2026.3.4 Cubano se quita la vida con una soga por asfixia económica en Mayabeque
Un hombre cubano se quitó la vida en la provincia de Mayabeque, en un hecho que vuelve a poner en el centro del debate la situación de la salud mental en Cuba en medio de la actual crisis económica.
La información fue divulgada por el investigador Julio González Pagés, quien explicó en redes sociales que la víctima, “un hombre trabajador, casado y con tres hijos”, habría atravesado un colapso financiero que derivó en un profundo estado de frustración al no poder sostener económicamente a su familia.
“El suicidio como solución a los conflictos personales cobra una vida en Mayabeque”, escribió el especialista, quien advirtió además sobre el incremento sostenido de estos casos en el país.
Según datos citados por Pagés, la tasa de suicidio en Cuba pasó de 10.2 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 13.8 en 2025. En América Latina, solo Uruguay presenta cifras superiores. Ambos países se ubican por encima del promedio regional, que se mantiene por debajo de 10 por cada 100.000 habitantes.
Combos de comida para Cuba, aseo, medicinas y más
El investigador señaló que, aunque en Cuba el acceso a armas de fuego es limitado (apenas 1% de los casos), el ahorcamiento y la intoxicación continúan siendo los métodos más frecuentes. Asimismo, destacó que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres.
Desde hace años existen campañas oficiales de prevención del suicidio; sin embargo, según Pagés, estas han enfrentado limitaciones por falta de recursos. También apuntó a la escasa presencia del tema en expresiones culturales y artísticas, salvo excepciones como el cantautor Jota Barrios, quien abordó la problemática en el videoclip “Domingo”.
El especialista alertó que en contextos de “multicrisis” —marcados por inflación, escasez de alimentos y medicamentos, apagones y migración masiva— los indicadores de salud mental tienden a deteriorarse, lo que podría traducirse en un aumento de estos hechos, que apenas reciben atención en los medios estatales.
Recientemente trascendió también la muerte de la periodista Orquídea Roque, reconocida voz de Radio Ariguanabo, cuyo fallecimiento generó conmoción entre colegas y oyentes.
Igualmente se conoció en meses recientes el suicidio del reconocido neurólogo Néstor Pérez Lache, quien se lanzó desde el puente de Santa Catalina y Vento, en La Habana.
La situación, de acuerdo a Pagés reabre interrogantes sobre la atención psicológica disponible en la Isla y la necesidad de reforzar redes de apoyo comunitarias en un escenario económico y social que se agrava por día.
Cuba said Wednesday it has filed terrorism charges against six suspects it claims were aboard a Florida-flagged speedboat that is alleged to have opened fire on soldiers in waters off the island’s north coast.
The Prosecutor’s Office said in a statement that the suspects of Cuban origin remain in pretrial detention, adding that it will ensure “due process” as it continues to act “in defense of our people and the country’s institutions.”
The government has said 10 heavily armed Cubans from the U.S. who were on board the boat opened fire as they tried to infiltrate the island to commit acts of terrorism. It said that Cuban soldiers returned fire, killing four suspects.
However, the White House confirmed to CBS News last week that at least one American was one of the four people killed. The news was first reported by Axios.
In addition to the American citizen who was killed, a U.S. official confirmed to CBS News that at least one U.S. citizen was also among those arrested. At least one of the boat’s occupants had a K-1 visa, the official said, which allows a citizen’s fiancé to travel to the U.S. to get married, and others are believed to be legal permanent residents of the U.S., although it was not clear how many.
According to the official and an incident report from the Monroe County Sheriff’s Office in Florida, the boat’s owner alleged that the vessel had been stolen by an employee.
The Cuban government unveiled items said to have been found on the boat, including a dozen high-powered weapons, more than 12,800 pieces of ammunition and 11 pistols.
Chief prosecutor Edward Robert Campbell has told The Associated Press that terrorism charges carry a possible sentence of up to 30 years in prison or even the death penalty, although Cuba has maintained a moratorium on the latter since 2003.
The brother of one of the men who was killed in the incident said his sibling was fixated on overthrowing Cuba’s government.
Misael Ortega Casanova, brother of Michael Ortega Casanova, told the AP that his brother had fallen into an “obsessive and diabolical” quest to free Cuba from its communist government. Cubans in the United States and Cuban Americans have long protested the current Cuban government, and accused the island’s leadership of human rights violations.
“They became so obsessed that they didn’t think about the consequences nor their own lives,” Casanova said of his brother and the other men who were aboard the boat.
2026.3.3 Condenan a empleada de correo a cuatro años de prisión por robar pensiones y giros en Ciego de Ávila
Una gestora comercial de la empresa estatal Correos de Cuba robó más de 57,000 pesos de pensiones y giros postales en la oficina de un poblado rural del municipio de Majagua, en Ciego de Ávila, y fue sentenciada a cuatro años de prisión tras ser declarada culpable del delito de malversación, según información oficial difundida este martes.
Además del proceso penal contra la empleada de correos, el Tribunal Municipal Popular de Majagua juzgó a la directora de la misma sucursal, ubicada en la localidad de Orlando González, por “incumplimiento del deber de proteger los bienes del Estado”, y le impuso la sanción de trabajo correccional sin internamiento durante un año, aun cuando “no lucró ni obtuvo beneficio alguno” del delito.
La nota publicada en el sitio web del Tribunal Supremo Popular de Cuba no dio a conocer el nombre de las acusadas.
De acuerdo con las autoridades, en un lapso de tres meses, la gestora del correo se apropió de 33,110 pesos correspondientes a pagos de pensiones y 23,961 pesos de giros postales que no fueron emitidos o no se pagaron a sus destinatarios.
Según la versión oficial del caso, las personas perjudicadas comparecieron como testigos en el juicio, donde expusieron “con claridad cada aspecto de los hechos”, revelando el modus operandi de la funcionaria, quien les decía que “no había efectivo en el correo y, por tanto, no podía pagarles la chequera ese mes”.
Similar proceder empleó en varias ocasiones con remitentes y destinatarios de giros postales, cuyos montos también retuvo para su beneficio.
No obstante, la actuación de la trabajadora de Correos de Cuba no despertó sospechas y todo se mantuvo oculto durante algunos meses, hasta que una investigación de otro problema en la misma oficina postal propició que se destapara la trama.
Según el texto, aprovechando la presencia en el lugar de una comisión provincial que indagaba la desaparición de unos ventiladores, varias víctimas manifestaron quejas y preocupaciones que terminaron por poner al descubierto anomalías con los pagos de pensiones y giros.
“El iceberg empezó a asomar su cabeza al comprobarse incongruencias de carnés de identidad, falsedad en torno a comprobantes y otras irregularidades que sobre la base de un mayor control hubieran podido ser detectadas a tiempo”, subrayó la fuente. Ello llevó a que la directora de la oficina también fuera implicada en el caso.
El reporte calificó de “vergonzoso” el proceder de la empleada del correo, no sólo porque cometiera la malversación de manera premeditada, sino también por su “falta total de escrúpulo (sensibilidad, sentimiento, valores) con las víctimas: ancianos, jubilados, amas de casa, gente humilde, los más necesitados y vulnerables”.
Subrayó que, aunque la acusada mostró arrepentimiento por sus acciones, ello “no la eximirá de la ‘sanción’ que tal vez cargue por el resto de su vida, no recogida en ley o norma jurídica algunas: el menosprecio o la indiferencia con que la mirarán quienes nunca van a entender cómo alguien puede albergar tanta insensibilidad humana en su interior y emplearla con fines de lucro personal contra el segmento más humilde y necesitado de la sociedad”.
La nota no precisó si a las víctimas les fue reintegrado el dinero robado.
Considerando las pruebas, declaraciones y documentos presentados en el juicio, el tribunal dictó sentencia de privación de libertad por cuatro años contra la gestora del correo, en base al Artículo 297.1 del Código Penal, y la medida de trabajo correccional sin internamiento por un año a la directora de la oficina, según el Artículo 303.1, indicó la información.
Además, ambas recibieron las medidas accesorias de privación de derechos públicos, prohibición del ejercicio de cargos e impedimento de salida del país.
2026.3.2 Detenidos en La Habana diez panameños acusados de “propaganda contra el orden constitucional”
Según las investigaciones preliminares, los implicados habrían recibido la orientación de confeccionar letreros con contenido “subversivo” durante la madrugada del sábado 28 de febrero en la capital cubana.
El Ministerio del Interior anunció hoy la detención el sábado de diez ciudadanos panameños acusados de realizar acciones de propaganda consideradas “contrarias al orden constitucional cubano” al crear letreros “con contenido subversivo”.
De acuerdo con una nota oficial del Minint y difundida por la Presidencia en Facebook, los detenidos, residentes en Panamá, habrían ingresado al país con la finalidad de confeccionar letreros con contenido “subversivo” y abandonar el territorio una vez cumplido el encargo.
Según las investigaciones preliminares, los implicados habrían recibido la orientación de ejecutar las acciones durante la madrugada del sábado en la capital cubana y, a su regreso a Panamá, recibirían pagos que oscilarían entre 1000 y 1500 dólares por persona, conforme a sus primeras declaraciones.
El Ministerio del Interior señaló que, desde el momento de su detención, los ciudadanos reconocieron su participación en los hechos, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre el proceso judicial ni sobre posibles vínculos con otras personas u organizaciones.
Las investigaciones continúan, indicó la entidad, que no especificó el lugar exacto donde se realizaron las acciones ni el estado legal actual de los acusados.
Estos hechos están tipificados en el artículo 124 del Código Penal cubano, precisó el Ministerio del Interior. La norma establece sanciones de privación de libertad de tres a ocho años para quien incurra en propaganda contra el orden constitucional.
En particular, contempla castigo para quien “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma”, así como para quien “confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado”.
2026.2.27 Policía decomisa más de 90 libras de carne de res en Santiago de Cuba
Autoridades del municipio San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba, decomisaron más de 90 libras de carne de ganado mayor tras un registro domiciliario realizado en la localidad de Emma Rosa Chuig, según informó la página oficialista Héroes del Moncada, vinculada al Ministerio del Interior (MININT).
De acuerdo con la publicación en Facebook, la carne habría sido obtenida mediante un sacrificio ilegal de ganado, una práctica tipificada como delito en la legislación cubana.
El operativo se realizó en una vivienda del barrio y forma parte de las acciones de control contra el hurto y sacrificio ilícito de reses, un fenómeno recurrente en varias provincias del país en medio de la escasez de alimentos y los altos precios en el mercado informal.
Contexto de escasez y control
El sacrificio ilegal de ganado en Cuba es considerado un delito grave, dado que el Estado mantiene el control sobre la producción y comercialización de la carne de res. La venta y consumo de este producto está estrictamente regulado.
En los últimos años, autoridades han intensificado los operativos contra esta práctica, mientras la población enfrenta dificultades para acceder a proteínas de origen animal en el mercado formal.
Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre posibles detenidos o sanciones relacionadas con el caso.
2026.2.27 Cuba’s Deputy Foreign Minister Carlos Fernandez de Cossio walks to give a declaration about a deadly boating shooting in Cuba waters, in Havana, Thursday, Feb. 26, 2026.
Cuban soldiers confronted a speedboat carrying 10 people as the vessel approached the island and opened fire on the troops, who fired back, killing four and wounding six, Cuba’s government says. Cuba’s deputy foreign minister on Thursday said communication about the firefight is underway with U.S. officials, who say at least one American was killed and another wounded.
One of the four killed was Michel Ortega Casanova – a man on an “obsessive and diabolical” quest for Cuba’s freedom from current circumstances, his brother in Florida said.
Misael Ortega Casanova said his brother Michel is an American citizen who has lived in the U.S. for more than 20 years and still agonizes over the suffering that Cubans endure.
“They became so obsessed that they didn’t think about the consequences nor their own lives,” Misael told The Associated Press of the passions harbored by his brother.
At the same time, Misael said that he did not recognize any of the names that the Cuban government released in connection with the boat incursion and that the shootings had caught his family by surprise.
“No one knew,” Misael said of his brother’s plans. “My mother is devastated.”
He said that while he doesn’t believe in heroes — “because that is ignorance” — he hopes that his brother’s death might be a worthwhile sacrifice.
“Maybe it will justify that some day Cuba will be free.”
Cuban authorities, meanwhile, say Ortega Casanova was accompanied on the boat by two men who are wanted “based on their involvement in the promotion, planning, organization, financing, support or commission” of terrorism, speaking of Amijail Sánchez González and Leordan Enrique Cruz Gómez. They released a list of alleged suspects accused of planning to invade Cuba.
La socióloga analiza la policrisis que atraviesa Cuba, la pobreza estructural como golpe al proyecto socialista, la erosión de la confianza en el Estado y las vías que aún podrían abrir una salida.
Si tuviera que resumir en una sola palabra cómo se divisa el horizonte en Cuba, Mayra Espina escogería “incertidumbre”. Para la socióloga e investigadora, quien se ha dedicado a estudiar hondamente la desigualdad en la isla, el escenario actual no deja margen para más dudas sobre algo que el discurso oficial ha insistido en negar por mucho tiempo. En Cuba la pobreza no solo existe, sino que crece aparejada al deterioro económico y político que muchos expertos, incluida ella misma, coinciden en llamar de “policrisis”.
Lo más preocupante en la gestión de la crisis actual es la negación —entendida tanto como falta de reconocimiento realista, como de inacción, acción insuficiente y falta de responsabilización institucional frente a ella— de un caos que penetra cada vez con mayor rapidez en el tejido social, como una plaga virulenta.
Esa negación sostenida y, por consiguiente, la ausencia de soluciones para un problema que apenas se nombra, en un contexto de vulnerabilidad creciente, explica en buena medida la sensación de desamparo que hoy se extiende entre los cubanos, y que entre ellos ganen cada vez más fuerza imaginarios anexionistas, alimentados por promesas externas de salvación ante la incapacidad del propio gobierno para sacar al país a flote en un escenario cada vez más adverso.
En medio de ese clima de desgaste social, Mayra —a diferencia de los discursos que esquivan o silencian el problema— lo nombra y lo analiza desde su papel como investigadora asociada del Programa Académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. Como muchos otros intelectuales cubanos, continúa produciendo conocimiento desde la propia isla, su principal objeto de preocupación intelectual, pero también una fuente de desasosiego en el plano personal y humano que ella misma experimenta desde su cotidianidad.
En su condición de observadora, la recorre a diario en lo que ella misma llama de “sociología callejera”, sobre cuyos hallazgos escribe además en “La Calle”, su columna en OnCuba. Aun así, y pese a la gravedad innegable de todo lo que observa, cree que aún hay margen para maniobrar salidas al naufragio en un país que necesita replantear tanto su modelo económico como su rumbo político si quiere sobrevivir preservando su soberanía y los principios innegociables de su modelo.
En esta entrevista, repasamos con ella temas imprescindibles del debate público cubano: el viraje social y político provocado por la crisis, la desesperanza instalada, el declive de la institucionalidad, el aumento de la pobreza y su amenaza directa al proyecto socialista que, al menos en el plano nominal y discursivo, se ha intentado sostener durante más de seis décadas.
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2026.2.20 Cinco trabajadores condenados en Las Tunas por malversar más de 600 000 pesos en alimentos
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Procesan en Las Tunas a cinco personas por el delito de malversación. Foto: Periódico 26
La justicia en Las Tunas ha dictado sentencia en un caso de corrupción que afectó directamente el bolsillo de miles de familias tuneras.
En un juicio oral, público y con carácter ejemplarizante, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular encontró culpables a cinco individuos por el desvío de productos alimenticios destinados a la canasta básica y al consumo social en la provincia.
Los hechos juzgados tuvieron como escenario el almacén de la Unidad Empresarial de Base 639, perteneciente a la Empresa Mayorista de Alimentos de Las Tunas. Los acusados, aprovechando su posición laboral en ese centro, sustrajeron arroz, azúcar, chícharos y frijoles. Estos alimentos, en lugar de llegar a los hogares para los que estaban previstos, fueron desviados y comercializados de manera ilegal en el mercado informal.
El impacto social y económico del delito es considerable. Según quedó acreditado durante el proceso, más de 50 000 núcleos familiares se vieron perjudicados por esta acción. Además, el erario público sufrió un menoscabo cuantificado en 623 088,68 pesos cubanos, una cifra que evidencia la magnitud del daño causado al presupuesto del Estado.
Las pruebas presentadas y debatidas en el juicio resultaron determinantes para establecer la responsabilidad penal de todos los implicados. El tribunal calificó los hechos como constitutivos de un delito de malversación, tipificado en los apartados 1 y 2 del Artículo 297 del Código Penal. Como consecuencia, las penas impuestas a los cinco ciudadanos oscilan entre los 11 y los 13 años de privación de libertad.
A las sanciones principales se suman un conjunto de penas accesorias. Los sentenciados enfrentan la privación de derechos públicos, la inhabilitación para el ejercicio de su profesión, cargo u oficio, y la prohibición de salir del territorio nacional. Adicionalmente, se estableció la correspondiente responsabilidad civil, que los obliga a resarcir el perjuicio económico ocasionado.
Fuentes judiciales confirmaron que durante toda la tramitación del expediente, así como en la celebración del juicio oral, se observaron estrictamente las garantías procesales. El debido proceso, consagrado tanto en la Constitución cubana como en la Ley del Proceso Penal, fue respetado en cada una de sus fases.
La vía judicial aún no está agotada para los implicados. Tanto los sancionados como la representación de la Fiscalía tienen la facultad de presentar un recurso de casación ante instancias superiores, con el objetivo de impugnar el fallo emitido por el tribunal provincial.
Un grave suceso ocurrido este fin de semana ha generado consternación y alarma entre los residentes del barrio Guao, en la comunidad de Cienaguilla, municipio Campechuela, provincia Granma, tras confirmarse un doble crimen dentro de una vivienda familiar, según información difundida por la página de Facebook Nio Reportando un Crimen.
Las víctimas fueron identificadas como Dermis Figueredo, conocida en la comunidad como “Gulli”, de aproximadamente 38 años, y Junio Rosa Rivera, de unos 43 años, quien era la pareja actual de la mujer. De acuerdo con testimonios de vecinos citados por la fuente, ambos habrían sido atacados dentro del domicilio, presuntamente con un arma blanca, aunque este detalle aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.
El principal sospechoso del hecho sería Adrián Corrales, expareja sentimental de Dermis Figueredo, quien permanece prófugo. Vecinos de la zona aseguran que existían antecedentes de conflictos personales, un elemento que vuelve a colocar sobre la mesa la problemática de la violencia asociada a relaciones sentimentales y disputas no resueltas.
Este caso ha reavivado el debate en redes sociales sobre el incremento de hechos violentos en distintas regiones del país. Especialistas y ciudadanos coinciden en que factores como el deterioro económico, el estrés social, la falta de atención psicológica, el consumo de alcohol y la ausencia de mecanismos efectivos de prevención contribuyen a un entorno cada vez más tenso, donde conflictos personales pueden escalar con consecuencias fatales.
Llama la atención que, hasta el momento, no se ha divulgado públicamente una imagen de Junio Rosa Rivera, a diferencia de otros casos similares. Activistas y comunicadores independientes señalan que esto puede deberse a varias razones: la protección de la familia en medio del duelo, la falta de fotografías disponibles en redes sociales o la cautela de los administradores de páginas informativas ante posibles repercusiones legales o éticas. También influye el contexto de censura informativa y la limitada transparencia institucional que rodea este tipo de hechos en Cuba.
Mientras tanto, la comunidad de Cienaguilla permanece impactada, exigiendo justicia y mayor seguridad. Vecinos expresan temor y frustración ante la repetición de sucesos de este tipo y reclaman respuestas más ágiles por parte de las autoridades, así como políticas reales de prevención de la violencia doméstica y de género.
El caso continúa bajo investigación, y se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre la captura del presunto responsable y la confirmación de los detalles del crimen.
2026.1.8 Un recluso asesina a una enfermera en Sancti Spíritus
Un recluso asesina a una enfermera en Sancti Spíritus
Violencia machista
La Habana/La enfermera Magaly Aragón, de 58 años, fue asesinada el pasado martes en la comunidad rural de La Yaya, en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus. La mujer, que trabajaba en un campamento penitenciario, fue interceptada cuando regresaba a su vivienda y murió asfixiada, según información divulgada en redes sociales y confirmada por este diario a través de fuentes locales.
Una testigo consultada por 14ymedio relató que, horas después del crimen, pudo ver al detenido cuando era trasladado por un fuerte operativo policial. Según su testimonio, el hombre llevaba una camisa de fuerza y fue conducido a una consulta de psiquiatría, aparentemente para una evaluación médica.
De acuerdo con el youtuber cubano Niover Licea, el presunto autor del crimen es Yoel Soriano Santana, un recluso común con antecedentes penales. El ataque ocurrió entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde, en un cañaveral del Consejo Popular La Yaya. Licea afirmó que la víctima fue agredida sexualmente antes de ser asesinada.
El hombre llevaba una camisa de fuerza y fue conducido a una consulta de psiquiatría, aparentemente para una evaluación médica
Soriano Santana, según los datos difundidos, cumple una condena previa de 26 años por asesinato y habría ingresado al sistema penitenciario en noviembre de 2005. Tras el homicidio, fue capturado y permanece recluido mientras se desarrollan las diligencias del caso, a cargo de la Guardia Operativa Provincial.
El caso ha vuelto a poner en evidencia las graves fallas de seguridad del sistema penitenciario y de control de personas con antecedentes por delitos violentos, especialmente cuando se trata de individuos que, pese a condenas previas por homicidio, logran desplazarse fuera de centros de reclusión sin la debida custodia.
La profesora Eudoxia Pérez, quien conocía a la víctima, lamentó el asesinato y describió a Magaly Aragón como “una excelente trabajadora y una madre dedicada”. Pérez expresó su esperanza de que “la justicia valore este horrendo crimen con la pena máxima”.
El homicidio se registró apenas horas después de que las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas informaran de nuevos feminicidios ocurridos en la Isla. Con estos casos, el conteo independiente de 14ymedio –a partir de los registros de ambas organizaciones y reportes en redes sociales– elevó a 43 el número de asesinatos machistas confirmados en 2025.
Alas Tensas ha denunciado que, pese a los esfuerzos del régimen por proyectar una imagen de respuesta institucional frente a la violencia contra mujeres y niñas, los crímenes continúan acumulándose en los registros ciudadanos. La organización subraya que las medidas anunciadas como “avances” no se traducen en una prevención efectiva ni en protección real para las víctimas.
De acuerdo con el youtuber cubano Niover Licea, el presunto autor del crimen es Yoel Soriano Santana, un recluso común con antecedentes penales
El Gobierno cubano reconoció en 2025 que los tribunales identificaron 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas en juicios celebrados ese año. En 2023, las cifras oficiales contabilizaron 110 víctimas. Aun así, las autoridades mantienen sin acceso público el registro administrativo informatizado que prometieron elaborar de manera conjunta la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo.
Aunque en noviembre pasado se inauguró una oficina especializada para la atención jurídica integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia de género –un proyecto que aspira a extenderse a 40 municipios–, activistas y expertos coinciden en que sigue faltando una respuesta inmediata cuando existen alertas previas y, sobre todo, políticas de prevención que eviten tragedias como la que terminó con la vida de Magaly Aragón.
SANCTI SPÍRITUS.— Un crimen violento ocurrido en el Consejo Popular La Yaya, en el municipio de Jatibonico, ha provocado conmoción en la provincia tras confirmarse el asesinato de una trabajadora del sector de la salud en un área cañera cercana a un campamento abierto.
La víctima fue identificada como Magalis Arango Arango, de 58 años, quien se desempeñaba como enfermera en la instalación. De acuerdo con información divulgada por fuentes locales, el hecho ocurrió entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., cuando la mujer se dirigía a su vivienda. En ese trayecto habría sido interceptada, agredida físicamente, inmovilizada y asfixiada, provocándole la muerte.
Los reportes preliminares señalan como presunto responsable a Yoel Soriano Santana, de 44 años, un recluso comúnvinculado a la granja donde se ubica el campamento. El sospechoso fue capturado y permanece recluido en una celda de seguridad, mientras avanzan las diligencias investigativas. Según registros oficiales, cumple una condena de 26 años por asesinato, con ingreso al sistema penitenciario el 17 de noviembre de 2005.
Las autoridades informaron que la Guardia Operativa Provincial se encuentra a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades. El caso ha reabierto el debate sobre los mecanismos de control y seguridad en áreas donde reclusos con antecedentes por delitos graves realizan labores, así como sobre la protección de trabajadores que prestan servicios esenciales en entornos vulnerables.
La víctima deja tres hijos huérfanos y el principal sospechoso del crimen permanece prófugo.
La violencia machista volvió a cobrarse la vida de una mujer en Cuba en la madrugada de este jueves, cuando se registró un feminicidio en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba. La víctima fue identificada como Yuleidis Sánchez Rodríguez, de 43 años, madre de tres hijos, entre ellos un adolescente de 14 años.
El caso fue reportado inicialmente por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada. De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió en la Carretera Turística del reparto Altamira, cerca del antiguo motel La Turbina, actualmente conocido como Bella Vista, un inmueble que está ocupado por personal militar.
Según los reportes, Yuleidis salió de su vivienda de madrugada para llevar alimentos a familiares. En ese trayecto fue interceptada por el agresor, quien la atacó con un arma blanca. La mujer recibió al menos dos heridas punzantes, una en el cuello y otra en una pierna, que le provocaron la muerte en el lugar.
El presunto agresor fue identificado como Neudis Callis Cureaux, un hombre próximo a cumplir 44 años, residente en el reparto Nuevo Van Van, conocido como “La Micro”, dentro del propio barrio de Altamira. Tras el ataque, huyó del lugar y hasta el momento no ha sido detenido.
Personas cercanas al entorno de la víctima señalaron que el sospechoso presentaba antecedentes de conducta violenta y que había amenazado reiteradamente a Yuleidis, incluso después de que esta decidiera poner fin a la relación que mantenían. Vecinos aseguran que la mujer intentó alejarse de él para protegerse.
El crimen deja a tres menores sin su madre y se suma a los feminicidios registrados en Cuba, en un contexto donde organizaciones y activistas han alertado reiteradamente sobre la falta de mecanismos eficaces de prevención y protección frente a la violencia de género.
Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado más de 270 feminicidios, pese a operar en un entorno hostil caracterizado por la criminalización del activismo feminista, el acceso restringido a fuentes institucionales y la inexistencia de una tipificación legal del feminicidio.
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