salió de su vivienda y llegó a la esquina, momento en el que los acusados reaparecieron y efectuaron varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de la víctima, provocándole la muerte.
Primero la investigación sostuvo que Lara fue quien efectuó el disparo, mientras que Arancibia colaboró facilitando el arma.
Sin embargo, durante la audiencia, se exhibió un video publicado por DIARIO DE CUYO, en el que se observa a ambos imputados en la escena del crimen efectuando disparos. Este material es una de las principales pruebas que la fiscalía complementa con testimonios de vecinos, aunque todavía no pueden precisar quien disparó el proyectil mortal.
Grassi solicitó un año de investigación penal preparatoria, argumentando que aún restan tomar declaraciones clave y hallar las armas homicidas, que no fueron encontradas en el lugar del ataque.
Los planteos de la defensa
El abogado Manuel Gimenes Puchol, junto a Fabiana Salinas, pidió que Lara cumpliera la detención en una comisaría o con tobillera electrónica, alegando problemas de convivencia con algunos internos del penal de Chimbas. Los defensores también denunciaron que hubo problemas previos iniciados por los familiares de la víctima.
Por su parte, Nicolás Pardo, defensor de Arancibia junto a otro letrado de apellido Tores, solicitó, primero, que desliguen a su cliente de la causa porque no tuvo ningún tipo de relación con el hecho y, segundo, una junta médica, al señalar que su cliente padece problemas psiquiátricos y ha intentado quitarse la vida cuando no recibe medicación.
Tras los disparos, Lara se quedó en el lugar y ahí fue detenido por la Policía, mientras que Arancibia estuvo un día prófugo.
2026.1.7 El peligroso ladrón que fue filmado intentando abusar de una empleada de una mueblería de Rosario cayó durante un robo en Córdoba
La Justicia rosarina confirmó que el acusado ya estaba detenido en Córdoba por un robo cometido el 1° de enero.
Buenos Aires, 7 Enero – La Justicia de Rosario identificó y localizó a José Alexis Urquia, de 32 años, acusado de intentar abusar sexualmente y golpear violentamente a una empleada de una mueblería durante la jornada de Año Nuevo.
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, tras las tareas de investigación se comprobó que Urquia se encontraba detenido desde el 1° de enero en Córdoba, donde había sido arrestado por un hecho de robo.
Con esta confirmación, la Justicia avanzará con su traslado a Rosario, donde será imputado formalmente por los delitos cometidos en la ciudad, en el marco de una causa que generó fuerte conmoción por la violencia del ataque.
Josué Alexis Urquia, cuyo rostro fue difundido este martes por el Ministerio Público de la Acusación para pedir colaboración para poder capturarlo, se encuentra preso desde el 1 de enero. Alega tener problemas de consumo de droga y de salud mental
El delincuente que quedó filmado el pasado 30 de diciembre en Rosario, cuando ingresó a un local de venta de sillones, intentó abusar de la única empleada presente y posteriormente la atacó a golpes para sacarle su celular, está preso en Córdoba por, casualmente, un asalto. El dato fue obtenido este miércoles por la Justicia santafesina, que avanzaba con medidas para poder allanar su domicilio cordobés. Se trata de Josué Alexis Urquia, de 32 años, cuyo rostro fue exhibido por el fiscal rosarino Ramiro González Raggio, quien había pedido colaboración para poder capturarlo, ya que es considerado un ladrón peligroso.
Después de haber pedido públicamente colaboración y de haber difundido la cara de Urquia debido al violento robo perpetrado en el local de Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu, González Raggio envió un exhorto al Poder Judicial de Córdoba para poder allanar el domicilio que tiene registrado el sospechoso en el barrio El Marqués de Sobremonte de la capital de esa provincia.
En la respuesta estuvo la confirmación: el delincuente había sido aprehendido en la ciudad de Córdoba dos días después del filmado atraco, y por el mismo delito, que ya fue imputado por el ayudante fiscal Lucas Carranza Bertarelli.
Desde un primer momento, el funcionario judicial rosarino había destacado que su salida de la ciudad había sido a través de un colectivo de larga distancia en dirección a Córdoba, donde ahora iba a ir a buscarlo.
“Es una persona peligrosa. Tiene antecedentes penales en La Pampa. A partir de la publicación de este hecho y la repercusión que tuvo nos llegó información de que tiene causas similares en Santa Teresita, Buenos Aires; en El Calafate; y en otras localidades santafesinas, como nuestra capital provincial. Se mueve bastante por el país. Por eso hacemos un llamado para que cualquier información se aporte a la Fiscalía”, destacó en conferencia de prensa este martes.
Como ya publicó Infobae, Josué Urquia estuvo detenido en múltiples oportunidades por hurto, robo e intento de abuso sexual. En 2011, tras una aprehensión por un asalto, fue internado en el Hospital Paso de los Libres, en Corrientes, con custodia policial, ya que había alegado trastorno de conducta. Sin embargo, logró fugarse de ese centro de salud.
Casualmente, ahora, a través de su defensa, elevó una solicitud ante la Justicia cordobesa de la realización de una pericia interdisciplinaria para establecer si comprende la criminalidad de sus actos. El 2 de enero fue revisado por el equipo de salud mental del Hospital San Roque, donde se determinó que se encuentra en condiciones de quedar alojado en una unidad penitenciaria.
Los profesionales de salud del Hospital San Roque agregaron que el sospechoso refiere “alucinaciones auditivas, consumo problemático de sustancias y antecedentes de tratamientos” en hospitales de distintas localidades de Córdoba y de otras provincias.
Ahora, Urquia también enfrentará una acusación penal por la Justicia de Rosario, que a través del fiscal González Raggio solicitará una audiencia por videoconferencia para atribuirle el intento de abuso sexual y robo que cometió el 30 de diciembre en la mueblería de barrio Echesortu, donde la única empleada sufrió lesiones por mordeduras en el dedo meñique de su mano derecha y escoriaciones en distintas partes del cuerpo por trompadas y patadas.
El intento de abuso sexual y el robo en Rosario
Pasadas las 15.30 del 30 de diciembre, Urquia entró a la mueblería de Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu de Rosario, se sentó y, al cabo de unos segundos, la joven empleada comenzó a pedirle que se retirara. Lejos de salir, se abalanzó sobre la chica y quiso llevarla a la parte trasera del lugar para abusarla.
Ante la imposibilidad de concretar la violación, el ladrón tomó del cabello a la víctima y empezó a darle golpes en distintas partes del cuerpo para sacarle su teléfono. La tiró contra diferentes sillones, la arrojó al piso, le pisoteó el rostro y le dio patadas y trompadas. También le mordió durante varios segundos el dedo meñique de la mano derecha y la mujer terminó soltando su celular.
De acuerdo a la declaración que brindó un familiar de la víctima en contacto con la prensa local, la empleada sufrió una fisura en el dedo meñique producto de la mordida y tuvo que ser asistida en un sanatorio del centro de Rosario.
2026.1.7 Los dos detenidos por el crimen en el Barrio Las Pampas pasarán un año en el Penal mientras se determina quién fue el autor del disparo mortal
Se trata de Jonathan “El Tartamudo” Arancibia y Alejandro Lara Firmapaz, quienes están acusados por el homicidio de Ricardo Fernando Caballero. El hecho ocurrió el domingo y la víctima falleció el lunes por la noche.
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Jonathan “El Tartamudo” Arancibia y Alejandro Lara Firmapaz, los dos acusados por el homicidio de Ricardo Fernando Caballero, ocurrido en el Barrio Las Pampas, en Pocito. La audiencia fue presidida por el juez de Garantías Alberto Caballero y la investigación está a cargo de los fiscales Iván Grassi y Pablo Orellano.
Tras escuchar a las partes, el magistrado resolvió imputar a ambos los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas, violación de domicilio y daño simple, en calidad de coautores materiales. Además, dictó un plazo de Investigación Penal Preparatoria (IPP) de un año y ordenó la prisión preventiva por el mismo período para los dos imputados, quienes deberán cumplir la medida en el Servicio Penitenciario Provincial.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó formalmente un año de IPP y de prisión preventiva para ambos acusados, requerimientos que finalmente fueron avalados por el juez. Los imputados se abstuvieron de declarar ante el magistrado.
En cuanto a las defensas, Alejandro Lara Firmapaz fue asistido por Fabiana Salinas y Manuel Giménez Puchol, mientras que Arancibia cuenta con la representación legal de Nicolás Pardo, el mismo letrado que lo acompañó cuando se entregó a la Justicia luego de permanecer prófugo.
La defensa de Lara Firmapaz sostuvo que la familia de la víctima habría atacado la vivienda de su defendido con piedras y ladrillos, asegurando que en el lugar había menores de edad. Además, rechazó la calificación legal provisoria y señaló que aún no está determinado quién efectuó el disparo mortal. Si bien no se opuso al plazo de IPP ni a la prisión preventiva, solicitó que la detención se cumpla en la Comisaría de Pocito o bajo modalidad domiciliaria, pedido que fue rechazado por el juez.
Por su parte, la defensa de Arancibia solicitó la conformación de una junta interdisciplinaria por presuntos problemas psiquiátricos, argumentando que el imputado habría atentado contra su vida en reiteradas oportunidades. El juez desestimó ese planteo al considerar que Arancibia comprende la criminalidad de sus actos y rechazó el pedido de internación en una institución psiquiátrica.
Cabe mencionar que, en un primer momento, la hipótesis fiscal indicaba que Arancibia habría facilitado el arma de fuego con la que Lara Firmapaz efectuó el disparo. Sin embargo, durante la audiencia se incorporaron registros fílmicos que revelarían que ambos detenidos estaban armados al momento de la balacera, motivo por el cual la investigación continuará para determinar quién fue el autor del disparo que terminó con la vida de Caballero.
El ataque se produjo en medio de un conflicto entre dos familias vecinas del Barrio Las Pampas. La situación escaló entre insultos y pedradas hasta que Ricardo Fernando Caballero, de 41 años, recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen el domingo pasado alrededor de las 16 horas.
La víctima ingresó al hospital con código rojo, ya que el proyectil no tuvo salida y le provocó gravísimas lesiones en el pulmón, el páncreas y el hígado, además de un abundante sangrado interno. Pese a los esfuerzos médicos y tras más de 24 horas de luchar por su vida, Caballero murió en la noche del lunes, dando inicio a la causa que continuará con las investigaciones correspondientes, y los acusados detenidos mientras se define quién fue el autor del disparo mortal.
2026.1.6 Impactante video: el momento en el que una patota mató a golpes a un joven en Merlo
Maximiliano Balbuena tenía 29 años y murió tras agonizar cuatro días. La secuencia fue filmada por testigos y muestra la brutalidad del ataque. Hay un detenido.
El festejo de Año Nuevo terminó de la peor manera en Merlo. Lo que comenzó como una disputa entre vecinos derivó en un ataque feroz que quedó registrado por las cámaras de los celulares de los testigos. En las últimas horas, se difundieron las imágenes que son clave en la causa: el momento exacto en el que una patota asesinó a golpes a un joven en la calle, a plena luz del día.
La víctima fue identificada como Maximiliano Balbuena, de 29 años. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera.
Las imágenes son estremecedoras. En medio de una pelea callejera, Balbuena intentaba defenderse, visiblemente desorientado, mientras recibía impactos desde distintos flancos. Según la investigación, el golpe de gracia habría sido un botellazo en la cabeza que le provocó un derrame cerebral instantáneo.
El video mostró la trompada mortal que dejó a Balbuena tendido en el piso. En las imágenes se ve también que, mientras los agresores se dispersaron, la víctima quedó convulsionando ante la mirada de los vecinos, que filmaban la escena sin poder creer lo que ocurría.
Fue su propia hermana quien lo encontró desvanecido poco después. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria, su cuerpo no resistió y falleció el domingo por la mañana.
Un detenido y un cómplice prófugo
Gracias a la difusión del video y a los testimonios de quienes presenciaron la golpiza, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró identificar a uno de los sospechosos. Se trata de Fabián Eduardo Ahumada Romero, un hombre de 56 años de nacionalidad chilena, quien ya fue detenido.
Sin embargo, la familia de la víctima exige justicia y sostiene que no actuó solo. “Lo mataron entre varios”, aseguran desde su entorno. Los investigadores buscan intensamente a al menos otro cómplice que aparece en las grabaciones participando activamente del ataque.
La causa, que inicialmente había sido caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, fue recaratulada como “homicidio” por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Morón, quien ordenó la autopsia para confirmar las lesiones letales que se ven en el video.
Tras el fallecimiento de la víctima, se confirmó la audiencia de formalización donde Alejandro Lara Firmapaz y Jonathan Hernán Arancibia, escucharán la acusación por parte de Fiscalía.
Con la lamentable noticias del fallecimiento de Ricardo Fernando Caballero (41), el hombre que fue baleado por un vecino en el Barrio Las Pampas, el pasado domingo por la tarde, también se agrava la imputación contra los dos sospechosos del crimen, ya que con el deceso la víctima, la imputación será más gravosa.
Fuentes judiciales confirmaron a 0264Noticias que la audiencia de formalización contra Alejando Lara Firmapaz y Jonathan “El Tartamudo” Arancibia será este miércoles, cuando ambos detenidos, se presenten ante un juez de Garantías.
Lara Firmapaz, de 28 años, está señalado como el autor del disparo que dejó en grave estado a Caballero y lo dejó agonizando hasta este lunes por la noche, cuando se confirmó el deceso. Fue detenido poco después de ocurrido el violento episodio.
En el caso de “El Tartamudo” Arancibia, permaneció prófugo durante casi 24 horas, hasta este lunes, cuando se entregó en Tribunales en compañía de su abogado. En su caso, la investigación lo ubica como la persona que le habría facilitado el arma a Lara Firmapaz para dispararle a Caballero.
Hasta el momento, la carátula provisoria que se manejaba era tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego pero estaba sujeta a la evolución del estado de salud de la víctima. Caballero había sufrido daños irreversibles tras el balazo y presentaba falla multiorgánica. Finalmente, este martes se confirmó su fallecimiento, el cual se produjo el lunes poco después de las 23, en el Hospital Rawson, donde permanecía internado en el área de Terapia Intensiva.
Ahora la carátula del delito podría pasar a homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, el cual tiene una pena de 8 a 25 años de prisión.
El caso
Todo comenzó en horas de la mañana del domingo con una discusión entre dos familias vecinas del Barrio Las Pampas, en Pocito. La discusión fue en aumento y finalmente, Ricardo Caballero recibió un impacto de bala.
La víctima ingresó al Hospital Departamental de Pocito con código rojo. El proyectil no tuvo salida y le provocó lesiones en pulmón, páncreas e hígado, con abundante sangrado interno. Permanece en Terapia Intensiva, en gravísimo estado, hasta este lunes por la noche.
Edgardo Gastón Argañaraz fue condenado este martes a un año de prisión condicional y quedó en libertad. Argañaraz es oriundo de Mendoza, pero actualmente vive en Buenos Aires.
Este martes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Edgardo Gastón Argañaraz, el camionero mendocino que, el domingo pasado, rompió una pilastra, se resistió al arresto dándose a la fuga y en el proceso embistió una moto policial en Caucete mientras conducía alcoholizado. En el marco de un acuerdo de juicio abreviado entre las partes, el imputado fue condenado a un año de prisión condicional y al cumplimiento de medidas coercitivas por el plazo de dos años.
La audiencia fue presidida por el juez de Garantías, Pablo León, con la intervención de los fiscales Daniela Pringles, María Belén Sánchez y Rodrigo Herrera, mientras que la defensa estuvo a cargo de las abogadas Yamila Piozzi y Paola Vargas.
Durante el debate, Fiscalía imputó a Argañaraz los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado. Tras el acuerdo alcanzado con la defensa, el magistrado resolvió condenarlo a un año de prisión de ejecución condicional y dispuso medidas coercitivas por el término de dos años, entre ellas la obligación de presentarse una vez al mes en una comisaría, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes, además de mantener buena conducta. Asimismo, se ordenó su inmediata liberación.
El hecho ocurrió alrededor de las 2:55 de la madrugada del fin de semana, en la zona de Cuestas de las Vacas, sobre Ruta Nacional 141. En ese lugar, personal de la Policía Rural intentó identificar a un camión Scania blanco cuyo conductor presentaba claros signos de ebriedad. Lejos de acatar la orden, el chofer reaccionó de forma violenta y embistió una motocicleta oficial de la Policía Rural.
Tras el ataque, el camionero se dio a la fuga y se inició una persecución que se extendió por más de 80 kilómetros. Finalmente, el vehículo fue interceptado en la localidad de Las Trancas, en el límite con la provincia de San Luis, durante un operativo coordinado en el Control Encón. Allí se concretó la aprehensión del conductor, domiciliado en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
Ocurrió en Temperley. La Justicia busca determinar si había antecedentes de violencia.
Una mujer de 32 años fue baleada en el cuello, agonizó durante varios días a causa de las graves heridas y murió este lunes. Por el hecho, detuvieron a su pareja.
El trágico episodio comenzó durante la madrugada del 31 de diciembre en la casa de la víctima, identificada como Daniela Sosa, en la localidad bonaerense de Temperley.
De acuerdo a lo informado por los medios locales, un vecino alertó al 911 tras escuchar disparos en la vivienda. Rápidamente, efectivos de la comisaría local llegaron a la zona y encontraron a Daniela herida de gravedad.
Ante esta situación la trasladaron de urgencia al hospital local. Mientras tanto, en el domicilio comenzaron con las tareas de investigación y secuestraron un revólver calibre .32 que, según determinaron los peritajes preliminares, sería el arma utilizada en el ataque.
El presunto agresor, un hombre de 30 años identificado como la pareja de la víctima, fue detenido poco después del hecho.
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 de Lomas de Zamora. En un principio, la causa estuvo caratulada como “tentativa de homicidio”, pero tras el fallecimiento de Sosa, la investigación fue recaratulada como “homicidio agravado por el vínculo”, precisó el medio local Inforbano.
Luego del brutal ataque, las autoridades recopilaron testimonios de familiares y allegados, quienes precisaron que existían antecedentes de violencia en el hogar.
La investigación avanza y se esperan los resultados de las pericias balísticas. La Fiscalía, a la par, intenta determinar las circunstancias en las que se produjo el femicidio y si existen denuncias previas por parte de la víctima.
Luego de que se conociera la triste noticia, familiares y allegados de la mujer la despidieron con profundo dolor y reclamaron justicia. “Basta de femicidios. Justicia por Daniela Sosa. Tus sobrinas te van a recordar así de feliz y loca linda como eras, Nany”, expresó una joven en redes.
“Loca Linda, qué tristeza saber que un hdp te arrebato la vida. Tan alegre, tan linda, tan vos. Justicia por Dani y que el que le arrebato la vida pague. Volá alto, negra”, sumó una amiga de la mujer.
20226.1.2 Crimen de Azul: el imputado continuará en prisión preventiva hasta el juicio
Las pruebas son “contundentes”, según la fiscalía. Se lo considera “un crimen de odio” y puede terminar condenado a perpetua.
El imputado por el violento asesinato de Azul Semeñenko, la mujer trans atacada en Neuquén, continuará en prisión preventiva hasta que se realice el juicio por jurados. El juez de Garantías Cristian Piana consideró que existe el riesgo de fuga, teniendo en cuenta que de ser encontrado culpable la sentencia sería de cadena perpetua.
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La defensa del acusado, Roberto Daniel Sánchez, solicitó el cambio de modalidad y que pase a una forma atenuada, como la prisión domiciliaria, hasta la efectivización del juicio. Argumentó que la preventiva “es una forma de condena anticipada”, y entendió que “una domiciliaria, con tobillera electrónica y el control aleatorio de rondines policiales” serían suficientes.
El equipo de la fiscalía, en cambio, argumentó que persisten los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El fiscal jefe, Agustín García remarcó que luego de cometido el hecho “el imputado destruyó evidencia y se sustrajo de la acción policial y judicial”. Agregó que con el avance de la investigación no hubo ningún cambio significativo y no se ha incorporado ningún elemento nuevo que permita modificar la modalidad de cumplimiento.
Cómo ocurrió el crimen
Según el Ministerio Público Fiscal, Roberto Daniel Sánchez atacó y mató a Azul Semeñenko el 25 de septiembre en su vivienda de Copahue al 1100, en el barrio Belgrano de Neuquén capital. El cuerpo de la mujer trans fue encontrado el 14 de octubre, mutilado y envuelto en una frazada y un colchón, en un canal de la zona de Valentina Norte, el otro extremo de la ciudad.
La víctima era una mujer trans que ofrecía servicios sexuales. El día del hecho, alrededor de las 1.40, fue abordada por el acusado en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz, desde una camioneta Ford Ranger y bajo el aparente propósito de mantener relaciones sexuales.
Luego, fueron hacia la casa del imputado donde la atacó: le dio “múltiples golpes con elementos contundentes, los que le produjeron fracturas en la región maxilar izquierda y maxilar inferior, fractura de antebrazo izquierdo y lesiones por fuerza contundente en la región frontal y cráneo-facial”, según describió la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi.
“También la atacó con un arma blanca, produciéndole -al menos- 25 heridas punzocortantes, 14 de las cuales estaban en la zona del tórax y abdomen, que le provocaron la muerte por un shock hipovolémico agudo por hemorragia masiva interna”, precisó la fiscal, y encuadró los hechos en el delito de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, y por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género (artículo 80, incisos 2, 4 y 11 del Código Penal), en calidad de autor (artículo 45 del Código Penal).
Inaudi relató que al día siguiente, también durante la madrugada –aproximadamente a las 3:50, el imputado trasladó el cuerpo en la camioneta hacia el canal de desagüe, ubicado en calle Pergamino casi Trenque Lauquen, en el que lo descartó. “Allí, el 14 de octubre a las 17:40, fue hallado por personas que paseaban por el lugar”, añadió la fiscal.
Las evidencias
Inaudi describió los detalles de las evidencias que condujeron al allanamiento en el que, realizado el sábado 18 de octubre, se dispuso la demora y posterior detención del imputado. El relevamiento de cámaras de seguridad que registraron la secuencia desde que el acusado llegó al lugar en el que la víctima se subió al vehículo; el trayecto hacia el domicilio del imputado y, allí, con una cámara privada, el descenso de ambos y el ingreso a la casa. De allí también, el registro de cómo luego el imputado acercó la camioneta al ingreso de la vivienda, cargó algo y se dirigió, también registrado por las cámaras, al lugar en dónde se encontró el cuerpo.
En el allanamiento se hallaron registros de sangre humana en distintas partes de la casa y la camioneta, una sábana y una funda de almohada. También se secuestró un sistema de cámaras de seguridad del propio imputado, un cuchillo de doble filo, un hacha y un machete.
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