Un grave suceso ocurrido este fin de semana ha generado consternación y alarma entre los residentes del barrio Guao, en la comunidad de Cienaguilla, municipio Campechuela, provincia Granma, tras confirmarse un doble crimen dentro de una vivienda familiar, según información difundida por la página de Facebook Nio Reportando un Crimen.
Las víctimas fueron identificadas como Dermis Figueredo, conocida en la comunidad como “Gulli”, de aproximadamente 38 años, y Junio Rosa Rivera, de unos 43 años, quien era la pareja actual de la mujer. De acuerdo con testimonios de vecinos citados por la fuente, ambos habrían sido atacados dentro del domicilio, presuntamente con un arma blanca, aunque este detalle aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.
El principal sospechoso del hecho sería Adrián Corrales, expareja sentimental de Dermis Figueredo, quien permanece prófugo. Vecinos de la zona aseguran que existían antecedentes de conflictos personales, un elemento que vuelve a colocar sobre la mesa la problemática de la violencia asociada a relaciones sentimentales y disputas no resueltas.
Este caso ha reavivado el debate en redes sociales sobre el incremento de hechos violentos en distintas regiones del país. Especialistas y ciudadanos coinciden en que factores como el deterioro económico, el estrés social, la falta de atención psicológica, el consumo de alcohol y la ausencia de mecanismos efectivos de prevención contribuyen a un entorno cada vez más tenso, donde conflictos personales pueden escalar con consecuencias fatales.
Llama la atención que, hasta el momento, no se ha divulgado públicamente una imagen de Junio Rosa Rivera, a diferencia de otros casos similares. Activistas y comunicadores independientes señalan que esto puede deberse a varias razones: la protección de la familia en medio del duelo, la falta de fotografías disponibles en redes sociales o la cautela de los administradores de páginas informativas ante posibles repercusiones legales o éticas. También influye el contexto de censura informativa y la limitada transparencia institucional que rodea este tipo de hechos en Cuba.
Mientras tanto, la comunidad de Cienaguilla permanece impactada, exigiendo justicia y mayor seguridad. Vecinos expresan temor y frustración ante la repetición de sucesos de este tipo y reclaman respuestas más ágiles por parte de las autoridades, así como políticas reales de prevención de la violencia doméstica y de género.
El caso continúa bajo investigación, y se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre la captura del presunto responsable y la confirmación de los detalles del crimen.
2026.1.8 Un recluso asesina a una enfermera en Sancti Spíritus
Un recluso asesina a una enfermera en Sancti Spíritus
Violencia machista
La Habana/La enfermera Magaly Aragón, de 58 años, fue asesinada el pasado martes en la comunidad rural de La Yaya, en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus. La mujer, que trabajaba en un campamento penitenciario, fue interceptada cuando regresaba a su vivienda y murió asfixiada, según información divulgada en redes sociales y confirmada por este diario a través de fuentes locales.
Una testigo consultada por 14ymedio relató que, horas después del crimen, pudo ver al detenido cuando era trasladado por un fuerte operativo policial. Según su testimonio, el hombre llevaba una camisa de fuerza y fue conducido a una consulta de psiquiatría, aparentemente para una evaluación médica.
De acuerdo con el youtuber cubano Niover Licea, el presunto autor del crimen es Yoel Soriano Santana, un recluso común con antecedentes penales. El ataque ocurrió entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde, en un cañaveral del Consejo Popular La Yaya. Licea afirmó que la víctima fue agredida sexualmente antes de ser asesinada.
El hombre llevaba una camisa de fuerza y fue conducido a una consulta de psiquiatría, aparentemente para una evaluación médica
Soriano Santana, según los datos difundidos, cumple una condena previa de 26 años por asesinato y habría ingresado al sistema penitenciario en noviembre de 2005. Tras el homicidio, fue capturado y permanece recluido mientras se desarrollan las diligencias del caso, a cargo de la Guardia Operativa Provincial.
El caso ha vuelto a poner en evidencia las graves fallas de seguridad del sistema penitenciario y de control de personas con antecedentes por delitos violentos, especialmente cuando se trata de individuos que, pese a condenas previas por homicidio, logran desplazarse fuera de centros de reclusión sin la debida custodia.
La profesora Eudoxia Pérez, quien conocía a la víctima, lamentó el asesinato y describió a Magaly Aragón como “una excelente trabajadora y una madre dedicada”. Pérez expresó su esperanza de que “la justicia valore este horrendo crimen con la pena máxima”.
El homicidio se registró apenas horas después de que las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas informaran de nuevos feminicidios ocurridos en la Isla. Con estos casos, el conteo independiente de 14ymedio –a partir de los registros de ambas organizaciones y reportes en redes sociales– elevó a 43 el número de asesinatos machistas confirmados en 2025.
Alas Tensas ha denunciado que, pese a los esfuerzos del régimen por proyectar una imagen de respuesta institucional frente a la violencia contra mujeres y niñas, los crímenes continúan acumulándose en los registros ciudadanos. La organización subraya que las medidas anunciadas como “avances” no se traducen en una prevención efectiva ni en protección real para las víctimas.
De acuerdo con el youtuber cubano Niover Licea, el presunto autor del crimen es Yoel Soriano Santana, un recluso común con antecedentes penales
El Gobierno cubano reconoció en 2025 que los tribunales identificaron 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas en juicios celebrados ese año. En 2023, las cifras oficiales contabilizaron 110 víctimas. Aun así, las autoridades mantienen sin acceso público el registro administrativo informatizado que prometieron elaborar de manera conjunta la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo.
Aunque en noviembre pasado se inauguró una oficina especializada para la atención jurídica integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia de género –un proyecto que aspira a extenderse a 40 municipios–, activistas y expertos coinciden en que sigue faltando una respuesta inmediata cuando existen alertas previas y, sobre todo, políticas de prevención que eviten tragedias como la que terminó con la vida de Magaly Aragón.
SANCTI SPÍRITUS.— Un crimen violento ocurrido en el Consejo Popular La Yaya, en el municipio de Jatibonico, ha provocado conmoción en la provincia tras confirmarse el asesinato de una trabajadora del sector de la salud en un área cañera cercana a un campamento abierto.
La víctima fue identificada como Magalis Arango Arango, de 58 años, quien se desempeñaba como enfermera en la instalación. De acuerdo con información divulgada por fuentes locales, el hecho ocurrió entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., cuando la mujer se dirigía a su vivienda. En ese trayecto habría sido interceptada, agredida físicamente, inmovilizada y asfixiada, provocándole la muerte.
Los reportes preliminares señalan como presunto responsable a Yoel Soriano Santana, de 44 años, un recluso comúnvinculado a la granja donde se ubica el campamento. El sospechoso fue capturado y permanece recluido en una celda de seguridad, mientras avanzan las diligencias investigativas. Según registros oficiales, cumple una condena de 26 años por asesinato, con ingreso al sistema penitenciario el 17 de noviembre de 2005.
Las autoridades informaron que la Guardia Operativa Provincial se encuentra a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades. El caso ha reabierto el debate sobre los mecanismos de control y seguridad en áreas donde reclusos con antecedentes por delitos graves realizan labores, así como sobre la protección de trabajadores que prestan servicios esenciales en entornos vulnerables.
La víctima deja tres hijos huérfanos y el principal sospechoso del crimen permanece prófugo.
La violencia machista volvió a cobrarse la vida de una mujer en Cuba en la madrugada de este jueves, cuando se registró un feminicidio en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba. La víctima fue identificada como Yuleidis Sánchez Rodríguez, de 43 años, madre de tres hijos, entre ellos un adolescente de 14 años.
El caso fue reportado inicialmente por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada. De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió en la Carretera Turística del reparto Altamira, cerca del antiguo motel La Turbina, actualmente conocido como Bella Vista, un inmueble que está ocupado por personal militar.
Según los reportes, Yuleidis salió de su vivienda de madrugada para llevar alimentos a familiares. En ese trayecto fue interceptada por el agresor, quien la atacó con un arma blanca. La mujer recibió al menos dos heridas punzantes, una en el cuello y otra en una pierna, que le provocaron la muerte en el lugar.
El presunto agresor fue identificado como Neudis Callis Cureaux, un hombre próximo a cumplir 44 años, residente en el reparto Nuevo Van Van, conocido como “La Micro”, dentro del propio barrio de Altamira. Tras el ataque, huyó del lugar y hasta el momento no ha sido detenido.
Personas cercanas al entorno de la víctima señalaron que el sospechoso presentaba antecedentes de conducta violenta y que había amenazado reiteradamente a Yuleidis, incluso después de que esta decidiera poner fin a la relación que mantenían. Vecinos aseguran que la mujer intentó alejarse de él para protegerse.
El crimen deja a tres menores sin su madre y se suma a los feminicidios registrados en Cuba, en un contexto donde organizaciones y activistas han alertado reiteradamente sobre la falta de mecanismos eficaces de prevención y protección frente a la violencia de género.
Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado más de 270 feminicidios, pese a operar en un entorno hostil caracterizado por la criminalización del activismo feminista, el acceso restringido a fuentes institucionales y la inexistencia de una tipificación legal del feminicidio.
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