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2026.6.4 11 years after one teen’s death sparked massive Argentine protests, a new case shakes the nation
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — In May 2015, the grisly killing of a pregnant 14-year-old girl named Chiara Páez by her 16-year-old boyfriend triggered massive protests in Argentina that evolved into a generation-defining movement throughout Latin America under the motto of “ Ni Una Menos,” or “Not One Woman Less.”
Now, 11 years after the first Ni Una Menos protest created a collective consciousness about what would come to be known as femicide — the killing of women and girls because of their gender — the nation is convulsing with anger once again.
This time, it’s over the killing of 14-year-old Agostina Vega, in the central city of Cordoba. She arrived at a family friend’s home the night of May 23, expecting to pick up a gift for her mother. Instead, she was sexually assaulted and hanged, initial autopsy results indicate, her body dismembered with a kitchen knife.
Her remains were found in a drainage ditch Saturday, a week after her disappearance, as vigils in her home province erupted into clashes with police.
The outrage has reverberated across the country, and on Wednesday, thousands of protesters gathered for the annual Ni Una Menos demonstration in downtown Buenos Aires. Many held posters printed with the faces and names of women who’ve been killed or who disappeared in recent years, including Agostina. Her case brought renewed energy and purpose to the protest, amplifying demands for government action and intensifying criticism of President Javier Milei.
The libertarian ally of U.S. President Donald Trump has called the feminist movement “a ridiculous and unnatural fight,” promoted scrapping femicide from the penal code, and defunded programs supporting victims of gender violence as part of his cultural war and cost-cutting campaign. x1200
2026.6.4 Se viralizó un video de Agostina junto a su mamá y llovieron los comentarios por un polémico detalle
En medio de todo el material que va apareciendo, un video que muestra a Agostina junto a Melisa puso en tela de juicio la responsabilidad de la mujer.
En medio del dolor y la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, se viralizó un nuevo video que vuelve a poner a su madre, Melisa Heredia, en tela de juicio y como blanco de todas las críticas.
En el material difundido por el portal Derechazo se observa a Melisa y a la nena en la previa de un partido de Racing de Córdoba. Ambas están vestidas con la camiseta del club local y una periodista partidaria se acerca para entrevistar a la adulta.
Las preguntas que le hace son las de rigor en el marco de la previa futbolística. Melisa, cigarrillo en mano, de buen semblante y con una gran sonrisa, responde sus expectativas para el encuentro deportivo. A su lado, Agostina la escuchaba.
El detalle que desató la críticas sobre la madre de Agostina
Al principio del video y sobre el final aparece en cámara Agostina, al lado de su madre. A la nena se la ve igual que en las fotos que se viralizaron durante su búsqueda, pero un detalle llamó la atención: está tomando lo que pareciera un preparado alcohólico de los típicos vasos plásticos de litro.
En las redes algunos dicen que parece fernet con bebida cola y otros hablan de “pritiado”, el popular preparado en Córdoba con vino tinto y gaseosa de lima limón.
Los comentarios apuntaron de lleno a Melisa, por un lado, por la irresponsabilidad de permitir que una menor tome alcohol; por otro, por difundir un perfil de la niña que quizás no se correspondía con la realidad y pudo entorpecer la investigación desde un principio.
“Alcohol, pucho, falopa, cancha, cultura del aguante, todo incentivado por la madre”; “La hija con 14 años tomando alcohol al lado de la madre. Metan preso al asesino y a la madre” y “La madre dándole escabio, tendría que pudrirse en la cárcel también”.
Por supuesto, la mayoría de los comentarios indicaban que ninguna actitud de la niña, incluso avalada por su madre, justificaba el brutal asesinato. “Que tenga 14 años y esté tomando alcohol no te da derecho a violarla, matarla y desmembrarla. Aclaro porque veo mucho comentario intentando justificar un femicidio”, resumió una de las usuarias.
2026.6.4 Hay otro detenido por el femicidio de Agostina Vega: cuál sería la imputación
La medida fue dispuesta por el fiscal Raúl Garzón, a raíz del crimen que sacudió al país. Fue trasladado a la cárcel de Bouwer y no descartan más detenciones.
En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido entre el 23 y el 24 de mayo pasados, otro hombre fue detenido en las últimas horas por parte de la Policía y por órdenes del fiscal Raúl Garzón. Trascendió que se trata de Osvaldo Fassetta y la imputación sería la de encubrimiento agravado.
Al parecer vivía en la casa de calle Del Campillo al 800, la vivienda ocupada por Claudio Barrelier y donde habría sido cometido el crimen. Fuentes oficiales señalaron a La Voz que Fassetta fue capturado este jueves a la tarde y la imputación inicial es la de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género. No se descarta que, conforme avance la causa, pueda agravarse.
Voceros del caso indicaron que “todo indica que estaba en la vivienda al momento de los hechos investigados y no puede no haber escuchado”. Hay algo más: no se descarta que este hombre haya sido el autor de unos llamados telefónicos recibidos por la mamá de Agostina en su celular cuando aún no se había hallado el cuerpo. En esas comunicaciones, desde un número desconocido, un hombre le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.
Fassetta será trasladado a la Cárcel de Bouwer. Mientras tanto, la investigación continúa y no se descarta que, conforme avancen las pruebas y los testimonios, hayan más detenciones. El abogado Carlos Nayi, quien representa a los abuelos de Agostina, celebró la detención y se mostró cauto. “No tengo mucha información. Sé que está detenido este hombre. Habíamos reclamado su captura”, expresó.
LA RESPUESTA DEL ABOGADO DEFENSOR
Eduardo Javier Medina Allende, abogado defensor de Fassetta, cuestionó el accionar judicial y negó la presencia de su cliente en el lugar al momento del asesinato. “Yo no he visto el expediente. Sé que en Córdoba los fiscales, cuando no tienen nada que hacer, hacen algo y dictan prisiones preventivas”, fustigó.
Agregó que su defendido llegó a la vivienda recién el domingo y que es natural que se encuentre su rastro en la habitación. “Si yo le digo a la gente yo duermo en esa cama, viene la Policía, saca el colchón, ¿huellas de quién pueden encontrar? Del que duerme en esa cama…”, argumentó y aseguró que su cliente no estuvo en la casa al momento en el que se habría cometido el femicidio.
En cuanto al audio enviado a la madre de Agostina que, según trascendió, se le atribuye al detenido, Medina Allende puso en duda el registro. Un detalle aportado por la defensa refiere a una supuesta alteración de la escena que el propio detenido habría notado: a Fassetta “le pareció raro que había dejado una frazada gris oscuro y encontró una frazada gris blanca”.
BARRELIER, CON “BROTES” Y CRISIS
El principal sospechoso, Barrelier (34), permanece detenido en el hospital de la cárcel de Bouwer bajo estricta vigilancia psiquiátrica. Debido a que ha sufrido “brotes” o crisis y ha manifestado tendencias suicidas, el fiscal Garzón postergó su indagatoria hasta que su estado de salud lo permita. En los próximos días, peritos oficiales buscarán determinar si el acusado es imputable y si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del crimen.
DÓNDE ESTÁ CENTRADA LA INVESTIGACIÓN DEL FEMICIDIO
La investigación por el femicidio de Agostina Vega está centrada en la vivienda de la calle Del Campillo. La justicia realizó peritajes acústicos para establecer si los ruidos del ataque pudieron ser escuchados por otras personas en la casa y recolectó material genético en el baño, además de secuestrar un colchón para análisis de laboratorio. Se investiga también la posible existencia de una cadena de encubrimiento, incluyendo el presunto rol de la dueña del vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo.
2026.6.4 Qué se sabe del crimen de Agostina Vega en Córdoba y cómo sigue la investigación
Había desaparecido el 23 de mayo pasado por la noche; su cuerpo fue hallado una semana después en un campo cercano al barrio Ampliación Ferreyra; se conocieron resultados preliminares
La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba y fue hallada muerta una semana después, sumó en las últimas horas datos clave sobre cómo murió la víctima y cuál habría sido la secuencia del crimen. Los resultados preliminares de la autopsia, junto con nuevas medidas judiciales, agravaron la situación procesal del único detenido, Claudio Barrelier.
Mientras la Justicia intenta reconstruir cada movimiento ocurrido desde la noche en que la joven salió de su casa, los investigadores también analizan si hubo otras personas que pudieron haber participado o colaborado en el encubrimiento del hecho. A la par, familiares de la adolescente reclaman respuestas y cuestionan la actuación inicial de las autoridades durante la búsqueda.
Retoman las clases en su escuela
Los compañeros de Agostina, que si bien cursaba el tercer año, se supo en los últimos días que hacía alrededor de un mes que no asistía a clases, planearon una suelta de globos, un gesto que las maestras definieron como “hermoso”.
Ahora, la comunidad educativa convocó a participar activamente de la marcha del Ni Una Menos que se hará este miércoles a lo largo de todo el país. “Se cumplen 11 años del Ni Una Menos y hoy tenemos que decirlo por nuestra alumna, que no lo imaginamos nunca”, sostuvo una docente de Matemática de Agostina en diálogo con el noticiero Arriba Argentinos.
“No actuó solo”
Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, pidió justicia por su hija. “Así como asesinaron a mi hija, habrá un montón de Agostinas”, sostuvo en conferencia de prensa.
El padre de la joven arremetió directamente contra Barrelier y sostuvo que “no actuó solo”. “Estuvo en manos de este hijo de mil p… y la va a pagar, y todos los implicados también. No voy a descansar. Tienen que estar todos presos”, señaló. Confirmó junto a su abogada, Fernanda Alaniz, que realizarán más imputaciones, aunque no dijeron sobre quiénes apuntarán.
“Esto es por ella y para que se sepa la verdad de una vez por todas. Que el foco se centre en ella, en la investigación y toda la gente que es cómplice de esta situación. Más allá del psicópata, enfermo, hijo de mil p… No sé cómo describirlo, no tiene nombre”, completó.
Qué reveló la autopsia
Los estudios forenses preliminares determinaron que Agostina murió por ahorcamiento y que antes habría sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que todavía faltan los resultados definitivos de los análisis complementarios, que permitirán establecer con mayor precisión las circunstancias del ataque.
Según pudo saber LA NACION, los investigadores también creen que el cuerpo fue desmembrado con uno o más cuchillos de cocina, lo que provocó severos daños en los restos hallados. Además, continúan pendientes los exámenes toxicológicos que deberán determinar si la adolescente fue drogada antes de ser asesinada.
La data de muerte coincide con una de las principales hipótesis del fiscal Raúl Garzón: que el crimen ocurrió durante las primeras horas posteriores a la desaparición.
La principal hipótesis sobre cómo ocurrió el crimen
La reconstrucción judicial indica que Agostina tomó un remís hacia el barrio Cofico y llegó cerca de las 23 a la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, donde residía Barrelier.
Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de la adolescente al domicilio. De acuerdo con la investigación, habría permanecido allí hasta ser asesinada entre la 1 y las 2 de la madrugada del domingo.
Para los investigadores, el crimen ocurrió dentro de esa vivienda. Los peritajes determinaron además que el lugar habría sido limpiado en al menos dos oportunidades después del hecho. Durante un segundo allanamiento, las pruebas con luminol detectaron rastros de sangre y los peritos secuestraron productos de limpieza y elementos que podrían haber sido utilizados para borrar evidencias.
La fiscalía también sostiene que Barrelier retiró el cuerpo de la casa recién el lunes por la mañana y lo trasladó hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde permaneció alrededor de 45 minutos antes de abandonar el lugar.
Qué se investiga sobre posibles cómplices
Aunque Claudio Barrelier es hasta ahora el único detenido, la Justicia no descarta la participación de otras personas.
Uno de los focos de la investigación está puesto en quienes convivían con el acusado en la vivienda donde habría ocurrido el crimen. Todos ya declararon ante la fiscalía, pero los investigadores intentan determinar si escucharon, advirtieron o incluso colaboraron en alguna etapa posterior al asesinato.
Las sospechas recaen especialmente sobre una mujer que mantenía una relación sentimental con Barrelier. Los pesquisas buscan establecer si pudo haber tenido algún grado de participación o encubrimiento.
En la misma línea se expresó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien sostuvo que en una causa de estas características no puede descartarse la intervención de terceros.
Cómo sigue la causa judicial
Este lunes el fiscal Garzón agravó la situación procesal de Barrelier. La imputación pasó de privación ilegal de la libertad a femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua en caso de una condena.
Además, los abuelos maternos de Agostina fueron aceptados como querellantes particulares y se sumaron al padre de la adolescente en la representación de la familia dentro del expediente.
Mientras tanto, el acusado permanece detenido en la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Según fuentes de la investigación, recientemente protagonizó un episodio en el que amenazó con quitarse la vida y desde entonces se encuentra bajo observación psiquiátrica permanente.
El antecedente clave
La causa también reactivó cuestionamientos sobre un episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando una joven denunció que Barrelier la había retenido contra su voluntad dentro de la misma vivienda de barrio Cofico.
Según relató la denunciante, el hombre la obligó a desvestirse, la ató de pies y manos y le tapó la boca con cinta adhesiva. La joven logró escapar y fue auxiliada por vecinos que llamaron a la policía.
Por ese hecho, Barrelier estuvo detenido durante 20 días por privación ilegítima de la libertad, pero recuperó la libertad tras pagar una fianza. Ahora, tras el crimen de Agostina, aquel antecedente volvió a quedar bajo análisis y generó fuertes cuestionamientos sobre las decisiones judiciales adoptadas en ese momento.
Reclamos de la familia y movilizaciones
Los familiares de Agostina cuestionaron las demoras registradas al momento de denunciar la desaparición. Según contaron los abuelos de la adolescente, acudieron a una comisaría durante la madrugada del domingo y fueron atendidos varias horas después.
También sostuvieron que el testimonio del remisero que trasladó a la menor la noche de su desaparición pudo haber sido incorporado antes a la investigación.
2026.6.3 Se difundieron detalles más atroces de la autopsia de Agostina Vega
Los estudios en el cuerpo de la adolescente de 14 añoso revelaron información estremecedora. La cruda sospecha sobre Claudio Barrelier, el principal acusado.
La Justicia de Córdoba recibió los resultados finales de la autopsia realizada a Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en barrio Cofico. El informe forense, completado en la Morgue Judicial, aportó datos determinantes sobre la crueldad del ataque y la pericia del único detenido.
La principal hipótesis es que la menor murió por asfixia entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de mayo, según confirmaron fuentes de la investigación, en diálogo con El Doce. Los peritos determinaron que el fallecimiento se produjo antes de que el agresor comenzara a diseccionar los restos.
Este detalle técnico es fundamental para la causa: los cortes en el cuerpo fueron realizados post mortem. Los investigadores señalaron que Claudio Barrelier utilizó un cuchillo para desmembrar el cadáver, aunque todavía no se pudo secuestrar el arma blanca específica utilizada en el hecho.
“Sabía muy bien lo que hacía”: aseguraron sobre Claudio Barrelier
Uno de los puntos más impactantes del reporte forense es la destreza que habría demostrado Claudio Barrelier para manipular los restos. Si bien no se calificaron como cortes profesionales, expertos advirtieron que el acusado tenía “evidentes conocimientos” para realizar el descuartizamiento, en una charla con el citado medio.
“Sabía muy bien lo que hacía”, expresaron fuentes ligadas a la causa al referirse al modo en que se segmentó el cuerpo de la víctima para facilitar su ocultamiento. El informe también ratificó la existencia de claros signos de penetración compatibles con un abuso sexual.
A diferencia de las primeras versiones, la pericia final indicó que no se advirtieron daños graves en los órganos internos. Sin embargo, la complejidad del escenario forense obligó a solicitar estudios complementarios para terminar de reconstruir la mecánica del femicidio.
El horror en Barrio Cofico
La reconstrucción judicial indica que Agostina ingresó a la vivienda de calle Juan del Campillo 878 el sábado por la noche y nunca salió con vida. El fiscal Raúl Garzón sostiene que Barrelier abusó de ella y la asesinó en el lugar.
Posteriormente, el sospechoso habría conservado los restos en la propiedad hasta el lunes 25 de mayo. Ese día, utilizó el Ford Ka de una amiga para trasladar el cuerpo hasta un descampado en barrio Ampliación Ferreyra, donde lo enterró.
El hallazgo se produjo gracias a un perro adiestrado que marcó una zona cerca de una alcantarilla. El animal fue clave, ya que la lluvia y la humedad habían borrado cualquier rastro visible de tierra removida en el sector donde estaban los restos.
El avance de la causa judicial
Con los datos de la autopsia, la fiscalía busca determinar si Barrelier actuó solo o si contó con ayuda para encubrir el crimen. Actualmente, se analiza el rol de la dueña del vehículo utilizado para el traslado, el cual fue secuestrado tras haber sido lavado por fuera.
En las últimas horas, la Morgue Judicial entregó el cuerpo de la adolescente a sus familiares. Se espera que el entierro de la joven se realice este jueves, mientras la comunidad de Córdoba se moviliza en reclamo de justicia por el femicidio.
Barrelier permanece bajo custodia mientras se procesan pericias técnicas sobre los teléfonos secuestrados. Los investigadores intentan establecer si existió comunicación previa entre el detenido y la víctima antes del trágico desenlace del sábado 23.
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Emanuel Román Núñez Romero aceptó su responsabilidad mediante un juicio abreviado y recibió una pena de 6 años y 8 meses de cárcel. Había sido uno de los imputados que sorprendió al admitir durante una audiencia que participaron del hecho para recuperar droga que consideraban propia.
Uno de los protagonistas del resonante caso del robo ocurrido en una vivienda de Rivadavia y que culminó con un atrincheramiento en el barrio Manantiales fue condenado este jueves mediante un juicio abreviado.
Se trata de Emanuel Román Núñez Romero, quien fue hallado culpable de los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, robo agravado por el uso de arma de fuego cometido en poblado y en banda, portación de arma de guerra y usurpación de títulos, todos en concurso real y en calidad de coautor.
Como resultado del acuerdo alcanzado entre las partes, el juez Mario Adárvez homologó la pena de 6 años y 8 meses de prisión efectiva, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Además, fue declarado reincidente.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Miguel Gay, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Guillermo Pardo.
El caso tuvo una amplia repercusión pública desde abril pasado, cuando un grupo de hombres irrumpió violentamente en una vivienda de calle Entre Ríos Sur, en Rivadavia, simulando ser policías. Durante el asalto, los delincuentes redujeron a los ocupantes, golpearon al propietario y se llevaron dinero, plantas de cannabis, teléfonos celulares y otros efectos de valor.
Tras el robo, los sospechosos fueron localizados en un departamento del barrio Manantiales, en Capital, donde se atrincheraron, lo que derivó en un importante operativo policial para lograr su detención.
La causa también cobró notoriedad durante las audiencias de formalización, cuando el propio Núñez Romero sorprendió al admitir la participación del grupo en el hecho. En aquella oportunidad afirmó que habían ido a buscar droga que consideraban propia y cuestionó que la otra parte no estuviera siendo investigada.
Nahiara Jazmín Da Silva falleció tras permanecer internada varias semanas. La Justicia investiga una posible intoxicación con cocaína y un contexto de negligencia extrema.
El fallecimiento de Nahiara Jazmín Da Silva, una beba de apenas cinco meses, desencadenó una investigación judicial en el partido de Escobar que culminó con la detención de sus padres y su abuela.
La pequeña murió mientras se encontraba internada en un hospital de San Fernando, luego de un historial de complicaciones de salud y denuncias por falta de cuidados.
Una cadena de negligencias
El caso comenzó a principios de abril, cuando la niña fue ingresada al Hospital Erill de Escobar debido a dificultades respiratorias.
A raíz de una denuncia vecinal que alertaba sobre la negligencia en los cuidados de la menor, la Policía Científica realizó un allanamiento de urgencia en la vivienda familiar el 13 de abril.
Tras el procedimiento, la beba fue trasladada al Hospital Petrona V. de Cordero, en San Fernando, donde permaneció internada hasta su deceso. Aunque inicialmente la causa se caratuló como “abandono de persona”, el avance de las pericias y la gravedad de los hechos llevaron a la Justicia a agravar las imputaciones.
El entorno familiar y la sospecha de estupefacientes
Uno de los puntos más alarmantes de la investigación surgió de las declaraciones de la propia abuela de la víctima, Elena Rosa Da Silva (64), quien antes de ser detenida aseguró ante la prensa que la nena “ya tenía cocaína en sangre” al nacer.
La mujer también describió condiciones de vida precarias, señalando que la casa permanecía siempre cerrada y que ya había notado que su nieta “respiraba mal” y tenía ruidos en los pulmones.
Imputaciones y detenciones
La UFI y J N°4 de Escobar ordenó recientemente una serie de allanamientos en Maquinista Savio e Ingeniero Maschwitz, donde se hicieron efectivas las detenciones:
Micaela Jackeline Benítez (30), la madre: detenida bajo el cargo de “homicidio agravado por el vínculo cometido con dolo eventual”.
Diego Emanuel Da Silva (34), el padre: imputado por “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”.
Elena Rosa Da Silva (64), la abuela: acusada de “abandono de persona agravado por el resultado muerte”.
Los tres familiares permanecen privados de su libertad mientras la Justicia continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y el grado de responsabilidad de cada uno.
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2026.5.9 El papá de Ángel rechazó el informe médico que señaló una neumonía como la causa de muerte del nene
Luis López vio a su hijo por última vez el 9 de marzo. Dice que el chico estaba “sano del pecho” y que tiene estudios que lo prueban. La nueva pericia contradice un informe anterior.
Una nueva pericia podría cambiar el rumbo de la causa por la muerte de Ángel, el nene de Comodoro Rivadavia cuyo padre acusa a la madre de haberlo golpeado hasta matarlo. El reciente informe señala que el menor murió por una neumonía y descarta que los golpes hayan sido la causa del fallecimiento. Para Luis López, el padre, esa pericia es falsa.
“Eso es mentira, para nosotros es falso. Yo tengo todos los estudios de mi hijo y jamás tuvo ningún problema respiratorio ni ninguna enfermedad”, dijo López en diálogo con TN.
Dos pericias que se contradicen
El caso tiene un antecedente que complica aún más el panorama. Una pericia anterior había señalado alrededor de 22 golpes en la cabeza y hematomas en el cráneo del nene. Ahora, un nuevo informe niega esas conclusiones y atribuye la muerte a una enfermedad respiratoria.
La segunda pericia se difundió días después de que López presentara una denuncia penal contra la psicóloga Jennifer Leiva y un juez vinculados a la causa. “El miércoles yo había hecho una denuncia penal contra la psicóloga y el juez, y aparecieron estas supuestamente nuevas evidencias. Esto es todo falso. Ellos quieren cubrir a estos corruptos que hay acá en Comodoro”, afirmó.
La última vez que Luis López vio a su hijo fue el 9 de marzo. Ese encuentro quedó registrado en un video que el propio padre difundió y que generó conmoción en las redes sociales. En las imágenes, Ángel se ve en mal estado físico, aunque sin signos de enfermedad respiratoria.
“Mi hijo estaba sano, normal del pecho. Sí se le veía mal cuidado, desnutrido, con rasguños y golpecitos en la cara y en el cuerpo. Denuncié eso y no me hicieron caso, ni con el video ni con la denuncia que hice en Protecciones”, señaló López.
El 6 de abril, estudios médicos realizados sobre el menor también descartaban problemas pulmonares o signos de enfermedad. “No tenía ningún signo de enfermedad en el cuerpo”, remarcó el padre.
López también mencionó que la propia hija de González —la pareja de la madre de Ángel— habría dado testimonio sobre los maltratos. “Cuando ella estaba de vacaciones acá, ellos le pegaban y maltrataban a Ángel. Su propia hija testiguó eso”, aseguró.
La estrategia legal y la desconfianza en la Justicia
El abogado del padre le comunicó que no incorporarán la nueva pericia como prueba. “Me dijo que íbamos a seguir, que esto no lo vamos a tomar como evidencia. Yo tengo todos los estudios médicos de mi hijo que prueban que jamás tuvo esta enfermedad”, explicó López.
La Fiscalía no se ha contactado con él desde que se conoció el nuevo informe. Y López desconfía de la Justicia de Comodoro. “Tenía un poco de confianza, pero como están queriendo encubrir a todos estos corruptos, ya no confío en nadie. Esto es un asesinato, a mi hijo lo mataron. No voy a parar hasta que todos caigan”.
2026.5.9 Caso Ángel López: una nueva pericia aseguró que el nene de 4 años murió de neumonía
La Justicia de Chubut recibió un informe clave que contradice los resultados preliminares de la autopsia. Por el hecho permanecen detenidos la madre biológica y su pareja.
La causa que conmociona a Comodoro Rivadavia dio un giro total en las últimas horas. Tras semanas de una investigación centrada en un presunto homicidio por maltrato físico, nuevos informes periciales presentados ante la Justicia de Chubut indican que Ángel Nicolás López, de 4 años, murió a causa de un cuadro de neumonía bilateral.
Este resultado contradice la hipótesis inicial de la fiscalía, que se basaba en un informe preliminar de autopsia donde se detallaba que el menor presentaba más de 20 lesiones internas en la cabeza.
Bajo esa premisa, se dictó la prisión preventiva para Mariela Altamirano, madre biológica del niño, y su pareja, Maicol González, quienes hoy permanecen tras las rejas.
Una pericia que cambia el escenario
Según confirmaron fuentes judiciales, los estudios complementarios (histopatológicos) habrían determinado que el deceso no fue producto de un traumatismo cerebral provocado por terceros, sino de una infección respiratoria aguda que no fue tratada a tiempo.
El giro en el caso genera un fuerte impacto, ya que la acusación original apuntaba a un “homicidio agravado por el vínculo” en el caso de la madre, y un rol activo por parte del padrastro en las agresiones.
Ahora, los abogados defensores buscarán la libertad de los imputados, alegando que no hubo intención de matar ni agresiones físicas directas que causaran la muerte.
Pese a los avances médicos de la pericia, el entorno del nene que lo crió durante sus primeros años —encabezado por su padre Luis López y su “mamá de corazón” Lorena Andrade— rechaza rotundamente esta versión.
“Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, expresó con dolor Andrade en declaraciones recientes. La familia sostiene que el nene presentaba signos claros de maltrato desde que fue revinculado con su madre biológica hace apenas unos meses por orden de la justicia de familia.
Las dos caras de la investigación
Hasta el momento, la investigación se movía sobre dos ejes. Por un lado, la hipótesis del maltrato, basada en los 22 hematomas internos detectados inicialmente, que sugerían un patrón de violencia sistemática.
Por otra parte, la falla estatal. La mira puesta en el juez de familia que otorgó la tenencia a la madre biológica pese a las advertencias del entorno del niño y del propio Ángel, quien habría manifestado en varias ocasiones que no quería ir a esa casa.
Con el ingreso de la neumonía como causa de muerte en el expediente, la fiscalía deberá determinar si existe responsabilidad de los cuidadores por abandono de persona o negligencia criminal al no haber buscado asistencia médica, o si efectivamente se trató de una muerte natural, lo que podría derivar en el sobreseimiento de los detenidos.
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2026.5.9 Operativo. La caída de “La novia de Mervin”: desbarataron una banda narco liderada por una mujer
En el operativo fue detenida Priscila Macarena Verón, de 28 años, señalada como la jefa de la banda que operaba en diversas localidades del sur del conurbano bonaerense.
Tras una investigación iniciada en noviembre pasado, la Policía Bonaerense logró desarticular una organización criminal dedicada al microtráfico en el partido de Almirante Brown. En el operativo fue detenida Priscila Macarena Verón, de 28 años, señalada como la jefa de la banda que operaba en diversas localidades del sur del conurbano bonaerense.
Un ascenso basado en vínculos criminales Según las fuentes policiales, Verón logró escalar posiciones dentro de la estructura tras la fuga del jefe máximo de la organización, Kevin Henderson Valderrama Acosta. La relación directa con “Mervin” le permitió a la joven de 28 años acceder a proveedores, respaldo armado y coordinar la logística de distribución y almacenamiento de estupefacientes.
Modus operandi y estructura
La banda utilizaba un aceitado sistema de “pasamano” para la venta minorista y contaba con “satélites” encargados de alertar sobre la presencia policial. Además, la organización disponía de custodia armada para mantener el control de los territorios en los que operaba, que incluían barrios de Malvinas Argentinas, Burzaco, Adrogué y Llavallol.
Durante los cuatro allanamientos realizados, también fue detenida Jesica Soledad Monafo, de 37 años, identificada como otra integrante relevante de la banda. En las viviendas utilizadas como centros de acopio y fraccionamiento, las autoridades detectaron no sólo drogas, sino también material bélico y elementos de corte.
Secuestro de drogas y dinero
Los procedimientos, supervisados por el fiscal Leonardo Kaszewski de la UFI N°14 de Lomas de Zamora, arrojaron los siguientes resultados:
506 gramos de marihuana y 195,4 gramos de cocaína, todo fraccionado para su comercialización.
550 mil pesos en efectivo y 10 teléfonos celulares.
Cuatro balanzas de precisión y anotaciones de importancia para la causa.
Búsqueda de prófugos
A pesar del golpe a la cúpula, la investigación continúa para dar con el paradero de otros miembros que siguen en libertad.
hEntre ellos se destaca Joel David Rodríguez, alias “El Topo”, quien presuntamente amenazaba a vecinos para usurpar sus viviendas y convertirlas en búnkeres de venta. También son buscados Elian Yair Bret (alias “Maluma”), Rodrigo Daniel Sánchez (alias “Pipo”) y Dylan Benjamín Fernández (alias “Pompón”).
Ambas mujeres detenidas fueron acusadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, bajo la Ley 23.737.
La “falsa médica” atendía en hospitales de la provincia y fue detenida hace 10 días tras ser acusada de ejercicio ilegal de la medicina.
Lidia Mabel Ojeda fue detenida hace 10 días tras ser acusada de ejercicio ilegal de la medicina. Según denunciaron las autoridades de uno de los hospitales en los que trabajaba en Chaco, la mujer usaba una matricula que no le pertenecía para atender a los pacientes.
Recientemente, el titular de la matricula contó cómo se enteró de que otra persona estaba usando su licencia y aseguró que ya hizo la denuncia correspondiente ante las autoridades.
Horacio Daniel Vázquez dijo que tomó conocimiento de la situación después de revisar sus redes sociales: “Un colega me mandó un reel de Facebook, entré y vi mi nombre. En ese momento me comuniqué con un abogado, me dijo que tenía que radicar una denuncia y lo hice en la policía”, relató en diálogo con Diario Chaco.
De acuerdo con la investigación, Ojeda, de 43 años, atendió durante siete meses a pacientes en los hospitales públicos de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, en Chaco, con documentación apócrifa. Cuando fue descubierta se fugó y finalmente fue arrestada en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
El médico al que le usaba la matrícula ejercía en Juan José Castelli, una ciudad ubicada al noroeste de la provincia del Chaco, y aseguró no tener relación alguna con la acusada: “Nunca escuché nombrarla acá en Castelli, la verdad no tengo ni idea quién es”.
“Hasta ahora no tengo novedades, al otro día de la denuncia, le informé a mi superior de zona sanitaria la situación y le envié la denuncia que había hecho para la vía administrativa”, relató.
Vázquez se mostró indignado con lo ocurrido, dijo que le parece “una barbaridad” y afirmó: “Esto me daña a mí y a mi honor. Me parece terrible el uso de mi matrícula porque nos puede pasar esto. Es un delirio”.
El profesional hizo la denuncia el pasado 22 de abril en la Comisaría 1ª de Juan José Castelli. Lidia Mabel Ojeda, quien en realidad es docente de plástica, permanece detenida mientras la investigación continúa.
2026.5.8 Horror. Buenos Aires: una madre fue asesinada tras evitar que abusaran de su hija de 8 años
El principal sospechoso es un vecino de la víctima llamado Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Una mujer de 52 años, identificada como Yolanda Raquel Cáceres, fue asesinada este jueves en la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, mientras intentaba defender a su hija de un intento de abuso sexual.
El principal sospechoso es un vecino de la víctima llamado Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, quien se encuentra prófugo de la justicia.
El trágico hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Velázquez, donde el agresor habría ingresado tras entrar por una ventana. Según el testimonio de la niña, ella se encontraba durmiendo cuando el hombre, a quien reconoció como un amigo de su madre, comenzó a manosearla.
Al advertir el ataque, Cáceres intervino para proteger le propinó dos puñaladas que terminaron con su vida.
En medio del ataque, la pequeña logró salir de la casa bajo la lluvia para pedir auxilio a los vecinos, quienes se comunicaron con el 911. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas encontraron el cuerpo de la mujer en el piso con un corte en el cuello y heridas en la cabeza.
La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21, especializada en violencia familiar y de género.
El sospechoso, que reside a sólo cinco cuadras del lugar del crimen y figura en registros oficiales como empleado de la construcción, es buscado intensamente por la policía local y el Grupo Táctico Operativo.
2026.5.7 Muerte en la Ruta 1: qué condena le dieron al autor del homicidio culposo
Salió la sentencia contra Federico Navarré, encontrado culpable por el hecho ocurrido en la madrugada del 11 de agosto de 2024 en el kilómetro 9 de la Ruta Provincial Nº 1.
El tribunal de juicio, integrado por Georgina Amaro, Adrián Dvorzak y Marcelo Chironi, sentenció a Federico Navarré a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber sido encontrado culpable del accidente en el que murió Luis Alan en 2024.
También decidió inhabilitarlo para conducir vehículos por el término de siete años, en virtud de haber sido oportunamente declarado responsable de los delitos de homicidio culposo agravado por haber sido cometido con imprudencia, por la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor, por encontrarse con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre y lesiones leves culposas, en concurso ideal.
El accidente vial ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana del 11 de agosto de 2024 en el kilómetro 9 de la Ruta Provincial Nº 1, cuando Navarré acompañado por otra persona atropelló el auto en el que viajaba Alan en dirección a Viedma.
2026.5.7 Condenaron a 20 años de prisión al colorista que “fusiló” a un estilista en una peluquería de Recoleta
Se trata de Luis Abel Guzmán, quien antes de conocer la sentencia pidió perdón a la familia de la víctima
Luis Alberto Guzmán, el colorista que ejecutó de un balazo en la cabeza al estilista Germán Gabriel Medina en la peluquería Verdini, del barrio porteño de Recoleta, fue condenado a 20 años de prisión.
Así lo resolvió hoy el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°24, según informaron fuentes del caso. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 14 de este mes.
“Si bien es un primer paso, no estamos conformes con la sentencia. Vamos a apelar”, sostuvo a LA NACION el abogado Juan Manuel Dragani, representante de la familia de la víctima.
Antes de que los jueces Javier de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alvero dieran su veredicto, Guzmán hizo uso del derecho a decir unas palabras finales previas a la sentencia y pidió perdón a la familia de la víctima y a su propia familia.
En su alegato, presentado anteayer, Dragani había pedido la pena de prisión perpetua por el homicido agravado por el uso de arma de fuego y por la alevosía.
Hoy, en su alegato, la fiscal general Ana Helena Díaz Cano también solicitó la pena de prisión perpetua al considerar que Guzmán, de 45 años, había actuado con alevosía.
El tribunal encontró culpable a Guzmán de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con amenazas.
El homicidio ocurrió el 20 de marzo de 2024 en la peluquería Verdini, situada en Beruti 3017, en Recoleta. El homicida estuvo 70 días prófugo hasta que fue detenido por detectives de la Policía de Ciudad en el partido bonaerense de Moreno. Cumplió la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I, en Ezeiza.
Hoy, al comenzar su alegato, el Ministerio Público, representado por la fiscal general Díaz Cano y el auxiliar fiscal Maximiliano Levit, sostuvo que Guzmán trabajaba hacía una década en la peluquería Verdini y que si bien sus servicios eran muy demandados, desde hacía varios meses venía con roces con sus compañeros de trabajo por la utilización de formol para los tratamientos capilares de las clientas.
“Las quejas de Medina sobre Guzmán se ven reflejadas en el grupo de WhatsApp cuando el jefe incluso le indica que no use más el producto”, afirmó Díaz Cano, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. Y agregó que quedó evidenciado que existía un “clima de tensión”, a lo que se le sumaba la decisión del dueño de recortarle tareas y sacarle las llaves de la peluquería.
La representante del Ministerio Público recordó, en base a lo que dijeron los testigos durante el juicio, que el día del crimen, Guzmán estaba “más aislado y callado que nunca”.
Después de que el 20 de marzo de 2024 terminara el día de trabajo, hubo una reunión entre los empleados y el dueño de la peluquería, Facundo Verdini.
La fiscal Díaz Cano reconstruyó en su alegato el encuentro. En un ambiente relajado, dijo la representante del Ministerio Público, Guzmán agarró las llaves que estaban en un estante, cerró las puertas y ventanas, se acercó a sus compañeros y se quedó detrás del grupo.
Según reprodujo www.fiscales.gob.ar, Guzmán le preguntó a Verdini si tenía algo para decirle, a lo que el propietario de la peluquería le respondió que hablarían al día siguiente. “De manera prepotente y desafiante, le contestó que quería hablar ahora y sacó de entre sus ropas el arma”, afirmó la fiscal.
Y describió: “Lo que era una reunión distendida se volvió una película de muerte: todos fueron apuntados, sometidos, los amenazó de muerte y les ordenó que no se muevan”, sostuvo.
Los testigos que declararon en el juicio recordaron que en ese momento Guzmán afirmó: “No se muevan porque les vuelo la cabeza a todos”.
Según explicaron los representantes del Ministerio Público, el temor neutralizó a las víctimas, situación que fue aprovechada por Guzmán para accionar su arma mientras Medina permanecía totalmente quieto.
“Fríamente, sin que se le observe nerviosismo ni duda, dirigió su accionar a Medina, que estaba sentado y no representaba ningún peligro. No hubo discusión ni altercado físico: le disparó a escasa distancia sin que nada ni nadie lo obstaculizara. Lo fusiló, lo ejecutó con un disparo que fue directo, preciso y mortal”, afirmó la fiscal Díaz Cano.
La víctima falleció pocos minutos después en el Hospital Fernández. “No hubo una reacción improvisada. Todo fue planificado y dirigido para culminar en el fusilamiento y muerte de Medina”, dijo la fiscal Díaz Cano.
Para la representante del Ministerio Público “no fue una reacción súbita e incontrolada, hubo una planificación del hecho” y consideró que la herida de la víctima mostraba la “eficiencia, suficiencia y letalidad del disparo”.
En la primera audiencia, Guzmán, defendido por los abogados Claudio Severino y Ricardo Sanetti, declaró y dijo: “Me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”.
Como se consignó, después del crimen, Guzmán huyó y estuvo 70 días prófugo hasta que fue detenido por detectives de la Policía de la Ciudad en el partido bonaerense de Moreno.
Sobre el tiempo que estuvo prófugo, explicó: “Me escapé, tenía miedo de quedar preso y me angustié por todo lo que hice”.
Recordó que había conocido al dueño de la peluquería en 2006, cuando ambos compartían horas de estudio. Luego, cuando Verdini decidió abrir su propio negocio, le ofreció trabajar para él.
Guzmán sostuvo que comenzó a tener problemas con el dueño cuando se decidió a cambiar la calidad del producto con el que se trabajaba, aunque aseguró que nunca le prohibieron usar formol y que solo le dijeron que debía utilizar menos cantidad.
“Ante las preguntas de su defensa, indicó que manejaba un sueldo de 3.000.000 de pesos, lo que supuestamente también le generaba roces con su empleador. En ese marco, dijo que habían hablado de una indemnización, pero que nunca se concretaba ya que él le pedía unos 55 millones de pesos. Con respecto al motivo por el que tenía un arma de fuego, dijo que lo habían asaltado dos veces volviendo a su casa en Merlo y que si bien no había hecho la denuncia, desde ese momento se manejaba armado cuando iba con dinero”, según publicó el citado sitio de noticias oficiales.
Sobre el día del homicidio, durante su indagatoria ante los jueces, Guzmán recordó que que iba a hablar con su jefe por el tema de la indemnización, pero que finalmente el dueño de la peluquería le comentó que lo hablarían con los abogados. Según relató, le escuchó decir a la víctima algo sobre él: lo iban a echar porque era “un empleado más”.
“Me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”, afirmó Guzmán entre lágrimas.
Dijo que tenía un trato cordial con Medina y que no había tenido inconvenientes. Y relató que después del crimen tiró el arma y el teléfono celular porque “había hecho algo muy malo” y porque estaba “desahuciado”.
“Me escapé porque tenía miedo de quedar preso, me angustié por lo que hice, me arruiné la vida y la de mi familia”, sostuvo y agregó: “Quedé desempleado, sin indemnización, sin futuro, no tengo palabras para transmitir la bronca”.
Esa confesión, el relato de los testigos y las imágenes del homicidio que fue grabado por la cámara de seguridad del local derivaron, finalmente, en la condena de 20 años de prisión.
2026.5.7 La banda de los DNI falsos llegó a usurpar las identidades de cuatro víctimas, con las que sacaron préstamos por $80 millones
Hoy, a las 11.30, habrá una nueva audiencia en la que se sabrá qué imputados aceptan condenas en juicios abreviados y quienes no.
Diego Pedro Brady descubrió que habían sacado créditos a su nombre sin su autorización ni conocimiento por poco más de 35 millones de pesos, por lo que sufrió embargos judiciales, inhibición crediticia y la inclusión en registros oficiales como moroso. Es que alguien había sacado un DNI original con sus datos, pero con la imagen y las huellas dactilares de otra persona. Frente a semejante situación, tuvo que suspender la construcción de su casa. Lo mismo le sucedió a Bruno Arrighi, quien se encontró con una deuda que desconocía por 12.800.000 pesos. La adulteración de su documento le impidió inscribirse como monotributista y que no figurara en el padrón electoral.
Una situación idéntica vivió Fernando Lombardo, quien durante meses tuvo que acudir al Registro Nacional de Personas (Renaper) para acreditar que era él, dado que también le habían usurpado la identidad con un DNI falso. Tuvo que ir a Defensa al Consumidor y a agencias crediticias para demostrar que no había sacado préstamos por 20.200.000 pesos. A su vez, Diego Hipólito también padeció un problema igual, quien tuvo causas judiciales e intimaciones de pago extrajudiciales por deudas por 12.200.000 pesos que desconocía.
Es tan solo una muestra del calvario que enfrentaron las cuatro víctimas de la banda de los DNI falsos, que insertaban fotos y huellas dactilares de algunos de sus miembros en documentos que eran válidamente expedidos, ya que una de las integrantes era el nexo en el Registro Civil de Pocito: Natalia Castillo. Eso sí, utilizaban los nombres de las personas que originalmente tenían sus documentos.
De esa manera, el imputado Marcos Esteban Vallejo suplantó la identidad de Hipólito, Matías Martín Martínez Villalba la de Brady, Marcelo Omar Cardozo la de Lombardo y Rodrigo Javier Navarro Pozo la de Arrighi.
Es decir, Vallejo, Martínez Villalba, Cardozo y Navarro Pozo fueron los que sacaron prestamos en entidades bancarias y adquirieron distintos productos (electrodomésticos, celulares, televisores y aires acondicionados) a nombre de los damnificados.
Por ese perjuicio económico, el fiscal federal Fernando Alcaraz no solo solicitó condenas para todos los implicados sino también una reparación del daño. En su acusación, destacó que la deuda total actualizada por intereses es de 142.686.275 pesos, dado que los montos originales (el capital, por así decirlo) que les generaron a las cuatro víctimas ascendió a 80.400.000 pesos.
El tema de la “indemnización” a los damnificados es lo que frenó una serie de juicios abreviados. Natalia Castillo (exencargada del Registro Civil pocitano) había aceptado un castigo de 4 años y 8 meses de cárcel, mientras que Martínez Villalba y Cardozo habían acordado penas de 3 años y 10 meses de prisión domiciliaria y, Navarro Pozo, 3 años en suspenso.
Sin embargo, sus abogados (Nicolás Gómez Camozzi por Castillo y los defensores públicos Esteban Chervin y Sergio Herrero por el resto) se opusieron al planteo de reparación económica, por lo que el juez mendocino Ignacio Pérez Curci consideró que no se concretó un acuerdo pleno. Así, dispuso que hoy se realice una nueva audiencia en la que se sabrá si el fiscal y los defensores llegaron a un entendimiento con dichos imputados y si se suman otros, los que, incluso, ya habían mostrado interés de un juicio abreviado.
Según la acusación fiscal, la organización delictiva era liderada por Rolando Javier Navarro Saide, quien contaba con la pieza clave (Castillo) en el Registro Civil de Pocito. Otro engranaje fundamental era Cardozo, quien, al igual que Vallejo, Martínez Villalba y Navarro Pozo (hijo de Navarro Saide), fue uno de los que usurpó la identidad de las víctimas.
Luego, se encuentran Carlos Fabián Prato, Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Analía Edith Rosales, Dayana Belén José y Flavia de las Mercedes Vargas, quienes prestaron sus imágenes y huellas para tramitar DNI adulterados.
Si bien fueron cuatro las víctimas a las que les suplantaron la identidad y las que padecieron las estafas, hubo otras 19 maniobras para tramitar documentos, las que no se concretaron porque se dispararon las alertas de control de datos biométricos del Renaper. En esas movidas fallidas estuvieron involucrados estos últimos seis imputados (Prato, Castro Cajal, González, Rosales José y Vargas).
De hecho, hubo una quinta damnificada, Natalia Baigorria Mohr, cuyo DNI no llegó a manos de la banda, por lo que no sufrió estafas vinculadas a la toma de préstamos y compras de electrodomésticos. No obstante, la tramitación de una copia de su documento le generó problemas. ¿Cuáles? Como se generó un DNI apócrifo, el suyo, el original, quedó invalidado. De esa forma, enfrentó un bloqueo financiero internacional, debido a que no pudo utilizar billeteras virtuales en el exterior. De hecho, quedó como indocumentada en el extranjero desde mediados de abril hasta fines de mayo de 2025, hasta que pudo destrabar la maniobra ilegal en San Juan.
El génesis de la jugada criminal puede rastrearse en Navarro Saide, quien rastreaba nombres de personas, DNI y direcciones a través de registros oficiales, como Comprobantes de Empadronamientos de ANSES, listados del Programa Procrear y de la beca Progresar. Incluso, llegó a conseguir nóminas de Personal Contratado en empresas y hasta integrantes de la Procuracion General de la Nación. Incluso, trascendió que le solicitaba a conocidos padrones electorales de las provincias, como la de Tucuman, para obtener información.
Según la acusación, Navarro Saide carga con antecedentes por estafas, encubrimiento y uso de documentos falsos. Además, el 30 de diciembre de 2025 fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por transporte de estupefacientes en una causa tramitada en el Norte de nuestro país. Inclusive, tenía una investigación previa por el mismo delito, en la que se le secuestró el celular, lo que resultó clave para la causa de los DNI.
Luego, Navarro Saide tomaba contacto con Castillo, la entonces encargada del Registro Civil de Pocito para desplegar la maniobra. Era el que organizaba quiénes debiam ir al Registro para aportar los datos biométricos falsos, el que distribuía las gansncias (dinero y productos) entre los integrantes de la banda. Incluso impartía órdenes directas, como un audio en el que le indicaba a uno de sus socios que, “si te dan (el DNI), sácate un aire y un tele… Hay que vender, hay que guardar para vender”.
Por su parte, Castillo fue la responsable de iniciar la carga de datos falsos en la tramitación de los 23 DNI detectados. En su hogar, los investigadores hallaron 130 documentos, pasaportes y constancias de trámites rechazados, que no tenía motivos para que tal documentación estuviese fuera del Registro. Es más, coordinaba los horarios en los que tenían que asistir los miembros de la banda para que fueran cuando no se encontraban sus compañeros de trabajo.
Por su parte, Cardozo hacia el seguimiento de los DNI y retiro en el correo o el Registro. Fue el que le usurpó la identidad a Fernando Lombardo y participó en al menos dos intentos más de obtención de documentos que fracasaron.
A su vez, Vallejo y Martinez Villalba fueron los ejecutores de la suplantación de identidad, ya que fueron los que sacaron prestamos y compraron productos a nombre de Hipólito y Brady.
La misma tarea hizo Navarro Pozo (hijo del líder de la banda), quien, además, activaba el alta de líneas telefónicas a nombre de las víctimas para obtener el OK de los créditos en los bancos y entidades financieras. No era lo único, ya que abría cuentas en las que ingresaban los fondos de las estafas de las cuatro víctimas.
Luego de ello, se producía el reparto entre los integrantes de la organización. Trascendió que la exfuncionaria del Registro recibió pagos por 35 mil y 50 mil pesos de cuentas administradas por Vallejo.
Incluso, Castillo llegó a estar molesta por la distribución del dinero. En mensajes por WhatsApp a Navarro Saide le reclamó: “Mira estuve pensando q no no voy a hacer más dni xq ustedes se beneficiar y yo sigo igual y la q se arriesga soy yo”.
En otro mensaje, le recriminó al lider de la banda: “A martelo (sic) le llego el dni me dijo q me iba a dar la mitad de lo q hicieran y lo q me paso fueron $80.000 nada más ayer los vi en villa krawse y ustedes andan re bien vestidos y todo y yo igual”.
Para mantener a su contacto en el Registro Civil, Navarro Saide le ofreció 400 mil pesos por DNI y que le iba a encargar cinco más.
Después, hay más audios comprometedores para los miembros de la organización. Como el de Carlos Prato, quien el 16 de agosto de 2024 fue condenado por la Justicia de Jujuy a 3 años de prisión en suspenso por transporte de estupefacientes. En el audio, Prato le explicaba a Navarro Saide: “yo te preguntaba de esta muchacha de allá de Pocito porque con ese yo creo que si con la foto, anotame ahí Rolo… me hace falta un televisor un aire acondicionado, un calefón, las huevadas del baño…”.
O el mensaje de Analía Rosales, suien consultaba permanentementr a Navarro Saide sobre el estado de los documentos: “Y los DNI?, además de que le pedía que planeara “algo groso para q tengamos plata”.
Se trata de Ema Hortensia Gómez; el crimen ocurrió en noviembre de 2004
Hace 11 años, la expolicía Ema Hortensia Gómez fue condenada a prisión perpetua por su participación en el homicidio del juez Héctor Agustín Aráoz, asesinado de diez balazos en su casa de Yerba Buena, Tucumán. Hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de queja presentado por la defensa y ordenó revisar la sentencia.
“Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Remítanse los autos al tribunal de origen a efectos de que, por quien corresponda, de acuerdo con los lineamientos de este fallo, se proceda a la revisión de la sentencia”, se sostuvo en la resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, a la que tuvo acceso LA NACION.
El homicidio del juez Aráoz ocurrió el 26 de noviembre de 2004. El tirador fue el policía Alejandro Darío Pérez, que estuvo prófugo 10 años hasta que fue capturado el año pasado, según informaron fuentes judiciales.
El juez Aráoz y Gómez habían tenido una relación sentimental. Pérez había sido pareja de la expolicía.
El día del homicidio “Gómez y el juez comenzaron a discutir. En ese momento, Pérez entró en la casa del magistrado y, al ver que estaban peleando, mató de 10 balazos al magistrado”, informó en su momento el diario La Gaceta de Tucumán.
Gómez fue detenida y en 2011 la condenaron a 13 años de prisión como partícipe primaria del delito de homicidio simple, informaron fuentes judiciales.
Tras una apelación, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán cambió la calificación a homicidio calificado por ensañamiento −con la expolicía como partícipe− y ordenó dictar una nueva pena.
En 2015, la Sala I de la Cámara Penal de Tucumán le aplicó la pena de prisión perpetua, revocó la prisión domiciliaria que le habían dado y ordenó que se constatara el embarazo que cursaba en ese momento y se le diera la atención necesaria en una unidad penal.
En busca de revertir esa decisión, la defensa de Gómez recurrió en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy ordenó revisar la sentencia. “En su fallo, la Corte Suprema ordena una revisión amplia. No se dijo nada de los agravios que trajo en queja la defensa”, explicaron fuentes judiciales a LA NACION.
Carta de la familia
El año pasado, tras la captura del tirador −que se había escapado el día previo a la sentencia de 2014−, los hijos y la exmujer de la víctima difundieron una carta donde contaron su verdad.
“Durante años, desde el asesinato de nuestro papá, el juez de menores Héctor Agustín Aráoz, fuimos espectadores silenciosos de mentiras y barbaridades que se dijeron en torno a lo sucedido. La carátula del crimen fue y es una ilusión de la verdad, crimen pasional. Era el camino más rápido y conveniente para dejar de lado el verdadero porqué del trágico destino de nuestro papá”, comenzaba esa carta abierta.
“Héctor Agustín Aráoz, en el ejercicio de sus funciones como juez de Menores, descubrió una entramada red donde policías, menores liberados y drogas hacían su juego. Un oficio adulterado con su firma fue el desencadenante, en el que se ordenaba la libertad de un menor (información que salió a la luz durante el juicio oral, en 2011). A partir de ahí, muchas cosas tomaron sentido, entendiendo por qué tanto el teléfono de su casa como el del juzgado estaban ‘pinchados’ y no podíamos llamarlo, y era perseguido cuando salía de su vivienda, teniendo que dejar su vehículo en ciertos lugares para luego ser buscado por alguno de nosotros”, prosiguió la familia.
“Pero aun así no lograron intimidar al juez Aráoz, nuestro papá. El 26 de noviembre de 2004 mandó a peritar las computadoras de la Comisaría 3a., de la cual sospechaba que había salido el oficio adulterado. Horas después era asesinado en su propio domicilio (todo lo mencionado fue expuesto y documentado durante el juicio oral, en 2011)”, precisaron.
La carta concluye: “A veces nos preguntamos: ¿no hubiera sido más fácil para él mirar para otro lado, como hizo su entorno, y contrariar sus valores? ¡Pero no pudo! ¡Sus convicciones y esos valores, que hoy son nuestro legado, no lo dejaron! ¡Qué diferente hubiera sido la historia! ¿Y todavía hablamos de crimen pasional? Se trató de un hecho aberrante e injusto. Se fijó una pena a los culpables de su muerte, prisión perpetua para Alejandro Darío Pérez. Y es por eso que hoy pedimos a los que tienen este caso en sus manos que se aplique la pena ya dictada con la mayor celeridad posible, recordando que se trata de un asesino y que ya tiene el antecedente de haber burlado la seguridad de la provincia durante más de diez años. A pesar del dolor de todos estos años y mentiras, el amor de nuestro papá y sus valores ¡siguen intactos! Eso también será perpetuo”.
La audiencia será el viernes 16 de mayo luego de que los imputados no abonaran la primera cuota comprometida con los damnificados. Los abogados querellantes advirtieron que podrían solicitar que se revoquen los beneficios judiciales otorgados.
La causa por las estafas de Branka Motors vuelve a entrar en una etapa de tensión judicial. Luego de que los acusados no cumplieran con el primer pago acordado con los damnificados, la Justicia resolvió convocarlos nuevamente a una audiencia para analizar el futuro del convenio firmado semanas atrás.
La citación quedó fijada para el viernes 16 de mayo. El eje de la audiencia estará puesto en el incumplimiento de la primera cuota, que debía abonarse el pasado 25 de abril como parte del plan de devolución pactado con las víctimas.
El acuerdo contemplaba reintegrar el dinero en cinco cuotas distribuidas en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, la falta de pago generó preocupación y malestar entre los más de 350 damnificados que habían aceptado la propuesta judicial para intentar recuperar parte de los fondos perdidos.
Desde la querella señalaron que, ante la falta de respuestas concretas, podrían solicitar que el acuerdo quede sin efecto y que se revisen las medidas que actualmente benefician a los imputados. Entre ellas, la libertad bajo ciertas condiciones mientras continúa la investigación. Además del incumplimiento, los denunciantes remarcaron el perjuicio económico que provoca la demora en un contexto inflacionario, teniendo en cuenta que el dinero acordado pierde valor con el paso de las semanas.
La causa, que investiga presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a operaciones comerciales de Branka Motors, ya supera los 500 millones de pesos y se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de la provincia en materia de estafas.
La investigación está encabezada por el fiscal Guillermo Heredia, quien viene trabajando sobre movimientos patrimoniales y financieros para determinar el destino del dinero denunciado por las víctimas. Ahora, el incumplimiento del acuerdo vuelve a poner el foco sobre la situación procesal de los acusados y abre un nuevo escenario judicial.
El juez de Garantias, consideró las pruebas presentadas por el fiscal de la causa y desidió que siga en prisión hasta octubre
Este miércoles, se llevó a cabo una nueva audiencia en el caso de presunta estafa con lotes para la construcción de viviendas, que tiene como principal apuntado al empresario Héctor Storniolo. Durante la misma, el fiscal Eduardo Gallastegui pidió que el imputado siga cumpliendo prisión preventiva, a lo que el juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi, decidió darle lugar al pedido. Esto se debe a una nueva prueba que tiene como foco la documentación apócrifa a la hora de presentar la propuesta de reparación integral a los damnificados. Cabe recordar que Storniolo tiene más de 300 denuncias en su contra.
En el marco de la causa vinculada a la comercialización de departamentos en el complejo Alteza II y en el loteo Las Moras, la fiscalía recibió distintas propuestas de reparación presentadas por los representantes de la parte involucrada.
Una de las propuestas, ligada al complejo Alteza, plantea finalizar la obra en un plazo de 90 días hábiles, con respaldo de un informe elaborado por el arquitecto Pablo Navarro. La segunda alternativa también incluye ese plazo y suma otro documento, atribuido al mismo profesional, quien además habría intervenido en la aprobación del final de obra, junto con un ingeniero.
Sin embargo, surgieron observaciones sobre irregularidades en el proyecto original, ya que frente al complejo, en el loteo Las Moras, debía construirse una cochera, aunque ese espacio fue comercializado como salón comercial, situación que debería revertirse, según dicta el documento.
De esta manera, en relación a las deudas que ascienden a 2.700 millones, se presentaron dos propuestas: la entrega de lotes en el complejo Las Moras, con escritura en un plazo de 24 meses, acompañada por un informe técnico, y la finalización de las obras en el Complejo Alteza II. Según consta, tras verificar el expediente en la Dirección de Planeamiento Urbano (DPU), se determinó que esa documentación sería la única necesaria para avanzar hacia el final de obra.
Si bien la idea era que estas propuestas sean evaluadas en conjunto con los damnificados, el arquitecto Navarro fue contactado por la ayudante fiscal Milena Berbari. En ese momento, el profesional desconoció la autoría del total de los informes presentados, aunque reconoció que la firma inserta en los documentos le pertenece. Esto generó sospechas sobre la autenticidad de la documentación. Por este motivo, fue citado a declarar el próximo 13 de abril.
La fiscalía, con esta prueba y los mensajes enviados al arquitecto, acusa a Storniolo de haber presentado documentos apócrifos en torno a la reparación integral, con los que habría buscado la homologación del caso mediante engaños.
La causa fue encuadrada bajo la posible comisión de delitos vinculados al uso de documento falso, por lo que el fiscal solicitó la prisión preventiva de Storniolo en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) hasta la finalización de la investigación, es decir, hasta el 17 de octubre próximo, ya que considera acreditada la existencia del delito y su presunta participación. También se argumentó riesgo de entorpecimiento del proceso y peligro de fuga.
En tanto, la defensa indicó que Storniolo lo único que quiere es solucionar los problemas: “Hemos presentado 25 propuestas y no hay respuestas”. Además, sumó que habría un ensañamiento de parte de la fiscalía con que su defendido esté en prisión.
En cuanto a la documentación falsificada, mencionaron que la fiscalía deberá probar que Storniolo fue el culpable de ello, ya que no consideran que fuera así y desconocen su origen.
Pese al pedido de la defensa de que Storniolo siga el proceso judicial en libertad, el juez consideró lo presentado por la fiscalía y dio lugar. Por lo que el empresario seguirá preso en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras dure la investigación.
Se trata de César Soto, exnovio de la víctima, exculpado como presunto autor del femicidio por el beneficio de la duda; un exsecretario de Alperovich también fue absuelto
l homicidio de Paulina Lebbos, ocurrido en febrero de 2006, quedó impune. La Justicia de Tucumán absolvió, por el beneficio de la duda, a César Soto, el exnovio de la víctima del crimen que hace veinte años sacudió el poder político provincial.
Los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica también absolvieron a Sergio Kaleñuk, hijo del entonces secretario de José Alperovich −gobernador entre 2003 y 2015−, que no había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal.
Soto había llegado a juicio acusado de homicidio agravado por alevosía en carácter de autor. Kaleñuk, en tanto, estaba imputado por encubrimiento agravado.
“Veinte años pidiendo que investiguen, veinte años protegiendo delincuentes, esta es la Justicia que tenemos en Tucumán”, afirmó Alberto Lebbos, padre de la víctima, tras escuchar el veredicto.
Lebbos mantiene hace dos décadas el reclamo de justicia por el asesinato de su hija, Anticipó que continuará esa lucha, más allá de la decisión de este tribunal. “Sigan protegiendo asesinos. Ahora vamos a seguir insistiendo”, aseguró.
El veredicto llegó luego de 16 audiencias en este debate oral iniciado en marzo pasado, en el que fueron escuchados 44 testigos. El fiscal Carlos Sale había pedido una condena de prisión perpetua para Soto, pero el tribunal dictó un fallo en sentido completamente contrario a la solicitud del acusador.
Las palabras del padre de Paulina permiten intuir que la familia Lebbos impulsará a que la fiscalía presente la apelación a este veredicto. “Vamos a seguir luchando”, anticipó Rosa Lebbos, hermana de la víctima.
Fue el cuarto juicio por el homicidio de Paulina Lebbos, que en el momento de su muerte tenía 22 años y una hija. De acuerdo con la reconstrucción del caso, la joven se encontró con su exnovio luego de ir a bailar a Gitana, boliche de San Miguel de Tucumán, la noche del 26 de febrero de 2006. No se la volvió a ver hasta el 11 de marzo, cuando agentes de la policía realizaban tareas de rastrillaje y descubrieron el cuerpo de una mujer que había sido arrojado a un barranco, pero había quedado atrapado entre la vegetación. Recién el 13 pudieron identificarlo.
El cadáver presentaba un estado avanzado de descomposición, heridas de arma blanca, quemaduras de cigarrillos y desprendimiento de cuero cabelludo. “Me hubiera gustado estar cuando encontraron a Paulina; creo que hubiese podido reconocerla”, declaró Soto en aquel momento ante medios locales. La autopsia reveló que la joven había sido estrangulada.
Su muerte generó un terremoto político en Tucumán. Al cabo de tres juicios fueron condenados los más altos mandos de la policía provincial por encubrimiento, además de funcionarios públicos, entre ellos, políticos y miembros del sistema judicial.
Kaleñuk, que en el juicio que acaba de concluir no fue acusado por el Ministerio Público Fiscal, había sido considerado cómplice de Soto.
Entre los condenados en el largo proceso penal figura uno de los funcionarios que había investigado el caso. En 2021, la Justicia estableció que Carlos Albaca, que estuvo a cargo del caso en su rol de fiscal de instrucción de la II Nominación, estuvo muy lejos de cumplir su misión y no por ineficacia, sino por malicia. Así lo determinó por unanimidad el tribunal de la sala III de la Cámara Penal de Tucumán, que condenó a Albaca a la pena de seis años de prisión por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado” en el marco de la causa por el homicidio de Lebbos.
En febrero pasado, el caso tuvo otro giro importante. Dos semanas antes del inicio de este debate oral, se realizó una audiencia en la que Virginia Mercado, la mejor amiga de Paulina y una de las últimas personas en verla con vida, fue señalada como responsable de obstruir a la investigación. Esa mujer admitió que había mentido durante el juicio que se llevó a cabo en 2018 y llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal para una pena de tres años de prisión por encubrimiento.
Mercado ratificó en esa audiencia lo que había previamente pactado con los fiscales y confesó ante el juez que mintió en el juicio que se inició en 2018 y finalizó en 2019, en donde fueron condenados por encubrimiento el exministro de Seguridad de Tucumán, Eduardo di Lella, y el exjefe de la Policía provincial, Hugo Sánchez, entre otros.
El Ministerio Público Fiscal provincial consideró que la actitud de Mercado no se hallaba bajo un simple falso testimonio, sino que deliberadamente había actuado para obstruir el descubrimiento de la verdad. Es por ello que fue acusada por encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de Justicia. En la audiencia admitió el delito imputado, aceptó la carátula y ratificó el acuerdo de prisión por tres años, de ejecución condicional.
Más allá del reconocimiento de sus mentiras cuando declaró como testigo clave, Mercado no reveló exactamente qué fue lo sucedido y tampoco señaló a quiénes serían los presuntos autores materiales e ideológicos del asesinato. Tres meses después de esa confesión, el acusado como autor material del homicidio fue absuelto por el beneficio de la duda.
Cumplirá arresto domiciliario en un departamento del barrio porteño de Belgrano y solo podrá salir para continuar con su tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas.
Felipe Pettinato fue procesado en las últimas horas por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en una causa tramitada en los tribunales nacionales. Así lo resolvió el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además ordenó su arresto domiciliario con monitoreo electrónico y mantuvo la prohibición de salida del país.
Pettinato fue considerado autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en hechos de falsificación de documentos privados, delitos que concurren de forma ideal entre sí. La causa se desprende del expediente por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo: en ese marco, según pudo saber este medio, se detectó que el imputado habría falsificado recetas médicas a nombre de la víctima, lo que dio origen a una investigación paralela que derivó en el procesamiento y la detención ordenada ahora.
Así las cosas, el magistrado dispuso que el imitador de Michael Jackson cumpla arresto domiciliario en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, quedó autorizado a salir únicamente para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas que le habían sido impuestos previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, en el marco de la condena dictada el pasado 20 de abril.
La medida será supervisada mediante un dispositivo de monitoreo satelital GPS, a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia. Además, se informó que, en caso de incumplimiento del arresto domiciliario, podrían adoptarse nuevas medidas procesales.
En paralelo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país para Pettinato y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de 1.500.000 pesos.
La resolución fue notificada a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, a la defensa del imputado y a la parte querellante.
La situación procesal de Felipe Pettinato no es nueva. A fines de abril pasado fue condenado por el TOC N°14 en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció en 2022 tras un incendio en el departamento que el imputado ocupaba en el barrio de Belgrano.
Ese caso se originó la madrugada del 16 de mayo de 2022, cuando un foco ígneo se desató en el inmueble y derivó en la muerte del médico, que se encontraba en el lugar. La investigación incluyó peritajes para determinar el origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo el hecho.
Durante el debate oral, la fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente y pidió una pena de 4 años y 7 meses de prisión. La querella, en tanto, reclamó una condena más severa, al entender que existió una conducta con mayor grado de responsabilidad. La defensa, por su parte, centró su estrategia en el contexto de consumo problemático de sustancias.
Finalmente, el tribunal lo condenó a tres años de prisión en suspenso y le impuso pautas de conducta, entre ellas la obligación de continuar con tratamiento por sus adicciones, un punto que ahora vuelve a aparecer en la resolución que ordenó su arresto domiciliario en la causa por estafas.
Ante la medida, se desarrolló una audiencia en que se extendieron las medidas cautelares hasta el 13 de agosto, día en la que se llevaría adelante el debate contra el atacante, Isaías Barrera.
olvió a modificarse la fecha del juicio oral y público en el que se determinará la suerte de Isaías Barrera, el hombre acusado del crimen de un menor en el barrio Mi Bandera, llamado Jorge Yamir “Coco” Nahuelcheo.
El debate en el edificio del Poder Judicial de Viedma estaba estipulado para el 23 de febrero, luego se reprogramó para el 6 de marzo, más tarde para este miércoles 6 de mayo y ahora surgió un nuevo cambio, para el 13 de agosto del corriente.
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Ante esto, hubo un pedido formal por parte del Ministerio Público Fiscal para modificar y extender las medidas cautelares en esta causa caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La audiencia estuvo a cargo del juez Carlos Reussi, quien remplazó a su par, Daniela Zágari, quien fue la jueza del control de acusación, pero ha cesado de sus funciones.
Quien habló fue la fiscal, Paula De Luque, quien remarcó: “Solicitar la prórroga de las medidas cautelares vigentes, que consistían en la prohibición de Barrera de contacto de modo absoluto respecto a los testigos del legajo y de la querellante. Luego, la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del barrio Mi Bandera de la ciudad de Viedma y, en tercer lugar, monitoreado por un dispositivo de monitoreo electrónico que tiene colocado por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme)”.
“La fecha y las razones de la fecha y también la fundamentación normativa y las razones por las cuales se requiere esta prórroga y la atención a que estamos en las mismas instancias con este riesgo procesal y que el juicio todavía no se ha llevado adelante”, remarcó De Luque.
Luego de la exposición, tanto el abogado y apoderado de la querella, Diego Sacchetti, como la defensa de Barrera, a cargo de la doctora Claudia Pichiñan, no se opusieron a la solicitud. Ante el acuerdo entre las partes, el juez tomó el pedido y extendió las medidas.
Además, se remarcó que el acusado puede circular e incluso salir de Viedma siempre y cuando de aviso. La única prohibición es la de acercamiento al barrio mencionado. Sin ir más lejos, en la audiencia estuvo vía Zoom, ya que estaba en otra ciudad por cuestiones laborales.
El caso
El hecho ocurrió el 9 de mayo de 2024, entre las calles 22 y 23. Esa noche, el imputado disparó con un revolver calibre 32 contra el joven de 16 años, quien fue herido en la espalda y luego falleció producto de una hemorragia interna.
Este episodio derivó en otras dos acusaciones. Una de ellas porque habría amenazado a otro joven con la misma arma y la tercera por no tener portación legal. Desde el lado de la defensa sostienen que hubo un enfrentamiento previo, ya que el chico, con antecedentes penales, habría querido entrar a robar en la casa de la madre de Barrera. Sostiene que el abatido también tenía un arma (no se encontró) y que el disparo fue para defenderse.
El principal sospechoso del brutal caso acontecido en Varela será trasladado desde Perú en un operativo especial. La Justicia ya fijó fecha para su declaración mientras avanza la investigación por los hechos ocurridos en 2025.
Tony Janzen Valverde Victoriano será extraditado
Está acusado por un triple crimen vinculado al narcotráfico
Llegará al país por el aeropuerto de Ezeiza
Interviene la Policía Federal Argentina
Será indagado el martes en Morón
El caso involucra secuestros, torturas y asesinatos
Investigan una organización criminal
Extradición y operativo de seguridad
El acusado Tony Janzen Valverde Victoriano será trasladado a la Argentina este lunes, en el marco de un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina.
El arribo está previsto para la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde quedará bajo custodia oficial.
Indagatoria en la Justicia federal
Tras su llegada, el detenido será puesto a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.
La indagatoria está programada para el martes, instancia clave dentro del proceso judicial.
Acusación por un triple crimen
A Pequeño J se lo vincula con un plan delictivo organizado por una estructura relacionada al narcotráfico.
Según la investigación, el hecho ocurrió el 19 de septiembre de 2025, cuando Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y asesinadas.
Contexto de la causa
La hipótesis principal sostiene que el crimen estaría relacionado con la intención de recuperar droga presuntamente sustraída a una organización narco.
El avance de la causa continuará con la declaración del imputado y nuevas medidas judiciales.
La Fiscalía logró revertir la sentencia al recurrir al tribunal de Impugnación. Resta definir la pena
En los últimos días el Tribunal de Impugnación resolvió revocar el fallo dictado en noviembre del año pasado por el tribunal de General Roca, instancia en la que se absolvió a Raúl Esteban “El Diablo” Maureira y Andrés Gabriel Pereira por el violento robo a una mujer de 82 años en una chacra de Chichinales.
La decisión fue adoptada el pasado 6 de abril luego de hacerse lugar al planteo de la Fiscalía, quien había cuestionado la sentencia que en ese momento se basó en el beneficio de la duda. De esta manera, el tribunal revisor dejó sin efecto aquella resolución y dispuso que los imputados sean condenados por el hecho.
El caso que llegó a juicio en los últimos meses del 2025 tuvo su origen en el asalto ocurrido el 23 de abril de 2024 cuando al menos cuatro personas ingresaron armadas y con el rostro cubierto a la vivienda de la víctima tras engañarla con una excusa telefónica. Los agresores sustrajeron dinero en efectivo y un anillo, y luego huyeron en un vehículo que tenía pedido de secuestro.
En noviembre, el tribunal de juicio había considerado que las pruebas no eran suficientes para acreditar la participación de Maureira y Pereira, por lo que resolvió absolverlos. Sin embargo, el pasado lunes 6 de abril el tribunal de Impugnación revirtió el fallo y avanzó directamente hacia una condena.
En este nuevo escenario procesal hoy debía realizarse la audiencia de cesura para fijar la pena, pero dicha instancia fue reprogramada. Una vez que se determine el monto de la condena, la defensa aún tendrá la posibilidad de recurrir la decisión ante instancias superiores.
Cabe recordar que, más allá de este expediente, Maureira continúa detenido ya que cumple una condena unificada de 20 años y 2 meses de prisión efectiva impuesta en otro proceso judicial.
A nueve años del crimen que conmocionó a la provincia de Entre Ríos y al país, la Justicia ha fijado la fecha para un nuevo juicio oral contra Néstor Pavón.
El coordinador de la Fiscalía de Gualeguay, Victoria y Nogoyá, Gamal Taleb, habló acerca de las expectativas ante el nuevo debate que se realizará en la ciudad del sur entrerriano. También, en diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), realizó un repaso sobre las principales evidencias que la acusación pública sostiene que comprometen a quien era dueño de un lavadero sobre la ruta en el acceso a Gualeguay.
Pavón, quien inicialmente fue condenado por encubrimiento, será juzgado ahora bajo la hipótesis de coautoría en el femicidio junto a Sebastián Wagner, quien ya cumple una pena de prisión perpetua.
Taleb explicó que la investigación original se elevó a juicio en un tiempo récord, pero las instancias de apelación extendieron el proceso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La fiscalía siempre sostuvo que Wagner no actuó solo.
“La fiscalía había entendido que Wagner no había actuado solo, sino que lo hizo con un coautor, que en este caso es Pavón. Si bien fue condenado por encubrimiento, apelamos esa calificación sosteniendo nuestra tesis principal: Pavón actuó junto con Wagner, violentando sexualmente a Micaela y luego matándola para procurar la impunidad de ambos. La Corte Suprema nos dio la razón, sosteniendo que el Ministerio Público Fiscal hizo un buen uso de la calificación alternativa y que existen indicios suficientes para sostener la coautoría responsable”.
Las pruebas e indicios contra Pavón
Consultado sobre por qué la fiscalía insiste en la responsabilidad de Pavón a pesar de que el primer tribunal consideró que Wagner actuó en soledad, Taleb detalló los indicios recolectados. Por un lado, recordó que una vecina escuchó a Micaela gritar en plural (“suéltenme”, “déjenme”) y un camionero vio cómo la joven fue subida al auto por el asiento del acompañante.
Por otro lado, refirió que “resulta una hipótesis muy poco probable que una sola persona haya manejado el auto, subido a la víctima por el asiento del acompañante y emprendido la huida raudamente al mismo tiempo”. También el fiscal recordó que una testigo vio el auto de Wagner al amanecer y aseguró ver con claridad a dos ocupantes en el vehículo. Y agregó que se encontraron rastros de barro en el asiento del acompañante que refuerzan la idea de que la víctima no pudo ser cargada por un solo individuo.
Sobre la declaración de Wagner, quien señaló directamente a Pavón, el fiscal destacó que “él estaba confesando el hecho sin ningún tipo de limitaciones ni beneficios, simplemente quería dejar en claro que había actuado con otra persona y que esa persona era Pavón”. El sentenciado a perpetua será citado a declarar nuevamente, como un testigo clave.
A su vez, Taleb dijo que las contradicciones de Pavón en sus declaraciones iniciales son fundamentales; “¿Por qué habría de mentir tanto Pavón en sus declaraciones? Se comprobó que dio versiones contradictorias y falsas. La única explicación razonable a semejante maniobra era para encubrirse a sí mismo. Él estuvo con Wagner esa noche consumiendo alcohol hasta altas horas; es altamente improbable que Wagner, quien recién había salido con libertad condicional y no conocía bien Gualeguay, saliera a buscar a un desconocido a la madrugada para cometer un delito de semejante envergadura”.
Un tribunal técnico y el legado de Micaela
Debido a que la causa ya estaba elevada a juicio antes de la sanción de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos, el proceso se llevará a cabo con jueces técnicos: Santiago Brugo (de Paraná) encabezará el tribunal, acompañado por magistrados de Concordia y Concepción del Uruguay.
Finalmente, Taleb reflexionó sobre el impacto social del caso y la lucha de los padres de Micaela, Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano.
“Cuando la justicia no se obtiene de manera completa, el dolor en las víctimas y sus familiares se perpetúa. Ellos han emprendido una lucha que cerrará un capítulo importante con este juicio, pero además le legaron a la sociedad argentina algo inmenso: impulsaron cambios legislativos y lograron, a través de la capacitación, mejorar la justicia. Esperamos estar a la altura en nuestra labor como fiscales y que los jueces lo estén al evaluar las pruebas”, manifestó el fiscal.
2026.4.14 Muerte de Maradona: comienza el segundo juicio tras la destitución de la exjueza Makintach
El proceso se reinicia hoy, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.
Este martes 14 de abril, los Tribunales de San Isidro retoman desde cero el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El proceso se reinicia luego de que el debate anterior, realizado en 2025, fuera anulado debido al escándalo protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach, quien filmó un documental en plena sala de audiencias.
El nuevo debate, ahora a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 -integrado por los magistrados Alberto Ortolani y Pablo Rolón-, busca determinar las responsabilidades de los ocho profesionales de salud imputados por “homicidio simple con dolo eventual”. Entre los acusados destacan el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Un proceso marcado por el escándalo
La nulidad del juicio previo ocurrió tras revelarse que la ex jueza Makintach permitió cámaras del documental “Justicia Divina” en el estrado y los pasillos de tribunales sin autorización. La magistrada fue destituida e inhabilitada por unanimidad en noviembre de 2025 y enfrenta una causa penal por cohecho y abuso de autoridad.
Testigos y audiencias
Se espera que las hijas del “Diez” (Dalma, Gianinna y Jana) y Verónica Ojeda (ex pareja y madre de Diego Fernando Maradona), vuelvan a declarar ante el tribunal. Las audiencias se desarrollarán los martes y miércoles de 10 a 17 horas en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde se prevén movilizaciones populares para exigir justicia por el ídolo fallecido el 25 de noviembre de 2020.
El rol de los ocho acusados
La fiscalía busca determinar la responsabilidad de cada integrante del equipo médico en el desenlace fatal del 25 de noviembre de 2020:
Leopoldo Luque (Neurocirujano): Médico personal de confianza; coordinó la cirugía y la polémica externación a la casa de Tigre.
Agustina Cosachov (Psiquiatra): Responsable de la medicación de salud mental y de dar las indicaciones directas a los enfermeros.
Carlos Díaz (Psicólogo): Se sumó al equipo poco antes del deceso; intervenía en las decisiones sobre el entorno del paciente.
Nancy Forlini (Médica coordinadora): Gerenció la internación domiciliaria y armó el equipo de cuidados tras la Clínica Olivos.
Mariano Perroni (Coordinador de enfermeros): Supervisaba el trabajo del personal de enfermería en la vivienda.
Ricardo Almirón y Dahiana Madrid (Enfermeros): Encargados del cuidado directo las 24 horas. (Madrid solicitó ir a juicio por jurados populares).
Pedro Di Spagna (Médico clínico): Consultor externo que intervenía en el seguimiento del estado físico general de Maradona.
2026.4.14 Fue rechazado el pedido de la defensa de Leopoldo Luque en el segundo juicio por Maradona
El pedido había sido impulsado por el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque.
El juicio por la muerte de Diego Maradona ha dado inicio en medio de una gran expectativa mediática. Leopoldo Luque, el neurocirujano acusado y su defensa, liderada por el abogado Francisco Oneto, pusieron sobre la mesa un pedido contundente al tribunal. Su propuesta era transmitir en vivo la totalidad de las audiencias. ¿La razón? Una presunta defensa del principio de publicidad y transparencia.
Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, encargado de llevar adelante el proceso, decidió rechazar esta solicitud tras considerarla como una amenaza al desarrollo justo del juicio. Se determinó que sólo se difundirán algunas pocas instancias clave, tales como las presentaciones iniciales, los alegatos finales y la tan esperada lectura del veredicto. La decisión respondió a la inquietud de proteger los derechos de todas las partes involucradas y evitar la exposición innecesaria de ciertos actores de este proceso penal.
El argumento central de la defensa era la ausencia de necesidad de intermediarios entre el público y los eventos judiciales, promoviendo la instalación de cámaras que permitiesen la difusión en tiempo real de lo acontecido en la sala. Oneto visibilizó su deseo de que los imputados, incluyendo al propio Luque, pudieran mostrar “su versión” frente a la opinión pública sin distorsiones mediáticas.
En respaldo a la decisión de denegar la petición, el magistrado Alberto Gaig especificó que la transmisión total de los debates contravendría el principio de proporcionalidad. Gaig subrayó que la transparencia ya está garantizada de manera interna, sin necesidad de la intervención audiovisual constante. Fiscales en el caso, entre ellos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, apoyaron la sentencia judicial basándose en argumentos de protección a testigos y en evitar dilaciones en el proceso, que ya ha capturado la atención del público argentino.
Aún así, no se descartaron por completo los medios tecnológicos. Los jueces permitieron la grabación auditiva de las audiencias, bajo estrictas medidas de confidencialidad que prohíben su difusión al público, medida que busca balancear entre la transparencia y la privacidad.
Con esta disposición, el juicio se adentra ahora en el análisis de evidencias y testimonios, una fase crucial en la ansiada búsqueda de verdad y justicia por el complejo deceso del legendario futbolista. Este juicio, sin duda, se perfila como uno de los hitos legales más observados en los recientes tiempos de la Argentina.
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2026.4.14 Caso Ángel: intervinieron al equipo técnico judicial que le dio la tenencia del nene a la madre
La decisión fue tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut y designó a la camarista María Marta Nieto para realizar una auditoría en un plazo de 60 días.
En medio del avance del caso de Ángel que conmociona a Comodoro Rivadavia, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut intervino el equipo técnico interdisciplinario judicial que le dio la tenencia a la madre biológica de la víctima, Mariela Altamirano.
La decisión, que fue tomada este martes, incluye la designación de la camarista María Marta Nieto para realizar una auditoría en el equipo que funciona como apoyo de los juzgados de Familia. La medida tendrá un plazo de 60 días.
El documento lleva la firma de los seis ministros que integran el STJ: Andrés Giacomone, Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani. Según se detalló en el mismo, la intervención estará a cargo de la Cámara de Apelaciones de esa circunscripción, bajo la conducción de su presidenta, Nieto.
Para llevar adelante la auditoría, la camarista contará con la colaboración técnica de la coordinadora de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, Valentina Kresteff, y de Gisela Ochoa, funcionaria del máximo tribunal provincial.
En los fundamentos del acuerdo se hace referencia al “lamentable acontecimiento” ocurrido en los últimos días en Comodoro Rivadavia, en alusión al caso de Ángel.
La Justicia imputó a la madre de Ángel y a su pareja por homicidio
Este martes, desde las 11 de la mañana, se llevó adelante la audiencia de imputación en la Oficina Judicial de los tribunales penales de barrio Roca, donde se confirmaron las imputaciones por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” a Mariela Altamirano y Maicol González.
Sumado a las imputaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva por seis meses por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.
La mujer no declaró y, según se la pudo ver en las imágenes de la transmisión, durante la audiencia mantuvo una postura de absoluta frialdad y silencio, evitando cruzar mirada con los familiares paternos de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene, quien se encontraba presente exigiendo justicia.
González, por su parte, sí hizo uso de la palabra y se defendió: “Nosotros somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué le pasó”.
2026.4.14 Caso Ángel: la Justicia confirmó que la madre y su pareja seguirán detenidos acusados de asesinato
Les dictaron seis meses de prisión preventiva en la audiencia de imputación. El juez busca determinar la participación de los sospechosos en la muerte del nene de 4 años.
La Justicia confirmó que la madre de Ángel López y su pareja seguirán detenidos durante seis meses acusados por el asesinato del nene de cuatro años en Comodoro Rivadavia.
Desde las 11 de la mañana se llevó adelante la audiencia de imputación en la Oficina Judicial de los tribunales penales de barrio Roca, donde se confirmaron las imputaciones por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” a Mariela Altamirano y Maicol González.
Sumado a las imputaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.
La mujer no declaró y, según se la pudo ver en las imágenes de la transmisión, durante la audiencia mantuvo una postura de absoluta frialdad y silencio, evitando cruzar mirada con los familiares paternos de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene, quien se encontraba presente exigiendo justicia.
González, por su parte, sí hizo uso de la palabra y se defendió: “Nosotros somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué le pasó”.
Además, el sospechoso dio detalles sobre la noche previa a la que murió el menor. “Estábamos mirando tele en nuestra cama, Mariela, la bebé y yo. Ángel en su cucheta. Llegó la hora de dormir, nos acostamos y a la mañana me levanté para preparar el mate como todas las mañanas y sentí olor a humedad, a pis. Fui dormido y le dije a Mariela que se hizo pis (Ángel); lo bajamos, lo cambiamos y siguió durmiendo con Mariela y la bebé, en la cama de abajo”, explicó.
Poco después, según señaló González, el nene siguió durmiendo. “Le dije a Mariela que se levantara a tomar mate conmigo. Estábamos escuchando música despacito, sentimos que Ángel roncaba y de repente dejó de roncar; eso nos llamó la atención”, precisó.
A partir de ese momento, de acuerdo a su relato, todo se descontroló. “Ahí me di cuenta de que no tenía aliento. Entre medio de la desesperación que nos agarró, llamamos a la ambulancia, que empezó a hacerme preguntas y yo le decía que vinieran rápido, que dejaran de hacer preguntas”, agregó.
“En el momento que confirmaron que estaban yendo. Mientras Mariela le hacía RCP, lo vestimos así nomás, le pusimos una campera y fuimos a ver si había algún vecino que pudiera llevarnos al hospital más rápido que la ambulancia. Una vecina intentó llevarnos, pero tenía la rueda pinchada”, contó González.
Fue entonces cuando, precisó, llegó la ambulancia. “A ellos no les salía hacer RCP. Cuando llegaron efectivos policiales, llevaron a Ángel en una ambulancia y en otra fue Mariela. Yo me quedé buscando mamadera, pañales, para dejar a la bebé con la vecina, y ahí es cuando fui hasta el hospital por mi propia cuenta, con un vecino que me acercó”.
En su testimonio, el acusado manifestó: “En todo momento estuvimos en el hospital, teníamos miedo de tantas cosas que habían puesto en las redes sociales”. Y denunció: “No nos dan nuestro derecho a defendernos desde el primer día que lo llevamos al hospital. Las redes sociales nos tratan de un montón de cosas”.
A la par, hizo hincapié en la situación que se encuentran atravesando: “Tenemos que andar sin nuestra bebé, encerrados, incomunicados”.
Sobre la crianza del menor, González aseguró: “Al nene se lo corregía como a cualquier nene, se le sacaba la tele o el juguete, como cualquier corrección. Pero esas barbaridades que dicen de golpes, maltratos o agua fría, no”.
Asimismo, cuestionó: “A nosotros ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir a despedirnos, de ir al velorio; nos tuvimos que enterar por las noticias cuando lo estaban llevando”.
Sobre el final, hizo un pedido: “Que nos dejen de culpar, nosotros somos inocentes, lo encontramos en la cama”.
Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González, se defendieron de las acusaciones en una primera audiencia clave.
Este martes, pasadas las 11 de la mañana, se llevó a cabo la audiencia de control de detención contra la madre de Ángel, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, que quedaron formalmente imputados y con seis meses de prisión preventiva por peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Ambos llegaron a la Oficina Judicial bajo una fuerte custodia e imputados por “homicidio agravado por el vínculo” en perjuicio del nene de 4 años que murió por un paro cardiorrespiratorio que -investigan- habría derivado de al menos 20 golpes en la cabeza.
Durante el inicio del acto procesal, el foco estuvo puesto en la reacción de la madre biológica. Según se la pudo ver en las imágenes, Altamirano mantuvo una postura de absoluta frialdad y silencio, evitando cruzar mirada con los familiares de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene, quien se encontraba presente exigiendo justicia.
Uno de los momentos más crudos de la audiencia ocurrió cuando la fiscalía, representada por Cristian Olazábal y Facundo Oribones, detalló los resultados preliminares de la autopsia.
Lo más impactante es que las lesiones no fueron fruto de un único accidente, como intentó sugerir la defensa en un principio. Los peritos determinaron que los golpes tenían una antigüedad de hasta diez días, lo que refuerza la hipótesis de un maltrato sistemático y prolongado bajo el techo de los ahora imputados.
Allí, Altamirano se tomó la cara y dejó su mirada enfocada en el suelo. Así se mantuvo durante toda la jornada. Por momentos, cuando escuchaba algo con lo que no coincidía, se la vio negar con la cabeza.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por seis meses para ambos acusados. Los argumentos fueron contundentes: existe riesgo de fuga y, sobre todo, de entorpecimiento de la investigación. “La fiscalía necesita proteger el proceso ante un hecho de una gravedad extrema donde la víctima era un niño totalmente indefenso”, señalaron fuentes judiciales.
Por recomendación de sus defensores oficiales, Vanesa Vera y Alejandro Varas, se esperaba que los acusados no hicieran uso de la palabra para declarar sobre el fondo del hecho, aunque la mirada esquiva de Altamirano durante la lectura de los cargos fue lo que más impactó a los presentes, además de la declaración del padrastro.
“Nosotros somos inocentes”, aseguró Maicol, el padrastro del nene que fue el primero en declarar y sostuvo que lo acompañaron en todo momento. “Nosotros también queremos saber qué le pasó”, añadió el hombre que luego narró cómo se dieron los hechos la noche previa a la muerte del nene.
Sobre la crianza del menor, sostuvo: “Al nene se lo corregía como a cualquier nene, se le sacaba la tele o el juguete, como cualquier corrección. Pero esas barbaridades que dicen de golpes, maltratos o agua fría, no”. Además, cuestionó que “a nosotros ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir a despedirnos, de ir al velorio; nos tuvimos que enterar por las noticias cuando lo estaban llevando”.
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Los médicos confirmaron que el nene murió por un fuerte golpe en la cabeza.
La Justicia de Chubut ordenó la detención de Mariela Altamirano y Maicol González, madre y padrastro de Ángel, el pequeño de 4 años que falleció la semana pasada en Comodoro Rivadavia.
El desencadenante de estas detenciones fueron los resultados preliminares de la autopsia llevada a cabo por las autoridades sanitarias. El informe forense mostró evidencias de lesiones internas de gravedad en la región craneal del menor, lo que descarta la hipótesis inicial presentada por la madre, que atribuía el trágico final del niño a una descompensación natural. Este hallazgo fue fundamental para el avance de la investigación penal coordinada por la fiscalía local.
El sinnúmero de irregularidades que rodean este lamentable caso han salido a la luz tras la denuncia pública realizada por Luis López, padre biológico de Ángel. López ha revelado que hizo múltiples llamados de alerta a las autoridades judiciales sobre las condiciones de peligro a las que estaba expuesto su hijo mientras convivía con su madre. Asimismo, aportó como pruebas videos donde se escuchaba al niño implorar por no ser enviado de regreso a la vivienda donde residía con su madre, pero estas advertencias fueron desoídas.
Las recientes detenciones subrayan un posible fallo sistemático en el sistema de protección infantil, alimentando las críticas hacia los órganos oficiales responsables de estas cuestiones. Tanto la asesoría de menores como el juzgado de familia que estuvieron involucrados en el proceso de revinculación familiar y custodia del niño enfrentan ahora un riguroso escrutinio.
Mientras la investigación para identificar a posibles coautores continúa desarrollándose, autoridades no descartan ampliar las imputaciones. La fiscalía buscará establecer de manera exhaustiva si la responsabilidad de este trágico desenlace recae solamente en la madre y el padrastro, o si hubo omisiones graves por parte de otros actores que deben responder ante la Justicia.
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Desde el Ministerio Público Fiscal de Colón se solicita la colaboración de los medios y población para localizar a Nicolás Alexander Acosta, alias Nino, con orden de detención inmediata por una causa por homicidio.
Desde esta Jefatura Departamental, bajo las directivas emanadas por el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr Alejandro Perroud, se solicita la colaboración activa de la población y de los medios de comunicación para localizar a un ciudadano sobre quien pesa una orden de detención inmediata en el marco de una causa por homicidio.
En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Oficio N° 559, vinculado a la causa caratulada “NN S/HOMICIDIO SIMPLE” (Legajo OGA Nº 139/26), se ha instruido la captura nacional e internacional del ciudadano:
NICOLÁS ALEXANDER ACOSTA, alias “NINO”
Canales de Comunicación Urgente
Se insta a la comunidad a que, de poseer datos fidedignos sobre su paradero o haberlo divisado, procedan a dar aviso de manera inmediata y bajo estricta reserva.
Cualquier información puede ser reportada a través de las siguientes vías de contacto:
Línea gratuita 101.
Sala de Comunicaciones y Emergencias: +54 9 343 405-4033.
División Investigaciones e Inteligencia Criminal: +54 9 3447 64-2315.
Javier Cerfoglio fue condenado por el asesinato de Magalí Vera, ocurrido en diciembre de 2024 en Necochea. Aunque el acusado intentó fingir un accidente vial, las pericias demostraron que la víctima estaba inconsciente tras una brutal paliza cuando el auto fue arrojado al agua. El hijo de ambos, de 13 años, queda ahora sin su madre y con su padre tras las rejas de por vida.
FRENTE A FRENTE.-La justicia de Necochea puso fin a la coartada de Javier Cerfoglio. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 lo condenó este lunes a la pena máxima de prisión perpetua, tras hallarlo culpable de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía y violencia de género.
El crimen, que en un principio fue investigado como un despiste fatal durante una tormenta, ocultaba una realidad atroz. La madrugada del 1 de diciembre de 2024, mientras regresaban de un casamiento, Cerfoglio atacó a Magalí Vera (34) con tal saña que le provocó una fractura expuesta en el tabique. Lejos de auxiliarla, el hombre subió a su esposa inconsciente al vehículo familiar y lo dirigió directamente hacia las aguas del río Quequén.
La autopsia, la prueba clave
El intento de la defensa por reducir la condena a 20 años bajo la carátula de “homicidio culposo” se desmoronó ante las pruebas científicas. Los resultados de la autopsia fueron determinantes: Magalí no murió por el impacto del choque, sino por asfixia por sumersión. Estaba viva cuando el Honda Fit rojo se hundió en el río, pero su estado de inconsciencia debido a los golpes previos le impidió escapar.
Cerfoglio siguió la lectura de la sentencia de forma virtual desde la Unidad Penal N°44 de Batán. Además de la reclusión perpetua, los magistrados le impusieron la obligatoriedad de realizar un tratamiento específico sobre violencia de género, aunque para la familia de Magalí, el consuelo llegó con el veredicto final.
“Se hizo justicia”, se escuchó entre lágrimas en la sala del tribunal, donde los familiares de la víctima celebraron el fallo que pone nombre y apellido al horror que vivieron durante casi dos años de proceso judicial.
La Policía de Río Negro mantiene activos operativos, controles y allanamientos para dar con el sospechoso que continúa prófugo, mientras que este viernes otro de los implicados será imputado por portación de arma de guerra y encubrimiento.
Nahuelpan sigue prófugo de la justicia y Osses volverá este viernes al banquillo de los acusados.
La investigación por el violento ataque armado ocurrido el 12 de marzo a plena luz del día en el oeste de Bariloche avanza con múltiples frentes abiertos. Mientras continúa la intensa búsqueda de Tomás Nahuelpan, señalado como uno de los principales involucrados y aún prófugo, la Justicia avanza sobre otro de los imputados.
Se trata de Ramón Valentín Osses Garay, quien ya fue detenido e imputado por tentativa de homicidio. Según trascendió, este viernes podría enfrentar una nueva imputación por portación de arma de guerra y encubrimiento, lo que agravaría su situación judicial.
De acuerdo a la acusación formulada por la fiscal Betiana Cendón, Osses Garay habría participado activamente del ataque ocurrido el pasado 12 de marzo. En esa ocasión, se movilizaba como acompañante en un vehículo conducido por Nahuel Nahuelpan (hermano del prófugo y ya imputado en la causa) desde donde se efectuaron los disparos contra la camioneta e hiriendo a un menor de 14 años.
La teoría del caso sostiene que, desde el interior del auto, Osses Garay asomó su brazo y realizó al menos ocho disparos contra una camioneta Volkswagen Amarok, propiedad de un hombre de apellido Santoro, con la clara intención de quitarle la vida. Como consecuencia del ataque, el adolescente que salía de la escuela resultó herido.
En paralelo, desde la Policía de Río Negro reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizar a Tomás Nahuelpan. Las autoridades aseguraron que se mantienen activos los operativos en distintos puntos de la ciudad, con controles, allanamientos y tareas investigativas.
Fue admitida la acusación contra un hombre imputado por haber causado la muerte de Diego Manuel Sixto mediante el uso de un arma de fuego, y se dispuso el avance de la causa a juicio oral y público.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego
El hecho ocurrió entre la tarde del 4 y la madrugada del 5 de mayo de 2025, en un campo ubicado a unos 13 kilómetros de Villa Llanquín.
Según la acusación fiscal, todo se inició a partir de una discusión entre el imputado y la víctima, quien se encontraba a caballo. En ese contexto, tras un intercambio en el que medió una agresión previa, el acusado se dirigió a su vivienda, tomó una escopeta y regresó al lugar, donde efectuó un disparo a corta distancia que impactó en la cabeza de la víctima y le provocó la muerte en el lugar.
Además, se le atribuye haber tenido en su poder, sin autorización legal, dos armas de fuego: la escopeta utilizada en el hecho y otra arma tipo pistolón hallada durante un allanamiento realizado días después en su domicilio. En relación con esta última, se indicó que presentaba una modificación prohibida —cañón recortado por debajo de la longitud permitida—, lo que agrava su condición legal.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y de uso civil condicional, en carácter de autor.
La querella adhirió a la acusación y ofreció prueba testimonial, entre ellas, personas del entorno cercano de la víctima, con el objetivo de aportar contexto sobre las circunstancias previas al hecho y su desarrollo.
Por su parte, la defensa pública penal no formuló objeciones a los hechos ni a la calificación legal propuesta, aunque planteó observaciones en relación con la pertinencia de cierta prueba pericial y ofreció testigos de contexto vinculados a las condiciones personales del imputado.
La acusación se sustenta, entre otros elementos, en las actuaciones policiales, los informes periciales, el secuestro de las armas y demás evidencia recolectada durante la investigación.
Durante la audiencia, se dispuso la apertura del juicio oral y público ante un tribunal colegiado. La Fiscalía adelantó que requerirá una pena de 12 años de prisión. Se prevé que el debate se extienda al menos durante cuatro jornadas, en las que declararán alrededor de una veintena de testigos ofrecidos por las partes, de acuerdo con los intereses procesales de cada una.
Al finalizar la audiencia y en relación con la medida cautelar, se resolvió mantener la prisión preventiva con la misma modalidad de cumplimiento, al considerar que subsisten los riesgos procesales, particularmente el posible entorpecimiento de la investigación.
La Justicia dispuso condenas para los dos imputados por el homicidio de Lucas Adrián Araneda, ocurrido el 6 de febrero de 2026 en Bariloche, en un hecho que tuvo lugar en plena vía pública.
En el marco de un juicio abreviado, el tribunal condenó a Diego Huentecura a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por haber causado la muerte de la víctima con un arma blanca. En el mismo proceso, Tomás Fenillán fue condenado a tres años de prisión en suspenso, al considerarse probado que ayudó al autor del homicidio a escapar del lugar tras el ataque.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en calle Moreno al 300, cuando Araneda se encontraba junto a otras personas en la vereda de un comercio. En ese contexto, el condenado comenzó a agredirlo verbalmente, lo que derivó en una pelea.
Durante el enfrentamiento, Huentecura extrajo un cuchillo y le asestó una puñalada en el tórax, herida que provocó la muerte de Araneda en el lugar.
La investigación permitió reconstruir lo sucedido a partir de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios de testigos presenciales, actas policiales y allanamientos que arrojaron resultados positivos. Entre las pruebas también se incluyeron el secuestro del arma utilizada y el informe de autopsia, elementos que permitieron establecer la secuencia de los hechos y determinar la participación de cada imputado.
En relación con el segundo acusado, la Fiscalía sostuvo que Fenillán ayudó al autor del crimen inmediatamente después del ataque, facilitando que no fuera detenido en el lugar y que pudiera darse a la fuga.
Durante el proceso abreviado, ambos imputados admitieron su responsabilidad penal, lo que permitió arribar a un acuerdo entre las partes que fue posteriormente homologado por el tribunal.
De este modo, la Justicia declaró a Huentecura autor del delito de homicidio simple, mientras que Fenillán fue considerado autor del delito de encubrimiento agravado, por haber colaborado con el responsable de un delito grave.
Al momento de dictar la sentencia, el tribunal valoró que las conductas de cada imputado estaban claramente delimitadas y que la prueba reunida —incluidos múltiples registros fílmicos— permitió identificar a los responsables y reconstruir con precisión lo ocurrido.
También se destacó que la calificación jurídica respecto del segundo imputado se ajustó al análisis de la evidencia, ya que no se logró acreditar su participación directa en el homicidio, sino su colaboración posterior para facilitar la fuga del agresor.
En consecuencia, el tribunal resolvió homologar el acuerdo presentado por las partes y condenar al autor del homicidio a ocho años de prisión efectiva. En cuanto a Fenillán, se dispuso una pena de tres años de prisión en suspenso, acompañada de pautas de conducta.
Entre esas condiciones se estableció la obligación de presentarse periódicamente ante el organismo de control, la prohibición de cometer nuevos delitos y la prohibición de acercamiento o contacto con los familiares de la víctima.
Asimismo, las partes renunciaron a los plazos para presentar impugnaciones, por lo que la sentencia quedó firme desde el momento en que fue dictada.
Finalmente, el tribunal informó a los familiares de la víctima que cuentan con el derecho a ser notificados sobre la ejecución de la pena y a intervenir en las instancias que correspondan durante el cumplimiento de la condena.
2026.4.1 Crimen en Moreno y Rolando: ocho años de prisión para el autor del homicidio y condena en suspenso para el cómplice
En el marco de un acuerdo pleno, cerró el caso del homicidio ocurrido en febrero en la esquina de Moreno y Rolando. Tomás Fenillán y Diego Huentucura aceptaron las penas propuestas por la fiscalía ante el tribunal integrado por los jueces Arroyo, Martini y Campana.
El autor del crimen seguirá preso por ocho años, mientras que el joven que lo ayudó a escapar recuperó la libertad.
El Tribunal integrado por los jueces Arroyo, Martini y Campana homologó este miércoles un acuerdo pleno entre la fiscalía y las defensas por el crimen de Lucas Araneda, asesinado de una puñalada en febrero en la esquina de Moreno y Rolando, en pleno centro de Bariloche.
En una audiencia en la que participaron la hermana y el padre de la víctima, el tribunal homologó el acuerdo entre las partes por el crimen de Lucas Araneda. Huentucura, el autor del crimen, fue condenado a ocho años de prisión mientras que Fenillan fue condenado a tres años de prisión en suspenso con pautas de conducta y recuperó la libertad al finalizar el juicio abreviado.
La hermana de Araneda tomó la palabra y manifestó: “Lo único que quiero decir es que yo a mi hermano no lo veo más”. Los dos imputados, no realizaron declaraciones.
La fiscal Betiana Cendón explicó que el hecho fue dividido en dos responsabilidades. A Diego Denis Huentucura, de 22 años, se le atribuye el homicidio. Cerca de las 22 horas, tras un cruce verbal con la víctima mientras caminaban por la zona, lo acorraló contra una reja y lo apuñaló con un cuchillo de 34 centímetros. La herida fue penetrante, con desplazamiento desde el tórax hasta el corazón, y resultó fatal para Araneda, que murió camino al Hospital Zonal.
En tanto Fenillán, de 20 años, si bien en un primer momento se lo había calificado como coautor, fue condenado por encubrimiento agravado . Según la fiscalía, no participó del ataque de manera dolosa (no sabía que su acompañante portaba un arma) pero sí intervino después: impidió que un tercero separara a Huentucura de la víctima, evitó que otras personas intervinieran y lo acompañó varias cuadras para facilitar su fuga.
La fiscal propuso ocho años de prisión efectiva para Huentucura y tres años en suspenso para Fenillán, con pautas de conducta, (presentarse una vez al mes ante la justicia, prohibición de contacto con la familia de la víctima y no cometer nuevos delitos). La defensora Blanca Alderete, en representación de Fenillan, prestó conformidad al acuerdo. Por su parte, la defensa de Huentecura, a cargo de Lescano, también adhirió al planteo.
El crimen ocurrió en 2022 en Tierra del Fuego y la agresora fue condenada a 8 años de prisión.
El hombre recibió nueve puñaladas.
Florencia Eliana Mancilla, de 27 años, fue condenada a 8 años de prisión por el asesinato de su exnovio, de 42, en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. La joven llegó al debate en libertad, pero quedó presa luego del veredicto.
La noche del 18 de diciembre de 2022, mientras Alexis Baciocchi agonizaba en el piso de su casa, Mancilla sacó el celular, empezó a grabarse, admitió que lo había apuñalado y subió un video a Facebook.
Según la acusación, la mujer lo agredió con un martillo, cuchillos y herramientas que había en la casa, como destornilladores. La autopsia determinó que Baciocchi recibió múltiples heridas: ocho puñaladas por la espalda (una de ellas le atravesó el pulmón) y otra en la cabeza que le perforó el cráneo. También tenía golpes en la cabeza y una mordida en la pierna.
La causa indica que, mientras el hombre pedía ayuda, Mancilla se comunicó con su pareja actual y con su madre para contar lo que había hecho. Baciocchi fue trasladado al hospital, pero llegó sin vida cerca de las 00.10.
En el video que publicó en Facebook, la agresora se filmó durante cuatro minutos mientras el hombre agonizaba en el piso. En la grabación, relató lo que había ocurrido minutos antes. “Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces. Se movía mucho y no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra”, aseguró.
En otro tramo, agregó: “En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, solo que se asuste tanto de mí y que sepa que no se podía meter conmigo nunca”. Intentó justificar el ataque y acusó a la víctima de haberla amenazado y acosado. “No quería llegar a esta instancia, solo quería que pare y que deje de querer manosearme”, sostuvo.
Al respecto, la querella aseguró que en el expediente no existen denuncias de violencia contra Baciocchi. Por el contrario, indicó que él había denunciado a Mancilla en 2018 y 2019 por episodios de hostigamiento.
Uno de los aspectos más polémicos del caso fue que la acusada fue excarcelada pocos días después del crimen porque la Justicia consideró que no existían riesgos procesales. Desde entonces, estuvo en libertad. Sin embargo, tras la condena de 8 años, se resolvió que quede presa y que realice un tratamiento de salud mental.
2026.3.20 El Superior Tribunal confirmó la condena del policía Mauricio Gómez
El sargento fue condenado por el jurado popular, condena confirmada por Casación y ahora por el máximo órgano judicial de Entre Ríos.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación extraordinaria presentada por el abogado defensor, y confirmó la condena del sargento de la Policía de Gualeguaychú, Mauricio Gómez.
El policía ya tenía la confirmación de la Cámara de Casación de Concordia, con una pena de 17 años de prisión por el homicidio de Iván Pérez, de 24 años, ocurrido en 2019.
La primera condena había sido del jurado popular de Gualeguaychú, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en el caso de Iván Pérez, en el barrio Molinari.
En la mañana del 9 de octubre de 2019, en el marco de una persecución policial, Gómez disparó con su arma 9 milímetros a unos 100 metros del joven, quien falleció por un disparo en la nuca.
La joven aún permanece internada; uno de los detenidos tiene antecedentes por un homicidio
Dos chicas resultaron heridas por impactos de arma de fuego el lunes pasado luego que dos adolescentes dispararan desde una moto contra una casa en Paraná, Entre Ríos. La policía detuvo a los sospechosos de 16 años.
El ataque dejó en estado crítico a Katherine Alva, de 15 años, que recibió un disparo en la cabeza cuando tomaba mate en la casa de sus vecinos. La otra recibió un balazo en la zona del glúteo y, tras ser asistida por personal de salud, fue dada de alta horas más tarde.
Alva se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital San Martín con pronóstico reservado tras una intervención quirúrgica, según diarios locales.
De acuerdo con los testimonios, los agresores detuvieron su moto frente a la vivienda, ubicada sobre la calle República de Siria, y dispararon entre ocho y diez veces.
Uno de ellos tiene antecedentes por un homicidio ocurrido en mayo de 2025, pero estaba libre. “Son menores y los largan”, reclamaron los familiares de la víctima en una manifestación realizada el martes en la que pidieron justicia ante la División Minoridad donde se encuentran arrestados los sospechosos.
La movilización acabó en algunos disturbios que provocaron la presencia, y posterior accionar policial, según consignó Diario Uno.
Móvil del ataque
La hipótesis que manejan los investigadores por estas horas gira en torno a un ajuste de cuentas. Conjeturan que los menores fueron a buscar al hermano de una joven de 16 años, vecina del lugar donde estaba Alva, y que la adolescente fue una víctima colateral del ataque.
La suegra de Alva explicó que ella no estaba involucrada en ningún conflicto previo al ataque armado. “Quiero aclarar que ella no estaba en la pelea. Estaba tomando mates en la casa de unos amigos, en la vivienda vecina”, sostuvo en diálogo con Elonce.
La Justicia avanza en la investigación para dar con las circunstancias y el móvil del violento ataque.
2026.1.7 Una pelea entre mujeres desató el crimen que terminó con la muerte de un vecino en barrio Las Pampas
El conflicto se inició con una gresca entre dos vecinas y escaló hasta un ataque a tiros que dejó un muerto y dos imputados con prisión preventiva en Chimbas.
Una pelea entre mujeres fue el detonante del homicidio que sacudió la tranquilidad del barrio Las Pampas, en Pocito. Así se conoció este miércoles durante la audiencia de formalización por el crimen de Ricardo Caballero (41), ocurrido el pasado domingo 4 de enero de 2026.
Por el hecho están imputados Alejandro Lara Firmapaz (28) y Jonathan Hernán Arancibia (40), alias “El Tarta”, quienes permanecerán un año detenidos con prisión preventiva en el penal de Chimbas, mientras avanza la investigación.
Según la hipótesis que investiga el fiscal Iván Grassi, junto a los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Roxana Fernández, de la UFI Delitos Especiales, todo comenzó durante la mañana del domingo, cuando la hermana de Caballero protagonizó una gresca con la pareja de Lara, ambas vecinas de la misma manzana.
Si bien el altercado parecía haber quedado atrás, la situación se reavivó cuando la hermana de la víctima radicó una denuncia policial. Esto habría provocado el enojo de Lara y de los Arancibia, quienes primero atacaron con piedras las viviendas de Caballero y su hermana, y luego regresaron armados.
El ataque fatal
De acuerdo con los testimonios recolectados, tras la denuncia, Lara y Arancibia habrían ingresado violentamente a la casa, rompieron vidrios y ventanas y amenazaron a los moradores con un arma de fuego, para luego retirarse.
Minutos más tarde, Ricardo Caballero salió de su vivienda y llegó a la esquina, momento en el que los acusados reaparecieron y efectuaron varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de la víctima, provocándole la muerte.
Primero la investigación sostuvo que Lara fue quien efectuó el disparo, mientras que Arancibia colaboró facilitando el arma.
Sin embargo, durante la audiencia, se exhibió un video publicado por DIARIO DE CUYO, en el que se observa a ambos imputados en la escena del crimen efectuando disparos. Este material es una de las principales pruebas que la fiscalía complementa con testimonios de vecinos, aunque todavía no pueden precisar quien disparó el proyectil mortal.
Grassi solicitó un año de investigación penal preparatoria, argumentando que aún restan tomar declaraciones clave y hallar las armas homicidas, que no fueron encontradas en el lugar del ataque.
Los planteos de la defensa
El abogado Manuel Gimenes Puchol, junto a Fabiana Salinas, pidió que Lara cumpliera la detención en una comisaría o con tobillera electrónica, alegando problemas de convivencia con algunos internos del penal de Chimbas. Los defensores también denunciaron que hubo problemas previos iniciados por los familiares de la víctima.
Por su parte, Nicolás Pardo, defensor de Arancibia junto a otro letrado de apellido Tores, solicitó, primero, que desliguen a su cliente de la causa porque no tuvo ningún tipo de relación con el hecho y, segundo, una junta médica, al señalar que su cliente padece problemas psiquiátricos y ha intentado quitarse la vida cuando no recibe medicación.
Tras los disparos, Lara se quedó en el lugar y ahí fue detenido por la Policía, mientras que Arancibia estuvo un día prófugo.
2026.1.7 El peligroso ladrón que fue filmado intentando abusar de una empleada de una mueblería de Rosario cayó durante un robo en Córdoba
La Justicia rosarina confirmó que el acusado ya estaba detenido en Córdoba por un robo cometido el 1° de enero.
Buenos Aires, 7 Enero – La Justicia de Rosario identificó y localizó a José Alexis Urquia, de 32 años, acusado de intentar abusar sexualmente y golpear violentamente a una empleada de una mueblería durante la jornada de Año Nuevo.
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, tras las tareas de investigación se comprobó que Urquia se encontraba detenido desde el 1° de enero en Córdoba, donde había sido arrestado por un hecho de robo.
Con esta confirmación, la Justicia avanzará con su traslado a Rosario, donde será imputado formalmente por los delitos cometidos en la ciudad, en el marco de una causa que generó fuerte conmoción por la violencia del ataque.
Josué Alexis Urquia, cuyo rostro fue difundido este martes por el Ministerio Público de la Acusación para pedir colaboración para poder capturarlo, se encuentra preso desde el 1 de enero. Alega tener problemas de consumo de droga y de salud mental
El delincuente que quedó filmado el pasado 30 de diciembre en Rosario, cuando ingresó a un local de venta de sillones, intentó abusar de la única empleada presente y posteriormente la atacó a golpes para sacarle su celular, está preso en Córdoba por, casualmente, un asalto. El dato fue obtenido este miércoles por la Justicia santafesina, que avanzaba con medidas para poder allanar su domicilio cordobés. Se trata de Josué Alexis Urquia, de 32 años, cuyo rostro fue exhibido por el fiscal rosarino Ramiro González Raggio, quien había pedido colaboración para poder capturarlo, ya que es considerado un ladrón peligroso.
Después de haber pedido públicamente colaboración y de haber difundido la cara de Urquia debido al violento robo perpetrado en el local de Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu, González Raggio envió un exhorto al Poder Judicial de Córdoba para poder allanar el domicilio que tiene registrado el sospechoso en el barrio El Marqués de Sobremonte de la capital de esa provincia.
En la respuesta estuvo la confirmación: el delincuente había sido aprehendido en la ciudad de Córdoba dos días después del filmado atraco, y por el mismo delito, que ya fue imputado por el ayudante fiscal Lucas Carranza Bertarelli.
Desde un primer momento, el funcionario judicial rosarino había destacado que su salida de la ciudad había sido a través de un colectivo de larga distancia en dirección a Córdoba, donde ahora iba a ir a buscarlo.
“Es una persona peligrosa. Tiene antecedentes penales en La Pampa. A partir de la publicación de este hecho y la repercusión que tuvo nos llegó información de que tiene causas similares en Santa Teresita, Buenos Aires; en El Calafate; y en otras localidades santafesinas, como nuestra capital provincial. Se mueve bastante por el país. Por eso hacemos un llamado para que cualquier información se aporte a la Fiscalía”, destacó en conferencia de prensa este martes.
Como ya publicó Infobae, Josué Urquia estuvo detenido en múltiples oportunidades por hurto, robo e intento de abuso sexual. En 2011, tras una aprehensión por un asalto, fue internado en el Hospital Paso de los Libres, en Corrientes, con custodia policial, ya que había alegado trastorno de conducta. Sin embargo, logró fugarse de ese centro de salud.
Casualmente, ahora, a través de su defensa, elevó una solicitud ante la Justicia cordobesa de la realización de una pericia interdisciplinaria para establecer si comprende la criminalidad de sus actos. El 2 de enero fue revisado por el equipo de salud mental del Hospital San Roque, donde se determinó que se encuentra en condiciones de quedar alojado en una unidad penitenciaria.
Los profesionales de salud del Hospital San Roque agregaron que el sospechoso refiere “alucinaciones auditivas, consumo problemático de sustancias y antecedentes de tratamientos” en hospitales de distintas localidades de Córdoba y de otras provincias.
Ahora, Urquia también enfrentará una acusación penal por la Justicia de Rosario, que a través del fiscal González Raggio solicitará una audiencia por videoconferencia para atribuirle el intento de abuso sexual y robo que cometió el 30 de diciembre en la mueblería de barrio Echesortu, donde la única empleada sufrió lesiones por mordeduras en el dedo meñique de su mano derecha y escoriaciones en distintas partes del cuerpo por trompadas y patadas.
El intento de abuso sexual y el robo en Rosario
Pasadas las 15.30 del 30 de diciembre, Urquia entró a la mueblería de Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu de Rosario, se sentó y, al cabo de unos segundos, la joven empleada comenzó a pedirle que se retirara. Lejos de salir, se abalanzó sobre la chica y quiso llevarla a la parte trasera del lugar para abusarla.
Ante la imposibilidad de concretar la violación, el ladrón tomó del cabello a la víctima y empezó a darle golpes en distintas partes del cuerpo para sacarle su teléfono. La tiró contra diferentes sillones, la arrojó al piso, le pisoteó el rostro y le dio patadas y trompadas. También le mordió durante varios segundos el dedo meñique de la mano derecha y la mujer terminó soltando su celular.
De acuerdo a la declaración que brindó un familiar de la víctima en contacto con la prensa local, la empleada sufrió una fisura en el dedo meñique producto de la mordida y tuvo que ser asistida en un sanatorio del centro de Rosario.
2026.1.7 Los dos detenidos por el crimen en el Barrio Las Pampas pasarán un año en el Penal mientras se determina quién fue el autor del disparo mortal
Se trata de Jonathan “El Tartamudo” Arancibia y Alejandro Lara Firmapaz, quienes están acusados por el homicidio de Ricardo Fernando Caballero. El hecho ocurrió el domingo y la víctima falleció el lunes por la noche.
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Jonathan “El Tartamudo” Arancibia y Alejandro Lara Firmapaz, los dos acusados por el homicidio de Ricardo Fernando Caballero, ocurrido en el Barrio Las Pampas, en Pocito. La audiencia fue presidida por el juez de Garantías Alberto Caballero y la investigación está a cargo de los fiscales Iván Grassi y Pablo Orellano.
Tras escuchar a las partes, el magistrado resolvió imputar a ambos los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas, violación de domicilio y daño simple, en calidad de coautores materiales. Además, dictó un plazo de Investigación Penal Preparatoria (IPP) de un año y ordenó la prisión preventiva por el mismo período para los dos imputados, quienes deberán cumplir la medida en el Servicio Penitenciario Provincial.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó formalmente un año de IPP y de prisión preventiva para ambos acusados, requerimientos que finalmente fueron avalados por el juez. Los imputados se abstuvieron de declarar ante el magistrado.
En cuanto a las defensas, Alejandro Lara Firmapaz fue asistido por Fabiana Salinas y Manuel Giménez Puchol, mientras que Arancibia cuenta con la representación legal de Nicolás Pardo, el mismo letrado que lo acompañó cuando se entregó a la Justicia luego de permanecer prófugo.
La defensa de Lara Firmapaz sostuvo que la familia de la víctima habría atacado la vivienda de su defendido con piedras y ladrillos, asegurando que en el lugar había menores de edad. Además, rechazó la calificación legal provisoria y señaló que aún no está determinado quién efectuó el disparo mortal. Si bien no se opuso al plazo de IPP ni a la prisión preventiva, solicitó que la detención se cumpla en la Comisaría de Pocito o bajo modalidad domiciliaria, pedido que fue rechazado por el juez.
Por su parte, la defensa de Arancibia solicitó la conformación de una junta interdisciplinaria por presuntos problemas psiquiátricos, argumentando que el imputado habría atentado contra su vida en reiteradas oportunidades. El juez desestimó ese planteo al considerar que Arancibia comprende la criminalidad de sus actos y rechazó el pedido de internación en una institución psiquiátrica.
Cabe mencionar que, en un primer momento, la hipótesis fiscal indicaba que Arancibia habría facilitado el arma de fuego con la que Lara Firmapaz efectuó el disparo. Sin embargo, durante la audiencia se incorporaron registros fílmicos que revelarían que ambos detenidos estaban armados al momento de la balacera, motivo por el cual la investigación continuará para determinar quién fue el autor del disparo que terminó con la vida de Caballero.
El ataque se produjo en medio de un conflicto entre dos familias vecinas del Barrio Las Pampas. La situación escaló entre insultos y pedradas hasta que Ricardo Fernando Caballero, de 41 años, recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen el domingo pasado alrededor de las 16 horas.
La víctima ingresó al hospital con código rojo, ya que el proyectil no tuvo salida y le provocó gravísimas lesiones en el pulmón, el páncreas y el hígado, además de un abundante sangrado interno. Pese a los esfuerzos médicos y tras más de 24 horas de luchar por su vida, Caballero murió en la noche del lunes, dando inicio a la causa que continuará con las investigaciones correspondientes, y los acusados detenidos mientras se define quién fue el autor del disparo mortal.
2026.1.6 Impactante video: el momento en el que una patota mató a golpes a un joven en Merlo
Maximiliano Balbuena tenía 29 años y murió tras agonizar cuatro días. La secuencia fue filmada por testigos y muestra la brutalidad del ataque. Hay un detenido.
El festejo de Año Nuevo terminó de la peor manera en Merlo. Lo que comenzó como una disputa entre vecinos derivó en un ataque feroz que quedó registrado por las cámaras de los celulares de los testigos. En las últimas horas, se difundieron las imágenes que son clave en la causa: el momento exacto en el que una patota asesinó a golpes a un joven en la calle, a plena luz del día.
La víctima fue identificada como Maximiliano Balbuena, de 29 años. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera.
Las imágenes son estremecedoras. En medio de una pelea callejera, Balbuena intentaba defenderse, visiblemente desorientado, mientras recibía impactos desde distintos flancos. Según la investigación, el golpe de gracia habría sido un botellazo en la cabeza que le provocó un derrame cerebral instantáneo.
El video mostró la trompada mortal que dejó a Balbuena tendido en el piso. En las imágenes se ve también que, mientras los agresores se dispersaron, la víctima quedó convulsionando ante la mirada de los vecinos, que filmaban la escena sin poder creer lo que ocurría.
Fue su propia hermana quien lo encontró desvanecido poco después. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria, su cuerpo no resistió y falleció el domingo por la mañana.
Un detenido y un cómplice prófugo
Gracias a la difusión del video y a los testimonios de quienes presenciaron la golpiza, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró identificar a uno de los sospechosos. Se trata de Fabián Eduardo Ahumada Romero, un hombre de 56 años de nacionalidad chilena, quien ya fue detenido.
Sin embargo, la familia de la víctima exige justicia y sostiene que no actuó solo. “Lo mataron entre varios”, aseguran desde su entorno. Los investigadores buscan intensamente a al menos otro cómplice que aparece en las grabaciones participando activamente del ataque.
La causa, que inicialmente había sido caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, fue recaratulada como “homicidio” por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Morón, quien ordenó la autopsia para confirmar las lesiones letales que se ven en el video.
Tras el fallecimiento de la víctima, se confirmó la audiencia de formalización donde Alejandro Lara Firmapaz y Jonathan Hernán Arancibia, escucharán la acusación por parte de Fiscalía.
Con la lamentable noticias del fallecimiento de Ricardo Fernando Caballero (41), el hombre que fue baleado por un vecino en el Barrio Las Pampas, el pasado domingo por la tarde, también se agrava la imputación contra los dos sospechosos del crimen, ya que con el deceso la víctima, la imputación será más gravosa.
Fuentes judiciales confirmaron a 0264Noticias que la audiencia de formalización contra Alejando Lara Firmapaz y Jonathan “El Tartamudo” Arancibia será este miércoles, cuando ambos detenidos, se presenten ante un juez de Garantías.
Lara Firmapaz, de 28 años, está señalado como el autor del disparo que dejó en grave estado a Caballero y lo dejó agonizando hasta este lunes por la noche, cuando se confirmó el deceso. Fue detenido poco después de ocurrido el violento episodio.
En el caso de “El Tartamudo” Arancibia, permaneció prófugo durante casi 24 horas, hasta este lunes, cuando se entregó en Tribunales en compañía de su abogado. En su caso, la investigación lo ubica como la persona que le habría facilitado el arma a Lara Firmapaz para dispararle a Caballero.
Hasta el momento, la carátula provisoria que se manejaba era tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego pero estaba sujeta a la evolución del estado de salud de la víctima. Caballero había sufrido daños irreversibles tras el balazo y presentaba falla multiorgánica. Finalmente, este martes se confirmó su fallecimiento, el cual se produjo el lunes poco después de las 23, en el Hospital Rawson, donde permanecía internado en el área de Terapia Intensiva.
Ahora la carátula del delito podría pasar a homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, el cual tiene una pena de 8 a 25 años de prisión.
El caso
Todo comenzó en horas de la mañana del domingo con una discusión entre dos familias vecinas del Barrio Las Pampas, en Pocito. La discusión fue en aumento y finalmente, Ricardo Caballero recibió un impacto de bala.
La víctima ingresó al Hospital Departamental de Pocito con código rojo. El proyectil no tuvo salida y le provocó lesiones en pulmón, páncreas e hígado, con abundante sangrado interno. Permanece en Terapia Intensiva, en gravísimo estado, hasta este lunes por la noche.
Edgardo Gastón Argañaraz fue condenado este martes a un año de prisión condicional y quedó en libertad. Argañaraz es oriundo de Mendoza, pero actualmente vive en Buenos Aires.
Este martes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Edgardo Gastón Argañaraz, el camionero mendocino que, el domingo pasado, rompió una pilastra, se resistió al arresto dándose a la fuga y en el proceso embistió una moto policial en Caucete mientras conducía alcoholizado. En el marco de un acuerdo de juicio abreviado entre las partes, el imputado fue condenado a un año de prisión condicional y al cumplimiento de medidas coercitivas por el plazo de dos años.
La audiencia fue presidida por el juez de Garantías, Pablo León, con la intervención de los fiscales Daniela Pringles, María Belén Sánchez y Rodrigo Herrera, mientras que la defensa estuvo a cargo de las abogadas Yamila Piozzi y Paola Vargas.
Durante el debate, Fiscalía imputó a Argañaraz los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado. Tras el acuerdo alcanzado con la defensa, el magistrado resolvió condenarlo a un año de prisión de ejecución condicional y dispuso medidas coercitivas por el término de dos años, entre ellas la obligación de presentarse una vez al mes en una comisaría, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes, además de mantener buena conducta. Asimismo, se ordenó su inmediata liberación.
El hecho ocurrió alrededor de las 2:55 de la madrugada del fin de semana, en la zona de Cuestas de las Vacas, sobre Ruta Nacional 141. En ese lugar, personal de la Policía Rural intentó identificar a un camión Scania blanco cuyo conductor presentaba claros signos de ebriedad. Lejos de acatar la orden, el chofer reaccionó de forma violenta y embistió una motocicleta oficial de la Policía Rural.
Tras el ataque, el camionero se dio a la fuga y se inició una persecución que se extendió por más de 80 kilómetros. Finalmente, el vehículo fue interceptado en la localidad de Las Trancas, en el límite con la provincia de San Luis, durante un operativo coordinado en el Control Encón. Allí se concretó la aprehensión del conductor, domiciliado en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
Ocurrió en Temperley. La Justicia busca determinar si había antecedentes de violencia.
Una mujer de 32 años fue baleada en el cuello, agonizó durante varios días a causa de las graves heridas y murió este lunes. Por el hecho, detuvieron a su pareja.
El trágico episodio comenzó durante la madrugada del 31 de diciembre en la casa de la víctima, identificada como Daniela Sosa, en la localidad bonaerense de Temperley.
De acuerdo a lo informado por los medios locales, un vecino alertó al 911 tras escuchar disparos en la vivienda. Rápidamente, efectivos de la comisaría local llegaron a la zona y encontraron a Daniela herida de gravedad.
Ante esta situación la trasladaron de urgencia al hospital local. Mientras tanto, en el domicilio comenzaron con las tareas de investigación y secuestraron un revólver calibre .32 que, según determinaron los peritajes preliminares, sería el arma utilizada en el ataque.
El presunto agresor, un hombre de 30 años identificado como la pareja de la víctima, fue detenido poco después del hecho.
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 de Lomas de Zamora. En un principio, la causa estuvo caratulada como “tentativa de homicidio”, pero tras el fallecimiento de Sosa, la investigación fue recaratulada como “homicidio agravado por el vínculo”, precisó el medio local Inforbano.
Luego del brutal ataque, las autoridades recopilaron testimonios de familiares y allegados, quienes precisaron que existían antecedentes de violencia en el hogar.
La investigación avanza y se esperan los resultados de las pericias balísticas. La Fiscalía, a la par, intenta determinar las circunstancias en las que se produjo el femicidio y si existen denuncias previas por parte de la víctima.
Luego de que se conociera la triste noticia, familiares y allegados de la mujer la despidieron con profundo dolor y reclamaron justicia. “Basta de femicidios. Justicia por Daniela Sosa. Tus sobrinas te van a recordar así de feliz y loca linda como eras, Nany”, expresó una joven en redes.
“Loca Linda, qué tristeza saber que un hdp te arrebato la vida. Tan alegre, tan linda, tan vos. Justicia por Dani y que el que le arrebato la vida pague. Volá alto, negra”, sumó una amiga de la mujer.
20226.1.2 Crimen de Azul: el imputado continuará en prisión preventiva hasta el juicio
Las pruebas son “contundentes”, según la fiscalía. Se lo considera “un crimen de odio” y puede terminar condenado a perpetua.
El imputado por el violento asesinato de Azul Semeñenko, la mujer trans atacada en Neuquén, continuará en prisión preventiva hasta que se realice el juicio por jurados. El juez de Garantías Cristian Piana consideró que existe el riesgo de fuga, teniendo en cuenta que de ser encontrado culpable la sentencia sería de cadena perpetua.
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La defensa del acusado, Roberto Daniel Sánchez, solicitó el cambio de modalidad y que pase a una forma atenuada, como la prisión domiciliaria, hasta la efectivización del juicio. Argumentó que la preventiva “es una forma de condena anticipada”, y entendió que “una domiciliaria, con tobillera electrónica y el control aleatorio de rondines policiales” serían suficientes.
El equipo de la fiscalía, en cambio, argumentó que persisten los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El fiscal jefe, Agustín García remarcó que luego de cometido el hecho “el imputado destruyó evidencia y se sustrajo de la acción policial y judicial”. Agregó que con el avance de la investigación no hubo ningún cambio significativo y no se ha incorporado ningún elemento nuevo que permita modificar la modalidad de cumplimiento.
Cómo ocurrió el crimen
Según el Ministerio Público Fiscal, Roberto Daniel Sánchez atacó y mató a Azul Semeñenko el 25 de septiembre en su vivienda de Copahue al 1100, en el barrio Belgrano de Neuquén capital. El cuerpo de la mujer trans fue encontrado el 14 de octubre, mutilado y envuelto en una frazada y un colchón, en un canal de la zona de Valentina Norte, el otro extremo de la ciudad.
La víctima era una mujer trans que ofrecía servicios sexuales. El día del hecho, alrededor de las 1.40, fue abordada por el acusado en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz, desde una camioneta Ford Ranger y bajo el aparente propósito de mantener relaciones sexuales.
Luego, fueron hacia la casa del imputado donde la atacó: le dio “múltiples golpes con elementos contundentes, los que le produjeron fracturas en la región maxilar izquierda y maxilar inferior, fractura de antebrazo izquierdo y lesiones por fuerza contundente en la región frontal y cráneo-facial”, según describió la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi.
“También la atacó con un arma blanca, produciéndole -al menos- 25 heridas punzocortantes, 14 de las cuales estaban en la zona del tórax y abdomen, que le provocaron la muerte por un shock hipovolémico agudo por hemorragia masiva interna”, precisó la fiscal, y encuadró los hechos en el delito de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, y por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género (artículo 80, incisos 2, 4 y 11 del Código Penal), en calidad de autor (artículo 45 del Código Penal).
Inaudi relató que al día siguiente, también durante la madrugada –aproximadamente a las 3:50, el imputado trasladó el cuerpo en la camioneta hacia el canal de desagüe, ubicado en calle Pergamino casi Trenque Lauquen, en el que lo descartó. “Allí, el 14 de octubre a las 17:40, fue hallado por personas que paseaban por el lugar”, añadió la fiscal.
Las evidencias
Inaudi describió los detalles de las evidencias que condujeron al allanamiento en el que, realizado el sábado 18 de octubre, se dispuso la demora y posterior detención del imputado. El relevamiento de cámaras de seguridad que registraron la secuencia desde que el acusado llegó al lugar en el que la víctima se subió al vehículo; el trayecto hacia el domicilio del imputado y, allí, con una cámara privada, el descenso de ambos y el ingreso a la casa. De allí también, el registro de cómo luego el imputado acercó la camioneta al ingreso de la vivienda, cargó algo y se dirigió, también registrado por las cámaras, al lugar en dónde se encontró el cuerpo.
En el allanamiento se hallaron registros de sangre humana en distintas partes de la casa y la camioneta, una sábana y una funda de almohada. También se secuestró un sistema de cámaras de seguridad del propio imputado, un cuchillo de doble filo, un hacha y un machete.
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